Grupo de Artillería Nº 1 sin “santa patrona” que lo ampare
DESCUBRIENDO “MUSEOS” DE LA COBARDÍA FASCISTA Y FLAGRANTES EVIDENCIAS DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD DE LA DICTADURA - “El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad” (Albert Einstein)
Jueves 15 de diciembre de 2011, ocho ojos gastados pero bien abiertos y la muy buena memoria sensitiva de una ex prisionera y tres ex prisioneros de la dictadura, deambularon febrilmente durante dos horas y media por las instalaciones del cuartel del Grupo de Artillería Nº 1 “Brig. Gral. Manuel Oribe”, del barrio La Paloma, en la Villa del Cerro de Montevideo.No habían vuelto a caer, obviamente, aunque la vivencia tuvo algo de libertad (esta relativa libertad de los uruguayos) cercenada, sin ninguna duda y sin metáfora alguna.
Íban agobiados aunque resueltos tras lo que hasta unas pocas horas antes parecía una auténtica “misión imposible”, que, sin embargo. resultó ser una fructífera penetración en el “túnel del tiempo”, de un tiempo jodido y tenebroso y de una durísima realidad que golpea fuerte y con la que no podrá competir ni la más audaz creación de la ciencia-ficción o la literatura de terror, jamás de los jamases.
Poco después de las 09.35 de la mañana, Irma Leites, Javier Peralta, Raúl Rodríguez y Gabriel Carbajales –cuatro ciudadanos de a pié mismo-- se animaron a poner en práctica –como testigos directos— lo dispuesto por la fiscal y la jueza actuantes en una denuncia colectiva por gravísimos delitos de lesa humanidad, recientemente presentada ante la Justicia Penal por un número importante de mujeres y hombres víctimas de tales delitos, ya largamente cincuentonas y cincuentones, aunque muchas y muchos aparenten haber llegado hace rato a los 70 cumplidos.
La “misión”, cruda, ingrata --casi dantesca--, pero necesaria, era si se quiere “sencilla” al menos para el sentido común de los que no estamos habituados a tallar con la lógica “formal” de los verdugos impunes:
Buscar, olfatear, ubicar y señalar, casi 40 años después, el lugar físico exacto en el que centenares y centenares de detenidas y detenidos del “proceso” –cerca de 700--, fueron salvajemente torturados por efectivos militares pertenecientes a dicha unidad, en una cacería humana que duró poco más de una docena de años y en la que destacó por su dureza extrema y su insana cobardía, el protagonismo de oficiales, suboficiales y “clases” de Artillerìa 1 en los sucesivos períodos de represión feroz contra el movimiento popular, entre 1972 y finales de 1984.(Esta unidad militar no fue la única, por cierto, pero sí una de las que más sobresalieron por llevar la tortura a expresiones brutales, y por repudiables asesinatos aún no aclarados).
Acompañados por personal de Policía Técnica y un médico forense, y escoltados por oficiales a cargo del cuartel y varios soldados a su mando, las dos representantes del poder judicial y los cuatro testigos, atravesamos lenta y oblicuamente la “plaza de armas” en la que antaño eran estaqueados al rayo del sol los prisioneros, u obligados a mantenerse de plantón, desnudos, hasta caer abatidos por el frío, el sueño y el cansancio, y volver a ser levantados a golpes, o simplemente desmayados a culatazos gracias a alguna “orden superior” llegada desde el “casino” de oficiales (el lugar de “recreación” y solaz gastronómico más “clasista”, si los hay, de un cuartel, es ése, el llamado casino de oficiales: allí, salvando distancias, la oficialidad es un símil caricaturesco de la más rancia vacuno-cracia financiera, y el milico raso, el “recluta”, es el peón de estancia siempre listo para servir al “patroncito”, cumpliendo hasta las órdenes más aberrantes imaginables y las no imaginables también).
Nos costó identificar el lugar preciso donde muy intermitentemente recibieron visitas familiares las detenidas y los detenidos que permanecieron más tiempo en esta unidad, antes de ser trasladados a los penales de “Punta de Rieles” y de “Libertad” o a otras dependencias militares en las que seguirían siendo torturados, o serían asesinados o “desaparecidos”. Debimos seguir caminando sin poder ponernos de acuerdo sobre esa ubicación con exactitud.
Enseguida, entramos a un gran espacio repleto de cuchetas dobles y vetustos guardarropas de madera apolillada, que oficia actualmente de dormitorio de una tropa a la que el hacinamiento y la promiscuidad en el descanso, le recuerdan permanentemente que es el último orejón del tarro de la selva cuartelera.

Allí, hace cerca de cuatro décadas, eran obligados a “dormir” los prisioneros, pero no en las cuchetas, sino sentados, sin recostarse a la pared y sin poder hablar entre sí más que en algún susurro robado a la fiera atención de una guardia que se paseaba con armas largas y mirada bien celosa, desplazándose sin parar sobre un grueso pretil de ladrillo, a cuyo costado estaba estampada en un gigantesco cuadro al óleo sucio y maloliente, “Santa Bárbara”, la “patrona” de los artilleros, según una de las tantas fantasías castrenses elaboradas para buscar protectores divinos para el triste oficio de la muerte y una anacrónica justificación a la disciplina fundada en el terror del arresto a rigor por pretender discutir una orden, por simplemente pensar o porque a alguna charretera histérica se le ocurre nomás.
De ahí seguimos hasta un abandonado y mugriento frontón de pelota vasca, que era tal por aquellos años, pero también jaula de los ovejeros alemanes y los doberman con que se paseaba la guardia custodiando a los prisioneros. Pegado a él, otro frontón semi cerrado y ahora convertido en leñera, había servido antaño como escenario de los simulacros de fusilamiento, operación especialmente aplicada a la gente más dañada psicológica y físicamente, tendente a destruirla moralmente e inducirla a desmoronarse completamente en “la máquina” (la tortura): palmadita en el hombro, despedida, y la orden de salir corriendo, encapuchado y esposado, hacia una enorme pared de piedra sobre la que inmediatamente se empezaba a disparar con pistolas automáticas, zumbando las balas muy cerca de quienes tenían ya sobrados motivos para creer que aquello podía no ser una terrorífica parodia de ejecución..
(A veces, muy de vez en cuando, ese mismo lugar era el de increíbles “recreos” que duraban diez minutos y de los cuales se volvía invariablemente sancionado por haber levantado la venda y haber mirado al cielo o a los centinelas armados a guerra, en una ronda demencial que no era recreación, precisamente, sino más bien una forma más de la tortura y de la bestialidad cuartelera fascista).
Pero, bueno, abreviemos. El relato de todo esto –no se lo puede disimular-- agobia espiritualmente mucho más que el mismo peregrinar cuartelero de ayer en busca de la tristemente célebre “sala de máquinas” de La Paloma, que resultará pieza clave para el fallo judicial en curso.La búsqueda misma, compartida, colectiva, conversada, amenizada con algún comentario tipo humor negro (“Apurémonos –dijo alguien bajo la lluvia--, no sea cosa que nos agarre un golpe de estado aquí adentro”), causa menos pesadumbre que su misma descripción o reconstrucción escrita intentada posteriormente.
Nos dirigíamos hacia el galpón que también fue usado para secuestrar tandas de más de 200 detenidos separados por fardos de paja sucia y restos de vehículos, cuando la mirada hacia una estructura central de ladrillo, al borde la plaza de armas –con inofensivo aspecto de rincón para la meditación trascendental y el retiro espiritual--, nos hizo descubrir el sitio que fue propiamente la antesala de la tortura, para todas y para todos los capturados en los sucesivos “mega-operativos” de las “fuerzas conjuntas” destinados a liquidar cualquier resto de organización del movimiento popular, incluso mucho después de desarticuladas totalmente sus organizaciones políticas armadas.Imposible no identificar automáticamente en ese apacible lugar, la tenebrosa escalera de piedra de quince peldaños, por la que se empujaba a todo el mundo, apenas capturados, a un par de corredores ladeados por calabozos, para dejarte de plantón, en “la previa”, mientras la milicada pasaba y te reventaba los tobillos, los oídos, la espalda, a cachiporrazos o culatazos, “preparándote” para la que se venía, mientras un tocadiscos de mierda a toda voz repetía y repetía “salta, salta, salta, pequeña langosta”, atenuando los gritos que venían de abajo de la escalera, desde la espaciosa “oficina” de piso de adoquines en la que los Luis María Agosto, Jorge Silveira y José Gavazzo, entre muchos otros oficiales, iban ejerciendo la innmunda tarea de torturar a mansalva, para arrancar información, para divertirse, para saberse los mejores fascistas, para saciar sus apetitos de simples criminales a sueldo y para hacer honor a su condición de ratas “humanas” sin perdón de dios, del diablo ni mucho menos del pueblo.
Suspirando de alivio contradictorio, en cierto modo, fuimos descubriendo en la parte de arriba, de un lado, camuflados restos de calabozos de un metro y medio por dos metros, con paredes desprolijamente tiradas abajo, en los que ahora se guardan las uniformes “de gala” del cuartel, con sus chirimbolos de utilería, pero cuyas puertas conservan todavía las ventanucas de veinte por veinte y sus mirillas, por las que los carceleros controlaban a los prisioneros. Del otro lado, tras el descanso de la escalera, el espacio total de lo que fueron los otros tres calabozos, es ahora un pequeñísimo dormitorio femenino, tan claustrofóbico y opresivo como antes, a pesar de unas colchas rojas brillantes que se asemejan a las pilchas de papá Noel (“no duerman más aquí –le dijo Irma a una funcionaria--; tendrán malos sueños”).
Volvimos abajo, al pasillo debajo de la escalera que ahora no conduce a ningún lado y que antes era el corredor hacia la “sala de máquinas”… Nada, absolutamente nada que pudiera explicar la sobrevivencia sin sentido del corredor: paredes muy bien blanqueadas con cal espesa, evidencias de cosa muy reciente, nada que indicara la existencia de aquel espacio del terrorismo de Estado practicado bestialmente por los que hoy niegan sus respectivas culpablidades, cayendo en aquella “falta de carácter” que era motivo de arrestos e incomunicaciones tanto para los prisioneros como para los poquísimos milicos rasos que se atrevieran a desoír las sinrazones del “mando superior” inmediato.
Sin embargo, el registro con ojos de albañil y cabeza de ex preso que no puede admitir que el lugar donde fuera torturado se convirtiera en algo atribuible al delirio, permitió detectar los signos bastante chabacanos de una puerta tapiada a las apuradas, seguramente no hace mucho tiempo.
La orden judicial de inspección del cuartel, contemplaba la “visita” a cuanto rincón cuartelero reclamaran los representantes del poder judicial. Por lo tanto, nos dirigimos hacia el lugar al que debería habernos conducido la puerta tapiada, que hasta ese momento parecía tan solo la representación material de la pérdida de memoria y el desamor por la verdad que la dictadura y la post dictadura pretendieron de todo el pueblo uruguayo con la generosa asistencia de los que votaron la Ley de Impunidad.
¡Oh, sorpresa!... La sala de torturas es ahora un inútil pero colorido y “pintoresco” museo de cachivaches militares dispuestos para la veneración místico-funebrera de los amadores de la industria bélico-represiva (viejos y lustrosos cañones de fines del siglo XIX; gigantescas balas bañadas en bronce y cobre; pedazos de charreteras de algún viejo personaje de la vieja artillería “oriental”; un busto de algún “guerrero” que la historia apenas reconoce; vetustos calibradores de acero, tenazas, pinzas, picas de zapador, restos de un pasado de ejército que solo mateaba a la sombra de la arboleda de la plaza de armas, a la espera del próximo golpe de estado; y, entre otros pendorchos y emblemas del poder verde, muchas, muchísimas y carísimas monturas y arreos dispuestos abigarradamente para ocultar los vestigios de puertas y ventanas tapiadas, tan mal y burdamente tapiadas, sin embargo, que se pueden apreciar –y fotografiar-- a simple vista desde el exterior nomás, en verdaderos remiendos de ladrillo nuevo sobre ladrillo viejo).
Alguien reconoce en un viejo tomacorriente en el piso, la evidencia de la “modernización” del cuartel de La Paloma de mediados de los ´70, con la adquisición de la picana que el coronel Agosto dice no haber utilizado “jamás”, para afirmar que él únicamente era el jefe de “los apremios físicos” (“el submarino”, “el potro”, “la colgada”, “la estaqueada”, “el plantón”, etc., etc., ¡pero no de la tortura!!!). Alguien reconoce también las huellas de donde pendía una roldana utilizada para el sumergimiento “automatizado” en el tacho o submarino, cosa de que los sacrificados verdugos no se mojaran sus delicadas manos en pleno invierno congelante y se atacaran de zabañones… Alguien llega a reconocer una vieja y podrida silla en la que eran sentados los torturados para recuperar energías y volver a “la máquina” nuevamente… Imposible describir todas las huellas del “pasado reciente” en esta verdadera escenografía de la hipocresía y la cobardía militar (de ayer y de hoy, ¡qué joder!), en este estúpido “museo” de la maldad que únicamente pueden haber concebido los que no solamente le temen a la verdad y el castigo, sino también los que nos hablan de un “honor” que, la verdad, es el “honor” de los culpables, de los directos y de sus encubridores y cómplices más allá del tiempo y de los plebiscitos y las leyes modificatorias que no pueden modificar nada más que lo aparente.
Fue unánime: tanto los testigos como los acompañantes de visita en La Paloma, no pudimos soportar más tanta elocuencia de los hechos, tanta verdad a la vista, tanta ofensa necia a la inteligencia y la sensibilidad humanas. Habíamos ubicado finalmente lo que habíamos ido a buscar, y todos sudábamos la gota gorda.
Estaba, justamente, en el sitio en el que los arcaicos planos del cuartel, señalaban la supuesta existencia de lo que parecía haberse construido, premonitariamente, para que un día los verdugos clamaran al cielo un perdón que jamás llegará de la tierra: una capilla, la capilla de Artillería 1, mutada en centro de la tortura masiva y luego, muy luego –muy luego y muy impunemente--, en este macabro, imbécil y autocondenatorio “museo” de no se sabe qué mierda, de cuyas connotaciones e implicancias no te salva ni “Santa Bárbara” ni el más santo de los santos robados por la liturgia homicida de los represores profesionales, manejen los fierros que manejen, ostenten la omnipotencia que crean ostentar, sean artilleros o simples sicarios a la orden de los autores intelectuales de una historia aparentemente “sin fin”, pero que ya nadie podrá mantener socavada en ningún museo o cualquiera otra invención “cultural” al servicio de la mentira o de una “paz” tonta y perdonavidas que es la antítesis del clamor popular por juicio y castigo, que no se arredrará ante ninguna zonza ilusión de seguirnos pasando gato por liebre o tortura y crimen por “malos tratos” o “apremios físicos” practicados por pobres viejitos y viejitas que siguen siendo jóvenes e imperdonables asesinos del pueblo.
La Paloma queda atrás (atrás de un Cerro obrero que sufrió la tortura sin estar en “la capilla”), pero en la camioneta del poder judicial viajan de vuelta una docena de personas muy distintas en muchos sentidos, pero cuyas respectivas conciencias llevan impregnada una pequeñísima parte de la verdad y un muy íntimo sentimiento de que no hacer justicia, aunque parezca tardíamente, es hacerle creer a los asesinos de ayer y de hoy, que nosotros, todos nosotros, somos sus cómplices.
Gabriel Carbajales, 16 de diciembre de 2011
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ROMPER SILENCIO!
“Se trata de lesiones extensas que alcanzan todo el cráneo, con un gran conjunto de fracturas y faltantes de huesos que se corresponden a lo que se denomina estallido de cráneo […] a nivel frontal un cuarto de circunferencia correspondiente a orificio de entrada de proyectil de arma de fuego […] no puede descartarse que haya existido más de un disparo […] ligaduras de ambas manos […] nudo fuertemente ajustado […] alambre asociado a la región de los tobillos […] fragmento de costilla con fractura de características perimortem […] apremios físicos asociados […]”.
ROGER RODRÍGUEZ
La descripción de los médicos Rosana Manikowski, Rafael Roo y María Imbert en el informe a la justicia del Instituto Técnico Forense (ITF) sobre las causas de la muerte del cuerpo hallado en el Batallón 14 de Toledo resultaban impactantes en sí mismos; pero cuando el Equipo de Antropología Forense de Argentina confirmó que los restos eran los de Julio Castro, la etiología médico-legal tuvo un rostro, cada imagen de dolor un protagonista y sólo pensar en la escena de la ejecución del maestro provocó indignación en todos los ámbitos.
El flamante titular del Ejército, general Pedro Aguerre, anunció entonces una declaración oficial del arma que, según trascendió, habría implicado dos días de debate interno entre los doce generales que acompañaron al comandante en el simbólico acto. La respuesta pública habría sido reclamada por el propio presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quienes comprendieron el impacto que la noticia tendría en un área política en la que ambos intentan imponer su modelo de ‘punto final’.El discurso de Aguerre -de menos de 500 palabras- sentó, con el apoyo de todo el generalato, la posición del Ejército: hay un “punto de inflexión” (“por el peso de la realidad”, explicó) ante el cual reivindicó los principios artiguistas y subrayó que el Ejército “no es una horda, malón o algo similar” y “no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas”. Dijo desconocer la existencia de un “pacto de silencio”, pero advirtió que si lo hubiere “desde este momento doy la orden de su revocación inmediata”.El general Aguerre, quien alegó que el Ejército hoy actúa “acorde a los Convenios de Ginebra y La Haya, los protocolos adiciones y demás acuerdos relativos”, pidió apoyo, dentro y fuera de la fuerza, para obtener información sobre la responsabilidad material en el caso de Julio Castro (“y en cualquier otro que se entienda a futuro”), subrayó que con valentía no se negarían los “hechos desgraciados” y reiteró su solicitud de colaboración a todos para “restablecer una reconciliación, de acuerdo al interés común”.
¿DOMICILIO O LIBERTAD?
La aparición de los restos de Julio Castro, un maestro y periodista que sólo estuvo armado con una tiza o un lápiz, demuele la teoría de la reconciliación entre combatientes, en la que se sostienen el propio presidente Mujica y su esposa Lucía Topolansky para anunciar el proyecto de ley que otorgaría la prisión domiciliaria a media docena de los militares septuagenarios que están presos por homicidios y violaciones a los derechos humanos. La defensa de José Gavazzo ya formalizó una solicitud al respecto; la fiscalía la está estudiando.
La iniciativa del matrimonio presidencial ya había quedado lesionada semanas antes con la causa que abrieron treinta ex presas políticas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la tortura sufrida durante su detención en unidades militares y presidios de la dictadura. La mayoría de los 'viejitos' a los que se les pretende dar el beneficio de la prisión domiciliaria están incluidos en la lista de sus agresores sexuales. El delito sexual es uno de los excluyentes para adjudicar la prisión domiciliaria.
