CONTRA LA IMPUNIDAD

<body topmargin=0 leftmargin=0 marginheight=0 marginwidth=0> <table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0><tr> <td valign="top" colspan=2 height=90 BGCOLOR="#006699" TEXT="#080000" background="044785a3.jpg"> <div> <B>index.htm</B><B>    </B><B> |     </B><A HREF="index.htm" TARGET="_top" TITLE="index.htm"><U><B>home</B></U></A></div> <div> <A HREF="id22.htm" TARGET="_top" TITLE="DOCUMENTACIONES "><U>DOCUMENTACIONES </U></A>   |   <A HREF="id62.htm" TARGET="_top" TITLE="DOCUMENTOS TESTIMONIOS"><U>DOCUMENTOS TESTIMONIOS</U></A>   |   <A HREF="id75.htm" TARGET="_top" TITLE="PROCESADO EL GRAL.DALMAO"><U>PROCESADO EL GRAL.DALMAO</U></A>   |   <A HREF="id76.htm" TARGET="_top" TITLE="REPERCUSIONES DEL PROCESAMIENTO DEL GRAL"><U>REPERCUSIONES DEL PROCESAMIENTO DEL GRAL.DALMAO</U></A>   |   <A HREF="id80.htm" TARGET="_top" TITLE="GORILAS TRASNOCHADOS"><U>GORILAS TRASNOCHADOS</U></A>   |   <A HREF="id81.htm" TARGET="_top" TITLE="PROVOCACIONES DE GORILAS..."><U>PROVOCACIONES DE GORILAS...</U></A>   |   <A HREF="id84.htm" TARGET="_top" TITLE="PARA LA HISTORIA"><U>PARA LA HISTORIA</U></A>   |   <A HREF="id29.htm" TARGET="_top" TITLE="DENUNCIA A MILITARES"><U>DENUNCIA A MILITARES</U></A>   |   <A HREF="id85.htm" TARGET="_top" TITLE="SOBRE LOS MENORES PASIBLES DE PRISION"><U>SOBRE LOS MENORES PASIBLES DE PRISION</U></A>   |   <B>CONTRA LA IMPUNIDAD</B>   |   <A HREF="id78.htm" TARGET="_top" TITLE="SOBRE LA INTERPRETACION DE LA LEY DE CAD"><U>SOBRE LA INTERPRETACION DE LA LEY DE CADUCIDAD</U></A>   |   <A HREF="id86.htm" TARGET="_top" TITLE="MILITARES ANTE LA INMINENCIA DE LA ANULA"><U>MILITARES ANTE LA INMINENCIA DE LA ANULACION</U></A>   |   <A HREF="id74.htm" TARGET="_top" TITLE="Editoriales Informaciones "><U>Editoriales - Informaciones -</U></A>   |   <A HREF="id83.htm" TARGET="_top" TITLE="AHORA SI !!!"><U>AHORA SI !!!</U></A>   |   <A HREF="id31.htm" TARGET="_top" TITLE="TESTIMONIOS Y EVENTOS"><U>TESTIMONIOS Y EVENTOS</U></A></div> <div> </div> </td> </tr><tr> <td valign="top" width=210 BGCOLOR="#FFCC66" TEXT="#080000" background="0ec2c2c3.jpg"> <div> <IMG SRC="a4e82600.jpg" border=0 width="130" height="96" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div>  <embed src="HTMLobj-3154/01_-_Quien_Va_A_Cantar.mp3" autostart="true" loop="true" width="145" height="70">  </div> <div> "Quien va a cantar?"</div> <div> RADA</div> <div> <IMG SRC="c53aa710.gif" border=0 width="170" height="113" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <IMG SRC="c54a7ea0.png" border=0 width="167" height="234" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <IMG SRC="c5caab40.jpg" border=0 width="170" height="180" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> </td> <td valign="top" height=390 BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#080000" background="0eb2c2c3.jpg"> <bR> <bR> <div> <IMG SRC="168ba2340.jpg" border=0 width="418" height="308" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"><FONT SIZE="5" COLOR="#FFCC00" FACE="Impact" > Alvaro Rico: </FONT><FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" >Las huellas de la represión</FONT></div> <div> <I>Presidencia de la República presentó una ampliación de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Cerca de 1.500 nuevos documentos permiten reconstruir los patrones represivos de la dictadura uruguaya, explicó el director del equipo de historiadores, Álvaro Rico. Empero, la investigación continúa</I><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial Black" >.</FONT></div> <div> <B>Siempre se ha dicho que los documentos de la dictadura ya no existen, que fueron destruidos. ¿Qué significancia tienen estos hallazgos con relación a esa idea madre sobre la investigación de los hechos de la dictadura?</B></div> <bR> <div> <B>Una de las conclusiones es que los documentos existen. Es más, la mayoría de ellos, los que se conservaron, existen en marcos institucionales, en archivos de dependencias del Estado uruguayo, como el MDN, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que de alguna manera garantiza su preservación y organización. Evidentemente parte de la política de la dictadura consistió en la expurgación de documentos, lo cual no quiere decir todos. A medida que se avanza en las investigaciones pueden aparecer (documentos) en otros organismos del Estado, o en países de la región, como en las megacausas de la República Argentina.</B></div> <bR> <bR> <div> <B>¿Cuántos documentos desconocidos fueron utilizados en esta actualización?</B></div> <div> <B>Estamos hablando de alrededor de 1.500 nuevos documentos sobre el fenómeno de la desaparición forzada de personas.</B></div> <bR> <div> <B>¿Cuáles fueron, en base a los documentos analizados, las diferencias entre la represión en Uruguay y la represión por parte de los servicios uruguayos en el extranjero?</B></div> <div> <B>La investigación tiene dos ejes fundamentales que la organizan, unos son las fichas personales de los detenidos desaparecidos, donde se recopila toda la documentación biográfica o que el Estado uruguayo tenía sobre la persona. El otro eje es el contexto represivo en el cual esas personas desaparecen, particularmente los operativos contra sus organizaciones de pertenencia. En ese segundo eje se reconstruyen las dinámicas represivas contra siete organizaciones, incluida Montoneros.</B></div> <bR> <div> <B>En la documentación que encontramos hay una continuidad de la represión contra el PCU en</B></div> <div> <B>Uruguay, entre 1973 y 1984. Desde el golpe de Estado hasta 1984, esa continuidad de la represión contra el PCU está presente.</B></div> <bR> <div> <B>En el caso de las demás organizaciones uruguayas, en el interior del país, aparece una represión, pero discontinuada, por ejemplo, los dos intentos de agrupación interno del MLN-T, en 1974 y 1975, y cómo fueron desbaratados. Particularmente en 1975 en la “Operación Conejo”, aparece toda la secuencia de vigilancia, seguimientos, datos que fueron ingresando por parte de los servicios de inteligencia hasta que operan y desbaratan ese intento, con una secuela grande de muertos.En el caso del PVP también se da que, entre 1974, 1975 y 1976, hay una continuidad y un paralelismo Argentina-</B></div> <bR> <div> <B>Uruguay. En los libros está reconstruido cómo se va dando en Buenos Aires, y sobre todo en Montevideo, la continuidad de la represión que se llamo el “Asunto ROE”, donde estaban englobadas las sucesivas caídas que en Montevideo se estaban dando y a su vez preparando las que se iban a producir en Argentina en 1975 y 1976.Comparando la dinámica represiva, en Uruguay hubo una lógica represiva propia, por ejemplo, no podría decirse que en Uruguay hubo un plan sistemático de secuestro, apropiación y cambio de identidad de bebés y menores, que en Argentina fue una lógica represiva central.</B></div> <bR> <div> <B>En Uruguay, hay un peso muy grande en la lógica represiva del aspecto monetario, efectivamente, buena parte de la represión estuvo conducida no solo por problemas ideológicos o por problemas de desbaratar organizaciones que se autodefinían por la lucha armada, sino también en la captura de un botín de guerra.</B></div> <bR> <div> <B>Esto es bastante determinante, sobre todo en ciertos operativos contra el PCU, como la “Operación Morgan”, y el secuestro de militantes del PVP en “Automotores Orletti”, en julio y octubre de 1976, que tiene que ver con el dinero que dicha organización, a través de secuestros extorsivos, había procesado en la República Argentina.En el caso de Uruguay, la lógica del dinero es una impronta de la lógica represiva.</B></div> <bR> <div> Una lógica de “contagio”</div> <bR> <div> <B>“Hasta 1975 hay una continuidad de la represión a las víctimas, pero el terrorismo de Estado, para ejemplificar el cambio cualitativo de la represión, se produce hacia fines de 1975 y plenamente de 1976 a 1979, que coincide con la situación argentina: golpe de Estado, operativos contra el ERP y Montoneros, y operaciones conjuntas Argentina-Uruguay. Hay una lógica de contagio en el patrón represivo en el que el fenómeno de la desaparición forzada se instala y generaliza en Uruguay. No podemos decir que a partir de allí, porque los primeros desaparecidos son en 1971 y 1972, (Abel) Ayala y (Héctor) Castagnetto”.</B></div> <bR> <div> <U>"20 formas de desaparecer una persona"</U></div> <bR> <div> <B> “</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>El patrón de represión en Uruguay y, en particular, de la desaparición forzada de personas, determina que la mayoría de los detenidos desaparecidos lo son en el marco de operativos represivos coordinados contra las organizaciones de pertenencia política de las personas. Alrededor de 140 de los 175 detenidos desaparecidos que existen, lo son en el marco de grandes operativos de coordinación y detenciones grupales.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>En el marco de un operativo eran detenidos varios, como por ejemplo, la represión contra el PVP en octubre de 1976, donde hay un núcleo de 23 militantes detenidos, que luego desaparecen, en una cronología casi simultánea o continuada de caídas”.</B></div> <bR> <div> <B>“Uno puede combinar testimonios con fechas y documentos, para precisar de mejor manera el contexto represivo en el cual las personas desaparecen, porque no siempre hay un documento que indica el destino de esa persona(…).</B></div> <bR> <div> <B>Es una especie de rompecabezas, porque uno de los rasgos fundamentales del patrón represivo, y en particular de la desaparición forzada, es el carácter fragmentario de la información, el ocultamiento de la información y el disfraz de la información que rodea ese caso.</B></div> <bR> <div> <B> En la investigación hemos podido estudiar más de 20 formas de ocultar, disimular o negar la desaparición de una persona, entre ellas, el comunicado mentiroso que habla de una fuga o niega la detención”.</B></div> <bR> <div> ---------------------------------------------------------</div> <bR> <bR> <bR> <div> <IMG SRC="160e1b940.jpg" border=0 width="539" height="404" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" > La incultura de la impunidad - </FONT><FONT SIZE="4" COLOR="#FFFF00" FACE="Impact" > Por Roger Rodriguez</FONT></div> <bR> <div> L<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>a impunidad es el no castigo. La cultura de la impunidad, su consecuencia. En Uruguay a la salida de la dictadura se aprobó una ley de impunidad. Fue votada, los propios legisladores lo reconocieron, bajo presión militar. Se la denominó, pomposamente, “Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>El Estado cedía sus pretensiones de castigar a los crímenes de la dictadura. Cedió porque las fuerzas armadas condicionaron el retorno a la democracia. Condicionaron la democracia para mantener una política económica. Una política económica que fue la razón y origen de las dictaduras.</B></div> <bR> <div> <B>La ley de impunidad se fundamentó en una “lógica de los hechos”. El país volvía a tener presidente y parlamentarios si había impunidad. Eso era lo lógico… que se volviera a una democracia tutelada. Que lo hecho por la dictadura no se revisara, no se juzgara, no se recordara…</B></div> <bR> <div> <B>Sin revisionismo, en los hechos, no se sabría la verdad y no habría memoria. Las democracias tuteladas nos internaron en una eterna transición. Una transición que no termina mientras existan leyes o normas de impunidad. Una transición en la que se puede gobernar, se puede legislar, pero no se puede juzgar.</B></div> <bR> <div> <B>En toda la región en un mismo tiempo hubo dictaduras… No fue casualidad. En toda la región se reinstauraron democracias limitadas de una u otra forma. En toda la región se aprobaron leyes o normas de impunidad. En toda la región hubo una desgastante búsqueda de la verdad.</B></div> <bR> <div> <B>En toda la región lo último en democratizarse fueron los sistema judiciales. En toda la región se aplicó una misma política económica neoliberal. En toda la región sufrimos hoy las consecuencias de esas limitaciones. Aquella “lógica de los hechos” se transformó en una “lógica de lo hecho”.</B></div> <bR> <div> <B>Los militares hoy son militantes en la defensa de su propia impunidad. Impunemente salen en los medios de comunicación a justificar sus crímenes. Los fiscales no pueden acusar y los jueces sentenciar, sin ser presionados. La justicia está en transición. Una transición hacia la verdadera justicia.</B></div> <bR> <div> <B>Los supremos magistrados no admiten que se trata de crímenes de lesa humanidad. La desaparición se convierte en homicidio, aunque no esté el cuerpo del delito. La tortura y la violencia sexual tampoco son admitidas como delitos imprescriptibles. En Uruguay, hoy, todos los delitos pueden prescribir el próximo 1° de noviembre.</B></div> <bR> <div> <B>El sistema político no terminar de dar una solución al problema. Cada partido político al llegar al gobierno, de una u otra forma busca un punto final. El Poder Ejecutivo quiere gobernar sin conflicto con las fuerzas armadas. El Poder Legislativo no logra mayorías y consensos para aprobar normas. El Poder Judicial teme juzgar.</B></div> <bR> <div> <B>El Estado aparece impotente para cumplir con sus obligaciones internacionales. Todos los países de la región son firmantes de convenciones que no cumplen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay y otros países por eso. Pero la impunidad ya parece enquistada en una sociedad individualista y temerosa.</B></div> <bR> <div> <B>En Chile aún rige la Constitución impuesta por la dictadura del general Pinochet. Mucho se ha avanzado, pero la cultura de impunidad sobrevive. En Argentina se tardó 20 años en tipificar como crímenes de lesa humanidad, pero el extraditado coronel Manuel Cordero pasea por Buenos Aires bajo arresto domiciliario.</B></div> <bR> <div> <B>En Brasil, todavía no hay un condenado y sigue vigente la autoamnistía de 1978. Brasil también fue condenado por la CIDH por el caso de la guerrilla de Araguaia. En Paraguay aparecieron los archivos del horror, pero tampoco se logra justicia. En el exilio anda buscando asilo un grupo acusado hoy de subversión…</B></div> <bR> <div> <B>En Uruguay, el coronel Glauco Yanonne, represor del Plan Cóndor, recibió el Nobel de la Paz para los cascos azules uruguayos. Yanonne fue nombrado docente en la escuela Militar por el gobierno de izquierda. Es que la tortura no es delito aún en Uruguay y la víctima debe convivir con su impune victimario.</B></div> <bR> <div> <B>Por lo hecho, la impunidad se extendió y se hizo cultura de impunidad. La cultura de la impunidad no implica sólo a los crímenes de la dictadura. La cultura de la impunidad ganó a las instituciones y al entretejido social. La cultura de la impunidad le quito voluntad política a los políticos y le impuso individualismo al individuo.</B></div> <bR> <div> <B>Mientras se buscaba la verdad, la cultura de impunidad crecía. Mientras los represores se sentían seguros, crecía la corrupción Mientras el Estado amparaba la impunidad, crecía la inseguridad social. Mientras el Parlamento no parlamentaba, se deterioraba la salud. Mientras la Justicia era injusta, la enseñanza se transformaba en negocio.</B></div> <bR> <div> <B>Y al no juzgarse aquellos crímenes, otros delitos también ganaron impunidad. En toda la región hay casos de negociados financieros que no se juzgaron. En Uruguay los dueños de los bancos que fundieron al país debieron ser liberados. La justicia no los condenaba y ellos reclamaron ante los organismos internacionales.</B></div> <bR> <div> <B>Los derechos humanos de esos delincuentes fueron respetados por el sistema. Los derechos humanos de las víctimas de la dictadura se consideran revanchismo. También quedan impunes las coimas, las falsas inversiones y las triangulaciones. Es que los negociados en el poder eran parte del modelo económico impuesto.</B></div> <bR> <div> <B>Impuesto el modelo económico se vendieron empresas públicas, soberanía y libertad. Hoy la Economía no es mía, ni tuya o de aquel. En la globalización es de otros… En un mundo unipolar, todos estornudamos con el dólar y Wall Street. El territorio nacional se extranjeriza. Las vaquitas son ajenas y la tierra también.</B></div> <bR> <div> <B>La Salud está enferma: enriquece a las clínicas médicas y a los laboratorios. La Enseñanza no enseña: la pública baja su nivel y la privada genera lucro. La Seguridad Social es insegura: la cuenta propia mató a la solidaridad social. El desempleo es bajo, pero la familia necesita el doble empleo para vivir. Nos impusieron impuestos: al valor agregado, la renta, la compra o la venta.</B></div> <bR> <div> <B>Los que no pagan impuestos y no se adaptan al sistema son marginalizados. La marginalidad, en la crónica policial de la TV, creo la sensación de inseguridad. La minoridad fue criminalizada. Ser joven es delito y ser estudiante subversión. Quieren que a los 16 años sean imputables… Los robos lo harán niños de 12 años.</B></div> <bR> <div> <B>Quieren que sean mano de obra barata, capacitados para ser un engranaje más. Dejaron que llegaran las drogas baratas, para crear más marginalidad y más miedo. La clase media pide seguridad y suben los presupuestos en tecnología de represión. La gente está libre tras las rejas de sus casas, vigiladas por cámaras de seguridad.</B></div> <bR> <div> <B>La condición social ya ni se mide por lo que se es o se tiene, sino por la intensidad de compra. La “lógica del consumismo” marca la capacidad de gasto y la posibilidad de crédito. Quien no usa tarjeta es sospechoso y quien se endeuda es confiable. Los ricos son más ricos aunque los pobres sean menos pobres. La brecha crece.</B></div> <bR> <div> <B><IMG SRC="160f8c640.jpg" border=0 width="140" height="100" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  </B><B><IMG SRC="160f8c640.jpg" border=0 width="140" height="100" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  </B><B><IMG SRC="160f8c640.jpg" border=0 width="140" height="100" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  </B><B><IMG SRC="160f8c640.jpg" border=0 width="140" height="100" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <div> <B>El poderoso puede desde el poder y el desposeído solo puede pedir para poder poder. Los ricos se frustran en sueños de consumismo y los pobres siguen con-su-mismo sueño frustrado. El neoliberalismo, la globalización y el individualismo, dirán, es el modelo sistémico. Sí, pero ese modelo necesitaba esta transición para imponerse.</B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica un cambio cultural de la sociedad. Implica saber lo que pasó en la dictadura, se necesita verdad, memoria y justicia. Porque sólo con verdad, memoria y justicia, se comprende lo que pasó y lo que pasa.</B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica eliminar toda norma que la ampare. Porque esas normas, leyes o reglamentos son las que institucionalizan la impunidad. Es el colmo que aquí tengan que pedir permiso para protestar o presentar una carta.</B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica cerrar el proceso de transición. Una transición que se ha extendido por demasiado tiempo. Porque solo con verdad, memoria, justicia y sin normas impunes termina la transición.</B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica que haya políticas de Estado en derechos humanos. Apoyo a los legisladores que proponen enviar nuestros compromisos a la Unasur. Porque involucra a todos avanzar en derechos humanos.</B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica a la voluntad política del Estado. Porque no es un tema que soluciona el gobierno de turno. Porque es el mismo Estado el que aplica el terrorismo de Estado ayer, hoy o mañana.</B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica a que los jueces puedan juzgar. Hay que capacitar a los jueces en derecho penal internacional para que lo apliquen. Porque la verdad exige justicia, porque no hay justicia sin verdad, ni verdad sin justicia.</B></div> <bR> <div> <B><IMG SRC="160f8c640.jpg" border=0 width="140" height="100" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  </B><B><IMG SRC="160f8c640.jpg" border=0 width="140" height="100" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica responder la pregunta ¿Dónde están? Porque ese es el reclamo que se viene haciendo desde hace cuarenta años. Porque esa es la respuesta que desde hace cuarenta años no se da…</B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica defender los derechos humanos que hoy se violan. Porque eso pasa hoy en cárceles, centros de menores o psiquiátricos de cada país. Como hubo desaparición, tortura y muerte, esta violación parece normal.</B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica a los derechos civiles y culturales. Derechos cotidianos que amparan en el acceso a la salud, la educación, la vivienda o el trabajo. Porque en definitiva el tema sigue siendo la redistribución de la riqueza.</B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica a la unión de las ONGs en cada país. Tenemos que unir lo unible a nivel nacional e internacional para actuar en conjunto. Porque somos las organizaciones sociales las que marcamos la voluntad del Estado.</B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica indignarse como dice Stephanie Hessel. Son lecciones que nos dan los indignados de España y los estudiantes de Chile. Porque es necesaria la indignación, pacífica y reflexiva para decir “basta”.</B></div> <bR> <div> <B><IMG SRC="160f8c640.jpg" border=0 width="140" height="100" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  </B><B><IMG SRC="160f8c640.jpg" border=0 width="140" height="100" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  </B><B><IMG SRC="160f8c640.jpg" border=0 width="140" height="100" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <div> <B>Terminar con la cultura de la impunidad implica crear una cultura de los derechos humanos. Una cultura que ya fue articulada por la ONU en 1948, pero que todavía no se cumple. Una cultura que nos permita renovar un contrato social de convivencia en paz.</B></div> <bR> <div> <B>Mario Benedetti, en su texto “Variaciones sobre el olvido”, del libro “Perplejidades de fin de Siglo” (1987), escribió un concepto que la Fundación Mario Benedetti, que represento, incluyó al hacer un informe a la justicia sobre una investigación de campo en que se pudieron aportar nuevos datos a una causa de 19 muertos por tortura que hoy se está juzgando en Uruguay.</B></div> <bR> <div> <B>Mario escribió: “No es el olvido lo que puede salvar a una comunidad del rencor y la venganza. Sólo el ejercicio de la justicia permite que la comunidad recupere su equilibrio. La fidelidad, la lealtad, la justicia son actitudes que adquieren valor en su conexión con el pasado. Nadie pretende ser fiel a un futuro, leal a un juramento que todavía no ha hecho. Al prójimo ecuánime y entrañable, que también los hay, no le seduce la retórica del olvido sino las cuentas claras, esas que conservan enemistades. No ignora que tras esa mímica de generosidad, tras ese despilfarro de perdones, tras ese simulacro de justicia, el pasado de veras sigue intacto: con sus principios y sus riesgos, sus frustraciones y sus laureles, sus violetas y sus pavos reales, sus almas en pena y sus almas en gloria. Ocurre que el pasado es siempre una morada y no hay olvido capaz de demolerla.”</B></div> <bR> <div> <B>Roger Rodríguez</B></div> <bR> <bR> <bR> <bR> <div> <FONT SIZE="1" COLOR="#FFFFFF" FACE="Impact" ><IMG SRC="15a5a91e0.jpg" border=0 width="425" height="286" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></FONT><FONT SIZE="6" COLOR="#FFFFFF" FACE="Impact" > </FONT>Confirmado:Carlos Calcagno seguirá preso.<FONT SIZE="5" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" >TRIBUNAL DE APELACIONES CONFIRMÓ PROCESAMIENTODEL CRIMINAL CARLOS CALCAGNO POR DESAPARICIÓN FORZADA.</FONT></div> <div> <B>E</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>ste sujeto, revistió en el arma de infantería, fue capitán del Batallón Florida en la zona del Buceo.En el año 1976 fue Mayor comandante de la Compañía de Contra informaciónOperó en Paraguay y Argentina.En 1982 fue teniente coronel- Escuela de Inteligencia del Ejército.Está y permanecerá en la prisión de Domingo Arena.Carlos Calcagno tiene 69 años pero cuando él llevaba adelante sus torturas y asesinatos e impartía las órdenes en el Batallón tenía 33 años.... y muchos de nosotras/os rondábamos los 20 años.</B></FONT></div> <div> <B>Los asesinatos de Walter Arteche y Gerardo Alter, sucedieron cuando élComandaba las operaciones de ese lugar.</B></div> <div> <B>Y como esto no le fue suficiente viajó a los países limítrofes a secuestrar y torturar a otros jóvenes luchadores que aún siguen desaparecidos.</B></div> <div> <B>Im memorian de Todos nuestros compañeros: Verdad y Justicia.</B></div> <div> <B>-------------------------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> <B><IMG SRC="14be8e7e0.jpg" border=0 width="142" height="126" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B><FONT SIZE="4" COLOR="#33FF99" FACE="Arial" ><B> </B></FONT><FONT SIZE="5" COLOR="#33FF99" FACE="Arial" ><B> Motta en audiencia por recusación</B></FONT></div> <div> <B><U>Dicotomía entre Suprema Corte y tribunal  de Apelaciones?</U></B></div> <div> <B>La jueza Mariana Motta declaró por la recusación impuesta por abogados de militares procesados, por su participación en la Marcha del Silencio. "Ahora la fiscalía resolverá", señaló Motta a Montevideo Portal. En otro orden, fue confirmado el fallo de caso Santana. Documento</B></div> <bR> <div> <B>La juez Mariana Motta concurrió este jueves al Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno para responder sobre la recusación presentada por los abogados Emilio Mikolik, Graciela Figueredo, Rosana Gavazzo y Gastón Cháves, que defienden militares retirados.Según informó la jueza Motta a Montevideo Portal, durante la audiencia se encontró con los abogados que expresaron su argumento, al estilo de las audiencias que se realizan con ambas partes, en el marco de la Justicia Civil.</B></div> <div> <B>Motta explicó que este proceso terminará con una resolución del Tribunal y no tiene nada que ver con el pedido de informes realizado en su momento por la Suprema Corte de Justicia, que se declaró incompetente para analizar el caso.</B></div> <bR> <div> <B>En aquella oportunidad, Motta explicó que estuvo en la marcha del Silencio por razones circunstanciales, dado que había ido a buscar a un familiar que se encontraba allí. De todas formas, rehusó esta vez de ir al fondo de la cuestión, limitándose a decir que respondió por escrito y que ahora sólo se daba una instancia más."Ahora la fiscalía resolverá", señaló la jueza que agregó que la causa se enmarca en el código general del proceso.</B></div> <bR> <div> <B>El Tribunal de Apelaciones confirmó sentencia de MottaEn otro orden, el Tribunal de Apelaciones de 1º turno confirmó el fallo dado por la jueza Mariana Motta en el caso que estudia la desaparición de los militantes del PVP Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, que fueron asesinados en Paraguay.La sentencia señala que se pudo constatar la presencia del Crnel (r) Carlos Calcagno en el interrogatorio en Asunción del Paraguay, pese a la que la policía paraguaya dijo que fueron expulsados del país existen testimonios que acreditan la presencia de los militantes uruguayos en Paraguay."Según actas policiales rescatadas de los llamados "Archivos del Terror" entre los días 5 y 7 de abril de 1977 la situación de Inzaurralde y Santana interrogados seguramente bajo tortura, porque así se obtenía la información fue analizada por un "equipo de trabajo", integrado por "personal del Servicio de Inteligencia de la República Oriental del Uruguay", que trajo informes con antecedentes de ambos detenidos.</B></div> <bR> <div> <B> Un memorándum fechado el 9 de abril ubica a Calcagno en ese equipo", afirma la sentencia del Tribunal.En esta oportunidad no se modificó la caratula de desaparición forzada por entender de que se trata de un delito que se sigue cometiendo y </B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFF00" FACE="Arial" ><B>cita a una resolución de Naciones Unidas de 1992 en la que define que "todo acto de desaparición forzada de personas será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos".</B></FONT></div> <div> <B>-------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> <IMG SRC="154e8d0d0.jpg" border=0 width="397" height="269" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <FONT SIZE="5" COLOR="#00FF00" FACE="Impact" >PRESIDENCIA BUSCA ARCHIVOS DE LA DICTADURA - </FONT><FONT SIZE="4" COLOR="#FFFF00" FACE="Impact" >Presidencia solicitó que historiadores ingresen a los archivos de Sanidad Militar y de la Suprema Corte de Justicia para buscar fichas clínicas y judiciales de la dictadura. Fuentes cercanas al ministro Rosadilla dijeron a Montevideo Portal que los archivos siempre han estado disponibles, pero "esas fichas no se encuentran".</FONT></div> <div> <B>El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó luego del Consejo de Ministros de este lunes que el gobierno busca que el Ministerio de Defensa y la Suprema Corte de Justicia permitan el acceso de investigadores a los archivos que contienen fichas clínicas y judiciales que datan de la dictadura.</B></div> <div> <B>Según anunció Breccia, Presidencia envió una solicitud a los dos organismos con la intención de que historiadores de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) logren ingresar al archivo y rescatar del mismo información que pueda ser importante para la resolución de casos de desaparecidos.</B></div> <bR> <div> <B>Fuentes cercanas al ministro de Defensa Luis Rosadilla dijeron a Montevideo Portal que los archivos de sanidad militar, donde se encuentran las historias clínicas, han sido pedidos "varias veces", aunque nunca se concretó ninguna de las solicitudes.</B></div> <bR> <div> <B>"Ante los pedidos de esas fichas clínicas, siempre se les contesta lo mismo, que no se las encuentra" reconocieron a Montevideo Portal desde el Ministerio.</B></div> <bR> <div> <B>Agregaron además, que siempre ha existido buena voluntad por parte de la cartera para que se acceda a los documentos que puedan aportar información relevante. Sin embargo, el tamaño del archivo de sanidad militar provocó que todos los intentos de búsqueda hayan fracasado.</B></div> <div> <B>En ese sentido, desde el Ministerio se ve con buenos ojos la intervención de historiadores, que puedan realizar una búsqueda en profundidad de los archivos.</B></div> <div> <B>-------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> PASO HISTORICO: EJECUTIVO DA FIN A LA CADUCIDAD....