Por el contrario, en distintos ámbitos comienza a debatirse si los criminales de lesa humanidad deben tener el actual beneficio de una prisión especial, en la que poseen celulares o teléfonos para hacer declaraciones a la prensa, tienen acceso a internet para escribir en blogs, entre otros beneficios que no recibe ningún preso común en los presidios uruguayos, donde se incauta cualquier elemento extra en las requisas. “Deberían quedar en Libertad, pero en el penal”, han escrito lectores en los blogs.Otro cuestionamiento que se ha levantado: por qué las Fuerzas Armadas no han sometido a tribunales de honor a los militares que ya dejaron de ser procesados y tienen condena firme por parte de la justicia. Un Ejército que no acepta, tolera, ni encubre a homicidas o delincuentes en sus filas (si el general Aguerre no se refería a una serie de inminentes procesamientos en otra fuerza militar) debería dejar de otorgar altas jubilaciones y distintos beneficios que a costo del Estado siguen usufructuando los presos de la cárcel de Domingo Arena.
MUERTOS Y EJECUTADOS
La ejecución de Julio Castro también llevó a varios medios de comunicación a recordar el episodio conocido como ‘los fusilados de Soca’, cuando en diciembre de 1974 cinco militantes tupamaros (Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María Corbo y Graciela Stefanell) que habían sido secuestrados ese 8 de noviembre en Buenos Aires y trasladados ilegalmente a Montevideo, fueron acribillados a balazos y sus cuerpos arrojados cerca de la localidad canaria como supuesta represalia por el homicidio del coronel Ramón Trabal en París.No sería el único episodio de ejecutados en Uruguay. También se presume que así fue muerta la maestra Elena Quinteros (el otro cuerpo que, como el de Julio Castro, “jamás sería encontrado”, según dijo a las familias un vocero de la Comisión para la Paz). Pero también el homicidio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, aunque en Buenos Aires, constituye una ejecución. Y otro tanto puede considerarse en los casos de Roberto Gomensoro y Horacio Gelós Bonilla, ejecutados durante la tortura.Mientras se impulsa un acto recordatorio del caso de los fusilados de Soca para el 17 de diciembre, en distintas cadenas y grupos de emails se ha generado una discusión sobre cuántos uruguayos fueron ejecutados en la dictadura. Si los muertos por tortura en realidad fueron ‘excesos’ o alguien dio una orden, y si otro tanto ocurrió a quienes fallecieron en las cárceles o en el Hospital Militar; cuántas desapariciones forzadas ocultan una muerte accidental o, en realidad, encubren un premeditado asesinato.Aun sin contar todos los casos de muertes por tortura, ‘suicidados’ y ‘fugados’, hay más de 60 uruguayos que, secuestrados en Argentina y trasladados ilegalmente en forma grupal a Montevideo, fueron ejecutados y desaparecidos durante la dictadura, según se deduce del libro Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), elaborado por un equipo universitario encabezado por el profesor Álvaro Rico, sobre la base de los datos y archivos obtenidos por la Comisión para la Paz.
EL SEGUNDO VUELO
El general Aguerre puede encontrar en los anexos del Tomo I (‘Las violaciones al derecho a la vida’, ‘Asesinados políticos’, ‘Detenidos desaparecidos’) que la investigación anota que aun antes del caso de María Claudia García de Gelman (cuyo cuerpo ejecutado es lo que se busca en las excavaciones) pueden haber sido trasladados a Uruguay los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Julio César Rodríguez y León Duarte, a quien un testigo habría escuchado identificarse en el centro clandestino de torturas conocido como ‘300 Carlos’.Los historiadores también registran el traslado masivo del llamado ‘segundo vuelo’, reconocido en 2005 en el informe sobre desaparecidos elaborado por la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que 22 militantes del PVP que habían sido detenidos en el centro de torturas 'Automotores Orletti' fueron traídos a Montevideo el 5 de octubre de 1976 en el vuelo 511 de TAMU, que piloteaba el ex comandante José Pedro Malaquín.El grupo, integrado por Mario Cruz, Josefina Kleim, Juan Morales, Juan Errandonea, Victoria Grisonas, Raúl Tejera, Alberto Mechoso, Adalberto Soba, María Islas, Jorge Zaffaroni, Washington Cram, Cecilia Trías, Ruben Prieto, Armando Arnone, Casimira Carretero, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Carlos Rodríguez, Juan Recagno, Segundo Chegenián, Graciela da Silveira y Washington Queiro, fue entregado al Ejército.
Las investigaciones periodísticas señalan que estuvieron en el ‘300 Carlos’, donde el personal subalterno los conocía como ‘los del ómnibus’, ya que habían llegado en el vehículo del propio Servicio de Material y Armamento. Los informantes aseguran que en grupos de cuatro o cinco fueron llevados dentro de un auto Pingo blanco al Batallón 14 de Toledo donde los ejecutaron y enterraron. No parece probable que todos ellos hayan muerto por ‘excesos’ en la tortura.
TERCEROS TRASLADOS
El Ejército uruguayo no ha reconocido aún que recibió a los pasajeros del vuelo 511 y tampoco ha admitido su participación o conocimiento sobre los secuestros de diciembre de 1977 cuando otro grupo de uruguayos exiliados en Buenos Aires fue capturado y, tras permanecer en los pozos de Banfield y Quilmes, fue trasladado en varios viajes a Montevideo. Algunos de ellos fueron vistos en el centro de torturas de La Tablada.
En esos viajes a Uruguay habrían sido traídos Atalivas Castillo, Eduardo Gallo, Miguel Río, Carlos Cabezudo, Carolina Barrientos, Juvelino Fontoura, Edmundo Dossetti, Alberto Corchs, Alfredo Bosco, Raúl Borelli, Yolanda Casco, Elena Lerena, Julio D’Elía, Guillermo Sobrino, Graciela Basualdo, Elsa Fernández, Gustavo Goycochea, María Castro, José Martínez, Aída Sanz, Gustavo Arce, Raúl Gámbaro, Alfredo Moyano y Célica Gómez. Todos ellos también habrían sido ejecutados.Otro tanto habría ocurrido en mayo de 1978 con los integrantes de la familia Severo, que habrían sido trasladados en un vuelo, según dijeron fuentes militares a El Observador en agosto de 2005. Ary Severo, Beatriz Anglet, Marta Severo, Jorge Martínez y Carlos Severo (menor de edad) fueron detenidos en Argentina, llevados al Pozo de Quilmes y devueltos a Uruguay, donde también habrían sido asesinados.
El mismo destino habrían tenido Ileana García, Héctor Giordano, Edison Cantero, Fernando Díaz, Raúl Olivera Cancela, Esther Gersberg y María Artigas (embarazada), quienes fueron devueltos a Uruguay en 1978. Asimismo, se presume que fueron traídos y ejecutados los militantes del PVP Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, quienes habían sido secuestrados en Paraguay y llevados al pozo El Atlético, en Buenos Aires. Ninguna de esas muertes fue un error o un exceso. Romper el silencio también implica abrir los oídos.
Eduardo Galeano reflexiona sobre
la descubierta de los restos de JULIO CASTRO
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Articulos publicados por el Semanario "Brecha"
Tortura y violencia sexual en dictadura: la otra gran batalla política
Escrito por: Mariana Contreras, Rosario Touriño
Una ola de denuncias sacudió al Poder Judicial.
Después de 26 años del restablecimiento de la democracia, centenares de presos que padecieron la tortura dan su testimonio sobre los vejámenes a que fueron sometidos. El cerco de silencio -el autoimpuesto y el resultante de décadas de indiferencia social- parece haberse roto. Así, se abre la posibilidad de que por primera vez la justicia uruguaya investigue, procese y condene a cientos de militares, policías, médicos, psiquiatras, que actuaron directamente en el sometimiento de los presos. Es el momento histórico en que la tortura ?forma masiva de castigo que utilizó la dictadura uruguaya? ingresará en los tribunales. Es la posibilidad inédita de dejar de ser el país de los impunes.
Cárcel y tortura. Esa fue la estrategia represiva que el gobierno cívico militar aplicó sobre todo aquel vinculado (o "sospechoso" de estarlo) a algún tipo de organización "subversiva". Fueron más de 7 mil los uruguayos que saturaron los lugares de reclusión desde antes del golpe de Estado hasta la asunción del primer gobierno democrático en 1985; 7 mil personas encarceladas que hicieron que Uruguay ostentara por aquellos años un récord infame: el país con mayor proporción de presos políticos.
La casi totalidad de ellos sufrieron la tortura en sus más diversas formas y niveles. Eso los uruguayos lo supieron desde siempre. Y se confirmó en 1985, cuando el Parlamento investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. El sistema político uruguayo conoce desde el primer día, y de primera mano, los brutales relatos de los padecimientos de las víctimas, incluso los que refieren a violencia sexual, plasmados en las actas parlamentarias. Para ellos la respuesta política fue la ley de caducidad.
Dos ex-presas politicas: Martha Valentini y Charma Furman.
Veintiséis años después, esos relatos resurgen con inusitada fuerza, en un contexto jurídico, político y social diferente. Y lo que es más importante aun, llegan ahora como denuncias penales, que involucran no sólo a los mandos que ordenaron la tortura sino a centenas de soldados y policías que, por acción u omisión, participaron del sistema represivo. Uruguay se enfrenta, ahora sí, a la posibilidad de que no sólo sean juzgados los mandos militares que planificaron y ordenaron los delitos, sino también aquellos que se prestaron para ejecutarlos. El soldado que torturó, el policía que capturó, los médicos, enfermeros y psicólogos que negaron asistencia y que indicaron cómo, dónde y hasta cuándo actuar en la tortura podrán verse obligados a responder ante la justicia. Son éstas, desde aquellas empolvadas actas parlamentarias, las primeras denuncias judiciales sobre la tortura. Que se entienda: la forma sistemática y masiva de calvario que eligió la dictadura uruguaya para sus víctimas entrará por primera vez a los juzgados.
Este es un movimiento -considera el abogado Pablo Chargoña, patrocinante de varias denuncias- que nace desde la sociedad civil. Fueron las propias víctimas quienes comenzaron a reunirse y a elaborar lentamente la posibilidad de hacer la denuncia judicial.
Un movimiento que "comenzó luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia" en relación al caso Gelman, comentó Chargoñia. Aquella sentencia marcó, a su entender, el comienzo del fin de la ley de caducidad. "Allí se describe la imprescriptibilidad y las tipologías de violaciones a los derechos humanos, entre las que se incluye la tortura. Lo que muestran las denuncias es que hubo patrones de conducta y modus operandi, no se trata de psicópatas aislados", sostiene el abogado. En esa batalla por hacer entender al sistema judicial uruguayo que estos delitos no caducaron (independientemente de la ley de "lesa humanidad" aprobada la semana pasada en el Parlamento) están los denunciantes.
Las centenas de testimonios que la justicia deberá valorar dan cuenta de cómo "se sometió a las personas privadas de libertad a las peores torturas, tanto físicas como psicológicas, y a las más inhumanas condiciones de detención. En este período fueron detenidos hombres y mujeres, estudiantes y trabajadores, sobre los cuales se llegaron a practicar (...) submarinos (en agua con excrementos, o seco con capuchas), picanas, agresiones sexuales (violaciones, introducción de objetos, manoseos) simulacros de ejecución y de violación (propia y de amigos o familiares) colgadas, quemaduras, golpizas, plantones, suministro de sustancias alucinógenas, golpizas a mujeres embarazadas hasta provocar abortos, privación del sueño durante semanas, caballete, teléfonos". Así lo señala la denuncia presentada por Ielsur, patrocinante de la causa Morgan y la de Artillería 1.

Si alguna vez el encarcelamiento y la tortura fueron utilizados para fundamentar lo "humanitario" de la dictadura uruguaya con respecto a la argentina ?donde fueron sistemáticos la desaparición y el asesinato?, los testimonios y los testimoniantes que hoy vuelven a requerir la atención de la sociedad uruguaya no hacen otra cosa que afirmar lo contrario.
DENUNCIANTES. El primer paso lo dieron 12 ex presos (que días después se convirtieron en 40) que solicitaron, en diciembre de 2010, que se investigara la tortura, asesinatos, desaparición y genocidio ocurridos en el centro de reclusión donde estuvieron detenidos desde 1972, la Base Aérea Boiso Lanza. La causa, llevada adelante por el abogado Óscar López Goldaracena y a cargo de la jueza Mariana Motta y la fiscal Ana María Telechea, es al día de hoy la más avanzada. Según comentó a Brecha Baldemar Taroco, integrante de Crysol, denunciante y portavoz del grupo, la mayoría de los querellantes ya pasaron por la instancia del peritaje físico y psicológico. En su caso, las tomografías realizadas en ambas piernas ?adjuntadas ahora como prueba? determinaron la presencia de esquirlas de bala: "Conmigo jugaban a la puntería. Pensé que había sido herido de bala en una pierna, pero 37 años después me entero de que tengo esquirlas en ambas. La doctora no podía entender cómo yo no sabía eso. Pero es que estaba encapuchado, esposado, torturado; no sentía ni cuándo me pegaban. Después seguí de plantón y se me cicatrizaron las heridas sin que me enterara. Eso me ha dejado secuelas en la pierna y en el pie. Otros tienen secuelas que no se ven", narró Taroco.
En setiembre de este año, alrededor de 50 ex presos, miembros en su mayoría de la Unión de Juventudes Comunistas (ujc), presentaron denuncias por torturas recibidas en la Dirección Nacional de Inteligencia. Otras 30 víctimas lo hicieron por hechos similares ocurridos en el centro clandestino de detención "300 Carlos".
El viernes pasado, 28 ex presas también denunciaron e identificaron a 112 personas (hombres y mujeres) que practicaban torturas: militares, policías, médicos y enfermeros, que actuaron en diversos centros de reclusión. La denuncia hace énfasis en la violencia sexual como método de tortura, y sostiene que "la conducta desarrollada por los denunciados formó parte de un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima, cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres, menoscabando su integridad física y mental y su dignidad con prácticas tales como la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y el ano, tocamientos, así como insultos degradantes y amenazas por la sola condición de ser mujeres, llegando en muchos casos a la consumación de la violación".
Tres días después, más denuncias atiborraron los mostradores judiciales: las víctimas de la llamada Operación Morgan, dirigida a reprimir al Partido Comunista (y a desarticular su estructura financiera, principalmente) y a la ujc, que implicó que cientos de comunistas fueran encarcelados y torturados. En esta misma denuncia figura otro grupo de ex presos, todos vinculados al Regimiento de Artillería 1. Ambos grupos suman 90 denunciantes, que identifican a más de 100 personas involucradas en la tortura. "Sufrió plantones, y en forma simultánea la hacían desnudar para aplicarle picana eléctrica y luego la cubrieron con una capa del Ejército para seguir de plantón. Le pusieron grilletes en los pies unidos a las manos por una cadena, quedando en cuclillas para que se le aplicara nuevamente la picana. Le colocaron un cartel pegado a una campera con la expresión judía de mierda firmado por Óscar 1, al grito de que sólo le faltaba ser negra. Pudo despegarlo y guardarlo, pero le colocaron otro papel de igual tenor". Así el trato que recibió, entre otros vejámenes, una víctima de la Operación Morgan (y que figura en la denuncia).
Esta semana en el departamento de Treinta y Tres una veintena de ex militantes de la ujc, entonces menores de edad para los criterios de la época (de entre 13 y 21 años), presentaron una denuncia por torturas. En 1975 los menores fueron sustraídos e incomunicados ilegalmente de sus familias y llevados al cuartel departamental donde sufrieron diversos apremios físicos.
Según pudo saber Brecha, más grupos de ex presos, reunidos por su lugar de reclusión, preparan nuevas denuncias para las próximas semanas: el 13 de Artillería, el Fusna, y los cuarteles 6º y 9º de Caballería.
¿POR QUÉ AHORA? Los relatos de las mujeres que presentaron denuncia por violencia sexual como método de tortura, recabados por los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Udelar en un amplio trabajo dado a conocer la semana pasada, provocaron inmensa conmoción.* La misma que provocó el programa Esta boca es mía (Canal 12) cuando presentó en estudios, y en vivo, a varias de las denunciantes que contaron en un horario de mucha audiencia lo que vivieron. No pueden soslayarse las preguntas sobre cuánto del beneficio del rating y cuánto de especulación en torno a lo políticamente correcto o el "bajo riesgo" de la emisión pesó en la decisión de las autoridades de Canal 12 para aceptar la trasmisión, tantas veces negada, de un programa con esas características. Pero no puede desconocerse que esa conmoción refleja una apertura e incluso una capacidad de empatía por parte de la sociedad, que durante décadas les fue negada a las víctimas.
Y así como hubo un proceso social, también hubo procesos, individuales y colectivos, entre los ex presos. La lucha por el esclarecimiento sobre el destino de los desaparecidos, junto con el reclamo de verdad y justicia para los asesinados hicieron lo suyo. "Por ahí fuimos dejando nuestra situación en segundo plano, porque era una prioridad nuestra esa verdad y justicia", dijo a Brecha Charna Furman, una de las denunciantes de la Operación Morgan, para explicar la demora. Pero hay más.
Las mujeres dieron los primeros pasos en 1997 cuando, por primera vez en democracia, se reunieron en forma masiva. "En ese proceso iniciado a 12 años del fin de la dictadura estuvo siempre la intención de decir qué nos pasó. Primero hicimos la serie de libros Memoria para armar"; sin embargo "en aquella época prácticamente no se hablaba de la tortura y muy poquitos relatos hicieron referencia al tema. Después hicimos una película: Memorias de mujeres. Cuando la presentamos la gente nos decía que mostrábamos como si hubiéramos pasado bárbaro, porque hablábamos de nuestras estrategias de sobrevivencia, nuestra convivencia", contó Furman. La tortura fue otra vez el gran tema ausente. "Llegó el momento de decir: esto espantoso, inhumano, degradante nos pasó. Pero para eso hay que hacer un proceso... yo hice diez años de terapia en los ochenta y no hablé nunca de la tortura. No podía. Con mis hijos, que tienen casi 40 años, jamás hablé de esto"; los mismos hijos a los que intentaba dormir cuando los militares irrumpieron en su casa, admitió Furman.
En este movimiento generado por los ex presos, las formas han sido diferentes. Existen denuncias por centro de reclusión, por grupo político, por género. Hay quienes han elegido testimoniar públicamente y hay grupos que reservan la individualización de esos testimonios para el ámbito judicial. Es que el camino hacia la denuncia judicial también abrió dolores. Hay quienes han decidido apoyar a sus compañeros pero no participar de las denuncias. Sus vidas son otras, no quieren volver sobre aquellos pasos. No puede ocultarse que no todas las mujeres consideran acertado que la violencia sexual sea tratada como una causa de género. Y no lo fue. Hay también testimonios de hombres vejados, aunque quizás el tabú y el peso de "ser hombre" opere tan fuerte que lleva a profundos silencios.
Hay quienes han debido enfrentarse a contar por primera vez su historia frente a sus parejas, sus hijos o sus amigos. Hay quienes no quieren hacerlo, y hay quienes asumen que deben respetar el "no querer oír" que parecen trasmitir sus seres queridos: "hasta que ellos quieran, hasta que puedan", dicen. Entonces, a pesar de la masividad no puede dejar de apuntarse que el porcentaje de denunciantes es bajo en relación a las víctimas. De alguna forma así lo expresó Roberto Herrera a Brecha cuando contó que "en Artillería 1 desde 1972 hasta el 80 deben haber pasado 500 compañeros, pero somos cerca de 30 los que presentamos denuncia. Algunos no quieren participar. Pero no es una negación. Salir, revivir, cuesta. Son muchos dolores".