</div> <div> <IMG SRC="15334c4b0.jpg" border=0 width="332" height="331" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <FONT SIZE="5" COLOR="#FFFF00" FACE="Impact" >Decreto revocará archivo de todas las causas de DDHH - </FONT><FONT SIZE="5" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" >FIN DE LA CADUCIDAD. QUEDARAN SIN EFECTO ACTOS ADMINISTRATIVOS ENTRE 1985 Y 2005</FONT></div> <div> El Poder Ejecutivo anunció ayer la decisión de revocar "de oficio" todos los actos administrativos dictados en anteriores gobiernos, por los cuales se declararon bajo el amparo de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.</div> <div> <B>L</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>a decisión será adoptada en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la causa "Gelman vs Uruguay, por la cual se condenó al Estado uruguayo a dejar "sin efecto" la Ley de Caducidad, según expresó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en conferencia de prensa. </B></FONT></div> <bR> <div> <B>El planteo estaría en consonancia con la propuesta del constitucionalista Martín Risso Ferrand, como forma de cumplir el fallo de la Corte IDH.</B></div> <bR> <div> <B>"Se trata de casos que habían sido incluidos por los gobiernos anteriores, excepto el de Tabaré Vázquez, por entender que estaban dentro de la Ley de Caducidad y que, por lo tanto, fueron archivados por la Justicia. Nosotros revocamos esos actos y lo comunicamos al Poder Judicial", expresó Breccia. El decreto será firmado el jueves 30 e implicará la posibilidad de los familiares de acudir ante la Justicia, dijo Breccia.</B></div> <bR> <div> <B> En este sentido, el antecedente inmediato es la decisión de revocar el decreto, por el cual se consideró bajo el amparo de la Ley de Caducidad, la muerte por torturas del militante comunista Álvaro Balbi. La resolución se fundó en la "obligación" de la Administración de revocar los actos "contrarios a Derecho". La disposición, por ende, tendrá carácter retroactiva al tratarse de una revocación por razones de legitimidad. Sin embargo, la decisión de reabrir o no una causa estará en manos de jueces y fiscales.</B></div> <bR> <div> <B>El decreto afectará actos administrativos dictados por los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle. La asunción de Tabaré Vázquez implicó una nueva interpretación de los artículos 1 y 3 de la Ley de Caducidad, amparándose la investigación de causas por violaciones a los derechos humanos, entre ellas, el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y la desaparición de María Claudia García de Gelman.</B></div> <bR> <div> <B>Asimismo, Breccia anunció que el gobierno solicitará al Ministerio de Defensa Nacional y la Suprema Corte de Justicia la apertura de dos archivos para que los historiadores de la Comisión de Seguimiento de la Comipaz tengan acceso a los mismos, entre ellos, las fichas clínicas y judiciales en poder de dichos organismos.</B></div> <bR> <div> <B>"Política seria y efectiva"</B></div> <bR> <div> <B>El anuncio del Poder Ejecutivo implicó reacciones diversas en el ámbito social y jurídico, sobre la legitimidad de la revocación de actos administrativos dictados por anteriores gobiernos. En este sentido, el integrante de Hijos, Valentín Enseñat, evaluó "positivamente" la decisión del gobierno.</B></div> <div> <B>Hijos presentó ayer una "petición administrativa" promoviendo la revocación de todos estos actos administrativos, por considerarlos "ilegítimos" y contrarios a la Convención Americana. El objetivo era obtener un "decreto genérico", como forma de evitar una acción "caso a caso" por parte de los familiares de las víctimas.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>Empero, la decisión del Poder Ejecutivo se adoptó antes del ingreso formal de esta petición.</B></div> <bR> <div> <B>"Esperamos que (la decisión) se enmarque en una política seria y efectiva de derechos humanos y no sea un atajo en la búsqueda de una mágica solución al tema (...) y que Uruguay, de una vez por todas, se encause y se ponga a tiro con el derecho internacional", expresó Enseñat a LA REPÚBLICA.</B></div> <bR> <div> <B>En tanto, los abogados del Centro Militar analizan la posibilidad de recurrir, por la vía administrativa, la decisión del Poder Ejecutivo, según indicaron fuentes del ámbito castrense a LA REPÚBLICA. "Los actos administrativos no pueden ser revocados, porque significaría violentar el principio de cosa juzgada. </B></div> <bR> <div> <B>El decreto será recurrido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) porque contraviene el precepto de seguridad jurídica", expresaron las fuentes.</B></div> <bR> <div> <B>Los mismos argumentos esgrimió el catedrático</B></div> <div> <B> en Derecho Administrativo, Augusto Durán Martínez. </B></div> <bR> <div> <B>"Si un acto administrativo es creador de derecho no es revocable de oficio bajo ningún concepto; es parte del principio de seguridad jurídica". "Si el asunto pasa por revocar actos administrativos firmes y estables, es un disparate, es inconstitucional y violatorio de todo el sistema de derechos humanos", señaló Durán Martínez a "El País Digital".</B></div> <div> <B>----------------------------------------------------------------------</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="153413e60.jpg" border=0 width="275" height="230" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <FONT SIZE="6" COLOR="#FFFFCC" FACE="Impact" > Caducidad: FA quiere solución antes de fin de año - </FONT><FONT SIZE="5" COLOR="#FFFF33" FACE="Impact" ><U>VIRAJE. BUSCAN NUEVA FÓRMULA DE CONSENSO</U></FONT></div> <div> <I><B>Hay distintas visiones respecto a cómo dejar sin efecto la Ley de Caducidad en el FA. La comisión especial acordó procurar una posición de consenso y luego comunicarla al Poder Ejecutivo.</B></I></div> <bR> <div> <B>L</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFBF0" FACE="Arial" ><B>a idea en la izquierda es tener una propuesta acordada en el segundo semestre del año para que antes de que finalice 2011 el tema pueda estar resulto. Una de las alternativas que maneja el oficialismo es tomar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que quede consagrado como ley. </B></FONT></div> <bR> <div> <B>Ayer se integró formalmente al grupo especial la CAP-L, que conduce el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro.Participantes de la reunión indicaron que la idea es lograr que cada sector flexibilice su posición para darle "un viraje" sustancial a la estrategia desarrollada por el FA durante el debate del proyecto interpretativo, para que puede concretarse la eliminación de la ley. No obstante, aclararon que no está planteada "la renuncia" a los "principios esenciales" que perseguía el frustrado proyecto interpretativo. </B></div> <bR> <div> <B>Paralelamente al trabajo de la comisión, se aguardará por los pasos que dará el Poder Ejecutivo en lo referido al desarchivo de las denuncias que fueron amparadas por la Ley de Caducidad en los gobiernos de los lemas tradicionales</B></div> <bR> <div> <B>. Desde el Poder Ejecutivo se ha señalado que en la medida de que los familiares pidan el desarchivo de las denuncias que fueron consideradas "cosa juzgada", se procederá a la anulación de las resoluciones adoptadas por gobiernos blancos y colorados.Unos 88 casos fueron archivados por las anteriores administraciones. La posibilidad de que todas las resoluciones archivadas fueran anuladas en un solo acto por el Poder Ejecutivo fue desestimada, por entender que se debería proceder "caso a caso".</B></div> <bR> <div> DEROGACIÓN </div> <bR> <div> <B>Si bien en un principio en el Frente Amplio se planteó la posibilidad de evaluar la derogación de la norma, la alternativa se habría desestimado.En la izquierda se apunta a que la salida legal que se defina mantenga el efecto retroactivo que contenía el proyecto interpretativo.No obstante, en la coalición entienden que la alternativa que se logre consensuar no podrá tener ningún vicio de inconstitucionalidad, para evitar un nuevo fracaso.</B></div> <div> <B>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <bR> <div> <IMG SRC="14ed71e30.jpg" border=0 width="369" height="227" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <FONT SIZE="6" COLOR="#66FF33" FACE="Impact" >SINLOGISMOS DE IMPUNIDAD</FONT></div> <div> <B>En los tiempos de impunidad, lo lógico termina siendo la ilógica. En los últimos veinticinco años se ha asentado una cultura de la impunidad que trasciende al tema de los derechos humanos, aunque en definitiva siempre se trata de ellos.</B></div> <bR> <div> <B> La impunidad abarca hoy a la justicia, a la política, a la economía, a la salud, a la educación, al trabajo, a la cultura y a las propias relaciones humanas.  La “lógica de los hechos” que inspiró la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ha institucionalizado una “lógica de lo hecho” en este tiempo, por la que todos nos transformamos en impunes.</B></div> <bR> <div> <B> El no-castigo no ampara solamente a quienes violaron los derechos humanos, sino que se extiende a la corrupción en lo económico, a la mentira en lo político y al individualismo en lo social. La salida de la dictadura se construyó en una “lógica de transición” por la cual se advertía que los partidos políticos recuperaban el poder en forma limitada, porque los militares no querían revisionismo. El cambio en paz, en realidad no cambiaba nada. Los mismos grupos económicos mantenían el poder en un país que volvían a gobernar los políticos en lugar de los militares. </B></div> <bR> <div> <B>Con el mastín encadenado, el poder amenazaba sobre el peligro de que la fiera volviera a despertar. Bajo esa “lógica del cancerbero” impusieron controles sindicales, destruyeron entes públicos, privatizaron la enseñanza universitaria, crearon nuevos impuestos, permitieron la extranjerización de la tierra e incrementaron la marginalidad, que en poco tiempo pasaría a ser criminalizada. La impunidad se hizo tangible con el voto amarillo y la ley que ratificaba.</B></div> <bR> <div> <B> La propuesta del voto verde se atacó con la “lógica de los ojos en la nuca”. Quien preguntaba qué pasó o reclamaba dónde están, estaba anclado en el pasado y no quería un futuro para el país. Vivos los llevaron y no los devolverían. Los restos serían algún día sustento de otra lógica aún más siniestra… </B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>Impunidad económica</B></div> <bR> <div> <B>  Institucionalizada, la impunidad se hizo sonrisa en el rostro de Gavazzo. Y como para él no hubo entonces castigo, la inmoralidad fue casi una virtud. La “lógica de quien no llora no mama y quien no afana es un gil”, fue una consigna. El poderoso pudo desde el poder y el desposeído solo podía pedir para poder poder. La impunidad no perdió ni un conflicto.  </B></div> <bR> <div> <B>Bajo la “lógica del abusador” (“lo hago porque puedo”) el sistema financiero se desfinanció, las carteras fueron incobrables, los bonos los firmó Brady, la deuda bancaria se estatizó y los activos se devolvieron luego a los mismos dueños con otros anonimatos. No quedaron trenes, ni aviones, ni flotas, ni tierras, ni industrias, ni empresas... No sólo las vaquitas son hoy ajenas. Y cuando se quiso saber qué pasó en cada caso, se utilizó la “lógica de Gran Bonete”.</B></div> <bR> <div> <B> Ninguno sabía de la Operación Conserva o la Deuda Rusa, del archivo de la Logia “P-2”, los negocios del Opus Dai, las inversiones de la Secta Moon, el lavado de las Safis, la crisis de Bafisud, la comisión del Banco Comercial, la coima del Cangrejo Rojo o la mafia de la Merluza Negra. Las reivindicaciones fueron enfrentadas con la “lógica del reparto posible”. Una vez más, había que agrandar la torta para poder redistribuirla. Y la cuota más grande del pastel debía destinarse a pagar deudas que la dictadura había creado en beneficio de los mismos grupos económicos que ahora financiaban las campañas electorales de los nuevos gobernantes demócratas. </B></div> <bR> <div> <B>El reclamo social fue descalificado con la “lógica de la politización social”, por la que, las movilizaciones populares escondían un objetivo político y una lucha de poder entre corrientes ideológicas de la izquierda marxista. Los activistas no pertenecían a un gremio, sino a un partido.</B></div> <bR> <div> <B> Los sindicatos cayeron en la trampa, pero la aplanadora no aplastó el salario, ni mandó al seguro de paro.  </B></div> <bR> <div> <B>Impunidad represiva </B></div> <bR> <div> <B>Con la impunidad reafirmada en la “lógica de He-man” (“tengo el poder”), el Estado transformó la tortura en apremio, las razzias en acciones educadoras, las cárceles en depósitos inhumanos, las aulas en depósitos de estudiantes, los psiquiátricos en canteras de enajenados y las comisarías en antros de delincuencia. La marginalidad se hizo sistema y los marginales una excusa. Se impuso la “lógica de la inseguridad” por la que se llega al miedo. </B></div> <bR> <div> <B>Así, quienes pagan contribución o impuesto a la renta, exigen mayor represión a una policía que pide más presupuesto para hacerlo. Para no ser privados de lo propio, debemos pedir seguridad privada, instalar alarma, rejas, cámaras y cables electrificados. Somos libres en una jaula de nuestra propiedad privada. La “lógica del joven-plancha-drogadicto-delincuente” entró a la casa de la clase media en dosis diarias de 20 minutos de crónica roja por la televisión. La pasta base entró a los barrios en connivencia con la policía. Las bocas de venta, con el auspicio de Nike colgando de los cables, son empresas que bajan los índices de desocupación.</B></div> <bR> <div> <B> Sólo se controló la droga en tránsito y el lavado de dinero. La minoridad fue criminalizada. Una y otra vez se propone la “lógica de la imputabilidad” para que los adolescentes de hasta 16 años sean juzgados como mayores. Los crímenes, en el futuro, los protagonizarían niños de 10 a 15 años… Mientras tanto, los estafadores de cuello y corbata reclaman por sus derechos humanos ante los organismos internacionales, que le dan la razón. A la hora de la represión, el Estado no tiene derecha o izquierda. No importa de qué ideología es la bandera de quien gobierna. Cuando llega el momento de mostrar la presencia estatal, da lo mismo la vieja razzia, la desidia ante la zona liberada o el operativo de saturación. La “lógica represiva” no tiene color político, sólo el de la sangre de unas y otras víctimas. </B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>Impunidad social</B></div> <bR> <div> <B> La salud se extendió a todo lo que paga impuestos y pueden elegir una mutualista privada, donde pagar las órdenes de consulta y los tickets para medicamentos genéricos de los laboratorios internacionales que licitaron la exclusividad del servicio. La “lógica de la salud para todos” no llega a los barrios marginalizados, donde no entran ni los médicos ni las ambulancias.  En la enseñanza se implantó una “lógica de educación igualitaria”. </B></div> <bR> <div> <B>Con ella iguala hacia abajo: antes era alto el índice de insuficiencia en matemáticas, hoy ya lo es en todas las materias. En la educación pública gana el ausentismo y la deserción desde la marginalidad. Todos los niños tienen una ceibalita, pero el problema sigue siendo el de los contenidos. El vacío ya lo tienen en la esquina. Los trabajadores aprendieron con la “lógica de la responsabilidad laborar”. Saben de normas, leyes, reglamentos, indexación, dolarización, devaluación, seguros de paro, despidos y juicios laborales. Trabajo no falta, pero se necesita tener dos o tres empleos para alcanzar un salario digno. El techo propio sigue siendo un sueño que una burbuja inmobiliaria puede transformar en pesadilla. La seguridad social es una incertidumbre. </B></div> <bR> <div> <B>La “lógica de la rentabilidad” impuso la cuenta personal y mató al sistema solidario. El Estado sigue pagando pasividades a través del Banco de Previsión Social y las Afaps juegan a invertir en bonos del propio Estado y en otros negocios lo que recaudan de futuras jubilaciones. No se sabe qué quedará cuando tengan que devolver el ahorro. La gente ya no es por lo que tiene, sino por su intensidad de compra. La “lógica del consumismo” marca la capacidad de gasto y la posibilidad de crédito. Quien no usa tarjeta es sospechoso y quien se endeuda es confiable. Los ricos son más ricos aunque los pobres sean menos pobres. Los más ricos se frustran por su sueño de consumo, los más pobres siguen con su mismo sueño frustrado. </B></div> <div> <B>  </B></div> <div> <B>Impunidad histórica </B></div> <bR> <div> <B>Sucesivamente, los presidentes electos en tiempos de impunidad cayeron en la “lógica del punto final”. Afirman (sinceramente lo creen, a veces), que deben terminar con un tema del pasado… No saben de gramática ni de historia. Se colocan dos puntos antes de una certeza y suspensivos ante la duda. La verdad se escribe cada día. La historia es continuidad. No hay punto final. Al explicar su buena intención (a veces), los gobernantes reproducen la “lógica de los dos demonios”. Hubo gente mala –o equivocada dicen- cuyas acciones generaron la respuesta de gente aún peor. </B></div> <bR> <div> <B>Equilibran así la insurgencia de los años sesenta con la represión de la dictadura. Incorporan la crisis social a la bipolaridad de la guerra fría. Justifican, en definitiva, el terrorismo de Estado.  Para alentar los demonios, admiten entonces la “lógica antisubversiva” por la cual toda oposición a la dictadura sabía que era pasible de sanción. Como la guerrilla había sido militarmente derrotada, el enemigo eran los partidos que actuaban en forma legal: comunistas, socialistas, cristianos, anarquistas, nacionalistas, batllistas o todo trabajador o estudiante que pensara diferente. Para demostrar la contradicción entre el capitalismo y el comunismo, todo opositor al proyecto político económico dictatorial fue, además, comunista.</B></div> <bR> <div> <B> Se justifica entonces la militar “lógica anticomunista”, por la que todo opositor fue “ruso, prosoviético, stalinista, chino, maoista, troskista, socialista, procubano, fidelista, anarcolibertario, guevarista, guerrillero, del marxismo internacional”.  </B></div> <bR> <div> <B>Y como el oso ruso, el panda chino y el caimán cubano les habían lavado el cerebro, lo lógico era que los militares hicieran electroshock. Se convalida la “lógica de la tortura” como método de obtener información que permitiera prevenir algo, controlar alguien o destruir alguno.</B></div> <bR> <div> <B> Como en Abu Ghraib, Falluya .o Guantánamo, el Estado se reserva, al no condenarlo, el derecho al apremio.  </B></div> <bR> <div> <B>Impunidad bélica </B></div> <bR> <div> <B>Algunas víctimas, ha reproducido de algún modo un pensamiento espejo: el de la “lógica del demonio bueno”. La idea sustenta que si los militares eran demonios malos, sus víctimas fueron demonios buenos. De ese modo, el guerrillero, el torturado, el exilado, el encarcelado, tienen mayores méritos políticos que quienes nada sufrió y son ellos quienes deben dirigir el país. A partir de ese supuesto, se agrega la “lógica de los combatientes” por la que sólo quienes estuvieron militarmente enfrentados antes del golpe del Estado pueden solucionar el conflicto.</B></div> <bR> <div> <B> Las demás víctimas, la sociedad en su conjunto que en realidad padeció la dictadura, no entienden el idioma de la guerra por el que todo se solucionará cuando muera el último de los sobrevivientes.  Y cuando se argumenta que luego del golpe de Estado no hubo combatientes sino resistencia a la dictadura por parte de militantes que no apoyaron la lucha armada, que pertenecían a partidos legales, sindicatos, gremios estudiantiles, o eran simples demócratas… se responde con la “lógica del perro puto”, por la que, dicen, todos los que enfrentaron el régimen sabían a qué jugaban... Se presentan entonces las violaciones a los derechos humanos como hechos lógicos sufridos en el pasado. Una “lógica de la historia reciente” que propone dejar una versión oficial en voluminosos libros basados en las denuncias de las victimas y en su cotejo con un par de archivos (no todos) de la propia dictadura.</B></div> <bR> <div> <B> Esa falsa oposición es lo que se pretende legar como insumo a la memoria. Y como la historia oficial exige el fin de la guerra sin vencidos ni vencedores, se propone una “lógica de la reconciliación” por la cual el guerrillero y el militar se estrechan en un abrazo, bajo el beneplácito del poder que los enfrentó y ante la mirada de una sociedad civil a la que, como víctima, no le dan la verdad, no le permiten la justicia y no le responden el dónde están.  </B></div> <bR> <div> <B>Impunidad política</B></div> <bR> <div> <B> El Estado es impune porque fue un Estado terrorista y la política es impune porque no termina de hacer confesar al Estado su condición de terrorista de Estado. Cada partido político que asume el gobierno termina gobernando por y para el Estado. La “lógica de gobernar” transforma al político en un burócrata para el cual el Estado importa más que el programa que lo llevó a gobernar. Los partidos políticos elaboran un programa electoral que se ajuste a lo que los electores quieren en base a la “lógica de las encuestas”. Las empresas encuestadoras establecen lo que los electores quieren, lo que el programa debe decir y, aún, quienes serán los gobernantes. En la impunidad, los partidos políticos escuchan más al encuestador que a sus militantes políticos. </B></div> <bR> <div> <B>Se impone la “lógica del programa posible” por el cual todo cambia para quedar tal como estaba. Ya no se plantean ideas de cambio real ni teorías revolucionarias. No hay debate, no hay propuestas, no hay modificación estructural. Hay que conseguir la mediocridad posible que obtenga la mitad más uno de los votos. Las raíces del árbol quedan quietas, se sacude el follaje. Y cuando el elector reclama que se cumpla el programa que votó, desde el Estado se acata la “lógica del soberano”. </B></div> <bR> <div> <B>Ya no son los dirigentes que el elector puso en el gobierno, sino que son los gobernantes de todos. Así, el programa se diluye, la plataforma se acota y las propuestas que votaron las mayorías quedan sujetas a las minorías que no los votaron. En el gobierno, en el parlamento y en los partidos políticos la verdad se maneja desde el secreto, para no afectar a los electores y no atemorizar a los que no los votaron. El secreto, a veces se comparte con la oposición que mantiene la reserva como cuota de poder responsable. La impunidad impone la “lógica del secreto de Estado” por la que llegamos a un Estado del secreto.  </B></div> <bR> <div> <B>Impunidad judicial</B></div> <bR> <div> <B> El Poder Judicial está afectado por el virus de la impunidad. Formados en el autoritarismo, los jueces y fiscales no terminan de sacarse de encima la bota que los sometió desde 1972. Primero fue la justicia militar, luego un ministerio, y ahora el Poder Ejecutivo, quien decide qué juzgar o qué no. La “lógica del poder dependiente” hace que haya jueces no sepan que hubo dictadura. La necesidad de verdad choca contra el pacto de silencio militar y contra el silencio de Estado que lo ampara. </B></div> <bR> <div> <B>La “lógica del olvido” es la receta que se plantea ante quienes denuncian ante el Poder Judicial. Ya pasaron 30 años, no hay pruebas, no sobreviven testigos y yo no me acuerdo si estaba, alegan. Pero la verdad, rebelde, vuelve a aparecen de a ratos para exigir justicia.  </B></div> <bR> <div> <B>Con la “lógica de la justicia posible” se propuso que el grupo de criminales más comprometidos en las violaciones a los derechos humanos fueran los únicos que, por un tiempo, estarían presos. Lo demás ya es pasado reciente, dicen sin comprender o admitir que son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, inamnistiables y perseguibles sea cuando sea que se cometieron. Para evitar que la justicia pueda continuar actuando más allá de los dictadores y de los conocidos represores, se aplica la “lógica de la no retroactividad”, por la cual las leyes que tipifican los crímenes de lesa humanidad no valen para el pasado. Insólitamente los poderes del Estado están planteando que sólo se podrán juzgar como tales cuando se vuelvan a practicar… </B></div> <bR> <div> <B>Y cuando todo lo demás no da resultado, cuando los fiscales investigan y los jueces sentencian, luego de soportar decenas de dilatorias de los abogados defensores, se intenta aplicar otra chicana la “lógica de la prescripción”, por la que el 1° de noviembre de 2011 todos los delitos habrán prescripto. Sin embargo, no puede prescribir lo que no se pudo juzgar por la ley de caducidad. </B></div> <bR> <div> <B>Ante la amenaza de que lo que en realidad ocurrió aflore, se plantea el chantaje de la “lógica de la verdad por la justicia”. No habrá justicia si no se llega a la verdad y nadie que la sepa va a decir la verdad porque corre el riesgo de ir preso, dicen. Sin embargo, ya han comenzado a ser presos quienes saben la verdad y la ocultan. La verdad no es negociable. Y ella exige justicia.  </B></div> <div> <B>Un país sin impunidad Para llegar a un país sin impunidad, hay que cambiar estos sinlogismos de la impunidad por una “lógica de los derechos humanos”, donde la verdad, la justicia, la ética y la memoria establezcan una sociedad de iguales, como se proclamó en marzo en Buenos Aires. </B></div> <bR> <div> <B>La declaración universal de los derechos del hombre de 1948 sigue vigente. Hay que reglamentarla y hacerla cumplir. Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con una “lógica de la verdad” para que se abran los archivos secretos, para que los criminales de lesa humanidad sean juzgados y sus cómplices excluidos, en particular de la docencia, para que se establezca una doctrina democrática en las fuerzas de seguridad y sus alianzas internacionales.</B></div> <bR> <div> <B> Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con una “lógica de la justicia”, con su respeto y fortalecimiento presupuestal y técnico, para que quienes juzgan puedan aplicar la jurisprudencia internacional como base doctrinal, sin ser sometidos a presiones de ningún tipo y se garantice a las víctimas y sus familiares el amparo de la ley y una respuesta al dónde están. </B></div> <bR> <div> <B>Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con “una lógica de la ética”, para que el derecho sea humano y quienes legislan incorporen los convenios internacionales como leyes supranacionales y eliminen toda norma de impunidad resabio de la doctrina de la seguridad nacional, tipifiquen los crímenes de lesa humanidad, reparen a las víctimas se asegure el nunca más. </B></div> <bR> <div> <B>Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con una “lógica de la memoria”, para que la cultura de los derechos humanos se incorpore a la enseñanza de todos y todas los integrantes de una sociedad de debe ejercer sus derechos civiles y culturales, en equidad, sin olvidar jamás lo que ocurrió, porque esa será la certeza de que no vuelva a pasar. </B></div> <bR> <div> <B>Para llegar a un país sin impunidad, también nosotros debemos indignarnos y reclaman a quienes tienen la responsabilidad del poder de gobernar, de legislar y de juzgar que cumplan su tarea. Y desde esa “lógica de la indignación pacífica” exigir que se renueve un contrato social que permita convivir dentro y hacia fuera de fronteras sin miedo a la opresión de ningún poder del mundo.</B></div> <bR> <div> <B> Roger Rodríguez</B></div> <bR> <div> <B>(Intervención realizada en la Mesa Redonda y Debate sobre "Cultura de la Impunidad". Galería Machango "Espacio de Arte". San Carlos, Maldonado - 11/06/2011)</B></div> <div> ------------------------------------------------------------------------------------------</div> <div> <FONT SIZE="1" COLOR="#FFFFFF" FACE="Impact" ><IMG SRC="14dc8d170.jpg" border=0 width="397" height="535" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> </FONT> E<U>l coronel (r) </U><FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" ><U>Tranquilino Machado</U></FONT><U> fue procesado por la muerte del estudiante de veterinaria Ramón Peré</U></div> <bR> <div> <I><B>El coronel (r) Tranquilino Machado se encuentra en la cárcel de Domingo Arena, tras ser procesado con prisión por el homicidio del comunista Ramón Peré en julio de 1973. Varios ex militares consideraron que la decisión de la Justicia responde a una venganza.</B></I></div> <bR> <div> <B>E</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial" ><B>l juez penal de Tercer Turno, Ruben Saravia, manifestó a Ultimas Noticias que el ex militar fue procesado el lunes por el delito de homicidio especialmente agravado. "Ayer fue detenido por la Justicia y trasladado a la cárcel", señaló. Según dicta el auto de procesamiento, consideró que Machado dio muerte a Juan Ramón Peré por motivos "fútiles, frívolos, ilógicos, absurdos; que implican una gran desproporción entre el motivo y la acción de matar".</B></FONT></div> <bR> <div> <B>La víctima, integrante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), se transformó en el primer muerto de la dictadura tras recibir un disparo en la espalda en julio de 1973, cuando en el marco de una manifestación de estudiantes de la Facultad de Veterinaria durante la huelga general convocada por el Pit-Cnt, fue abatido mientras repartía volantes en la zona.</B></div> <bR> <div> <B>El joven participaba de una protesta al golpe de Estado encabezado por Juan María Bordaberry. Según el auto de procesamiento Peré no acató la voz de alto de Tranquilino Machado, en ese momento alférez, y recibió como consecuencia un tiro por la espalda. Se señaló que el 6 de julio de 1973, próximo a las 19 horas, el ex militar en su calidad de alférez del Ejército Nacional se encontraba en compañía del entonces sargento C.P.T.S., ambos vestidos de civil, realizando una recorrida en las inmediaciones de la avenida Rivera y la calle Bustamante en Montevideo. La orden superior, a cargo del capitán H.M.T.G. fue recorrer la zona, observar y detectar irregularidades. De existir problemas, se debía informar con el objetivo de realizar un operativo de mayor magnitud por los movimientos de resistencia al golpe de Estado de 1973. Sin embargo, Machado no cumplió con lo establecido y cuando se encontró con Peré y con otro joven, comenzó a perseguirlos.</B></div> <bR> <div> <B>Tras realizar algunos disparos con arma de fuego hirió de muerte al estudiante. El documento de la Justicia indica que en este caso "se han reunido elementos de convicción suficientes de que existió por parte del encausado intención ajustada al resultado, por tanto dolo directo, ya que hubo conciencia y voluntad dirigida a la realización del hecho delictivo. Existió de su parte el elemento volitivo ya que quiso ese fin concreto (dar muerte a la mencionada víctima), así como el elemento intelectivo, ya que tuvo conciencia del carácter delictivo del hecho".