Las mujeres que hicieron la denuncia por violencia sexual trabajaron en conjunto durante un año, con apoyo psicológico. Algunas se sumaron en el camino, algunas debieron abandonar: "esto de la denuncia me trajo recaídas, empecé a tener mucha cistitis, la sensación de picana en la vagina, se siguen reproduciendo esas sensaciones en mí, porque para hacer la denuncia hay que volver a ese lugar", les dijo una de las denunciantes en la causa de violencia sexual a los estudiantes de comunicación. El mismo artículo recuerda que alguien que comenzó la denuncia "tuvo que dejarla porque empezó a padecer hemorragias intestinales debido a que sabía que volvería a recordar lo vivido, treinta años después su cuerpo somatizó esos recuerdos".
"Es muy difícil contar y recrear aquel ambiente", hacerse una idea cabal, para quien escucha, de lo que realmente sucedió en los cuarteles y centros clandestinos, dicen los denunciantes. "Se habla de la tortura grande, pero había un sistema permanente de hacer el mal, de atormentar." La que cuenta ahora es Martha Valentini, quien integraba la comisión de finanzas del Partido Comunista en épocas de la Operación Morgan y que deambuló por varios centros de reclusión durante tres años y medio. En la denuncia judicial puede leerse en detalle lo que debió sufrir: "le atan las muñecas y la cuelgan de una polea (...), cuando su peso vencía la cadena que la sostenía, alguien atrás pegaba un tirón que le desgarraba las axilas; los encargados eran más de uno y entre ellos discutían si seguir o bajarla, mientras tanto otro enfrente a la compareciente la quemaba con cigarrillo". A Brecha le cuenta sus recuerdos de los diez meses con los ojos vendados, los oídos apretados por la venda, los parlantes emitiendo varias músicas en simultáneo, estridentes; la sensación de perder la dimensión del espacio y el tiempo. Recuerda el jabón en la leche, cuando los soldados robaban la fruta que enviaban los familiares y luego, desde lo alto escupían las semillas a los presos, el grito de "¡Conaprole!" de "el Malevón", un soldado que largaba contra la pared la zorra donde se llevaban los platos para la comida: "los platos eran de plástico, entonces agarraba aquella zorra y la largaba contra una pared para imitar el ruido de una botellas que caían en una publicidad de Conaprole. Algunos se rompían, pero los repartían igual, entonces servían el caldo. Y al que le había tocado la desgracia del plato rajado el caldo se le caía y ensuciaba el piso. Entonces lo castigaban por sucio". Un refinado sistema de desprecio a la persona, reflexiona mientras recuerda la sinceridad milica: "A vos te mato o te vuelvo loca", le dijo uno que no pudo ni lo uno ni lo otro. "La tortura formaba parte de un trabajo de los militares. Lo dijo (Jorge) Troccoli: No era que fueran malos, ¡estaban trabajando! Con la denuncia queremos mostrar que ese trabajo tenía dos caras: el que realizaba el trabajo y el que lo recibía. Y para el que lo recibía era una monstruosidad."
UNA BATALLA JUDICIAL. Si hay algo que unifica todas las denuncias presentadas es que en ellas se reclama que la tortura debe ser considerada un delito de lesa humanidad, permanente e imprescriptible. La argumentación de los denunciantes se ampara en el derecho internacional. Chargoñia explicó que si hay un parteaguas, no fue la reciente aprobación de la ley que define la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en la dictadura, sino la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) a raíz del caso Gelman, ya que ésta es la que realmente derriba a la ley de caducidad. Por su lado, ielsur alega en la demanda de la Operación Morgan que "la prohibición de la tortura y otros actos inhumanos crueles, inhumanos o degradantes son principios generales del derecho internacional, que comienzan a plasmarse con la ley de consejo de control Nº 10 de los aliados en la Alemania de posguerra", en especial su artículo segundo, que los consideraba delitos de lesa humanidad.
En este último escrito, que ya está en poder del Juzgado Penal de 12 Turno, se alega que de larga data existe un "consenso en la sociedad civilizada de naciones", por el que constituyen delitos de lesa humanidad las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y las detenciones arbitrarias.**
Se menciona también en las denuncias una larga lista de fallos de la cidh (especialmente el que dirimió en el caso de la familia Gelman). Según los abogados patrocinantes de estas causas, de la copiosa jurisprudencia de la cidh surge la prohibición para los estados parte de aplicar dos asuntos: la irretroactividad de la ley penal y la prescripción como mecanismo para evitar la sanción de los responsables de los delitos de lesa humanidad.
En el fallo de la cidh, y a partir de la demanda promovida por Macarena Gelman, se estableció que también en el ámbito universal los órganos de protección de derechos humanos establecidos por tratados han mantenido el mismo criterio sobre la prohibición de amnistías que impidan la investigación y sanción de quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos.
El abogado de ielsur Martín Fernández afirma que la Corte Interamericana establece la preeminencia del derecho internacional general (ius cogens), lo que posibilita la aplicación de estos principios en la jurisdicción doméstica, invalidando de esta forma los argumentos que esgrimen los estados de limitar la aplicación del derecho internacional. Desde ielsur reafirman: "los delitos de lesa humanidad no pueden ser equiparados a los delitos comunes, dado que la legislación penal doméstica se establece para lo general y ordinario, pero no para casos puntuales y excepcionales no previstos ni previsibles, donde sucumbe todo el Estado de derecho". Claro que también hay constitucionalistas ?como Gonzalo Aguirre? que argumentan que varias convenciones no tienen fuerza de ley en el marco jurídico interno y son simplemente "tratados" (hay también voces políticas que protestan cierta intromisión de las cortes internacionales en la soberanía uruguaya).
Para Chargoñia se está en medio de "una gran batalla judicial"; ya que si las causas fueran clausuradas se estaría desconociendo un mandato de la cidh, en el que se define la tortura como una grave violación a los derechos humanos. Se estaría ante una suerte de desacato, por lo cual sus patrocinados recurrirían a la propia Corte Interamericana. Una estrategia similar es anunciada por ielsur en caso de que no se tenga éxito en los tribunales uruguayos. De todos modos, parece que se ha podido avanzar en otro territorio: el de verbalizar y denunciar colectivamente aquello que minó la dignidad más elemental de todos esos humanos. n
* Los estudiantes de Sala de Redacción, un espacio práctico de periodismo, del cuarto año de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Udelar), escribieron una serie de artículos sobre la denuncia presentada por violencia sexual. Se recaban allí testimonios de las denunciantes.
** Uruguay es Estado parte de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1985, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte esa misma fecha. El Estado también es parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el 10 de noviembre de 1992 y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas desde el 2 de abril de 1996.
Un caso del "Morgan"
Fue detenida el día 4 de noviembre de 1975 en un violento allanamiento en su domicilio en horas de la noche. Fue inmediatamente encapuchada, atada de manos y a golpes de puño obligada a salir de su casa e ingresar a un vehículo en el que la trasladarían (a punta de pistola en las costillas y continuas patadas en la cabeza) hacia el Servicio de Materiales y Armamento, a los fondos del Batallón de Infantería Nº 13 de la Avenida de las Instrucciones, conocido como "300 Carlos".
Luego de permanecer allí tres meses fue conducida al hospital de las Fuerzas Armadas y luego al Cuartel de Artillería Nº 1 hasta el 5 de agosto de 1976, cuando fue liberada por primera vez. El 2 de noviembre de 1977 fue nuevamente detenida y conducida al centro de torturas de La Tablada, donde permaneció cuatro meses, y luego tres días en los calabozos de Artillería 1; de allí fue trasladada a los calabozos del penal de Punta de Rieles donde estuvo incomunicada durante siete meses pese a que el juez había levantado la incomunicación varios meses antes. El 21 de setiembre de 1978 pasó al celdario de dicho establecimiento, siendo finalmente liberada el 2 de noviembre de 1983. Durante el tiempo de su cautiverio fue víctima, en forma reiterada y sistemática, de múltiples vejámenes que comenzaron el mismo día de su detención.
Durante su reclusión, la música a todo volumen fue una constante. Estuvo encapuchada en forma permanente; golpeada constantemente; le hicieron submarino en un tacho con agua con excrementos; la desnudaron y la ataron de pies y manos sobre una especie de parrilla para pasarle picana eléctrica por todo el cuerpo, genitales incluidos, mientras los oficiales se burlaban diciéndole "comunista y judía, lo único que te falta es ser negra". Sufrió colgadas y "teléfono". Cuando le permitían ir al baño era manoseada y observada por militares. También le refregaban el pene erecto sobre su cuerpo. Le ponían dos o tres pesados ponchos y la dejaban al sol. Incluso la llegaron a colgar del pelo, mientras se deshidrataba y era atacada por perros. Intentó suicidarse girando la cabeza para descolgarse y fue internada. Sufrió caballete y luego quemaduras con cigarrillos en sus pies.
Las veces que tuvo que ser atendida por un médico, sufrió empujones y saltos sobre el cuerpo por parte de un enfermero. La curaban para seguir torturándola; si sufría crisis de ahogos, le negaban la medicación.
Con breves descansos pasó días y noches rompiendo libros. Las hojas filosas le hacían ampollas en los dedos.
Como consecuencia de los vejámenes descritos ut supra, le quedaron las siguientes secuelas: columna con escoliosis cervical, dorsal y lumbar; pinzamientos y rotación de algunas vértebras; gastritis erosiva crónica; ahogos en situaciones de estrés, además de múltiples secuelas de tipo psicológico.
La gran mayoría de las torturas recibidas fueron propinadas por el "Pajarito" Silveira.
(Testimonio de una de las denunciantes, que figura en la denuncia colectiva del Operación Morgan.)
Iguales y Punto
Durante las jornadas de denuncia promovidas por el colectivo Iguales y Punto se recabaron 170 denuncias individuales. Soledad González Baica, integrante del colectivo, contó que 100 de ellas fueron realizadas en base a las fichas de asesinados políticos antes y durante la dictadura. Entre ellos figuran mártires estudiantiles como Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Leonardo Beledo, Heber Nieto, Joaquín Kluber, y la mayoría de los muertos en prisión. En este marco se realizó la denuncia por la desaparición de Fernando Miranda, cuyos restos fueron encontrados en el Batallón 13 en el año 2006, y que nunca había tenido causa abierta.
Las restantes 70 denuncias fueron hechas por víctimas de tortura (o sus familiares), aunque también se denunciaron detenciones indebidas, privaciones de libertad e incluso ocupaciones ilegales de los domicilios (ratoneras).
El anti juramento.
Médicos, psicólogos y enfermeros implicados
Escrito por: Mariana Contreras, Rosario Touriño
En las denuncias colectivas presentadas en los juzgados se mencionan también nombres de médicos, enfermeros, psicólogos y psiquiatras que acompañaron el plan sistemático de torturas. Los doctores actuaban como "asesores" de los militares: se encargaban, por ejemplo, de examinar el estado físico de los presos y de "recauchutarlos" en el Hospital Militar para dejarlos preparados para volver a las salas de tortura. También en algunos casos marcaban el umbral de tolerancia de la víctima. Otra de las actitudes denunciadas es lisa y llanamente la omisión de asistencia como una variante de la tortura: personas que no recibieron tratamiento después de haber pasado por el apremio o a las cuales no se les suministró la medicación necesaria para las patologías que sufrían. Estos médicos se encargaban asimismo de fraguar informes con el fin de ocultar evidencias. En el caso de los especialistas en salud mental, se denuncia que utilizaron sus herramientas en sentido opuesto: el objetivo era alienar y enfermar psíquicamente a los presos. El hostigamiento constante terminó en algunos casos en suicidio. Asimismo, solían prescribir altas dosis de psicofármacos no para aliviar los sufrimientos sino para exacerbar la actitud de dejarse morir en que había caído algún detenido. Casi cuatro décadas después, no ha sido procesado ningún profesional de la salud violador de los derechos humanos. Por otra parte, se cuentan con los dedos de la mano los casos de quienes fueron condenados por las comisiones de ética de las gremiales médicas (del Sindicato Médico del Uruguay o de la Federación Médica del Interior).
Hoy en las denuncias que llegan masivamente a las sedes judiciales vuelven a aparecer los nombres de algunos de los médicos que fueron expulsados de los padrones del smu. Nelson Marabotto -a quien las presas llamaban "el Cuervo"?- Rosa Marsicano -recordada como "la Suina" o "la Ballena"- son dos de las figuras más recurrentes en los testimonios. Ambos eran los responsables del servicio de "sanidad" de la cárcel de Punta de Rieles.
En 1984 la VII Convención Nacional Médica creó la Comisión Nacional de Ética Médica, que funcionó por un lapso de seis años. Este organismo experimentó variadas presiones y amenazas que obstaculizaron su investigación y recopilación de pruebas. El Ministerio de Defensa prohibió la comparecencia de los médicos militares. En 1985, el ministro de Defensa, Juan Vicente Chiarino, avaló la negativa del Servicio de Sanidad Militar a abrir el acceso a las historias clínicas de los presos políticos. En 1988, el teniente general Hugo Medina juzgó la acción de las gremiales como una "violación de las directivas constitucionales y del derecho al trabajo", según indica Eugenia Allier en Batallas por la memoria: los usos del pasado reciente en Uruguay.
De todas formas, la comisión pudo pasar a estudio del consejo arbitral del smu algunos expedientes, lo que dio como resultado la expulsión gremial y la imposibilidad de ocupar cargos en los sanatorios gestionados por los sindicatos. Entre los médicos separados se cuentan: Nelson Marabotto, José Mautone, Vladimir Bracco, Hugo Díaz Agrelo, Arturo Dini Olivera, José Pereyra Garay, Salomón Sissif. Por su parte Hugo Fornos y Elías Nassiff hubieran sido expulsados de haber estado agremiados. Otro tanto hizo la Facultad de Medicina con algunos profesionales que tenían cargo docente.
Rosa Marsicano fue expulsada del SMU recién en 2000. En esa época la profesional todavía fungía como directora técnica del Hospital Militar. En la prensa de la época puede verse fotos en las que aparecía conduciendo en un tour por el hospital al recién asumido presidente Jorge Batlle.
En el fallo del smu se consigna que Marsicano, quien nunca dio la cara ante el tribunal de conducta, "fue partícipe en hechos represivos, donde muchas personas murieron o sufrieron graves daños y secuelas físicas y psíquicas". Con base en cinco testimonios se concluyó que Marsicano corroboró el estado de salud de presas a efectos de determinar si podían ser sometidas a apremios y no tomó ninguna medida terapéutica en relación a detenidas con serios problemas psiquiátricos. Catedráticos certificaron -basándose en el examen de alguna de las denunciantes- omisiones de asistencia. En otros dos casos se documenta omisión de asistencia a pacientes psiquiátricas (una de las cuales se ahorcó en el penal y la otra se suicidó luego de su liberación). Otra detenida -Gladys Yáñez< murió en 1980 a consecuencia de una infección renal crónica, sin nunca haber recibido medicación alguna.
La médica está ahora jubilada. Pero pudo ejercer cómodamente su profesión ?aunque en Punta Rieles ni siquiera examinaba a las presas que necesitaban asistencia? hasta su retiro, ascender a coronel, ocupar altos cargos jerárquicos en el Hospital Militar e incluso publicar artículos en la revista Salud Militar. Aunque los médicos fueron los únicos profesionales que enjuiciaron a sus pares por violación de los derechos humanos en Uruguay, ni el smu ni la Femi tenían la potestad de evitar que ejercieran, ya que en Uruguay no existía colegiación médica obligatoria (un instituto que acaba de ser aprobado y que permitiría impedir el ejercicio a los profesionales que incurran en graves faltas éticas).
La institución que sí tiene potestades para suspender el ejercicio de la profesión médica es la Comisión Honoraria de Salud Pública del msp. En marzo de este año Crysol denunció ante el entonces ministro de Salud, Daniel Olesker, al psiquiatra Martín Gutiérrez Oyhambrono y al psicólogo Dolcey Britos, "quienes aplicaron sus conocimientos para inducir a la locura y a la muerte a las y los prisioneros, en condiciones de total impunidad", pero estaban en esa fecha en la plantilla de "una empresa que postula la prestación de servicios para varias instituciones del Estado", según publicó el semanario El Popular el 15 de marzo. Eduardo Saiz, quien ocultó en el certificado de defunción la verdadera causa de muerte de Vladimir Roslik, perdió sus cargos en los centros de la Femi, y también a la postre en el msp. Finalmente se hizo un lugar en uno de los contingentes de la misión de la onu en el Sinaí. En las últimas denuncias son decenas los testimonios que vuelven a inculpar a algunos de estos profesionales, pero también hay otros nombres que se espera sean identificados e indagados por la justicia.

"Ellos siguen trabajando
en nosotros desde hace 30 años".
Testimonio de ex presa abusada sexualmente
El 29 de agosto de 1978 fue detenida y llevada a La Tablada, donde entonces funcionaba un centro de torturas; allí permaneció hasta el 27 de noviembre de ese año siendo torturada sistemáticamente.
Mi vivencia particular fue terrible, porque me pasó algo que arrastro hasta el día de hoy. A través de años de terapia y de tratamiento psiquiátrico lo he logrado entender desde el punto de vista racional, pero no sé si voy a lograr -al menos hasta ahora no lo hice- sentirme bien.
Las torturas a que fui sometida consistieron en plantón, submarino, gancho -me colgaban con los brazos esposados hacia atrás-; estando colgada me aplicaban la picana y como yo levantaba los pies para no hacer tierra, me ataban alambres a los dedos gordos para mantener el contacto a tierra. Lo que más usaron en mi caso -con particular especialidad para darse cuenta de qué era lo que el detenido más temía- fue el caballete. [...]
Como parte de la rutina me desnudaban, eso era sistemático. Pero antes de proceder a torturarme, me decían: "¿Gorda, vas a hablar o no? Bueno, entonces ya sabés las reglas de la casa"; y "las reglas de la casa" significaba que tenía que desnudarme. Un día no me llevaron a una sala de tortura, me rodearon varios milicos, liderados por un oficial, me empezaron a manosear y a decir cosas, me metían un tolete entre las piernas y me dijeron que ya no estaban violando a las detenidas, pero que como yo me hacía muy la loca, me iban a violar. Por primera vez me puse a llorar a gritos; nunca había llorado. Ellos se morían de risa y decían: "Mirá vos, sabía llorar la torita". En ese momento -yo estaba desnuda- el oficial me puso su hombro para que llorara y me dijo: "Vestite y vení conmigo, déjenla, déjenme hablar con ella" -actuando como un salvador-. Ese oficial era Jorge Silveira.
El "Pajarito" Silveira fue quien me detuvo en mi casa y estuvo al frente de mi tortura; en ese momento se hacía llamar "Páris" o "Isidoro". Me dejaba colgada o en el caballete y me decía: "Cuando quieras hablar, pedí que llamen a Isidoro". Entonces yo, que en ese momento estaba absolutamente destrozada, cometí el gravísimo error de ponerme a conversar con él. Una de mis tonterías fue decirle: "Qué me viene a hablar a mí de años de cárcel, si ustedes me van a matar acá, porque ¿qué se piensa, que voy a aguantar toda la vida acá? Toda mi familia tiene problemas cardíacos". Y él me dijo, con el sadismo más espantoso que te puedas imaginar: "Mirá, gorda, no te vamos a matar, quedate tranquila, yo te garantizo que vos de acá salís viva. Eso sí, vos que sos comunista, le vas a rogar a Dios para morirte, porque te vamos a hacer conocer el límite de la locura". Entonces le dije que en ese caso le estaría eternamente agradecida y que, como muestra de agradecimiento, si algún día tenía la oportunidad, lo iba a matar a él. En la indignación le eché un discurso: que era un fascista, que ni a las moscas les podrían hacer las cosas que me estaban haciendo a mí, que eran una vergüenza para la humanidad. De ahí al caballete fue una pasada.
Mientras me torturaban en el caballete me decían: "Así que nos vas a matar, comunista de mierda". Les respondí: "Yo a ustedes no los conozco, le dije eso a Isidoro". Entonces me sacaron del caballete, me bajaron la venda y desfilaron todos ante mí. Cuando le tocó el turno a Gavazzo, me dijo: "Gorda, el día que vengas a matarme no me des ni un minuto, porque si me lo das te vacío el cargador acá -y señaló con el dedo mi frente-, porque si fuera por mí te hacía cavar una fosa con tus propias manos y te enterraba viva, pero no puedo". Y a pesar de que él me estaba diciendo la verdad, que estaba impedido de matarme, yo no le creí, a partir de ese momento me sentí como un muerto que camina. Tenía la certeza de que más temprano que tarde me iban a matar; me aterraba que ellos, que se cuidaban de que no les vieran la cara, se habían plantado ante mí expresamente.
En ese momento el Pajarito Silveira comenzó a hacer el trabajo fino, a decirme que era mi amigo, que me quería sacar de allí, que yo era tremenda mujer y que no podía creer que me dejara matar por el partido. Me dejaban de plantón y en ese momento sufría muchas infecciones por causa del caballete. Yo repasaba todas las cosas que me habían hecho y dicho. Una vez que estaba colgada, me picaneaban y yo levanté las piernas para no hacer tierra; entonces me ataron los pies a las puntas de un palo, con alambres en los dedos gordos para hacer tierra, y me picanearon en la vagina.
Cuando me llevaban a hablar con "Isidoro", yo iba como una "araña peluda"; me ponía a hablar y a los diez minutos estaba charlando así como lo estoy haciendo contigo. Y aunque racionalmente comprendía que Isidoro intentaba obtener lo que no me habían sacado en la tortura ?los nombres de compañeros?, no logré evitar involucrarme desde el punto de vista afectivo. Recién después de muchos años de terapia comprendí ?me lo han explicado los psicólogos y psiquiatras? que no podía enfrentar mi muerte, porque era lo que me había armado en mi cabeza.
Estaba como esquizofrénica, sentía que me desdoblaba, repasaba todo lo que me hacían, y al otro día estaba sentada charlando con él, contándole mi vida. Tuve una tremenda confusión a nivel afectivo y eso para mí fue terriblemente destructivo. No di un solo nombre pero él logró que llegara al penal sintiéndome una traidora. Siempre digo que no le fallé al partido porque no delaté a nadie, pero me fallé a mí misma.
Un día el Pajarito Silveira me dijo que él no resistía pensar que me torturaran nuevamente, que tenía que dar aunque fuera un nombre para hacer un acta e irme. Había un "malo de la película" que se hacía llamar "Rodrigo", que cuando el Pajarito estaba de guardia me permitía sentarme y cuando se iba me hacía parar. Y teníamos como un diálogo escrito, porque Rodrigo me preguntaba:
-¿Cómo estás, gorda?
- Acá estoy -le decía yo.
¿Vas a hablar?
-No.
Entonces me daba una serie de piñazos.
Otro día me dijo: "Vos podrás pensar que acá adentro tenés protectores o que podés tener algún privilegio. Si alguien te manda a sentarte, decile que tenés órdenes de Rodrigo de morirte parada, porque vos no hablarás, pero te vas a morir parada".
Durante el plantón me habían ordenado tener cuatro baldosas de separación entre pie y pie, lo que significa que te resbalás; es matador, pero había milicas que directamente me pateaban los tobillos. Un soldado me dijo un día: "¿Por qué no les decís algo, así te vas de acá, no ves que te están deshaciendo? mirá cómo estás. Al final te van a hacer hablar, deciles algo". Y le dije: "No, yo no puedo pensar en salir de acá dejando un compañero en mi lugar, porque entonces, afuera, tengo que pegarme un tiro. Y además alguien dijo alguna vez más vale morir de pie que vivir de rodillas y yo estoy de acuerdo". [...]
Creo que a partir del momento en que te aplicaban las "reglas de la casa" (como ellos decían) ya sentías una invasión a tu intimidad. Era una agresión a todos los planos de tu ser, de tu integridad. Fue todo un proceso ponerme en pie nuevamente, y en eso estoy hasta hoy... Sigue siendo destructivo, porque ellos siguen trabajando en nosotros desde hace 30 años, nos sigue pesando, continuamos con esa mochila. Nunca me hubiera imaginado que en situaciones absolutamente diferentes vividas por otras compañeras, también pudieran sentir culpa.
Ya en libertad hice un intento de suicidio. Cuando querés suicidarte sentís que la única cosa digna que podés hacer es desaparecer. Ese fue mi punto de inflexión, tomé conciencia del disparate que estaba haciendo.
(Fragmentos del testimonio publicado por Sala de Redacción, recogido por la periodista Loana Ascárate.)
No hay crímenes perfectos.
Actualización de archivos sobre terrorissmo de Estado:
el avance de la historia sobre la memoria
Escrito por: Samuel Blixen
La investigación del terrorismo de Estado, en los informes de los equipos de la Facultad de Humanidades, le gana la batalla al ocultamiento de la información y a la determinación de eludir responsabilidades.
Un exhaustivo informe que incluye más de 1.500 documentos rescatados de distintos archivos policiales y militares, realizado conjuntamente por el Grupo de Investigación de Arqueología Forense y el Grupo de Investigación Histórica de la Facultad de Humanidades, fue difundido por la Presidencia de la República en su página web. La actualización de las investigaciones en ambas disciplinas ofrece importantes novedades tanto en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos como en la investigación de los secretos del terrorismo de Estado, las responsabilidades en delitos de lesa humanidad, la lógica de la represión, el destino final de las víctimas, entre otros.
"No hay crimen perfecto: después de 35 años, volvés a la escena del crimen, encontrás los restos, encontrás los documentos y encontrás a los victimarios." Así expresaba el historiador Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades, a manera de síntesis, el intenso trabajo realizado como coordinador del equipo de investigación histórica, al completar la tercera etapa de trabajos en unos 16 archivos estatales. "No hay crimen perfecto ?repite al comienzo de su conversación con Brecha?, pero sin duda que fue pensado desde una perfección criminal difícil de encontrar en otros ejemplos históricos."
"Los trabajos se continuaron y se sumó al bulldozer una retroexcavadora cat 325 operada por un sargento. En aquella rutina de mover tierra se había comenzado la construcción de un polvorín, en uno de los tantos días que estaba con el ... (en el documento aparece el nombre tachado), le pregunto: ¿Por qué están excavando a tanta profundidad para hacer los espaldones del polvorín?, me dice: Van a ir los pilotes en cada esquina; le digo qué bolazo, semejantes pozos de grandes, y el ... me dice: Tan grandes para que nunca más se vean, date cuenta, con qué mierda los van a encontrar ahí, jaja! Le digo: ¿Es que a las zanahorias las meten ahí? Sí, me dice, fueron varias bolsas a la profundidad de los cimientos. Y ¿cómo estaban?, le digo, y me dice: Dejá son todos restos, se calcula seis o siete." El testigo menciona que las citadas actividades eran dirigidas por el entonces comandante del Batallón Nº 13. (Actualización de Investigación Arqueológica, Capítulo II. Testimonio directo. Polvorín.)
Álvaro Rico advierte que en la búsqueda de nuevos documentos no se han obtenido todavía aquellos que identifiquen a los responsables directos de las desapariciones o de los traslados clandestinos. "La investigación histórica, en muchos casos, documenta lo que testimonialmente o periodísticamente, en base a investigaciones o a testimonios personales, se había avanzado. Durante muchos años la reconstrucción histórica de la represión se había hecho con base en testimonios de sobrevivientes. Trabajamos sobre la complementariedad de testimonios y documentos, por supuesto con reservas y distancias; no hay que olvidar que los documentos son producidos por aparatos de inteligencia, no siempre son fiables en su imparcialidad u objetividad. Hay que ubicar los datos en su contexto porque los contextos terminan de armar el puzle."
Tomo I. Sección II, Cronología documental y anexos. Partido Comunista. Operación Morgan, 1975. Orden del día del Comando de la Región 1. Felicitaciones a 12 oficiales encargados del operativo. Firmado por el general Esteban Cristi.
Rico explica que existe un cambio de política de los organismos policiales y militares respecto de los derechos humanos. "En el caso de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (dnii), en la primera y segunda etapa del trabajo se nos proporcionaba la información en base a lo que nosotros pedíamos; ahora accedemos a todo el archivo histórico del Departamento 3." Como resultado del acceso más directo a los archivos se lograron documentos que, como en el caso de dos desaparecidos, Ataliva Castillo y José Gallo, se logró avanzar en el conocimiento de su destino final. "Antes de reflexionar sobre la dinámica represiva ?dice Rico? es importante recomponer la lógica, la operativa, la interrelación que hay. Seguir los hechos y los documentos día a día, viendo su simultaneidad, su complementariedad."
Interrogatorio a Ataliva Castillo, detenido en Argentina en diciembre de 1977. Algunas referencias sobre "aquí" y "allá" en la trascripción del interrogatorio grabado revelaría que el "aquí" es Montevideo y el "allá" Argentina, un indicio de que fue desaparecido definitivamente en Uruguay. (Tomo I. Sección III. Cronología documental y anexos. Movimiento de Liberación Nacional.)
Rico explica que el trabajo se realiza sobre una base de incertidumbre. "Estas investigaciones demuestran que los documentos existen, frente a la gran duda que todos tenían sobre la destrucción de archivos." Sin embargo, existe evidencia de que algunos archivos han sido expurgados.
"En 1984 Álvarez ordenó pasar todos los archivos papel a microfilmaciones. Nos consta, por ejemplo en el caso del Servicio de Información de Defensa (sid), que ese traslado fue hecho por un equipo especializado, y expurgaron el material más comprometido. En el archivo sid-ocoa apareció un documento del coronel Lamy, jefe del Departamento 3, que en 1978 trasladó parte de su archivo papel al Departamento 1, y habla expresamente, para el caso del Partido Comunista, de 19 tomos con 51 carpetas más seis tomos del material incautado en el proceso que terminó con la captura de Rodney Arismendi. Las carpetas desaparecieron."
Hay huecos sugestivos: hasta ahora no se encontró ningún documento que haga referencia a la Operación Zanahoria, que implicó el desenterramiento de cuerpos de algunas tumbas clandestinas en diferentes unidades militares y su re-enterramiento, principalmente en el predio del Batallón 14 de Infantería. Pero los trabajos del Equipo de Antropología Forense, coordinado por el profesor José López Mazz, lograron ubicar elementos probatorios de su existencia y, por ende, indicios sobre el destino final de los detenidos desaparecidos.
Dice Rico: "Los arqueólogos encontraron elementos e indicios en el terreno acerca de huellas de maquinaria, cavidades e incluso restos óseos, fragmentos. Eso es confirmatorio de la existencia de la operación y abre la investigación sobre si ese operativo transcurrió en dictadura o si fue uno de los primeros actos de la democracia".
"Los restos óseos hallados están en curso de análisis, por lo que se mantiene el interés de esta zona. Todo lo expuesto subraya el potencial científico de la Zona II, en cuanto a las posibilidades de obtener información útil para conocer el destino de muchos detenidos desaparecidos. Por las razones expuestas se recomendó a inicios de 2011 la conveniencia y oportunidad de continuar trabajos de mayor profundidad y resolución, que permitieran obtener nuevas pruebas, con relación a los testimonios que señalan a esta zona como el lugar donde ocurrió la llamada Operación Zanahoria. Tal vez estemos frente a lo que muchos militares ironizando llamaban Arlington." (Investigaciones arqueológicas sobre detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Informe de Actividades años 2007-2011. Introducción. Conclusiones.)
Estos avances de investigación en el terreno se produjeron en la última etapa, cuando el equipo de la Facultad de Humanidades realizó búsquedas en función de información no oficial, a veces anónima y otras confidencial, aportada mayoritariamente por ex soldados o familiares de éstos. De hecho, todos los hallazgos tienen su origen en información de este tipo. No ocurrió lo mismo cuando las primeras excavaciones estuvieron delimitadas por la información aportada oficialmente por el Ejército. Dice Rico: "Aunque no encontramos documentos específicos sobre la Operación Zanahoria, hemos trabajado en el armado de listas de personal subalterno especializado en el manejo de maquinaria de Ingenieros. Hay personal subalterno que realizó cursos especiales sobre retroexcavadoras en la Escuela de las Américas. Se busca que ese personal subalterno brinde testimonio, y los hay. Porque si por el lado de la oficialidad está todo cerrado, no es así con el personal subalterno".
"Los trabajos arqueológicos realizados en el Batallón Nº 14, durante 2005-2006, tuvieron como punto de partida la información oficial suministrada por el Ejército a la Presidencia de la República. Dicha información, de carácter oral y gráfica, permitió delimitar áreas precisas de terreno sobre las que se trabajó de manera intensiva. Cabe destacar que se señaló un punto específico correspondiente al supuesto lugar de enterramiento de María Claudia García.
Durante ese período, con la información suministrada no se realizaron hallazgos de restos humanos. Las áreas excavadas exceden largamente en dimensión a las señaladas en la información manejada originalmente, habiéndose alcanzado a través de sucesivas rectificaciones realizadas por los informantes del Ejército. En los lugares señalados por los testimonios no se realizaron hallazgos de modificaciones del terreno que puedan ser claramente atribuidas al desenterramiento de cuerpos." (Carátula. Batallón 14. Conclusiones.)
La dificultad para acceder a la información no se limitó al ámbito castrense. Cuenta Rico: "La actitud de no brindar información fue una práctica que también aplicó el Parlamento. Durante la primera etapa, al solicitar información sobre el trámite parlamentario del Escuadrón de la Muerte, se nos informó que no existían registros porque en 1973 fueron retirados por militares, que cargaron el material en un jeep y se lo llevaron con destino desconocido. Sin embargo, en esta última etapa, el secretario del Senado, Hugo Rodríguez Filipini, encontrando casualmente ese material en un armario, informó a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz". Rico agrega: "Los tiempos han cambiado. Hay una decisión política distinta del gobierno, y ha habido un cumplimiento, un cambio de actitud de los funcionarios".
La ubicación de nuevos documentos planteó un tema delicado: "Hay documentos altamente sensibles. En Uruguay no hemos transitado por una reflexión que ubique en los justos y humanos términos la tortura, los efectos y sus secuelas posteriores. Teniendo en cuenta la incriminación personalizada que se hace en las actas de interrogatorios, teniendo en cuenta la carencia de reflexión y sensibilización social respecto de que esas declaraciones son arrancadas en contexto de torturas, vejámenes y amenazas de muerte; es más, que después de esos testimonios no hay más nada, está la muerte, no hemos incluido actas de interrogatorios. Hicimos una excepción en el caso de algún detenido desaparecido, en parte porque si uno analiza textualmente las declaraciones, encuentra allí información relevante para la historia de la organización política y para algunos otros casos de compañeros que también fueron desaparecidos y sobre los cuales no existe ninguna documentación".
En la sistematización de la información obtenida, el equipo de investigación histórica reveló, incluso, los mecanismos de mentiras montados por el terrorismo de Estado: "Sistematizamos alrededor de 22 procedimientos distintos de ocultamiento de la verdad, que van desde el comunicado mentiroso (habla de una fuga cuando fue un asesinato) hasta lo que los arqueólogos han comprobado, el enterramiento con cal, y cómo se cambiaron los entornos geográficos, los arroyos o la forestación, a los efectos de que los cuerpos no pudieran ser encontrados nunca. Pero la vida está demostrando que esos procedimientos no eran perfectos".
Para Rico aventurar opinión sobre si los documentos que no se encuentran fueron destruidos o simplemente escondidos en otro lugar "es la pregunta del millón. Tengo entendido que en la página web de los militares presos ha aparecido información que no encontramos en los archivos. Como ocurrió en Paraguay y en Guatemala, es posible que esos materiales estén escondidos y no se hayan destruido".
Rico brinda una síntesis del trabajo realizado: "Esto es una investigación abierta, con muchos datos parciales. Pero queda claro que hay un carácter institucional del terrorismo de Estado: no fue obra de cuatro o cinco desmadrados, esto fue un régimen institucional con un plan represivo sistemático, continuado, en base a patrones. Por eso es tan importante sistematizar la información, pero sobre la base de los patrones utilizados por la propia represión: sobre lo sistemático, sobre la metodología, incluso sobre las excepciones que escapan al patrón".
Y reflexionó: "Vamos hacia un período en que prima la historia por sobre la memoria, en el sentido de que encontramos finalmente, y sin adscribirnos a ninguna teoría positivista, la documentación que permite corroborar testimonios. Y más: la posibilidad de reconstruir históricamente ?e interdisciplinariamente, porque las conclusiones historiográficas tienen una interdisciplina muy grande con las investigaciones arqueológicas, con las investigaciones judiciales y con las investigaciones periodísticas? esta etapa vivida por el país".
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BIBLIOTECAS
Tribunal de Apelaciones aceptó la figura de desaparición forzada en el caso Calcagno.
La condena reafirmada por el Tribunal de Apelaciones es la del coronel retirado Carlos Calcagno, por la desaparición forzada, en 1977, de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, dictada en agosto de 2010 por la jueza Mariana Mota y a pedido de la fiscal Mirtha Guianze. Se trata de la primera vez que este organismo reconoce esta tipificación y lo hizo con una mayoría de dos en uno.
Para justificar la figura de desaparición forzada, Apelaciones cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman. En base a los alegatos de este fallo afirma que "el delito subsiste como un 'todo indivisible' más allá de la fecha en que se produjo la muerte, producida en el marco de una desaparición forzada".
Por esta sentencia, Mota fue cuestionada públicamente por varios abogados, entre ellos el ex presidente Jorge Batlle, el ex vice Gonzalo Aguirre y el defensor de los militares Miguel Langón.
También criticaron la sentencia afirmando que “la vieja máxima de que nadie puede estar obligado a suministrar pruebas contra sí mismo” es “obsoleta y profundamente injusta”.Calcagno se encuentra recluido en la prisión de Domingo Arena desde antes de su procesamiento, a la espera de que el juez Rolando Vomero se pronunciara sobre un pedido de extradición presentado por Paraguay en 2005 y cursado en ese país por el juez Gustavo Santander. No obstante, Vomero no deberá pronunciarse porque el militar ya está sentenciado y también porque en Paraguay se lo indaga por el mismo tipo de delito. Específicamente, se indaga su actuación en la ejecución del Plan Cóndor, en particular por la desaparición forzada de Federico Tatter, un militante opositor al régimen del general Alfredo Stroessner.