</B></div> <bR> <div> <B>Si bien Machado sostuvo que los jóvenes estaban armados, el juez entendió que "dichas aseveraciones resultaban desvirtuadas hasta el presente por las probanzas diligenciadas. De las mismas surgen que los estudiantes no acostumbraban a usar armas, estaban en desacuerdo con su uso y ese día salieron desarmados". Uno de los testigos en el caso fue el actual presidente del Frente Amplio (FA), Jorge Brovetto, quien se encontraba junto a Peré en la Facultad de Veterinaria y que aseguró a la Justicia que el joven no estaba armado, ya que además de rechazar el uso de armas, sufría mal de Parkinson, por lo que no hubiera podido disparar.</B></div> <bR> <div> <B>La sentencia deja constancia además de la desproporción de la acción cometida por el ex militar. "Se imputará la referida agravante por darle muerte por motivos fútiles, frívolos, irracionales, ilógicos, absurdos, existiendo en principio una gran desproporción entre el motivo y la acción de matar".</B></div> <bR> <div> <B>Ramón Peré había nacido en Soriano en 1944. Cuando fue asesinado tenía 28 años, estaba casado y era padre de dos hijos de 4 y 2 años.</B></div> <bR> <div> <B>Foro Libertad y Concordia percibe “venganza”</B></div> <bR> <div> <B>El Foro Libertad y Concordia aseguró a Ultimas Noticias que la decisión de la Justicia de procesar con prisión al coronel (r) Tranquilino Machado por la muerte del militante comunista Juan Ramón Peré en julio de 1973, "es una venganza y una maniobra que atropella a las Fuerzas Armadas".</B></div> <bR> <div> <B>Los ex militares se comunicaron ayer en la mañana telefónicamente con su camarada para brindarle "apoyo".</B></div> <bR> <div> <B>El coronel (r) Elmar Castiglioni indicó que habló con Machado antes de que fuera trasladado por Interpol y compartió con él su pesar. "Tanto él como su familia estaban destrozados. Ni siquiera tuvo una audiencia, no vio al juez como él creía. Se lo llevaron directamente a la cárcel", señaló. Consideró que la Justicia desconoció los alcances de la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y subrayó que "no se puede estar pendiente de las interpretaciones de los presidentes de turno".</B></div> <bR> <div> <B>En tanto, el mayor Juan Alberto Pérez dijo que el tema lo sensibiliza y que la "actitud revisionista del gobierno es insostenible". Manifestó que no existen pruebas contundentes para encarcelar al ex militar y la Justicia se olvida de "la obediencia debida". Manifestó que Machado era un alférez en esa época, que portaba un arma calibre 38.9 milímetros. "La bala que recibió Peré fue de un arma calibre 22", enfatizó. El Foro Libertad y Concordia ratificó apoyo a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos y subrayó "el atropello que viven todos los días por parte del gobierno".</B></div> <bR> <div> <IMG SRC="1497b8480.jpg" border=0 width="440" height="328" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"><FONT SIZE="5" COLOR="#FFFF00" FACE="Impact" > LOS LIMITES DE LA VOLUNTAD POPULAR - </FONT><FONT SIZE="4" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" > Marcelo Ferreira*</FONT></div> <bR> <div> E<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial Black" >l Congreso uruguayo decidió no anular la ley de amnistía de represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La decisión, adoptada por mínimo margen, avaló la postura del presidente José Mujica, quien consideró que la anulación implicaría aparecer ante el pueblo “pasándole por arriba a dos plebiscitos”.En efecto, la ley 15.848 –o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado–, promulgada en 1986 por un gobierno democrático, fue confirmada por el pueblo uruguayo en dos oportunidades (referéndum de 1989 e iniciativa popular de 2009), lo que constituye el único argumento visible a su favor, por cuanto nadie discute el hecho de su palmaria invalidez jurídica.</FONT></div> <bR> <div> La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos...” (Caso Gelman vs. Uruguay; sentencia del 24 de febrero de 2011). </div> <bR> <div> Y la propia Suprema Corte de Justicia de Uruguay decretó su inconstitucionalidad en el caso Sabalsagaray Curutchet, Blanca Stela, del 19 de octubre de 2009.Sentado ello, y por muy vigoroso que parezca el argumento de la primacía de la voluntad popular, verificamos que su aparente fuerza irresistible se desvanece inmediatamente.La Corte Interamericana determinó que “el hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aun ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede legitimidad ante el Derecho Internacional...</div> <bR> <div>  La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos... en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías..”.</div> <bR> <div>  Y la Suprema Corte de Justicia de Uruguay sentó que “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley” (Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet).</div> <bR> <div> Estos pronunciamentos abrevan en las ideas del filósofo italiano Luigi Ferrajoli. Los derechos humanos “están sustraídos tanto a las decisiones de la política como al mercado... no son expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado: ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede privarme de la vida, de la libertad”. Tales derechos “forman la esfera de lo indecidible que sí y de lo indecidible que no”, y actúan como factores de legitimación y deslegitimación de las decisiones y de las no-decisiones. Y reitera que “ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad, o no decidir la satisfacción de un derecho social” (Derechos y Garantías.</div> <bR> <div>  La ley del más débil, Ed.Trotta, Madrid, 2006).En esa línea, y tal como destaca la Corte Interamericana, varios tribunales del mundo rechazaron la validez de plebiscitos en cuestiones que involucraran derechos humanos. En los EE.UU. la Corte Suprema rechazó un referéndum sobre matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de California, y expresó “los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a votación; no dependen de los resultados de elecciones” (Perry v. Schwarzenegger). </div> <bR> <div> Y en el caso Romer v. Evans anuló la iniciativa que habría impedido a los órganos legislativos adoptar una norma que protegiera a los homosexuales y lesbianas en contra de la discriminación. La Corte Constitucional de la República de Sudáfrica negó un referéndum sobre la pena capital por considerar que una mayoría no puede decidir sobre los derechos de la minoría (Constitutional Court of South Africa, State v. T Makwanyane and M Mchunu). </div> <bR> <div> Y la Corte Constitucional de Eslovenia rechazó la posibilidad de realizar un referéndum que pretendía revocar el estatus de residencia legal de una minoría (caso de los “Erased”).En definitiva, el respeto de los derechos humanos no está sujeto a reglas mayoritarias. </div> <bR> <div> Y la decisión del Congreso uruguayo no es el fin del camino, porque la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado volverá a plantearse una y otra vez ante los tribunales, hasta que las víctimas y todo el pueblo uruguayo obtengan la justicia con memoria que tanto merecen.</div> <bR> <div> * Profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.</div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> ----------------------------------------------------------</div> <bR> <div> MARCHA DIGNA Y EN SILENCIO: NO AL OLVIDO !!</div> <div> <IMG SRC="146f48f60.jpg" border=0 width="328" height="246" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <IMG SRC="147164f60.jpg" border=0 width="356" height="246" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <IMG SRC="1473498e0.jpg" border=0 width="329" height="142" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <IMG SRC="1475748f0.jpg" border=0 width="372" height="143" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <IMG SRC="147705af0.jpg" border=0 width="261" height="175" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <IMG SRC="1479c0b00.jpg" border=0 width="448" height="176" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <div> La Marcha del silencio se realizó en un clima muy especial</div> <div> Este viernes los manifestantes marcharon desde la esquina de Rivera y Jackson, en la Plaza de los Desaparecidos, hasta la Plaza Libertad en el marco de la 16ª Marcha del Silencio. La marcha recordó a los detenidos desaparecidos en dictadura y clamó por una respuesta para conocer el paradero de sus seres queridos.</div> <bR> <div> La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos llevó adelante esta manifestación, como todos los años. Además, convocó Amnistía Uruguay, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay), Feuu, Sedhu, Pit-Cnt y Frente por Verdad y Justicia, entre otras organizaciones.</div> <bR> <div> Lo que tuvo de particular esta marcha es que no fue –como se pretendía– la primera marcha sin la ley de Caducidad, luego que en la madrugada de este viernes no se aprobara la ley interpretativa de la ley.La consigna impresa en pancartas fue la de siempre: “Por verdad y justicia: juicio y castigo a los culpables”.</div> <bR> <div> El presidente José Mujica no asistió al masivo encuentro, aunque vale la pena recordar que, en otros momentos se sumó a la marcha.</div> <bR> <div> En diálogo con El Espectador Milka González de Prieto, madre de Ruben Prieto González, desaparecido en Buenos Aires el 30 de setiembre de 1976, se refirió a las expectativas que había sobre la anulación de la ley de Caducidad.</div> <bR> <div> “Esa era una expectativa que teníamos, pero no nos cambia mucho. En el sentido que todos los 20 de mayo nos acompaña la gente y esperemos que hoy la gente nos acompañe también. Jurídicamente todavía se puede seguir trabajando. Esperemos que se pueda llegar de alguna u otra forma a sacar esa ley infame”, dijo.</div> <bR> <div> Oscar Urtazún, quien no concurrió a la Marcha del Silencio en Montevideo porque acompañó una similar que se hizo en San José.</div> <bR> <div> Urtazún dijo que cuando planificaron esta marcha, lo hicieron sin especular con el resultado de la votación en Diputados: “Permítame no ser muy objetivo pero para mí va a ser la más grande de la historia. Nosotros tuvimos un discurso de que fuera cual fuera la respuesta del Parlamento nosotros íbamos a convocar a la Marcha del Silencio. Porque esto está por encima del resultado de la votación. Me hubiera agradado que la respuesta del Parlamento fuera afirmativa pero nosotros convocamos a la marcha como tal en honor a los asesinados y los desaparecidos y mostrándole al pueblo uruguayo y al mundo que este problema está sin resolver”.</div> <bR> <div> Cuando habló de la más convocante, Urtazún calculó cerca de 60.000 personas, 14 cuadras de gente en procesión silenciosa. El año pasado fueron 50.000 a lo largo de 12 cuadras.</div> <bR> <div> Urtazún, que es hermano del desaparecido José Luis Urtazún (desde el 13 de agosto de 1978 en Buenos Aires), dijo que no era optimista a propósito de la ley considerada en la Cámara de Representantes.</div> <bR> <div> “Ese partido ya estaba jugado pero igual uno espera el milagro. El milagro hubiera sido de que Semproni se hubiera apiadado de toda la gente que estaba expectante de su voluntad”.</div> <bR> <div> De todos modos, Urtazún indicó que hallarán la forma de derogar la ley de Caducidad.</div> <bR> <div>  “Siempre estamos a la expectativa de que surjan alternativas. El problema de la ley es muy complicado pero algún resquicio va a haber para que la justicia se represente y que se siga trabajando sobre la verdad. Estamos procurando que el Poder Ejecutivo nos de la bolilla suficiente como para armar la Comisión de Seguimiento. Más que nada hubiera sido bueno que se haya derogado por lo menos para ganar un poco de dignidad”.</div> <bR> <div> La consigna dice: “En un año con significativos hechos en el acontecer político y judicial, hacen que redoblemos nuestro compromiso con las Madres. Incansables luchadoras que nos han enseñado el camino por la búsqueda de la verdad. Este año comenzamos con situaciones que produjeron alarma pública desde los mismos estamentos militares del pasado, reviviendo debates que solo confunden ex profeso a la ciudadanía y cargan de angustia a las víctimas del terrorismo de Estado”.</div> <bR> <div> Vale recordar que este viernes 20 de mayo se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, quienes fallecieron un 20 de mayo de 1976.</div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="147b1fc00.jpg" border=0 width="287" height="192" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <IMG SRC="147d29c50.jpg" border=0 width="297" height="197" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <U>Crysol lamenta permanencia de la Caducidad y mantendrá puja</U></div> <bR> <div> Tiempo de diligencias</div> <bR> <div> "No sabemos qué acuerdo o pacto tiene el presidente con los militares, pero Semproni le hizo un mandado", afirmó Baldemar Taroco, representante del colectivo Crysol, que agrupa a ex presos políticos.</div> <bR> <div> La Asociación Crysol de expresos políticos lamentó la permanencia de la Ley de Caducidad, por el fracaso de la iniciativa oficialista en la Cámara de Diputados, pero señaló que "redoblará" el esfuerzo en la búsqueda de su anulación.</div> <bR> <div> "Vamos a redoblar los esfuerzos y a seguir trabajando para anular la Ley de Caducidad", dijo a Efe Baldemar Taroco, uno de los voceros de Crysol.</div> <bR> <div> En la Cámara de Diputados, el diputado oficialista Víctor Semproni no acompañó la iniciativa de su partido y la falta de su voto fue decisiva para el fracaso de la ley interpretativa.</div> <bR> <div> La actitud de Semproni "no nos sorprendió porque ya tuvo varias jodidas (reprobables) después de salir de prisión", agregó Taroco. El diputado oficialista estuvo preso y sufrió torturas durante la dictadura militar.</div> <bR> <div> <U>Asi se cantó el himno</U></div> <bR> <div> E<FONT SIZE="3" COLOR="#FFCCFF" FACE="Arial Black" >l vocero de Crysol también consideró "lamentable" la actitud del presidente José Mujica, que "cambió varias veces sobre la marcha".</FONT></div> <bR> <div> Mujica dijo que el tema de la Ley de Caducidad debía resolverlo el Frente Amplio y no el Gobierno, posteriormente en medio del camino legislativo del proyecto interpretativo se reunió con los legisladores oficialistas y les pidió que no lo votaran debido a los costos políticos que supondría para el partido y el jueves, poco antes de la sesión de Diputados, le solicitó a Semproni que acompañara al oficialismo aunque el legislador le desoyó.</div> <div> Mujica, que hoy cumple 76 años, y Semproni, de 74, fueron compañeros de armas en la década de los años 1960 y 1970 dentro del MLN-Tupamaros y el presidente también estuvo preso en duras condiciones durante la dictadura.</div> <bR> <div> <U>  <IMG SRC="147e8d950.jpg" border=0 width="397" height="405" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <IMG SRC="148156350.jpg" border=0 width="342" height="309" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U></div> <div> <U><IMG SRC="148254620.jpg" border=0 width="340" height="354" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U></div> <div> "No sabemos qué acuerdo o pacto tiene el presidente con los militares, pero Semproni le hizo un mandado", afirmó Taroco.</div> <bR> <div> La Ley de Caducidad impide juzgar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura pero otorga al Poder Ejecutivo la potestad de determinar qué casos están contenidos.</div> <bR> <div> El Gobierno de Tabaré Vázquez dejó fuera de la ley varios casos, lo que permitió juzgar a algunos de los "pesos pesados" del régimen de facto, entre ellos el exdictador Gregorio Álvarez actualmente preso.</div> <bR> <div> Macarena Gelman, hija de la detenida-desaparecida María Claudia García de Gelman y nieta del poeta argentino Juan Gelman, dijo a Efe desde Buenos Aires que prefiere "no hacer por ahora comentarios públicos" sobre la ocurrido con la Ley de Caducidad.</div> <bR> <div> Anunció, sin embargo, que viaja en la jornada a Montevideo para participar esta noche en la Marcha del Silencio por el centro de la capital uruguaya con la que cada 20 de mayo se recuerda a las víctimas de la dictadura.</div> <bR> <div> La fecha elegida se debe a que el 20 de mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires, donde se habían exiliado, el exsenador Zelmar Michelini, del Frente Amplio, y el exdiputado Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional o "Blanco" y dos militantes de izquierda en un caso nunca aclarado.</div> <div> <IMG SRC="1483545b0.jpg" border=0 width="340" height="347" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <IMG SRC="14854f5d0.jpg" border=0 width="335" height="349" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <bR> <div> Este viernes, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó una nueva Marcha del Silencio, en reclamo de "Verdad y Justicia: juicio y castigo a los culpables", al cumplirse 35 años del asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, William Whitelaw y Rosario Barredo en Buenos Aires.</div> <bR> <div> La marcha partió a las 19 horas de la esquina de Rivera y Jackson, donde se encuentra la Plaza de los Deparecidos y culminó en la Plaza Cagancha, donde se cantó el himno nacional y se leyeron los nombres de todos los desaparecidos durante la dictadura.</div> <div> Este año, el "presente" después de cada nombre sonó fuerte: había unas diez cuadras de manifestantes, construyendo una de las marchas más concurridas de los últimos años.</div> <bR> <div> También se expusieron las consignas de las marchas de los últimos años, que daban cuenta del itinerario que llevó Familiares durante estos 16 años. Hace once años-tres meses antes de que comenzara a funcionar la Comisión para la paz- la consigna fue: "¿Dónde están? la verdad es posible y necesaria".</div> <bR> <div> Al terminar, las conversaciones entre los manifestantes tenía el tema central de la conducta del Parlamento ante el proyecto Interpretativo, la decisión del diputado Semproni y del Frente Amplio como organización.</div> <bR> <div> Consultado por Montevideo Portal, el diputado frenteamplista Felipe Michelini dijo que la marcha "demuestra la sensibilidad del pueblo uruguayo en la búsqueda de la verdad, memoria y Justicia y que independientemente del traspié de la madrugada de este 20 de mayo vamos a seguir buscando los caminos para que se pueda dar a los familiares acceso a la Justicia, independencia del Poder Judicial y nunca más".</div> <bR> <div> Michelini sostuvo que el debate de la Cámara Baja "tuvo aristas interesantes" dado que se interpeló la Ley de Caducidad a la que calificó como "la línea legal de la impunidad en Uruguay". "Nos faltó muy poco para erradicarla pero seguiremos trabajando para hacerlo".</div> <bR> <div> Entre los presentes se encontraba varios dirigentes políticos, como José Bayardi, Enrique Rubio, Ernesto Agazzi, Mariano Arana, Jorge Brovetto, Eduardo Lorier, Oscar Groba, Pablo Anzalone, Jorge "chileno" Rodríguez, Luis Puig, Hyara Rodríguez, y el ministro Héctor Lescano.</div> <bR> <div> Antes de la marcha, el dirigente de la organización Oscar Urtazum dijo a Montevideo Portal que se debe "apartar la marcha de las malas compañías" en referencia a las "idas y vueltas" del Parlamento. Para Urtazum, el resultado de la votación de este jueves se debió a que "la derecha trabajó mejor, mientras la izquierda se embarulló y metió la pata".</div> <bR> <div> Al finalizar la votación en Diputados, pudo escucharse desde las barras el grito "traidores" dirigido a los legisladores. El representante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos no está de acuerdo con el calificativo, porque según él "nunca tuvimos confianza en la clase política, por lo que no nos sentimos traicionados". Urtazum agregó que "la clase política y la Justicia son los responsables de que tengamos esa inmunda ley".</div> <bR> <div> Una de las principales consignas de la Marcha del Silencio es que "la Verdad y la Justicia son responsabilidad del Estado". Urtazum sostuvo que es el Estado el que debe hacerse cargo del tema, porque "no podemos estar rogando que se sepa la verdad".</div> <div> Ante la posibilidad de que el presidente José Mujica participe de la Marcha del Silencio, como sucedió otros años, Urtazum dijo que "espera, por el bien de la marcha, que la gente no quiera pedirle explicaciones al presidente".</div> <div> Urtazum no descartó la alternativa de derogar la Ley de Caducidad, aunque planteó sus dudas al respecto: "nosotros no somos juristas, por eso lo único que pedimos es que lo que se haga no sea peor que lo que hay". Reconoció también que desde Familiares son concientes de sus pedidos no se agotan eliminando la ley, porque "hay muchos impunes que están fuera de la Caducidad".</div> <bR> <div> El dirigente dijo que "todos tienen su día para conmemorar", y agregó que "ya tuvimos los mentirosos doscientos años del Ejército", tocándole el turno ahora a los familiares de desaparecidos.</div> <bR> <div> Un mayo difícil</div> <bR> <div> Matilde Rodríguez, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, dijo a Montevideo Portal "que el mes de mayo es un mes un poco tenso y difícil para nuestra familia. El día 20 siempre es importante, y ahora además estuvo rodeado de toda una discusión política sobre el tema de la Ley de Caducidad y se hizo más complicado y tenso. No es una etapa fácil. Hoy vamos a ir con un grupo de amigos al cementerio y es todo lo que vamos a hacer".</div> <div> "Los homenajes se hacen igual. Con el mismo espíritu de recordar a los que fallecieron y tomar su ejemplo. La Marcha del Silencio ya está instalada. Es una fecha elegida por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Siempre es sumamente numerosa y emotiva. Es una instancia de mucha importancia en nuestro país", consideró Rodríguez.</div> <bR> <div> Parlamento y marcha</div> <bR> <div> Esta nueva edición de la Marcha del Silencio, se realiza el día después que el proyecto interpretativo sobre la Ley de Caducidad, no fuese aprobada en la Cámara de Diputados. El Frente Amplio no logró la mayoría necesaria al no contar con el voto del diputado oficialista, Víctor Semproni, quien se retiró de sala a la hora de emitir su voto.</div> <div> Consultada sobre la jornada de ayer, Matilde Rodríguez consideró que el resultado fue "previsible".</div> <bR> <div> "Fue un proyecto que no convencía a muchos, ni siquiera dentro del Frente Amplio. Muchos legisladores que lo votaron demostraron que no estaban de acuerdo. Sobre todo era levantar una expectativa que no se iba a poder cumplir, porque aún saliendo afirmativo no íbamos a mejorar mucho en el tema de las investigaciones. Por el contrario, iba a haber una cantidad de recursos interpuestos que iban a entorpecer el funcionamiento de la Justicia".</div> <bR> <div> A juicio de Rodríguez, la votación de ayer no es "un punto" final a la discusión sobre la Ley de Caducidad. "El país va a ir buscando su manera de salir definitivamente de esta situación y buscando lo que el propio presidente José Mujica dijo el 18 de mayo: un camino hacia la reconciliación. Pero eso es de los dos lados. </div> <bR> <div> Creo que los militares tendrían que dar su paso en cuanto a información y demás".</div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="1488e3b30.jpg" border=0 width="739" height="179" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <div> GOLDARACENA: "EN JUEGO LA UNIDAD DEL FA"</div> <div> Presión en toda la cancha</div> <div> Opinó que la discusión sobre proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad "no se puede medir en costos electorales". En declaraciones a Montevideo Portal, Goldaracena no descartó renunciar al FA en caso que el plenario de esa fuerza revea su posición sobre dicho proyecto.</div> <bR> <div> El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio se reunió este jueves en la sede del partido de gobierno y decidió pedir que se convoque a un plenario para volver a discutir la aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que ya cuenta con media sanción del Senado.</div> <bR> <div> Consultado por Montevideo Portal, el Dr. Oscar López Goldaracena, opinó que "no se puede medir el tema en términos políticos electorales porque no se trata de una pequeñez, fanatismo o revanchismo. Se trata del cimiento mismo de nuestra sociedad, en base al derecho y a los principios de convivencia de una sociedad civilizada. El Frente Amplio definió un grupo de trabajo para definir avanzar en cuál sería el instrumento para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. Y se trabajó durante meses. Hoy no vemos otro elemento nuevo que no sea la presión del presidente José Mujica sobre los diputados del FA. No existe razón de fondo para dejar de lado lo esgrimido el grupo de trabajo que elaboró el proyecto".</div> <bR> <div> El Dr. Goldaracena, integrante del Movimiento de Independientes por Derechos Humanos del FA, opinó que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, "es un tema jurídico que debería estar por encimar de los temas políticos".</div> <div> A juicio del Dr. Goldaracena, las dudas que se presentan hoy sobre el proyecto "debieron ser planteadas en su momento, porque el Poder Ejecutivo participó en el grupo de trabajo que elaboró el proyecto. Si hay otro motivo, si esa motivación hace a la cuestión militar, se le debe ser muy claro a la ciudadanía. Yo estoy convencido que no hay ruido de sables´, no hay espacio para ´ruido de sables´. Pero mi generación y la sociedad uruguaya, quiere terminar con el tema del pasado. ¿Y cuál es la forma? Es reafirmar los principios sobre los cuales debe estar asentada nuestra convivencia. No se puede medir en costos electorales. Se fue cambiando el centro de gravedad del debate. De lo estrictamente jurídico y ético, pasó a los político-electoral. Eso no se puede permitir".</div> <bR> <div> Nuevo plenario</div> <bR> <div> La revisión del tema por parte del Frente Amplio, surgió luego de que el presidente José Mujica concurriera personalmente al Parlamento para decirle a la bancada que, en su opinión, el proyecto es un error y que puede generar consecuencias políticas negativas para el Frente Amplio, incluso desde el punto de vista electoral.</div> <div> Esa visión de Mujica, que fue dada en calidad de "una opinión de compañero a compañero" se agregó a la dada días atrás por el vicepresidente Danilo Astori, que el pasado fin de semana abogó por buscar otros mecanismos para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, planteando que el no reconocimiento de los plebiscitos quitará legitimidad al Frente Amplio.</div> <bR> <div> El Dr.Goldaracena, abogado identificado con las causas relacionadas a los Derechos Humanos en Uruguay, reconoció que en caso que el Frente Amplio revea su postura sobre el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, podría alejarse de esa fuerza política.</div> <bR> <div> "Cuando tome esa decisión va a ser definitiva. Quiere decir que no va a ser anunciar una renuncia que no se concrete, como hizo el senador Eleuterio Fernández Huidobro. Todavía no tome ninguna resolución. Aspiro a que el Frente Amplio conserve el instrumento de unidad. Porque está en juego la unidad de la fuerza política", explicó Goldaracena. </div> <bR> <div> "Juntarte a discutir"</div> <bR> <div> Fuentes del MPP aseguraron a Montevideo Portal que "la posición original del sector" es que "no puede anteponerse ante dos plebiscitos porque es la expresión máxima del pueblo" pero que se terminó por acatar la mayoría.</div> <bR> <div> "Algunos compañeros frenteamplistas entendieron otra cosa, no con la intención de no respetar los plebiscitos, se fue al Plenario y se discutió", dijeron.</div> <bR> <div> Otra de los elementos que está analizando el sector es la casi seguridad de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia declararán la inconstitucionalidad del proyecto interpretativo, por lo que la anulación quedaría sin efecto.</div> <bR> <div> "Si en ese ámbito se entiende que es inconstitucional, tenés que juntarte a discutir", afirmaron reconociendo que "es una alternativa" la tesis del Dr. Martín Risso, que propuso que sea el Poder Ejecutivo el que revoque las resoluciones por las que se consideró bajo el amparo de la Ley de Caducidad algunos casos.</div> <bR> <div> "Las opiniones pueden ser de lo más variadas , como por ejemplo que el sostén de toda sociedad son los derechos humanos", afirmaron las fuentes, asegurando que es necesario esperar cómo se den las discusiones para ver qué posición lleva el sector.</div> <bR> <div> <U>INTERVENCIONES y DEFINISIONES:</U></div> <div> <U>"Ni ahora ni nunca nos anima un espíritu revanchista"</U></div> <div> PIT-CNT reclama votar  ley interpretativa</div> <bR> <div> <B>E</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial" ><B>l Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT reclamó que los legisladores "electos por el pueblo asuman el rol que les fue delegado" y aprueben el próximo 19 de mayo la ley interpretativa para dejar sin efecto la Caducidad.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>En un comunicado de seis puntos, difundido el jueves, el Secretariado abordó la situación de la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto de ley interpretativa que declara nulos o inexistentes algunos artículos de la Ley de Caducidad.</B></div> <bR> <div> <B>Recuerda que "El movimiento sindical uruguayo, es uno de los actores sociales comprometidos desde siempre con la vigencia plena de los derechos humanos fundamentales, principalmente la Vida y las garantías democráticas y jurídicas que la sustenten".</B></div> <bR> <div> <B>Destacan también que la dictadura "cívico-militar", "descargó toda su ira contra militantes sindicales y de algunos partidos políticos de izquierda. De esa forma, miles de trabajadores dirigentes sindicales fueron presos, destituidos de sus trabajos, perseguidos, expulsados al exilio, torturados, muertos y desaparecidos".</B></div> <bR> <div> <B>Asimismo recuerdan que al fin de la dictadura, la consigna principal del movimiento obrero fue "Amnistía General e Irrestricta" y luego "Juicio y Castigo a los Culpables". "Nos opusimos desde el inicio del debate parlamentario de entonces, a la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, porque escondía u omitía la posibilidad de investigar y actuar en consecuencia a la Justicia, sobre los hechos y trágicas consecuencias de la violación de los Derechos Humanos" subrayó el comunicado.</B></div> <bR> <div> <B>El Secretariado hace un repaso de los años posteriores, señalando que "participamos en todas las instancias democráticas y populares, en coordinación con todas aquellas organizaciones sociales y políticas para buscar consensos e impedir, vía la derogación primero y la anulación después, una Ley inconstitucional que además, es reñida y contradictoria con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".