El pronunciamiento de Apelaciones llega un día después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazara por segunda vez y en un expediente diferente la figura de desaparición forzada. Por esa razón, es de suponer que cuando el expediente llegue al máximo órgano del Poder Judicial se expida en el mismo sentido. Por mayoría, la SCJ entiende que el delito de desaparición forzada se incorporó a la legislatura nacional en 2006.
Por otra parte, la confirmación de la condena de Mota llega el mismo día en que la jueza compareció ante el tribunal penal de tercer turno por las denuncias realizadas en su contra por parte de militares indagados y testigos en la causa que investiga la muerte de Obagésner Chaves Sosa en 1976.
Las tres demandas presentadas estuvieron motivadas por la presunta participación de Mota en la última Marcha del Silencio, lo cual fue publicado por el semanario Búsqueda. Los denunciantes entienden que eso viola el principio de imparcialidad y que por lo tanto debe apartársela de las causas vinculadas al pasado reciente. El abogado de Mota, Antonio Rammauro, explicó a la diaria tras su comparecencia, que se abre un plazo de diez días para que la fiscal del caso Chaves Sosa, Ana María Tellechea, dé su opinión sobre la situación de Mota. Luego de esto, el tribunal de tercer turno tiene quince días para pronunciarse; puede entender que no hay motivo que justifique las denuncias o resolver que Mota debe retirarse de las causas.
Lourdes Rodríguez
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SECCIÓN MILITAR: “EJECUTAR ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS FUERZAS ARMADAS” - Por Roger Rodriguez rogerrodriguez@adinet.com.uy
Ocho de los dieciséis generales se desacataron y fueron sancionados por ir a visitar en su confinamiento a un militar procesado por el homicidio de un estudiante en 1973. Los “indagables” celebran que su “ofensiva psicopolítica” haya sumado a oficiales en actividad solidarios con un violador de derechos humanos. Habría primado la hermandad de la Escuela de las Américas. El episodio implicó a militares de confianza del gobierno y puede incidir en la designación del próximo comandante en jefe del Ejército.
Uno de los objetivos de la “ofensiva psicopolítica” que lanzaron los militares retirados que pueden ser indagados por crímenes de lesa humanidad, pudo comenzar a lograrse en la última semana, cuando ocho generales del Ejército fueron sancionados con una falta disciplinaria por ir a visitar al coronel (r) Tranquilino Machado, quien se encontraba preso en la Guardia de Coraceros tras ser procesado por el asesinato del estudiante Ramón Peré en 1973. Por primera vez, un grupo de oficiales en actividad se solidarizó públicamente con un violador de derechos humanos.
Desde que en febrero pasado los “indagables” salieron a la luz con una carta al comandante del Ejército, Jorge Rosales, han logrado varios de sus objetivos: ser referentes de la prensa a través del Foro Libertad y Concordia, concretar acciones de propaganda por la “lucha antisubversiva” y contra “la injusticia de los procesamientos”, establecer la discusión jurídica sobre el “derecho penal del enemigo”, atacar a fiscales y jueces de las causas, y, ahora, “ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”.
Todos esos “operativos” se fueron realizando a través de las “secciones” (integradas por las promociones de quienes son denunciados por violaciones a los derechos humanos) creadas con el propósito de “formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo” (“en principio por medios legales”) de “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisiones políticos, militares, policías y civiles”, según se habían establecido como “misión” en documentos internos confidenciales que Caras&Caretas reveló en febrero último.
Uno de los objetivos fundamentales, que no se había conseguido en los meses anteriores pese a las campañas propagandísticas sobre la emergencia de la sanidad militar, el show del presunto video con encapuchados uniformados, las acusaciones contra la autoridad del comandante Rosales, las críticas a la gestión del ministro de Defensa Luis Rosadilla y, aún, al presidente José Mujica, era que desde la oficialidad en actividad se diera una señal de adhesión a la lucha que -por su propia libertad- estaban realizando los militares retirados que participaron en la represión durante los años de la dictadura.
Tranquilo, Tranquilino
El viernes 10 de junio, la mitad de los dieciséis generales en actividad se presentaron en la Guardia de Coraceros en forma escalonada ("fuimos a las 8, a las 9 o a las 10 de la mañana", explicaron a El País) para visitar al coronel Tranquilino Machado, pese a que el comandante en jefe Rosales había desautorizado cualquier manifestación de adhesión a los militares retirados que se encuentran bajo proceso judicial. Nadie ha explicado cómo fue que se convocaron los generales, quienes se cuidaron “legalmente” de no cometer un delito militar mayor como el de “motín” pasible de una pena de prisión.
El artículo 40 de Código Penal Militar establece que semejante rebelión se constata cuando “militares, equiparados o prisioneros” (…) “en un numero no menor de cuatro, previo concierto o sin él, cualquiera fuera el fin perseguido” (…) “desobedezcan a sus superiores, se sobrepongan o intenten sobreponerse a la autoridad de éstos, tomen las armas indebidamente, ejecuten violencias reales o personales, formulen exigencia, inciten a la insubordinación” (…) “instiguen a la desobediencia” o “se valieran de su autoridad, para ordenar o ejecutar actos contrarios al orden o la disciplina”.
Sin embargo, los generales llegaron a destiempo y se fueron de dos en dos. Tampoco cayeron en el delito de “demanda colectiva” (Artº 41) porque no formularon pedido alguno, por su cuenta, ni atribuyéndose la representación de ninguna unidad militar. Sólo fueron pasibles de la sanción prevista en el Art. 47 del Reglamento de Disciplina General de Servicio, que en su inciso “j” tipifica como falta “las manifestaciones hechas por militares en actividad en forma pública por cualquier medio, aún con carácter de réplica, referente a cuestiones funcionales, sin estar debidamente autorizados”.
Del modo en que se realizó, la “Operación Generalato” fue un éxito para los defensores de los criminales de lesa humanidad, en la medida en que no facilitaron una sanción colectiva mayor por parte del mando y dejaron al gobierno en la difícil situación de tomar la decisión política de provocar un cambio total en la oficialidad superior que podría general la adhesión de los subalternos y tensar aún más la relación con los militares en actividad a quienes hoy les preocupa el presupuesto, los salarios y la atención sanitaria, más que la defensa de los “viejos carcamanes” de la dictadura.
Los cadetes de PanamáLa adhesión al militar encarcelado la protagonizaron los generales Luis Pérez (actualmente sin destino), Daniel Castellá (División de Ejército I), Pedro Aguerre (División Ejército IV), Domingo Montaldo (Casa Militar), Sergio D’Oliveira (Instituto Militar de Estudios Superiores), Neris Corbo (Sanidad Militar), Nelson Pintos (Logística), y Juan José Saavedra (Escuela Militar e Instituto Militar de las Armas y Especialidades). No llegó a la visita el general Juan Villagrán (División Ejército III) quien habría salido hacia Montevideo desde Paso de los Toros.
No pudieron concurrir, aunque lo hubieran querido, los tres generales en el exterior: Felicio de los Santos (Subjefe de la Misión de onU en Haití), Raúl Gloodtdofsky (Misión de onU en Pakistán) y Milton Ituarte (Agregado Militar en Estados Unidos). Los únicos que no asistieron fueron los generales Wile Purtscher (División Ejército II), José Burone (Estado Mayor de la Defensa) y el propio Jorge Rosales (Comandante en Jefe). El decimosexto general es Miguel Ángel Dalmao, quien también esta preso en la misma Guardia de Granaderos, procesado por la muerte en 1974 de Nibia Sablsagaray.

Hay algo que une a los procesados con la mayoría de los generales: Dalmao y Machado, ambos encarcelados por actos de represión cuando tenían el grado de alférez en la dictadura, son compañeros de promoción de los generales Gloodtdofsky, Castellá y Villagrán. Los cinco realizaron en 1972, el curso “Internal Security Opns CC-6” en la School of Americas (SOA) del ejército estadounidense en Panamá. De la misma promoción eran los hoy retirados Daniel Blanco Fenocchio y Gustavo Mieres Ultra, quienes están acusados del asesinato por torturas de Oscar Fernández Medietta en 1973.
Como la mayoría de los cadetes del Ejército entre 1967 y 1976, también egresaron de la SOA los generales Aguerre y Purtscher (“Internal Security Operations Course C-6”, 1973), De los Santos (“Básico de Operaciones de Combate y Contrainsurrección”, 1974), Corbo (“Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6”, 1975), Burone, D’Oliveira y Saavedra (“Small Unit Leaderts Orien C-6”, 1976). Sólo cuatro (Pérez, Ituarte, Pintos y Montaldo) de los dieciséis generales no son egresados de los cursos norteamericanos. El propio Rosales llegó a realizar cursos en Fort Benning, Georgia.
Por orden de derechas
La prisión de Tranquilino Machado, fue calificada como un “punto de inflexión” para las Fuerzas Armadas, por el vocero del Foro Libertad y Concordia, coronel José Carlos Araújo Sbarra (de la misma promoción de la Escuela de las Américas que ambos encarcelados) y habría facilitado que los “indagables” les recordaran a los generales en actividad (todos ellos egresados y formados durante la dictadura) las funciones que cumplieron cuando con el grado de alférez también tuvieron a su cargo a un sargento, tres cabos y una veintena de soldados, sobre los que tenían que tomar decisiones.
Los ocho generales que visitaron a Machado, recibieron una sanción de tres días, dispuesta por el comandante Rosales, que podrán cumplir desde su mando y que sólo les obliga a mantenerse bajo arresto domiciliario al estar fuera del servicio. La medida fue apoyada por el ministro interino Jorge Menéndez (en consulta con el titular Luis Rosadilla, enfermo en su domicilio) y por el propio presidente José Mujica, quienes deberán ordenar la sanción a los generales Corbo y Montaldo, los cuales dependen del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República, respectivamente.
La inédita sanción sobre ocho generales en actividad se suma a otros desencuentros con mandos militares desde que gobierna el Frente Amplio: En 2005 se sancionó al agregado en Washington, coronel Alvaro Picabea, por colocar una foto en su despacho. En 2006, el comandante Carlos Díaz fue subrogado por reunirse con el ex presidente Julio María Sanguinetti. En 2007, Gloodtdofsky fue trasladado de Haití por dichos agraviantes. En 2010, Rosales fue amonestado por declaraciones políticas. En 2011 el jefe de la División de Ejército I, José A. López, fue sustituido por criticar a sus mandos.
El episodio, pude incidir en el nombramiento del futuro comandante en jefe del Ejército, ya que Rosales cesa en noviembre al cumplir cinco años en el mando. En esferas políticas sorprendió que entre los militares en falta estuvieran dos oficiales de confianza del gobierno, como el jefe de la Casa Militar, Montaldo, y el jefe de la División Ejército I, Castellá (hermano del recientemente fallecido subsecretario de Defensa), quien tras la sanción a López surgía como candidato a comandante. Si los sancionados quedarán fuera de carrera, por el orden de derechas, asumiría el general Wile Purtscher
Estertores de la Ley de impunidad
Toman previsiones ante hipótesis de “acción militar” el 14 de abril
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, la decisión del plenario del Frente Amplio de anular la ley de caducidad, la sentencia judicial que condena al dictador Gregorio Álvarez por el homicidio de Roberto Luzardo y el inicio de 19 causas en el Juzgado a cargo de la jueza Mariana Mota, provocan un nuevo giro en el escenario uruguayo: se diluye la “ofensiva psicopolítica” de los represores de la dictadura y, ahora, los servicios de inteligencia del Estado toman previsiones ante la hipótesis de algún tipo de “acción militar” el próximo 14 de abril.
TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ
El contundente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el que condenó al Estado uruguayo a dejar “sin efectos” la ley de caducidad y ordenó una serie de reparaciones políticas, morales y económicas para los familiares de María Claudia García de Gelman, se constituyó en el más duro de una serie de golpes que, en los últimos días, sufrieron la impunidad uruguaya y quienes la usufructúan.
“El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aun ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional”, establece el fallo del organismo de la OEA, que dio razón al reclamo de Juan y Macarena Gelman ante la falta de respuesta del Estado por la desaparición de María Claudia en 1976.
Casi en forma simultánea se conoció el fallo judicial del juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini por el que condenó al dictador Gregorio Álvarez como cómplice del homicidio del tupamaro Roberto Luzardo, detenido en un operativo represivo donde fue herido de bala y muerto en el Hospital Militar luego de que se diera la orden de que no fuera atendido ni curado.
Álvarez “dirigió la organización ilícita que se dedicó a luchar contra la subversión con cualquier medio, incluida la tortura. La tortura activa y pasiva eran instrumentos concebibles entre los necesarios. Por lo que lo de Luzardo, intolerablemente abandonado en un hospital, era previsible y previsto en el marco de la guerra sucia”, sentenció el magistrado.
Por su parte, el plenario del Frente Amplio impuso como asunto político la votación del proyecto de anulación de la ley de caducidad y obliga a todos sus legisladores a votar la norma interpretativa por la que se procura “dejar sin efectos” la ley de impunidad como lo pide la Corte Interamericana. La propuesta ingresará al Senado el 12 de abril y se pretende su sanción para antes del 20 de mayo.
Finalmente, la jueza Mariana Mota –principal objetivo de una ofensiva jurídica en la que el fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre intentaron denigrarla– comenzará en los próximos días a tratar el caso de los 19 muertos por tortura que la Suprema Corte de Justicia decidió excluir de la ley de caducidad a la que consideró inconstitucional.
La causa, que tiene a la fiscal Ana María Telechea al frente del Ministerio Público, promete desentrañar parte de la llamada Operación Morgan contra el Partido Comunista del Uruguay y coloca como indagables a un treintena de oficiales militares y policiales responsables de torturar a las víctimas hasta la muerte o provocarles daños irreversibles que derivaron en sus fallecimientos.
“ASUNTOS MILITARES” 
La ofensiva psicopolítica y mediática que había lanzado un grupo de ex represores de la dictadura terminó diluyéndose. Una agresiva carta a los comandantes de las tres armas no logró sus objetivos, en la medida en que se hizo público que el autodenominado Foro de Libertad y Concordia contaba con el sustento nacional e internacional de grupos de ultraderecha o definidamente nazis en su página Facebook.
Tampoco ayudó al grupo que defiende a los criminales de lesa humanidad presos en la cárcel de la calle Domingo Arena, la información sobre un supuesto video en el que tres personas vestidas con uniforme militar y enmascaradas anunciaba el comienzo de “operaciones” de un autodenominado Ejército Nacional Libertador (ENL) de cuyas amenazas ningún sector político o militar se hizo responsable.
Sin embargo, la aparición de un discurso de ultraderecha lanzado por organizaciones o personas en las páginas de Facebook provocó un reordenamiento de lo objetivos de las organizaciones de información del Estado, donde se aceleró el nombramiento del inspector mayor José E. Colman como encargado de despacho de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior.
Las investigaciones policiales no permitieron encontrar el amenazante video, cuyo texto fue difundido por el semanario Búsqueda y que sólo el presidente José Mujica dice haber visto, pero la operación mediática del supuesto ENL alentó un trabajo de inteligencia que, según pudo saber Caras y Caretas, confirmó la existencia de “grupos activos” de ultraderecha con capacidad de realizar “operaciones”.
A similares conclusiones habría llegado la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), cuya mesa de análisis estudia la eventualidad de “acciones militares” en varias fechas conmemorativas del Bicentenario, particularmente en los próximos 14 de abril (Día de los Caídos en la Lucha contra la Subversión), 19 de abril (Desembarco de los 33 Orientales) y 18 de Mayo (Día del Ejército), dijeron las fuentes consultadas.
En esas páginas vuelven a aparecer como “amigos” María Noel Larrosa Rombys, Aníbal Bozi, el nazi Manuel Ayres, Enzo Santillán, Alexander Torres Mega, Artigas Álvarez, el coronel Carlos Silva Valiente y Juliana de Sarro, junto a Alternativa Nacionalista, grupos anticomunistas y anticubanos, Uruguay Militaria, el criadero Von Zucker Brot, Derecha Uruguaya, la Escuela Militar y el Liceo Militar José Artigas.
La perra aún está en celo
IDEOLOGÍA DE LA DICTADURA COPA EL FORO Y SE TEMEN
“ACCIONES” EN FECHAS DEL BICENTENARIO
Una foto que vale más que mil palabras evidencia la ideología de la dictadura y de los represores que hoy enfrentan al Poder Judicial. Del Foro Libertad y Concordia se fueron la mayoría de los dirigentes políticos y su Facebook fue copado por confesos ultraderechistas. Los servicios de inteligencia indagan el origen de pintadas nazis en Montevideo, Trinidad y San Carlos. Se prevé que los militares retirados planifiquen alguna acción en las fechas del Bicentenario.
ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
caras y caretas 18 febrero 2011
El Foro Libertad y Concordia parece cada día mas alejado de la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas que comienzan a confirmar que el grupo y su Facebook de apoyo profesan una ideología extremista que parece comprobar cuál era la filosofía que escondía la Doctrina de la Seguridad Nacional en la que se inspiraron la dictadura uruguaya y los demás regimenes totalitarios de la región en los años setenta.Muchos son los testimonios de víctimas de la represión sobre salas de tortura que ostentaban la bandera con la svástica o el rostro de Hitler, así como las versiones de grupos definidamente nacionalsocialistas o fascistas dentro de algunas logias o agrupaciones de las fuerzas armadas, pero pocas veces se había difundido una foto tan significativa como la que hoy publica Caras&Caretas.La imagen, probablemente tomada por un fotógrafo de la policía a fines de los años setenta luego de un almuerzo con cuatro civiles invitados no identificados, muestra en el despacho del director de la Escuela de Armas del Ejército, General Alberto Ballestrino (centro), a los oficiales Luis Boan, Mario Latorre, Oscar Costa, Oscar Pereira, Perfecto Caride y Héctor Lluis, posando sonriente junto a una bandera nazi.La escena parece ser un reflejo de lo que hoy esta ocurriendo en la web de los militares retirados indagables por sus crímenes de lesa humanidad, donde sobresalen las intervenciones e identificaciones con símbolos nazis, en un momento en que el Ministerio del Interior está indagando la existencia de una célula que hizo pintadas en clubes políticos de Montevideo y en espacios públicos de Trinidad y San Carlos.Precisamente de Flores es oriundo Javier Bussi, uno de los administradores del Facebook, que fue quien “colgó” el plano del domicilio del periodista amenazado por el militar retirado Héctor Marcos Varela González, a su vez radicado en las cercanías de San Carlos. Bussi, soldado de primera en actividad, es uno de los demandantes contra el Partido Nacional y varios medios de prensa (exp f2/46759/2006 en el juzgado penal de 19º turno) por la expulsión de la Juventud por el Resurgir Nacionalista (JRN) de los blancos.
Sin garra, con forza
Aunque ha crecido a más de dos mil “amigos”, la web que sustenta al grupo de militares presos y a los retirados que serán indagados por la justicia penal debido a crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, sigue perdiendo adeptos a nivel local con el retiro de la mayoría de los legisladores y dirigentes políticos blancos y colorados que inicialmente habían sido incluidos en su Facebook.En la madrugada de ayer, sólo permanecía como amistad del grupo de indagables los legisladores Javier García, Fernando Amado, Gustavo Penadés y Jaime Trobo, junto a los dirigentes Carminillo Mederos, Daniel García Pintos, Gustavo LaPaz Correa, Hugo De León, Julio Lara, Martín Aguirrezabala, Yañet Puñales, Victor Lissidini y el frenteamplista Jaime Igorra.La adhesión al Foro Libertad y Cambio ha crecido particularmente entre personalidades y grupos de la extrema derecha italiana, en un fenómeno que hoy preocupa al propio gobierno italiano, donde ordenó una investigación sobre esta conexión que les recuerda los nexos que la logia “Propagana Due” tuvo con las dictaduras del cono sur en los años setenta cuando el venerable maestro Lucio Gelli se refugiaba en el Río de la Plata.Entre los “amigos” en Facebook aparecen “Azione Giovani” (juventud derechista), La Destra (partido neofascista), Gioventu Italiana (derechista), figuras como Piero Vassallo, exponente de la derecha católica tradicionalista, sectores del movimiento federalista “Lega Nord” del ultra Humberto Bossi, agrupaciones del “Esercito Della liberta” creado en 2010 contra los jueces italianos, “Promotori della Liberta”grupo de Sandro Biondi cuya propaganda maneja la ultraderechista Michela Brambilla y distintos nucleamientos y personalidades del PDL, organización política de Berlusconi.También figuran las organizaciones derechistas latinoamericanas Alianza Democrática Americana, Anticomunistas de Colombia y Perú, Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Contraguerrilla Venezolana, Cuba Democracia Ya, Front National-Socialiste Sh, Fuerza Nacionalista de Combate, Fundación La Nueva Esperanza, Movimiento Cóndor y UnoAmérica, junto a las uruguayas Escuela Militar, Envozalta, Centro Social y Deportivo Santa Bernardina o Criadero Von Zucker Brot.
Hijos de Mein Kampf
Como principales protagonistas de la web aparecen hoy una serie de nombres y “nicks” que utilizan símbolos celtas, cruces gamadas, svásticas o los propios rostros de Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Entre estos confesos nazis y fascistas figuran: Adám Ns Szabó, Alan Delgado Ns, Alfonsoadolf Brizzi, Amalrick Garan Wiking, Chairul D’Nazi, Edorama Ns, Enzo Santellan, Erwin Rommel, Firma Helmut Weitze, Fj Gavarrete, Florence Gogole Ns Skinskin, Foxtrot Ottomuller, Generalfeldmarschall Maty, José Miguel García, José Santos Guardiola, Kaiser Guillermo Segundo, Manuel Ayres, Milhauss Pride, Nacional Socialista, Nico Eichmann, Pablo Monti, Pantera Ns, Pinochet, Raul E Las Heras, Sadek Zakian, Toten Kopf y Voces Delespacio,El lunes al mediodía, un joven que se identificó como Mauricio Duarte, planteó su inquietud al observar tantos foristas que utilizaban logos nazis o los rostros de Mussolini y Hitler, cuando pensaba que la página era en apoyo a los militares presos. Sus palabras provocaron un largo debate tras el cual fue eliminado del grupo y acusado de zurdo. “Este camarada debe despertar del gran engaño de la sinarquía plutocrática internacional… ese es el partido que tenemos que ganar”, se justificó.En otro de los pintorescos diálogos del Foro Libertad y Concordia, el también nacionalsocialista Manuel Ayres colocó la frase “La traición a la patria es en el marxista lo que, en la hiena, la avidez por la carroña”, a la que su camarada Martín Orellano contestó con un “MEIN KAMPF”. “¿No es acaso verdad esta afirmación?, replicó Ayres. “Claro. Totalmente de acuerdo”, expresó Orellano. “En consecuencia te envío un: Sieg Heil”, finalizó Ayres. “Sieg Heil!”, cerró Orellano.El tono de debate y los contenidos en que ha derivado el Facebook del Foro Libertad y Concordia es seguido con preocupación por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y la Dinacie, donde no se descarta la hipótesis de que el grupo, los clubes militares y otras organizaciones de ex oficiales que apoyan a los presos en la cárcel de Domingo Arena, intenten realizar algún tipo de “acción” para las fechas patrias en el año del bicentenario.
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Sostiene Pereira
Señor Periodista Roger Rodríguez:
Habiendo tomado previo conocimiento de la publicación de una fotografía sacada en la Escuela de Armas y Servicios en el año 1979,donde integro un grupo de militares y civiles que exhiben una bandera nazi, deseo aclarar que la misma fue sacada al final de una reunión de camaradería, donde el suscrito, al igual que los otros integrantes con la jerarquía de Jefe, fueron invitados a participar en ése carácter por el Sr. Director del Instituto, quien los sorprendió en su buena fe al proceder a tal gesto completamente ajeno a la motivación de agasajo a sus invitados. Aclaro que el suscrito nunca profesó tal ideología y nunca integró ningún grupo que la profese. Agradezco la publicación del presente y lo saludo atentamente.
Gral. (R) Oscar Pereira
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Código Penal
"ARTÍCULO 149 bis. (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas).-
El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión".
"ARTÍCULO 149 ter (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas).- El que cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión".
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Nazis de ayer y hoy
- El Partido Nacional Socialista del Uruguay se fundó en 1931 bajo la dirección del secretario de prensa de la embajada alemana, Julius Dalldorf. Aunque sin mayores adherentes son beneficiados por la dictadura de Gabriel Terra, quien romper relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en 1935 y reconoce a la España de Francisco Franco en 1936.-
Durante la segunda guerra mundial, Uruguay mantuvo su neutralidad hasta la Batalla del Río de la Plata en diciembre de 1939, cuando el acorazado Admiral Graf Spee se refugia en Montevideo. En 1940 se editó el libro ”Nazis en el Uruguay” de Fernández Artucio donde se demostraba la organización e historia del nacional socialismo en el país.-
Es año se crea una comisión investigadora sobre las actividades nazis en Uruguay y se promulga la ley de asociaciones ilícitas. El 25 de enero de 1942 Uruguay rompe relaciones con Alemania, Japón e Italia. Sin embargo en distintos sectores de la sociedad, particularmente de derecha y nacionalistas, se sigue cultivando la admiración por Adolfo Hitler y Benito Mussolini.-
Uno de los sectores en que esa admiración se profesa es en las Fuerzas Armadas, donde militares de ascendencia blanca simpatizarán con el gobierno de Benito Nardone y, mientras los de ascendencia colorada se sumarán a una línea más conservadora de la que surgen distintas agrupaciones de ultraderecha (Ver “Alto el Fuego 2” de Alberto Silva y Nelson Caula).-
En julio de 1962 un grupo neonazi marcó con svásticas en los muslos de la dirigente estudiantil Soledad Barret, quien por años debió exilarse en Cuba.
En 1973 terminó siendo torturada y asesinada en Recife, Brasil.- A fines de los años setenta, varios son los grupos de ultraderecha que utilizan símbolos nazis o fascistas para identificarse. Junto a la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) son protagonistas y responsables de decenas de atentados a intelectuales, periodistas o militantes sindicales y políticos-
A la salida de la dictadura aparecen varios grupos de ultraderecha y pro nazis como la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), el Movimiento de Reafirmación Nacionalista (MRN) o el Comando Lavalleja, que realizan una serie de atentados a avisadores de periódicos de izquierda y el domicilio de dirigentes políticos del Frente Amplio-
Luego de la reinstauración institucional uruguaya en 1986, con la asunción del gobierno de Julio María Sanguinetti, los grupos de ultraderecha, fascistas o definidos como nazis, se han expresado en forma casi clandestina a partir de la aprobación de la ley antidiscriminatoria y la modificación del artículo 149 de código penal que tipifica ese delito.-
En 1998 se señala la existencia de grupos nazis que operaban en Montevideo bajo el nombre de Euroamerikaner, una agrupación antijudía y pro nazi que en una entrevista admitió tener armas, odiar a negros e indios, y mantener contactos con otro grupo llamado Poder Blanco y con organizaciones nazis de Argentina y Europa.-
24 de noviembre de 1999 el grupo antinazi TholeranciaSí radicó denuncia penal contra el doctor (abogado) Bernardo del Campo, quien había sido designado en enero de 1980 como integrante del Consejo Supremo de Unión Mundial de Nazis (WUNS). Del Campo falleció antes que la justicia confirmara la veracidad de la denuncia.
Se pidió indagar quien lo supliría en la organización internacional.- Ese año la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) desarticula una célula denominada Orgullo Skinhead, que reclutaba jóvenes en liceos de Montevideo, Canelones y Tacuarembó. Liderados por Sebastián Pérez de los Reyes, estuvieron 90 días presos por su intolerancia racial.
Liberados, volvieron a ser detenidos por agredir a un joven en le Barrio Sur al grito de “Heil Hitler” le partieron una botella en la cabeza.-
En julio de 2000 se conoce una proclama del Frente Nacional Revolucionario del Uruguay (FNRU) con definiciones a favor del nacionalsocialismo y en reclamo de la liberación de los Skinhead presos. El FNRU operó en la Costa de Oro, Carrasco y Pando. Realizó pintadas en El Águila de Atlántida.
La DNII detuvo en setiembre al lider de la organización Edgardo Cantero, quien fue procesado por violar el artículo 149 de la ley antidiscriminatoria Nº 16.048.- En setiembre de 2000, la investigación judicial sobre el FNRU llega a descubrir que el Alférez Durán, hijo del prefecto del Puerto de Montevideo, utilizaba una PC instalada a bordo de la fragata Artigas para mantener contacto con organizaciones nazis y juntar documentación para hacer un folleto sobre esa ideología. El oficial fue arrestado a rigor durante 15 días.-
En agosto de 2001 el ministro de Defensa Luis Brezzo comparece ante el Senado por el faltando de municiones de la Armada y el suicidio del teniente de navío Víctor González, a quien se había arrestado y procesado como responsable de sucesivos hurtos de armamento.
El senador José Luis Korzeniak lo califica como un loquito nazi que leía “Mi Lucha” de Adolfo Hitler.- En setiembre de 2001 el mismo Daniel García Pintos de la FNC es acusado de utilizar el eslogan "Uruguay Despierta", concepto que entonces impulsaban los grupos nazis de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, luego de un encuentro realizado en Bolivia bajo la consigna "América Despierta".
La consigna va a volver a ser utilizada en 2004 por la Lista 15 con la variación “Despertemos uruguayos”.-
En noviembre de 2001 se informa que el grupo neonazi argentino Partido Nuevo Triunfo organiza un mitin para pedir la renuncia del presidente Fernando De la Rúa y que nazis uruguayos comprometen su asistencia, luego de participar del II Encuentro Ideológico Internacional de Nacionalidad y Socialismo que se había realizado en octubre de ese año en Bolivia.
En setiembre de ese año svásticas aparecen pintadas en un depósito de la calle Ellauri y hubo disparos contra la sede de la DNII- En enero de 2003, Tholerancia Sí denuncia ante el ministerio de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, que las organizaciones El Clan, Escuadrón 88 y Orgullo Skin por violar la ley antidiscriminatoria con pintadas y amenazas contra el diputado colorado Nahum Bergstein y el activista Sergio Coute Suárez.
Un mes más tarde son detenidos los menores JSS, RGCN y MCR, a quienes se incauta un revólver calibre 22, municiones, aerosol, computadores, literatura nazi y documentación de la Juventud por el Resurgir Nacionalista (JRN)- En abril de 2003 trasciende que en el plantel canino “Grupo K 9” del Batallón de Infantería 13 se entrena a un perro ovejero inscripto como “Hitler Von der Denfenland” (Hitler, hijo del defensor de la tierra). La denuncia de Tholerancia Sí pide que no se adquieran más animales del criadero “Von Defenland” del asimilado militar Eduardo Merlano, a quien se implica en la Juventud Uruguaya de Pie (JUP).
El perro fue dado de baja.-
En abril de 2003 se denuncia que la brigada “Palo y Palo” de la Lista 15222 del colorado Daniel García Pintos realiza pintadas frente al Comando del Ejército y ante la Dinacie con símbolos que recuerdan las imágenes que en 1938 utilizaba el Nationalsozialistische Volkswhlfahrt (NSV) del Uruguay. La Juventud Fuerza Nueva Colorada (JFNC) pintaba su “J” como una S sobre la N de su sigla.- A principios de 2005 la justicia penal remitió a Mathías Cañibe (alias Mathías Braun) y a Néstor La Paz, que revistaba en la Unidad de Apoyo Operativo de la Armada Nacional, por la agresión al joven Damián Stratta vocalista del grupo Splith 7.
Otros dos implicados eran Marcos Lavraga y el soldado Richard Daniel Ottonelli del Batallón de Infantería 15. La policía afirma que al menos 50 militares profesarían la ideología nazi.-
En marzo de 2005 el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fundamenta la expulsión de la Juventud por el Resurgir Nacionalista (JRN) de filas del Partido Nacional por su participación en el ataque al rockero Damián Strata. La JRN estaba dirigida por Gustavo Cladera y apoyó a distintos sectores blancos hasta quedar aislada de su partido.-
En agosto de 2005 aparecen pintadas nazis en la ciudad de San Carlos y en otras zonas del departamento de Maldonado. El intendente Oscar de los Santos es quien pincel en mano encabeza un acto de desagravio para tapar svásticas y leyendas de “Nur Hitler”, que fueron suplantadas por la consigna “Nunca Más”.
En el departamento se había detectado la creación de los grupos “Maldonado Intransigente” y “Acción Familia”, que convocaron a manifestar en contra de la asunción presidencial de Tabaré Vázquez.- En setiembre de 2007 el buscador Google levantó de su servicio Blogger el denominado “Movimiento Anti-plancha” (MAP).
En el blog escribía un nick llamado Herr Peppox que pedía una operación de “limpieza” y convocaba a salir a las calles armados para tomar la vida de los planchas en pos de un país mejor.- En julio de 2009 una comisión parlamentaria del Estado de Rio Grande do Sul denuncia la existencia de una red nazi en Sudamérica que plantea la posibilidad de ataques contra judíos y homosexuales. En Porto Alegre, el activista por los derechos humanos Jair Krischke gana un largo juicio a una editorial que producía lectura nazi.-
En enero de 2011 el Ministerio del Interior detecta la presunta existencia de una célula nazi que realiza pintadas en muros y locales políticos. Los grafitos utilizan simbología nazi: cruz celta, el número 88, el salud “Heil Hitler” y la frase “White Power”. Un año atrás había ocurrido algo similar en Trinidad, donde fue encastrado el mural por el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos frente al liceo de Flores.-
"Nosotros tenemos noticias de que han aparecido algunas pintadas de grupos probablemente de perfil neonazi", dijo el subsecretario del interior Jorge Vázquez, quien agregó que "es un tema que hay que estudiarlo, que hay que seguirlo, porque apunta fundamentalmente a un deterioro de la democracia, a niveles de convivencia que nosotros no estamos dispuestos a que sigan adelante".
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Febrero amargo. El Poder Judicial no se dejó intimidar por las amenazas de la nueva logia golpista. Mantiene citaciones judiciales para decenas de militares los días 7,8,10 y 12 de febrero
La Justicia no se achica: desfilarán 30 militares por los juzgados, para indagarlos sobre horrendos crímenes
Tres crímenes infames. 15 militares fueron citados por la jueza Mota y la fiscal Telechea por el crimen del edil frentista Gelós Bonilla, asesinado en enero de 1976 en las entrañas del Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce, tras una infame sesión de torturas donde lo castraron antes de matarlo. 8 militares más serán citados por la ejecución del militante comunista Ubagesner Chávez Sosa en la Base Aérea Boiso Lanza y otros tantos lo serán por la muerte de Aldo Perrini Guala, por torturas, en el Batallón de Infantería de Colonia.
Indagados. Una treintena de militares deberán comparecer en los próximos días
Masivas citaciones: juzgados retoman las causas de violaciones a los DDHH
Una treintena de militares, en situación de retiro, deberán comparecer ante la Justicia por casos vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Será este 1º de febrero, cuando se reinicie la actividad judicial, con la reapertura de los tribunales.
La carta emitida por un grupo de militares, nucleados en el "Foro Libertad y Concordia", donde denuncian un presunto "hostigamiento" del gobierno, jueces y fiscales, en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, no generó efectos en el accionar de la Justicia, por cuanto varios militares fueron citados para comparecer ante los tribunales con el reinicio de la actividad judicial.
A nivel político, ayer se sumó el Partido Comunista a los cuestionamientos por el contenido de la misiva (véase página 5) en la que el grupo castrense no descartó hacer "sentir nuestra voz, que será muy fuerte, extremo al que no desearíamos llegar jamás", en caso que se produzcan nuevos procesamientos. A su vez, para hoy fue convocada una caceroleada en distintos puntos (véase recuadro)
La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana Maria Tellechea interrogarán a unos 15 militares en situación de retiro, en el marco de la indagatoria por la desaparición del militante comunista Horacio Gelós Bonilla, un proceso tramitado en expediente anexo a la causa judicial contra el dictador Juan Maria Bordaberry, por "Atentado a la Constitución".
La magistrada y la representante del Ministerio Público analizaron las pruebas recopiladas durante la instrucción y dispusieron la citación de los militares como forma de "ampliar la indagatoria" y poder identificar a los responsables de su tortura, muerte y posterior desaparición, según dijeron fuentes judiciales a LA REPUBLICA. Los militares deberán comparecer los días 7, 8, 10 y 12 de febrero.
Gelós Bonilla, un ex militante sindical, integrante del Partido Comunista (PCU) y edil del Maldonado por el Frente Amplio (FA), fue asesinado en enero de 1976, en las entrañas del Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce, tras una cruenta sesión de torturas. Tenía 33 años, era soltero, obrero de la construcción y militante del Sunca. Los testimonios de testigos indican que fue "castrado" poco antes de morir.
"Ahí me levantan la capucha y traen a Gelós Bonilla, maniatado con las rodillas junto a la cabeza.
Lo traían a rastras. Ahí vi que lo castraban y salía sangre a borbotones. Yo sólo veía parcialmente el cuerpo de Gelós, se quejaba espantosamente. Los quejidos se fueron apagando", narró un testigo ante una Comisión de Derechos Humanos creada en 1986 para investigar los crímenes de la Dictadura.
El cuerpo del militante comunista nunca pudo ser recuperado. El equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República ingresó en 2009 al predio del Batallón de Ingenieros Nº 4 en busca de sus restos, tras el testimonio aportado por un ex militar donde se brindaban datos "certeros" sobre su paradero. Los trabajos no dieron resultados.
Otras causas
La causa por la cual se indaga la muerte y desaparición de Gelós Bonilla, sin embargo, no será la única en la cual se prevé la convocatoria de militares en situación de retiro por los crímenes perpetrados durante la dictadura, tras el reinicio de la actividad judicial.
La jueza Mota y la fiscal Tellechea tienen prevista la citación de ocho militares en el marco de la indagatoria por el "homicidio político" del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, en 1976. La citación de los militares fue producto de los testimonios aportados por tres ex detenidos políticos en la Base Aérea de Boiso Lanza.
Boiso Lanza fue catalogado por los testigos como un centro de operaciones del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del S2, el cual presuntamente era liderado por el capitán (r) Uruguay Araújo Umpiérrez, procesado por el crimen de Chaves Sosa en octubre de 2010.