</B></div> <bR> <div> <B>La central de trabajadores "reafirma una conducta coherente y consecuente", y destaca que "ni ahora ni nunca nos anima un espíritu revanchista, más bien se trata de la Justicia", y finalmente concluye que "seguimos apostando a que los representantes elegidos por nuestro pueblo asuman el rol que les fue delegado y aprueben el próximo 19 de mayo la Ley que repara en parte los daños ocasionados al libre ejercicio de la Justicia".</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>--------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> Mujica a LA REPUBLICA</div> <div> "El problema planteado al FA va  a </div> <div> ser solucionado en el propio FA"</div> <div> <IMG SRC="12df17b40.jpg" border=0 width="279" height="180" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> Mujica y Rosadilla</B></FONT></div> <bR> <div> <B>E</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>l instrumento más importante para defender la verdad y la justicia y proteger los derechos humanos, es el proyecto frenteamplista, dijo anoche a LA REPUBLICA, el presidente José Mujica.</B></FONT></div> <div> <B>El Frente Amplio es la herramienta del cambio uruguayo y no podemos ni debemos debilitarlo, enfatizó el primer mandatario.</B></div> <bR> <div> <B>La sorpresiva visita del presidente de la República, acompañado del vicepresidente Danilo Astori, a los 50 diputados del Frente Amplio en la tarde del miércoles, llevó a Mujica a reiterar a LA REPUBLICA que su objetivo no fue evitar que se vote la ley interpretativa, sino advertir a los representantes de la mayoría del pueblo, las consecuencias negativas para la principal fuerza del cambio en el país, que tendría la aprobación de la ley interpretativa que anula en los hechos los aspectos más infamantes de la denostada ley de caducidad. </B></div> <bR> <div> <B>En sus declaraciones al diario plural el primer mandatario destacó las "conquistas sociales alcanzadas por los gobiernos frentistas" aclarando que "esas conquistas se perderán si el Frente Amplio no conduce los destinos del país y que de lo que se trata es de fortalecer la herramienta renovadora y no debilitarla", para agregar luego que "aún se puede lograr mucho más", anunciando que "el Uruguay tendrá una enseñanza mucho mejor, además de recuperar el ferrocarril y el cabotaje". También se entristeció por "las pequeñeces de la pequeña política", abogando por "la grandeza de los dirigentes políticos y una política de mirada profunda".</B></div> <bR> <div> <B>Reconoció que "puedo haberme equivocado pero actúo no para aplastar a nadie, sino para incluir todo lo más posible, en defensa de la herramienta que han forjado las mayorías de mi Nación". </B></div> <bR> <div> <B>Culminando su diálogo, aseguró que "el problema planteado al FA con la ley interpretativa va a ser solucionado en el propio Frente Amplio".</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>---------------------------------------------------------------------------</B></div> <bR> <div> <B><IMG SRC="140a12b60.gif" border=0 width="274" height="182" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> </B><FONT SIZE="5" COLOR="#66FFFF" FACE="Cooper Black" ><B>Larrañaga, Lacalle y Bordaberry. Cuestionan el cambio de posición en instancia definitoria</B></FONT></div> <bR> <div> La oposición no perdona a Mujica y a Vázquez</div> <div>  postura sobre Caducidad</div> <bR> <div> <B>B</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>lancos. Larrañaga apuntó a Vázquez; Lacalle cuestionó "relativismo" de Mujica.</B></FONT></div> <div> <B>El proyecto de ley es violatorio de la Constitución así como que desconoce sagrados principios del derecho. Pero tal vez el argumento más decisivo es el que tiene que ver con la doble ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad; los uruguayos tienen un muy especial apego a la democracia directa y revisten los pronunciamientos populares de un aura sacrosanta: desconocer una decisión del soberano es un delito de lesa democracia.</B></div> <bR> <div> <B>El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga consideró que el ex mandatario Tabaré Vázquez "se dio vuelta en el aire como un panqueque" en su postura frente al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. El conductor de Unidad Nacional, Luis Alberto Lacalle expresó que el presidente, José Mujica, se expidió fiel a su estilo de "como te diga una cosa, te digo la otra".</B></div> <bR> <div> <B>El senador Larrañaga expresó su desconcierto por las manifestaciones del ex presidente Tabaré Vázquez y las gestiones que el Poder Ejecutivo viene realizando respecto del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.</B></div> <div> <B>"Lo miro de manera desconcertante porque esa es la realidad: marcha y contramarcha", enfatizó. Evaluó que "el fundamento es quizás de costo político electoral cuando lo medular debiera ser porque se está infringiendo la Constitución de la República y porque se está vulnerando el pronunciamiento de la ciudadanía".</B></div> <bR> <div> <B>"Pero por otro lado a mí lo que me extraña, más allá de que pondero como positiva la iniciativa del Presidente y del Vicepresidente, Mujica y Astori respectivamente, lo que me extraña es la situación del ex presidente, el doctor Tabaré Vázquez, quien el 22 de marzo en un acto político de conmemoración del Frente Amplio terminó expresando que le pedía a los legisladores que votaran la ley interpretativa, anulando la Ley de Caducidad", comentó. </B></div> <bR> <div> <B>Sin embargo, "resulta que ahora, milagrosamente como decía mi abuela, se da vuelta en al aire como el panqueque y cambia de posición, poco menos, sustentando de que quizás esta ley debiera ser revisada la posición del Frente para ver si la vota". Expreso que para él no hay ingeniería jurídica valedera que no sea el respeto al pronunciamiento popular y es tiempo de poner punto final al tema.</B></div> <bR> <div> <B>Relativismo</B></div> <bR> <div> <B>Para Lacalle, presidente del Directorio nacionalista "estamos viendo las últimas consecuencias, hasta hoy, y se verán más adelante muchas más consecuencias de aquella filosofía política que se explicitaba en 'lo mismo te digo una cosa, como te digo la otra". Por tanto, "un relativismo de este tipo, no solamente practicado, si no exhibido y hasta mostrado como una gran virtud, lleva a esto". "Yo me hago cargo del estupor de los votantes frentistas y de la gente que escuchó los discursos en el Senado ante esta nueva posición. Las posiciones políticas pueden cambiar", indicó. Lacalle dijo preguntarse "si se valoraba esto como un tema de justicia, paz, ética, memoria, recuerdo, un cambio parece ser en algo muy profundo. Puede cambiar en una ley de arrendamiento, hasta en una reforma constitucional, y esto parecía ser que se manejaba en otro plano de valores, pero, vivir para aprender".</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>-----------------------------------------------</B></div> <div> <U>Macarena. "El Estado ha manifestado que va a cumplir y confío en que así sea</U><FONT SIZE="5" COLOR="#FFFF00" FACE="Impact" >"</FONT></div> <bR> <div> <IMG SRC="131111ca0.jpg" border=0 width="273" height="202" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"><FONT SIZE="7" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" > Para Juan Gelman, "un fallo ejemplar"</FONT></div> <div> <I><B>El poeta argentino Juan Gelman destacó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el cual se condena al Estado uruguayo a dejar sin efecto la Ley de Caducidad, por cuanto no se aplica solamente al caso concreto, sino que "a todos los casos similares" ocurridos durante la dictadura.</B></I></div> <bR> <div> "L<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial Black" >a sentencia de la CIDH me parece ejemplar: no sólo atiende al caso de María Claudia García de Gelman, mi nuera y madre de mi nieta Macarena, sino que debe aplicarse a todos los casos similares que tuvieron lugar bajo la dictadura cívico-militar uruguaya", </FONT></div> <bR> <div> En este sentido, el poeta manifestó su expectativa de un cumplimiento "cabal" de la sentencia por parte del gobierno uruguayo. "Espero que este gobierno de Uruguay cumpla cabalmente todas sus disposiciones a fin de dar, a su vez, un ejemplo cabal de acatamiento a la Justicia", dijo Gelman.</div> <bR> <div> En tanto, su nieta, Macarena Gelman, catalogó el fallo de la CIDH, como "una pequeña victoria", tras "una lucha de más de 30 años". "El Estado ha manifestado que va a cumplir (con el fallo) y confío plenamente en que así sea", dijo Macarena durante una conferencia de prensa. "Espero que ahora haya un reconocimiento de lo que sucedió", expresó la joven, que en las próximas horas mantendrá una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro.</div> <bR> <div> El máximo órgano jurisdiccional del contexto americano condenó al Estado a dejar sin efecto la norma, por cuanto significa un "obstáculo" para el legítimo acceso a verdad y justicia, por parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, la Ley de Caducidad "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos".</div> <bR> <div> "Me ha costado procesar esto ya que, después de tanto tiempo, abre una etapa de mucha expectativa en cuanto al cumplimiento de la sentencia. El Estado ha manifestado también que va a cumplir y yo confío en que así sea", expresó Gelman.</div> <div> Por su parte, la integrante de Cejil y representante de Gelman en el litigio, Lilián Tojo, dijo que el Estado deberá elaborar un protocolo para una búsqueda "efectiva y diligente" de los restos de los ciudadanos detenidos desaparecidos e impulsar el acceso a los archivos aún clasificados de los servicios de la dictadura.</div> <bR> <div> "Si sólo dependiera de preguntarles a los responsables, no sería necesario siquiera seguir una causa judicial. Hay que investigar, hay que recurrir a los archivos, hay que realizar una investigación efectiva". "María Claudia ha sido desaparecida y ha sido desaparecida por fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, el Estado sabe qué pasó con María Claudia y tiene que explicar lo que pasó (...) No es suficiente que el Estado haga como que busca, el Estado tiene que buscar", expresó Tojo.</div> <bR> <div> La abogada destacó, además, que la sentencia de la CIDH es contra el Estado y no contra un gobierno. "El Estado es continuo, las administraciones cambian, pero los Estados persisten y la información está en el Estado", dijo Tojo.</div> <bR> <div> En tanto, Macarena adelantó que donará una parte de la reparación monetaria obtenida para "Aldeas Infantiles". La CIDH otorgó una compensación económica a Macarena Gelman por "lucro cesante como heredera", daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y gastos por la búsqueda de verdad. Juan Gelman solicitó, expresamente, ser excluido de cualquier compensación resarcitoria.</div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> ----------------------------------------</div> <div> La impunidad hipoteca el futuro <FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" > (tributo a Macarena Gelman)</FONT></div> <div> <IMG SRC="12742c220.jpg" border=0 width="300" height="290" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> por Hernán Patiño Mayer</div> <bR> <div> <B>E</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial Black" >n la edición del miércoles 8 del corriente de La Nación, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, ante quien tuve el honor de representar a mi gobierno durante dos de los más de diez años en que serví como embajador en el Uruguay, nos expone una versión de la historia reciente de su país bajo el sugestivo título “Los peligros de falsificar el pasado”. No quiero aquí cuestionar esa interpretación. Ya lo han hecho con más autoridad muchoscompatriotas suyos. Quiero sólo referirme a un párrafo de su nota que por su carácter taxativo reclama una réplica.Dice Sanguinetti: “Demasiados desafíos nos acucian como para seguir revolviendo cenizas. Un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado. Como entidad nacional, lo ha sabido hacer Uruguay, que incluso ha ratificado con su voto, por dos veces, la amnistía a los militares”.Desgraciada la metáfora con la que comienza. No se trata, doctor Sanguinetti, de “revolver cenizas”, sino de hallar las de los asesinados sin tumba, clausurando así el atropello criminal que se sigue perpetrando al violar una de las más ancestrales conductas del género humano (exclusiva de éste), cual es la de enterrar y honrar a sus propios muertos. </FONT></div> <bR> <div> Ningún desafío del futuro puede dejar impaga esa deuda con el pasado, salvo que se legalice la impunidad.Me ha tocado participar en Montevideo por lo menos en diez oportunidades de la dolorosa recordación de “La noche de los cristales rotos” (Kristallnacht). Casi siempre se hallaba presente el ex presidente. Nunca lo escuché ni tampoco leí una recomendación suya dirigida a la comunidad judía proponiendo no “revolver las cenizas”, y mucho menos la afirmación temeraria de que “un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado”.</div> <bR> <div> Vayamos al perdón. </div> <bR> <div> Como bien lo sabe Sanguinetti, el concepto del perdón es hijo del cristianismo. Hasta entonces, la venganza en lo individual y la muerte o la esclavitud en lo colectivo eran las consecuencias de las ofensas o de las derrotas militares. Pero el perdón para los cristianos no es un acto gratuito y mucho menos puede ser impuesto por voluntades extrañas a las propias víctimas. </div> <bR> <div> El 15 de mayo de 1999, en La Nación, el entonces obispo de Morón, Justo Laguna, decía: “El perdón supone [...] el arrepentimiento claro y expreso, el arrepentimiento desde luego interior, pero también exterior. Todo el que comete un delito está absolutamente obligado a arrepentirse de lo que ha hecho”.Ni en Argentina ni en Uruguay los responsables del terrorismo de Estado han manifestado arrepentimiento alguno por las atrocidades cometidas. Peor aun, dos meses atrás asistimos estupefactos a la repugnante reivindicación de ese terrorismo, por parte de Videla y Menéndez, ante el tribunal que los condenó a cadena perpetua. </div> <bR> <div> En Uruguay, sólo días atrás, un militar detenido hizo declaraciones reivindicando los secuestros, las torturas y las desapariciones, y un numeroso grupo de oficiales retirados lanzó frases amenazantes ante las investigaciones que tramita la Justicia. Sería interesante que el doctor Sanguinetti nos explicara cómo se puede perdonar a quienes hacen gala de tanto nihilismo y contumacia. Cómo perdonar a quienes reivindican el horror y amenazan con repetirlo. Conviene agregar que para que el perdón sea factible la doctrina cristiana exige también la reparación del daño causado en toda su extensión posible (restitutio in integrum) y el firme compromiso de no repetir la ofensa.</div> <bR> <div> Con respecto a la ley que según Sanguinetti ha permitido a los uruguayos superar el pasado, dada su ratificación en dos plebiscitos (el último con 48% de votos en contra), cae el ex presidente en un grave error conceptual. Los derechos humanos y sus violaciones no responden ni se subordinan a la voluntad de mayorías circunstanciales, por muchas que sean las veces que ésta se manifieste. El bien jurídico protegido es la dignidad suprema del hombre y su derecho inalienable a la justicia cuando ésta es avasallada. No hay ley que merezca llamarse tal si ampara su violación o deja sin castigo a sus responsables. </div> <bR> <div> En este sentido me permito recomendarle la lectura completa del magnífico trabajo publicado por La Nación en su edición del 31 de agosto de 2005, firmado por Gustavo Bossert, ex juez de la Corte Suprema de Justicia argentina, que en uno de sus párrafos dice:<FONT SIZE="5" COLOR="#00FFFF" FACE="Arial Black" >“Los crímenes que a lo largo de la historia se han cometido usando el aparato estatal [son] crímenes de lesa humanidad, que no pueden beneficiarse ni de la prescripción ni del perdón ni aun bajo amnistías encubiertas, y deben, en cambio, permitir a las víctimas ‘un recurso judicial efectivo’ y dar lugar, entonces, a un juicio justo”.