En este sentido, la citación de los militares pretende identificar a los integrantes del cuerpo de oficiales encargado de la práctica sistemática de torturas en la unidad militar, señalaron las fuentes.
Chaves Sosa, militante sindical y del PCU, fue detenido el 28 de mayo de 1976 y derivado a Boiso Lanza, donde fue interrogado y torturado, falleciendo horas más tarde.
El caso se tornó emblemático, por cuanto significó el primer cuerpo de un detenido-desaparecido recuperado desde la reapertura democrática en 1985. Sus restos reaparecieron el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando, tras los trabajos del equipo de Antropología Forense de la Udelar, en base a información brindada por la FAU.
En tanto, la fiscal Ana María Tellechea solicitaría la comparecencia de varios militares (seguramente más de 10), en el marco de la indagatoria por la muerte por torturas de Aldo Perrini Guala, en el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, en 1974.
La comparecencia de una veintena de testigos en la causa determinó el fin de la primera etapa de la indagatoria. La jueza Mota resolvió, entonces, derivar el expediente en vista a la Fiscalía para su pronunciamiento; la fiscal pediría la citación de los militares identificados por los testigos como forma de valorar su posible responsabilidad en los hechos. Uno de los citados sería uno de los militares detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 8 ("Cárcel Especial para Militares"), por graves violaciones a los derechos humanos.
El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado para los cuales la Ley de Caducidad fue declarada "inconstitucional e inaplicable" por la Suprema Corte de Justicia. El fallo habilitó la investigación de la totalidad de los responsables en el crimen.
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Causas pendientes de resolución
El reinicio de la actividad judicial en 2011 no solamente implicará la citación de una treintena de militares para comparecer como "testigos" o "indagados" en causas por violaciones a los derechos humanos, ya que dos militares en situación de retiro aguardan la resolución de las causas en las cuales son imputados: las muertes de Ramón Peré y Roberto Luzardo.
El juez penal de 3º Turno, Sergio Torres, dejó pendiente para los primeros días de febrero su resolución ante la imputación formulada contra el coronel (r) Tranquilino Machado. El fiscal Juan Gómez solicitó su enjuiciamiento, por un delito de "homicidio muy especialmente agravado", como autor de los disparos por la espalda que hirieron de muerte a Peré, en julio de 1973.
En tanto, el juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, deberá resolver la imputación formulada contra el dictador Gregorio "Goyo" Alvarez, por la muerte del militante del MLN-T, Roberto Luzardo, en el Hospital Militar; la fiscal Adriana Costa solicitó su enjuiciamiento como coautor de un "homicidio muy especialmente agravado".
Alvarez, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), habría sido el autor de la orden por la cual el militante tupamaro no recibió la asistencia médica adecuada en el nosocomio castrense, tras ser herido de bala durante un violento procedimiento en el "Bar Asturias", en agosto de 1972.
ruidosas botas desde "El Soldado"
Mártires y combatientes
“Profundo disgusto” en el Centro Militar por los “ataques” del gobierno.Los militares no están “ni conformes ni tranquilos” con el “curso de los acontecimientos” durante la presidencia de José Mujica.
Sienten un “profundo disgusto” porque son “objeto de usos y ataques” por parte de quienes cumplen roles en los “asuntos públicos”, los que, por esa razón, deberían actuar con “máxima lealtad” a las instituciones “de la Nación”. Ésos son algunos fragmentos de la columna editorial de noviembre de la revista El Soldado, órgano de prensa del Centro Militar.
Los militares agrupados en esa entidad consideran que es un “momento oportuno” para recordar que las acciones políticas tienen “límites morales y doctrinarios que nunca se pueden cruzar”, y que están “mucho antes que los límites legales”.“Tenemos gente presa sin que existan pruebas contundentes y somos víctimas de ataques permanentes.
Es evidente que contentos no estamos”, profundizó, en diálogo con la diaria, el coronel retirado Guillermo Cedrez, presidente del Centro Militar. Cedrés cuestionó las políticas de gobierno en torno al Hospital Militar, los recursos asignados en el Presupuesto para el Ministerio de Defensa y el “incumplimiento de las promesas” de que mejorarían los salarios del personal militar.
El presidente Mujica, según dijo, todavía no ha podido actuar en consecuencia de los compromisos, sobre todo de los presupuestales, que asumió en su discurso inaugural en la base aérea de Santa Bernarndina. “Es todo igual. No hay diferencias entre Tabaré Vázquez y José Mujica, porque el fin sigue siendo el mismo. ¿Alguien es capaz de decir que detrás de los procesamientos no hay un ánimo de venganza?
Porque estamos hablando de acusaciones que son irreales”, continuó el titular del Centro Militar.
El Frente Amplio, en su opinión, “no permite la discrepancia” y termina siendo “absolutista por demás”, a diferencia de los “partidos fundacionales”, que son “más componedores y abiertos al diálogo”.Cedrez considera que esta situación “va en contra de lo que piensa la gente”, porque después del plebiscito de octubre que mantuvo vigente la Ley de Caducidad “quedó claro que en el país estamos 52% a 48%”.
El pueblo se está dando cuenta de que es injusto lo que están haciendo con nosotros, y el problema del Frente Amplio es que no llega a contemplar esa realidad”, interpretó el coronel, antes de agregar que la posición contraria al proyecto interpretativo del senador Jorge Saravia (Espacio 609) “parece mucho más coherente”. “Es cierto que estaríamos frente a un golpe de Estado [si se aprueba el interpretativo].
Es razonable decir eso. Es pura matemática, dos más dos son cuatro”, manifestó el militar retirado.Para Cedrez, en el partido de gobierno hay “mucho desconocimiento” de las cuestiones militares, y además “preguntan muy poco”.
“Es terrible cuando alguien habla pensando que sabe. Nuestro interlocutor debería ser Mujica, con él nos entenderíamos muy bien, porque él también es un combatiente. Compartimos las mismas circunstancias históricas desagradables”, concluyó.
Lucas Silva
"Centro Militar" cola de paja y/o provocación?...
La institución creó una Oficina de Defensas Penales
Centro Militar defenderá a acusados
de crímenes cometidos en dictadura
El Centro Militar resolvió organizar la defensa de los efectivos acusados de delitos cometidos durante la dictadura y para eso instaló una Oficina de Defensas Penales. La concepción es que hay una "guerra revolucionaria" desde "hace más de cuarenta años".
“La Oficina de Defensas Penales se encuentra a disposición para asistir a los involucrados en causas penales que surgieren o hayan surgido por hechos relacionados con la guerra revolucionaria en la que estamos inmersos desde hace más de cuarenta años", anunció el Centro Militar mediante un comunicado enviado a sus socios con la firma de los coroneles Guillermo Cedrez y Pedro Gómez, presidente y secretario general de la institución, al que tuvo acceso Ultimas Noticias.
La decisión de conformar una oficina para brindar ayuda a los militares procesados y sus familiares había sido adoptada en setiembre pasado ante los últimos casos planteados por la Justicia. El acceso a los abogados será brindado no solo a los 6.000 socios del Centro sino también a los integrantes de las demás instituciones sociales militares, previa autorización de la Comisión Directiva del Centro.
Para financiar la nueva oficina, se solicitó a los socios que colaboren con cien pesos mensuales "como forma de solidaridad con los camaradas que tengan necesidad de ser asesorados y defendidos". En el comunicado se advirtió que "dicho aporte será mientras duren las circunstancias negativas que nos afectan".
El alto costo de los juicios que enfrentan los militares no solo preocupa a los centros sociales sino también a los efectivos en actividad. La semana pasada, tras el procesamiento con prisión del general Miguel Dalmao, un grupo de oficiales comenzó a analizar la posibilidad de generar un fondo financiero que pueda ser utilizado por los militares convocados por la Justicia por causas vinculadas a la dictadura.
Según dijeron a Ultimas Noticias fuentes castrenses, la defensa ejercida en el caso Dalmao por Miguel Langón, del Estudio Curbelo Tammaro, contó con el aporte de varios generales, que temen que se produzca una serie de acusaciones a partir de la resolución que llevó a prisión por primera vez a un militar en actividad.
El miércoles pasado los generales se reunieron en el Comando con el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y con el comandante en jefe, Jorge Rosales, para expresar su preocupación por la situación, ya que entre otras cosas falta dinero para contratar buenos abogados.
Las declaraciones de Rosales Por Gustavo González Analista
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en la semana anterior se despachó con declaraciones de prensa a favor, sin dudar un ápice en su solidaridad para con el general Dalmao, quien hoy se encuentra investigado por la Justicia por el asesinato de una compañera presa política en el período de la dictadura.
Pero estas declaraciones hay que enmarcarlas en el reclamo realizado también hace pocos días por una movilización que llegó hasta las puertas del Ministerio de Defensa, por militares y familiares de éstos que reclamaban mejoras en el Hospital Militar, donde por micrófonos de la TV se oyeron consignas tales como "volveremos, volveremos".
Si le sumamos a ello la solicitud de los militares retirados publicada en varios medios de prensa reivindicando el mejor trato a las Fuerzas Armadas, la situación es realmente preocupante.Y si seguimos analizando las idas y venidas de senadores del Frente en cuanto a la derogación de la ley de impunidad, la realidad es más compleja aún.Frente a anteriores declaraciones de Rosales a favor de que no se tocara la ley de impunidad, existió por parte del Poder Ejecutivo una "amonestación leve" que en realidad es nada o casi nada.
Las Fuerzas Armadas de este país hasta el momento no han tenido ningún atisbo de autocrítica en cuanto a su proceder en el período de la dictadura, es decir frente a torturas salvajes, muertes, desapariciones realizadas por integrantes de ellos. Por lo tanto su derecho a ser bien tratados carece de todo valor moral, ético y político.
Ya están los asesinos y torturadores en una cárcel VIP, no precisamente recibiendo el inhumano trato que ellos dieron a sus víctimas.
Pero toda esta indefinición de efectivamente castigar con todo el peso de la ley a quienes mancharon sus manos con sangre de nuestro pueblo, no hace más que dar impulso a los reclamos que estamos teniendo que soportar a diario, yo diría además que tiene grandes rasgos de desestabilización, lo cual pareciese preocupar a poca gente.A no mentirse: quien no fue capaz de reconocer los horrores cometidos sigue fundamentando el golpismo, sigue creyendo en la teoría macabra de "los dos demonios".
Ni hablemos de la corrupción en la Armada Nacional, que no hace más que demostrar la putrefacción existente en los mandos de esa fuerza.Debemos reparar en esta situación que es realmente preocupante, no precisamente sumarse a los cantos de sirena de que los que desestabilizan son los sindicatos y sus reclamos ¡por favor!
Las medidas de lucha asumidas por los sindicatos son por mejores condiciones de vida, son para profundizar en definitiva los cambios por todos esperados.
¿Qué dirá Rosales si se llega a dar que la Justicia encuentre culpable a Dalmao? ¿seguirá siendo solidario con su camarada de armas?.
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Audiencia. Corte Interamericana de Derechos Humanos de OEA fijó audiencia para el próximo 4 de octubre
El Estado responde por el caso Gelman
El Estado uruguayo deberá comparecer por primera vez en la historia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el próximo lunes 4 de octubre, en el marco de una demanda internacional planteada por la familia Gelman.
La vigencia de la Ley de Caducidad en debate.
Mauricio Pérez |
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó para el próximo lunes 4 de octubre la audiencia definitiva para analizar la demanda entablada contra el Estado uruguayo por el secuestro y desaparición de María Claudia García y la sustracción indebida de su hija, Macarena Gelman.
El máximo órgano jurisdiccional del concierto americano recibirá en dicha instancia el testimonio de los denunciantes, Juan y Macarena Gelman, de los testigos y peritos propuestos por las partes, así como los alegatos finales de los denunciantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado uruguayo.
La demanda contra el Estado uruguayo fue interpuesta oportunamente ante la CIDH por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (violación de las garantías judiciales y de protección judicial de las víctimas), entre otros, ante la clausura de la indagatoria judicial por el crimen de María Claudia García, en atención de lo dispuesto por la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
El proceso culminó el pasado 21 de enero cuando el organismo resolvió elevar el caso ante el máximo órgano jurisdiccional del concierto americano, cuyos fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio para los Estados. La CIDH cuestionó en dicha instancia la vigencia de la norma.
El trámite iniciado por la Corte significó la presentación de un escrito por parte de los demandantes y la posterior contestación del Estado uruguayo. Ante esto, la Corte entiende "necesario recibir por declaración rendida ante fedatario público el mayor número posible de testimonios y peritajes, y escuchar en audiencia pública la declaración de las presuntas víctimas, testigos y peritos que resulten indispensables, tomando en cuenta las circunstancias del caso, el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado y el objeto de las declaraciones de los testimonios y de los peritajes".
Por tanto, la Corte decidió recibir el testimonio del escritor Eduardo Galeano y de los periodistas Gabriel Mazzarovich y Roger Rodríguez (como testigos) y de la fiscal Mirtha Guianze, el abogado Pablo Chargoñia, el historiador Gerardo Caetano y la psicóloga Ana Deustch (como peritos), todos propuestos por la familia Gelman. El Estado uruguayo, en tanto, no solicitó testigos ni propuso peritos.
En este sentido, la abogada Ariela Peralta, representante de la familia Gelman en el litigio, explicó que si bien existe un cambio en su postura, el Estado uruguayo "no se ha allanado en términos de litigio", por lo cual deberá comparecer ante la Corte. "El allanamiento parcial o total debe hacerse en forma expresa, lo cual no ha ocurrido, y si bien existe una actitud de acercarse a la verdad, el Estado ha alegado impedimentos internos, tanto razones políticas como de derecho interno para no acceder a los planteos de la CIDH", explicó Peralta.
Acceso a la verdad
El aspecto central de la demanda entablada por la familia Gelman es el "no acceso a la Justicia", por cuanto "más allá del conocimiento público de la existencia de estas graves violaciones a los derechos humanos, el marco legal existente en Uruguay impide el derecho de las víctimas a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y el juzgamiento y sanción de los perpetradores de estos crímenes", señaló Peralta. El vigencia de la Ley de Caducidad "no ha permitido transitar, a través del Poder Judicial, una investigación seria, profunda y exhaustiva en búsqueda de la verdad". "La existencia de la Ley de Caducidad es un impedimento real para el acceso a la verdad y la justicia", estimó Peralta.
En este sentido, la abogada se mostró confiada en una resolución favorable de la Corte, por cuanto la jurisprudencia del organismo "es firme y clara", en considerar contraria a la Convención Interamericana de Derechos Humanos las leyes de amnistía para los responsables de violaciones a los derechos humanos. "La jurisprudencia es clara y se ha mantenido constante: las leyes eximentes de responsabilidad, amnistía u otras para responsables de violaciones a los derechos humanos, no pueden surtir efectos ni para el pasado, el presente ni el futuro", señaló Peralta. Los Estados deben "acomodar el marco legal interno en consonancia con las obligaciones de protección de los derechos humanos", lo cual implica "dejar sin efecto toda legislación que signifique un impedimento jurídico para perseguir, juzgar y castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos", culminó la abogada.
Denuncia a mitin militar del
14/04/2010
Hechos acontecidos
el miércoles 14 de Abril de 2010.
La COMISION POR LA MEMORIA DE URUGUAY preocupada por las expresiones vertidas el día 14 de abril de 2010 por la Asociación 14 de abril de 1972, de homenaje permanente a los caídos en defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad discurso pronunciado por
el Gral. ® Raúl Mermot; y por el Círculo Militar predica efectuada por el Gral. ® Manuel Fernández.
Walter Caimí, periodista investigador, domiciliado en la calle
Wenceslao Varela Nº 263 de la ciudad de San José de Mayo, departamento
San José, celular: 099 800 068, titular de la C. Identidad 1.365.943-0
y Lille Caruso, domiciliada en la Av. Lezica Nº 6484 de la ciudad de
Montevideo, celular: 099 232 423, titular de la C. Identidad
909.869-4; denuncian las expresiones vertidas en la fecha arriba
indicada.
Se adjunta ambos discursos.
Del mensaje de la Asociación del Día de los Caídos en defensa de las
Instituciones.
Palabras del Gral. ® Raúl Mermot.
1 Dicho discurso atenta contra los derechos democráticos de nuestra
Nación en el entendido de que se pone en tela de juicio al Poder
Judicial. Los militares retirados en cuestión afirman artilugios de
muy dudosa justificación jurídica.
1.1 Se pone en tela de juicio la actuación del Poder Judicial, el
respeto de las normas y el debido proceso. Lo que importa el
manifiesto ataque a uno de los Poderes del Estado en que se basa el
sistema democrático republicano de gobierno.
2 Afirman en sus dichos que normas legales que se aplicaron,
forzando con rebuscados artilugios de muy dudosa justificación
jurídica. En reiteradas oportunidades hemos manifestado que nuestros
presos políticos habían sido juzgados, procesados y algunos ya
condenados, basándose solamente en el testimonio de testigos de dudosa
confiabilidad, sin aportar pruebas que fundamentaran sus denuncias.
2.1 Se menoscaba la independencia del Ministerio Público. En cuanto su
cometido es la defensa y representación de los intereses de la
Sociedad en su actuación ante los tribunales.
2.2 Asimismo, se condena nuevamente y públicamente al sistema jurídico
que nos rige.
3 Se intenta confundir a la población ante el argumento que la ex
Secretaría de Estado en referencia a la que fuera ministra de Defensa
Nacional, Dra. Azucena Berruti, permitió que la Fiscal actuante Dra.
Mirtha Guianze enviara a prisión a militares dependientes de su propio
ministerio.
3.1 Precisamente, nuestra Constitución de la República, establece
claramente la independencia de los tres Poderes del Estado.
4 - Los militares se mantendrán expectantes al devenir de los
próximos acontecimientos
4.1 Nos preguntamos qué se quiso decir al pronunciar estas palabras,
cuál es el alcance de estos dichos.
Del Círculo Militar, pronunciado por el Gral. ® Manuel Fernández.
5 Textual: Lo hacemos, también, para ratificar, especialmente hoy,
dadas las singulares circunstancias que vive el país, que las Fuerzas
Armadas siguen siendo fieles al mandato que le establecen la
Constitución y las Leyes. Mandato que cada unos de los integrantes de
las FF.AA., sean activos o retirados, estén libres o injustamente
encerrados.
5.1 Primero, a qué circunstancias especiales refiere el Gral.
Fernández nos preguntamos. Segundo, la Constitución y las Leyes, deben
ser acatadas por todos los habitantes del país. Tercero, se podrá
discrepar con que haya militares encerrados, pero no en forma injusta,
pues tuvieron las garantías Constitucionales que les confieren las
leyes, es decir, su debido proceso jurídico.
6 Queremos tener un recuerdo especial para las víctimas actuales de
la guerra revolucionaria en la cual seguimos inmersos, que están
desterrados en Chile, en Argentina, en Italia y a los prisioneros de
guerra política que están en Domingo Arena, o en Cárcel Central o en
sus domicilios.
6.1 Las personas que están recluidas actualmente han tenido y tienen
todas las garantías del debido proceso. Contrariamente a lo
manifestado por Fernández, ninguno de los procesados está condenado
por actos en contra del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros,
sino por la desaparición de personas y/o consecuentemente por
homicidio.
También los militares que se encuentran detenidos en el país
trasandino, han contado y cuentan con todas las garantías que ofrece
el sistema jurídico chileno y la justicia de nuestro país.
7 Con asombro hemos leído que textualmente-: aun hoy seguimos
inmersos en la lógica de esa guerra, porque es un hecho indesmentible
que nunca se firmó ningún documento entre las partes combatientes, ni
capitulación, ni armisticio, ni pacto, ni cese de hostilidades, ya que
las FF.AA. confiaron la conducción de la Paz a los Políticos
Profesionales, en la seguridad de que habían luchado y ganado una
guerra en defensa de la Patria y del sistema republicano democrático
de gobierno.
7.1 La Universidad de la República junto a la Comisión Sectorial de
Investigación Científica (CSIC), la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación y el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos
(CEIU), en el año 2008, dieron a conocer en III Tomos lo que se dio a
conocer como: INVESTIGACION HISTORICA SOBRE LA DICTADURA Y EL
TERRORISMO DE ESTADO EN EL URUGUAY (1973-1985).
En Referencia a los políticos profesionales, estos ni más ni menos,
son lo que deben representar los intereses de aquellos que emitieron
su voto para ocupar una banca en el
Poder Legislativo. Curiosamente, dos legisladores fueron asesinados en
la República Argentina.
8 En otro pasaje del discurso, se habla de guerra revolucionaria,
que en los últimos cinco años ha incrementado su accionar contra las
FF.AA. y contra las bases esenciales del Uruguay, se libra en la
actualidad con mayor énfasis en un frente de reciente creación. Nos
referimos al frente Judicial y Jurídico, que se ha ensañado con los
remanentes del viejo Ejército Nacional, mediante artilugios de la
guerra psicopolítica magistralmente conducidos. Artilugios que
pretenden dar un viso de legalidad a las inmoralidades más grandes que
jamás se hayan visto en nuestro país, donde el derecho penal
tradicional ….
8.1 ¿De qué guerra revolucionaria se está hablando? Del gobierno del
Dr. Tabaré Vázquez elegido mediante las urnas que lo consagró
Presidente Constitucional, preguntamos. Nuevamente se interpela al
Poder Judicial quedando en evidencia no solo al sistema jurídico
nuestro, sino a todos sus actores que intervienen en el mismo. También
nos preguntamos quién o quiénes conducen magistralmente la guerra
psicopolítica y quién o quiénes detentan vicios de inmoralidad en
nuestro derecho penal.
8.2 Basta con observar en qué lugar están recluidos los reos sean
estos civiles o militares; es evidente que la sociedad ha brindado un
escalafón superior al común denominador que la sociedad toda conoce
como la cárcel de Domingo Arena.
9 Subraya el discurso que la historia de nuestra Patria, que
constituye un legado a preservar y que es por tanto un factor de
unidad nacional, ha sido violentada o subvertida a través de un
enfoque materialista dialéctico para obtener un revisionismo
histórico, producto radicalmente opuesto a la verdad de lo sucedido
en los últimos cuarenta años.
9.1 La COMISION POR LA MEMORIA DE URUGUAY y nos atrevemos a decir las organizaciones de Derechos Humanos todas, no aspiramos a un
revisionismo histórico como se señala.
Aspiramos a que se conozca la verdad histórica que es muy distinto.
Que se indique dónde están los desaparecidos, qué se hizo con ellos;
en referencia a éste punto, invitamos a leer detenidamente el Tomo II
de la Investigación Histórica que se hace referencia en el punto 7.1.
El Estado uruguayo tiene la imperiosa necesidad de dar un paso firme,
claro, preciso. Nos referimos que el Estado debe solicitar la
desclasificación de los archivos secretos de distintas agencias de
inteligencia estadounidense para así esclarecer los hechos acontecidos
en la década del 70 y aún antes. Como ha señalado la historiadora
Clara Aldrighi el gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial
uruguayo, junto a los organismos de DD.HH. deben accionar en forma
conjunta ante el gobierno de los Estados Unidos, para acceder a los
archivos clasificados y secretos que posee la CIA.
9.2 Queremos saber a qué refiere cuando se dice que en plena
democracia se están cometiendo muchas injusticias. De su lectura
detenida del discurso pronunciado por el Círculo Militar, arroja una
arenga permanente y constante de hechos del pasado que los involucra en forma inmediata con un ex Jefe Guerrillero. Se remonta a la Segunda Guerra Mundial el discurso de Fernández, pasando por la
Conferencia de la Organización Latino Americana de Solidaridad,
etcétera, etcétera. La prédica sostenida atenta los intereses y
principios básicos de nuestra convivencia ciudadana.
Por lo expuesto:
La COMISION POR LA MEMORIA DE URUGUAY, solicita se de trámite al
Juzgado y Fiscalía correspondiente. En el entendido que el contenido
de los discursos referidos, encuadran en el Artículo 148.- Apología
de hechos calificados como delitos del Código Penal; y en la Ley Nº
18.026 de 25 de setiembre de 2006, en su Artículo 29.
Por la Comisión por la Memoria de Uruguay:
Walter Caimí
Periodista jurídico e investigador
C. I. 1.365.943-0
Lille Caruso
C. I. 909.869-
Forjando la Memoria: EL CORONEL JORGE SILVEIRA, VIOLADOR DE MENORES
ESTOS SIMBOLOS DE BARBARIE JAMAS REGISTRADOS EN LA HISTORIA DEL URUGUAY ESTAN AUN PROTEGIDOS POR LA LEY DE CADUCIDAD. NO ES EL OBJETO DE UN PURO MASOQUISMO DE REPETIR ESTE ARTICULO DEL PERIODISTA SAMUEL BLIXEN, ES SOLAMENTE LA PRUEBA QUE EN NUESTRO PAIS ENGENDRO ANIMALES COMO EL CORONEL JORGE SILVEIRA, ES TENER EL TESTIMONIO DIRECTO DE SU BARBARIE PARA QUE JAMAS SE OLVIDE, HASTA DONDE PUEDE LLEGAR EL HUMANO CONVERTIDO EN ANIMAL DE CAZA, Y SOBRE TODO PARA INTENTAR LA DESTRUCCION DE LA JUVENTUD URUGUAYA, ESTO NO ES POSIBLE OLVIDAR.
Por Samuel Blixen - aparecido en "BRECHA " 7 de noviembre del 2003
La publicación de las fotos del coronel retirado Jorge Silveira
desencadenaron testimonios sobre una faceta poco conocida de sus
antecedentes: el Jorge Silveira que, además, de torturar, desaparecer,
robar niños y asesinar, solía violar y agredir sexualmente a
prisioneros adolescentes. La crudeza del relato puede ofender la sensibilidad, pero es ineludible para tomar conciencia.
Están tirados en el piso, o recostados contra las paredes húmedas, como objetos inertes. Son unos veinte adolescentes, siete mujeres,
quizás trece varones, todos menores de edad. Están desnudos. La única
prenda es una venda en los ojos, que puede ser una tela oscura, o una
bufanda. El lugar es espacioso, probablemente un sótano. Hay escaleras
hacia lo que sería la planta baja, y otras escaleras que llevan a un
piso superior, a las habitaciones donde están las cadenas, los
caballetes, el tacho, la cama con resortes metálicos, la picana. En el
sótano se pueden oír los llantos y los gemidos de dolor de los cuerpos
cercanos, y también los gritos desgarradores -ecos de sus propios
gritos- que vienen de los pisos superiores, de otras victimas que
están siendo torturadas, que no verán, que no conocerán, y es posible
imaginar que permanecerán tirados en algún otro lugar del edificio,
con sus cuerpos lacerados, temblando de frío y de miedo, en espera de
lo único previsible, la próxima sesión de tortura.
Es invierno, fin de junio de 1981. A seis meses del plebiscito que
estalló en la cara de la dictadura, los aparatos militares y
policiales andan a la caza de los impulsores de las estructuras
sindicales y estudiantiles que afloran incontenibles. La víspera del
octavo aniversario del golpe de Estado, agentes de la Dirección
Nacional de Información e Inteligencia, en previsión de
manifestaciones relámpago, hacen una redada de estudiantes del IAVA y
de otros liceos. Esta misma madrugada, 27 de junio, los 20
adolescentes son trasladados en una camioneta policial a las
dependencias de la calle Maldonado y comienzan a ser torturados. Todo
el repertorio -golpes, colgadas, plantones, picana, submarino- tiene
un objetivo concreto: ubicar una impresora, una máquina de imprenta
que abastece volantes llamando a organizarse, a resistir. Un oficial
de policía a quien dicen "La momia", otro llamado Prezza, -"que estuvo
en el tiroteo a una manifestación por el plebiscito del voto verde y
que salió fotografiado en los diarios"- y otros oficiales de policía
que se identifican con alias, "Tito", "Perico", reclaman por las
armas, mientras torturan, pero lo hacen sin convicción porque saben
que esos muchachos de entre 15 y 18 años no están armados, ni siquiera
están organizados. Pronto se agotará la lista de las preguntas, y los
interrogatorios perderán fuerza, sentido, pero la tortura continuará.
"Esto no es nada", les dicen cuando bajan las escaleras, de vuelta al
sótano, a la precaria tranquilidad en tinieblas. "Cuando vengan los
duros, los yerbas, ustedes van a rogarnos que volvamos nosotros". Los
duros son apenas voces que los liceales del IAVA aprenden a reconocer
y que inevitablemente producen un particular terror: entran en el
sótano pateando, gritando, insultando. "Yo soy el jefe, soy el que
mando. Yo hago lo que quiero. Los cojo, los mato". El día que oyó por
primera vez ese timbre de voz, Jorge G. apenas pudo ver, más allá del
borde de su venda, unos pantalones verdes grisáceos, unos zapatos
comunes, y una mano que sostenía una gorra militar. Es una patota que
aparece cotidianamente, cada tres, cuatro días, y todos nombrarán al
jefe por el mismo apodo: "Chimichurri".
Cada vez que se oye esa voz de mando, segura, insolente, un
estremecimiento involuntario ganará a los prisioneros allí tendidos.
Pronto aprenderán a registrar una sutil diferencia en el tono de los
sollozos de las compañeras que "Chimichurri" elige para interrogar:
"Mirá ésta, está más crecida", apuntará la voz de otro "duro", y muy
rápidamente asociarán la presencia de esta patota con las violaciones
a que son sometidos, sin excepción, varones y mujeres.
Con 16 años, Jorge se mantiene firme después de jornadas
ininterrumpidas de tortura, una firmeza elaborada en su corta
militancia a base de una preparación mental. Pero ni aun las más duras
prevenciones podían anticipar lo que le esperaba el día en que
"Chimichurri" lo conduce a una pieza de lo que supone es la planta
baja del edificio. Hay varios hombres, que ríen y gritan, excitados,
cuando lo arrojan sobre una mesa, y lo atan boca a abajo, para
inmovilizarlo. El dolor de la penetración se suma al dolor de las
otras torturas, dolores que se fueron acumulando a lo largo de los
días; y habrá también el dolor especial de un palo y de un tubo
metálico que le produce heridas internas en el ano. Hay aplausos, y
hay quien comenta: "Dos al hilo", a la espera de su turno, pero es la
voz inconfundible de "Chimichurri" la que le pregunta junto al oído:
"¿Te gusta?", mientras le tira de la cabeza hacia atrás.
Para que no hubiera dudas, para que todos comprendieran lo que les
esperaba, "Chimichurri" dirá, cuando devuelve a Jorge al sótano: "Acá
se van a volver todos putos". Mucho después, Jorge comentará: "A mi
Chimichurri nunca me interrogó, nunca me preguntó nada, sólo me
violaba",y agregará, al evocar el infierno, una reflexión demoledora:
"Claro, cuando te violan no tienen la intención de interrogarte, no te
violan para arrancarte secretos, te violan para denigrarte, para
quebrarte, y fundamentalmente porque son unos degenerados. Para
penetrarte tienen que excitarse", dirá, como si recién entonces
accediera a la comprensión de esa conclusión terrible.
"Chimichurri" y sus secuaces llegan al edificio de la calle Maldonado
para interrogar a otros prisioneros, que sufren sus técnicas en otros
lugares, allá arriba. Cuando baja al sótano es simplemente para
divertirse. Así lo proclama: "Quiero que todos se masturben, queremos
verlos", ordena, mientras patea y pisotea cuerpos desnudos.
"Chimichurri" podrá violar prisioneros maniatados e inermes, pero no
podrá obtener colaboración: "Aquí nadie se toca", gritará alguien
desde el suelo y otra voz repetirá la consigna, desde la otra punta.
Los "duros", los "yerbas" deberán contentarse descargando su furia
contra los promotores del desacato. El ataque sexual no es suficiente
para estos oficiales de la lucha contra la sedición, estos "duros" que
seguramente estaban encuadrados en el OCOA (Organismo Coordinador de
Operaciones Antisubversivas). Pretenden que sus víctimas participen de
sus desviaciones: "Si me la chupás, no te torturamos", propone
"Chimichurri" a las víctimas que elige cada vez que viene al sótano. Y
descargará su frustración en la violencia de sus reiteradas
violaciones.
A medida que pasan los días, la agresión sexual será el acontecimiento
exclusivo. Ya no saben qué hacer con esos muchachos, pero igual los
sacan del edificio y los trasladan en una camioneta hasta un lugar al
que se accede por un camino de tierra. Hay árboles, porque los sujetan
contra los troncos y hacen un simulacro de fusilamiento. Después los
devuelven al sótano. El episodio sólo confirma la irracionalidad, como
si todo lo que ocurre fuera un contexto chapucero, imaginado a las
apuradas, sin convicción, a los solos efectos de facilitar las
violaciones contra menores de edad, la mayoría de los cuales aún eran
vírgenes al momento de su detención. "Muchachos, éstos son locos, son
capaces de cualquier cosa, hagan lo que les piden, porque los van a
matar", les susurra un policía, que les trae la comida, que les acerca
a veces una manzana, que acompaña a un enfermero. Jorge piensa en el
truco del bueno y el malo, pero hay algo incuestionable: la voz de ese
policía trasunta miedo; el torturador tiene miedo del violador, miedo
a la aberración, a la situación sin límites.
Cada día que pasa -y serán 41 días- confirma que no hay límites: "Esta
noche vamos a hacer una orgía", propone la voz de "Chimichurri", a
unos prisioneros que viven en la oscuridad y que han perdido la noción
de la secuencia día-noche. "Una orgía", repite "Chimichurri" e
inclinándose sobre Jorge dirá: "Te ganaste la lotería". Jorge sube las
escaleras a tientas, vendado, junto con otros dos compañeros, un varón
y una mujer. En una pieza pequeña, abarrotada de gente, "Chimichurri"
ordena: "Quiero que la cojan, queremos verlos". Jorge y su compañero
se niegan. La joven solloza bajito. "Chimichurri" amenaza, golpea,
pero no obtiene la colaboración. Ordena trasladarlos a otra pieza. Los
varones son colgados del techo, mediante cadenas. Les quitan las
vendas. "Chimichurri" se acerca y les dice: "Ustedes no tienen huevos,
ahora van a ver cómo se hace". Jorge ve a un hombre bajo, de bigotes,
muy delgado, "estilizado", vestido con un uniforme militar de fajina.
Más allá, estaqueada sobre una mesa, de espaldas, inmovilizada por
varios hombres que la sujetan, está Marina S. Está completamente
desnuda, le han quitado la venda, pero el foco de luz intensa que se
usa para los interrogatorios deja en una total penumbra al grupo de
hombres que la violan, turnándose, riéndose de sus desesperados
forcejeos, de su llanto.
Los dos prisioneros gritan, insultan, escupen, se retuercen en el
aire, y hasta logran golpear con el cuerpo a uno de los violadores que
pasa delante de ellos. Finalmente logran atraer su atención, y
comienzan a golpearlos.
Oyen cómo Marina les grita: "Aguanten", creyendo que los estaban
interrogando y que los obligaban a mirar la violación para obtener
información.
Regresan al sótano llorando los tres y los otros comprenden la
particular angustia, porque los sollozos se generalizan. Jorge trata
de consolar a Marina, una niña que acaba de cumplir 15 años y que en
medio de aquella locura, sólo atina a decir: "Hubiera preferido que
fueran ustedes los primeros".
Así como los llevaron, un día los soltaron. En medio de una represión
que ese invierno, cuando asumía Gregorio Álvarez la presidencia y
cuando comenzaban las conversaciones políticas de los militares con
los blancos de la "comisión de los 10" y los colorados de la "comisión
de los 6", la detención de los estudiantes liceales quedó sumergida,
postergada en las consecuencias de otras redadas, que terminarían con
la captura de los dirigentes clandestinos de la CNT y de la FEUU. Los
muchachos siguieron viéndose, pero se resistieron a conversar los
detalles de aquella experiencia; algunos continuaron con su
militancia, otros no; algunos formularon después la denuncia sobre las
violaciones y las torturas, otros no llegaron a superar una vergüenza
que no les correspondía. Algunos superaron el trauma, otros no. Marisa
peleó con sus fantasmas durante años y al final desistió de la pelea:
se mató de un tiro. Jorge llegó a identificar a "Chimichurri",
conversó con otros prisioneros que en distintos lugares, en la
Tablada, en el 13 de Infantería, en Automotores Orletti, lo habían
visto y habían sufrido sus técnicas. La coincidencia de la
reconstrucción de los rasgos físicos tuvo la confirmación con una
pequeña foto, borrosa, que atesoraban algunos militantes de los
derechos humanos. Pero fue hace poco más de una semana, cuando La
República publicó la secuencia de fotografías tomadas una tarde en la
entrada del Circulo Militar, que puedo confirmar sin lugar a dudas:
"Chimichurri", ahora gordo, panzón, con el rostro abotargado, es Jorge
Silveira, coronel retirado. También conocido como "Pajarito", "Siete
Sierras", "Oscar siete", el mismo que torturaba a los detenidos en
Artillería en 1975, y ya pergeñaba una extorsión para liberar
prisioneros mediante el pago de dinero; el mismo que operó en Buenos
Aires y que ha sido acusado de la desaparición y asesinato de decenas
de uruguayos exiliados; el mismo que secuestró a María Claudia García
de Gelman, y robó a la nieta del poeta Juan Gelman: el mismo que
continuó la tortura sicológica contra las presas políticas, como
responsable de la cárcel de Punta Rieles, es el "Chimichurri" que
violaba adolescentes en los sótanos de la calle Maldonado con el único
objetivo de satisfacer sus desviaciones.
Ese es el hombre que la ley de caducidad le otorgó una impunidad para
todos sus crímenes, es el hombre que fue ascendido a coronel por Julio
María Sanguinetti en su primera presidencia, es el hombre que fue
designado por Sanguinetti, en su segunda presidencia, en el Estado
Mayor del Comandante del Ejército, es el hombre que el general Fernán
Amado quería tenerlo como colaborador personal, es el hombre que
comparte asados con el senador Pablo Millor, con el diputado Daniel
García Pintos y con el dirigente pachequista Alberto Iglesias, es el
hombre a quien el presidente Jorge Batlle dejará impune en el
asesinato de María Claudia, si decide incluir el caso en la ley de
Caducidad.
Samuel Blixen
Semanario Brecha
Montevideo, 7.11.2003
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