</FONT></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="1231c21e0.jpg" border=0 width="450" height="542" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> Al contrario de lo que expresa el ex presidente, si un pueblo perdonara sin que sus victimarios reconocieran sus delitos, se arrepintieran públicamente de ellos, buscaran repararlos y asumieran el compromiso de no repetirlos, lo que haría, aunque circunstancialmente lo ignorara, sería hipotecar su futuro, en garantía de un pasado que no ha sido capaz de resolver a través de la verdad y la justicia.</div> <bR> <div> Hernán Patiño Mayer</div> <div> Ex Embajador Argentino en Uruguay</div> <bR> <div> <A HREF="http://ladiaria.com/articulo/2011/2/la-impunidad-hipoteca-el-futuro-tributo-a-macarena/" TARGET="_top" TITLE="http://ladiaria.com/articulo/2011/2/la-i"><U>http://ladiaria.com/articulo/2011/2/la-impunidad-hipoteca-el-futuro-tributo-a-macarena/</U></A></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="12765e380.jpg" border=0 width="350" height="312" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <div> Uruguay: DERECHOS HUMANOS: UNA DECADA MARCADA POR LA BUSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA</div> <div> <IMG SRC="1158c24d0.jpg" border=0 width="450" height="589" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> La impunidad jaqueada</div> <div> En los últimos diez años se confirmó que había niños desaparecidos, que hubo crímenes de lesa humanidad, que se mató en la tortura, que se secuestró en el exterior y se desapareció en Uruguay, que existieron ejecuciones sumarias, que había cementerios clandestinos, que existen archivos confidenciales, que se mantiene un “pacto de silencio” y que la justicia puede juzgar tantas violaciones a los derechos humanos sin que la institucionalidad democrática peligre. Pero, a pesar de todo, el Estado uruguayo sigue manteniendo vigente la ley de impunidad en su ordenamiento jurídico.</div> <bR> <div> <B>ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy</B><B> </B></div> <div> <B>Articulo aparecido en la revista "Caras y Caretas"</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>A</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> partir de la ubicación de Macarena Gelman en marzo del año 2000, en Uruguay se ha avanzado en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos realizadas por la dictadura militar (1973-85) más de lo que se había logrado en los quince años anteriores: el país ha reconocido sus prácticas de terrorismo de Estado, se ha recuperado los restos de tres desaparecidos, dos dictadores y un ex canciller están presos, al igual que trece oficiales, un soldado y cuatro policía, tres militares fueron extraditados y condenados en Chile, otros dos están detenidos en Argentina, uno continúa prófugo en Italia y una serie de casos están siendo indagados en la justicia…</B></FONT></div> <bR> <div> <B>Sin embargo, la impunidad continúa vigente en un país que, por “falta de voluntad política” o de “creatividad legislativa”, mantiene en su normativa jurídica a la polémica Ley de Caducidad (Ley Nº 15.848), pese a los pronunciamientos de los tres poderes del Estado y los reclamos locales e internacionales, la que impide el juzgamiento de los casos de desaparición forzada ocurridos dentro del territorio uruguayo y, de algún modo, alienta la continuidad de un “pacto de silencio” en las Fuerzas Armadas que no permite al Estado uruguayo responder la pregunta primaria y fundamental de los familiares de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos: </B><FONT SIZE="5" COLOR="#CCFF00" FACE="Arial" ><B>¿Dónde están?</B></FONT></div> <bR> <div> <B>.Lo mucho que se ha sabido en los últimos diez años de lo que realmente ocurrió durante la dictadura cívico-militar, trascendió a impulsos de los familiares de los desaparecidos e investigaciones de organismos de derechos humanos, abogados y periodistas. </B></div> <bR> <div> <B>El Estado ha cedido ante las evidencias de la realidad que se fue descubriendo, al crear comisiones de investigación, excluir casos de la ley para permitir la indagatoria judicial, elaborar informes históricos que recopilan lo denunciado y lo contextualizan con algunos archivos desclasificados o aceptar los pedidos judiciales de excavación en predios militares.</B></div> <bR> <bR> <div> <B>Pero en la mayoría de las instancias, el Estado ha mantenido desde el Poder Ejecutivo la intensión política de dar por terminado el tema, cerrar la página, poner el punto final o propiciar una “reconciliación”, mientras el Poder Legislativo –pese a protagonizar dos intensos debates parlamentarios- no encuentra una fórmula para “dejar sin efectos” la ley como lo reclaman organismos internacionales de derechos humanos y, por su parte, el Poder Judicial continúa sin admitir la tipificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad (lo que los harían imprescriptibles) por lo que el mes de noviembre del naciente 2011 se mantiene como la fecha de prescripción de todos esos delitos. </B></div> <bR> <div> <B><U>Macarena y Simón</U></B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>Cuando Macarena Gelman fue encontrada a principios del año 2000, el recién electo presidente Jorge Batlle no pudo continuar con el “negacionismo” que practicaba su antecesor Julio María Sanguinetti, quien había mantenido un debate epistolar público con el poeta argentino Juan Gelman, quien lo acusaba de ocultar el paradero de su nieta, que sabía trasladada a Uruguay a fines de 1976 en el vientre de su madre, María Claudia García de Gelman, secuestrada en Buenos Aires en agosto de aquel año. Sanguinetti dijo entonces que no había niños desaparecidos en Uruguay.</B></div> <bR> <div> <B>Batlle tuvo que aceptar los datos de la investigación que el propio Gelman había realizado, con ayuda de periodistas de La República, por la que había encontrado a su nieta Macarena en el seno de la familia del policía Ángel Tauriño, quien había sido jefe de policía de San José durante el mandato de Sanguinetti. Batlle dio un paso más y, para cerrar el tema, el 9 de agosto del 2000 creó la Comisión para la Paz que presidió monseñor Nicolás Cotugno e integraron Luis Pérez Aguirre, José D’Elía, José Claudio Williman, Gonzalo Fernández y Carlos Ramela, con el objetivo de dar por cumplido el artículo 4º de la propia Ley de Caducidad que ordenaba investigar los casos.</B></div> <bR> <div> <B>Poco antes de finalizar aquel primer año del milenio, Tota Quinteros, la madre de la maestra Elena Quinteros (secuestrada de la embajada de Venezuela en agosto de 1976) replanteaba una denuncia judicial contra los responsables civiles del caso, cuyas consecuencias no llegaría a conocer porque falleció el 7 de enero del 2001. Antes de su muerte, el vocero de la Comipaz, Ramela Regules, le murmuró que el cuerpo de su hija (como el del maestro Julio Castro) jamás sería encontrado según sus fuentes militares.</B></div> <bR> <div> <B>El mismo Ramela le había dicho a Sara Méndez, a quien le quitaron de los brazos a su hijo de 22 días de nacido cuando la secuestraron en Argentina el 13 de junio de 1976, que el niño que buscaba no había sobrevivido. Sara había creído durante años que su hijo era un joven (en manos de la prima de la esposa de un coronel de inteligencia) quien finalmente aceptó hacerse un examen de ADN que resultó negativo. Méndez volvió entonces a reiniciar su búsqueda a nivel nacional e internacional, sin suponer que una paralela investigación periodística de la revista Posdata llevaría al senador Rafael Michelini a encontrar a su hijo Simón Riquelo. La identidad del joven se terminó de confirmar el 15 de marzo del 2002.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B><U>Reinician los juicios</U></B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>El hallazgo de Macarena y Simón se constituyeron en celebrados avances de las organizaciones sociales y provocaron, a la vez, la reticencia de los mandos de las Fuerzas Armadas que salieron pública y privadamente a reivindicar su “lucha contra la subversión” y la existencia de una “lucha psicopolítica” por la que se quería denostar a la institución militar. “Cuando se vierten ligeras aseveraciones, la mayoría de las veces distorsionando la naturaleza de los hechos del pasado reciente, enfatizamos que gracias a la acción de la Fuerza como un todo, no se vio gravemente afectado el país como algunos pretendieron”, arengaría el entonces comandante del Ejército Carlos Daners.Mientras el presbítero Jorge Osorio se integraba a la Comipaz en el lugar de “Perico” Pérez Aguirre, quien había fallecido en un accidente en el verano de 2001, un equipo del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) lograba ubicar la tumba N.N. del desaparecido Roberto Gomensoro Josman en el cementerio de Paso de los Toros, pero el cuerpo había vuelto a desaparecer. </B></div> <bR> <div> <B>Por su parte,  Juan Gelman presentaba denuncia penal para ubicar los restos de su nuera, y, a la vez, la justicia iniciaba una causa por apología de la tortura contra el coronel Manuel Cordero, quien había reivindicado ese “método” de interrogatorio en una entrevista con el semanario Búsqueda.La confirmación de la identidad de Simón Riquelo derivó la investigación periodística a otras afirmaciones del informante argentino que había participado de la represión en Orletti y aportó los datos para ubicar al hijo de Sara Méndez, quien había estado recluida en ese “pozo” porteño y fue trasladada clandestinamente a Montevideo en julio de 1976</B></div> <bR> <div> <B>. En una serie de artículos de La República se terminó por denunciar la existencia de un “segundo vuelo” desde Orletti por el que otra veintena de uruguayos que se creían desaparecidos en Argentina en realidad había sido traída a Uruguay y ejecutados sumariamente para ser enterrados y desaparecidos. La información sería confirmada tres años más tarde por el Estado.El año 2002 cerraría con dos episodios que incidiría en los años sucesivos. El 19 de noviembre los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter de León presentaban denuncia penal contra el dictador Juan María Bordaberry por “atentado a la Constitución” y los crímenes que de ello derivaron. Y, en diciembre, se conoció el testimonio del ex agente Mario Barreiro Neira, quien desde una cárcel de Porto Alegre, afirmaba que en Montevideo se tramó una conspiración para asesinar al ex presidente Joao Goulart, con participación del mismo médico que envenenó los vinos que provocaron la muerte de Cecilia Fontana de Heber en 1978. </B></div> <bR> <div> <B><U>El informe Comipaz</U></B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>El 10 de abril de 2003 la Comisión para la Paz hacía público su Informe Final, por el que el Estado uruguayo reconocía oficialmente la desaparición de 32 personas dentro del territorio nacional: 23 de ellas militantes políticos, otras tres sucedidas antes de la dictadura, una por razones económicas y cinco de nacionalidad argentina que luego fueron trasladados a su país para terminar como desaparecidos. Aunque el informe no terminó de conformar a los familiares y las organizaciones de derechos humanos, se constituyó en el primer punto de apoyo oficial para continuar denunciando lo que por primera vez se admitía como violaciones de derechos humanos de parte del Estado.</B></div> <bR> <div> <B>En agosto de aquel año, la Suprema Corte de Justicia también daba un paso singular, al admitir que el dictador Bordaberry podía ser encauzado judicialmente por no estar amparado en la Ley de Caducidad y pocos meses más tarde, en abril de 2004, se confirmaba el procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco por su participación (tampoco amparada en la caducidad por su condición de civil) en el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros. Blanco se transformaba en el primer integrante de la dictadura encarcelado por violaciones a los derechos humanos.</B></div> <bR> <div> <B>Cuando el fotógrafo Sandro Pereyra logró hacer público el rostro del torturador coronel Jorge “Pajarito” Silveira en el diario La República el 27 de octubre de 2003, se hizo tangible que al menos un parte de los represores comenzaba a perder su impunidad. Así lo comprendió el coronel Cordero, quien en julio de 2004 decidió fugarse a Brasil para no comparecer en el juicio por “apología de la tortura” donde entre diversas dilatorias había llegado a recusar al juez José Balcadi porque había trabajado como administrativo en la policía y él no declaraba “ante un subalterno”. Cordero sería captado por un fotógrafo de Caras&Caretas en Santana do Livramento a principios de 2005.</B></div> <bR> <div> <B>El 28 de noviembre de 2004, el propio presidente Jorge Batlle decidía cerrar el tema al  incluir dentro de la Ley de Caducidad el caso Gelman sobre el que el juez Gustavo Mirabal había comenzado a actuar pese a la oposición del fiscal Ricardo Möller, quien en setiembre pidió que la causa se archive y en diciembre logró el apoyo de la Suprema Corte de Justicia. </B></div> <bR> <div> <B>El caso, por el que se habían reiniciado las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, quedaba clausurado el 15 de noviembre de 2004 cuando la propia Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad de la Ley 15.848 en la causa y ordenó que el expediente se archivara.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B><U>Chávez Sosa y Miranda</U></B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>Cuando Tabaré Vázquez asumió el primer gobierno del Frente Amplio en la historia uruguaya, se pronunció por el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y anunció que casos como el de Gelman y el de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz no podían estar amparados en una Ley de Caducidad que se había comprometido a mantener en su programa electoral. Dispuesto a esclarecer el tema, terminó por ordenar a los comandantes de las Fuerzas Armadas que elaboraran informes sobre lo ocurrido con los desaparecidos.</B></div> <bR> <div> <B>La disposición del nuevo presidente se veía respaldada por nuevos hallazgos y denuncias. En junio otra investigación en La República reveló la ubicación de la Base Valparaíso, donde María Claudia García de Gelman habría sido llevado antes de ser ejecutada y casi a la vez, se divulgó el rostro del policía Ricardo “Conejo” Medina, quien habría sido el asesino de María Claudia según le había dicho Jorge Batlle al senador Rafael Michelini. Con esas pruebas “supervinientes” el Caso Gelman volvió a ser abierto temporalmente por el juez Mirabal quien logró que el nuevo Poder Ejecutivo le dijera que la causa no esta amparada en la caducidad.</B></div> <bR> <div> <B>El 8 de agosto de 2005 las Fuerzas Armadas acatan la orden del Presidente y entregan sus primeros informes sobre la desaparición forzada durante la dictadura. La Fuerza Aérea admite su participación en los casos de Ubagesner Chávez Sosa y José Arpino Vega y señala la ubicación de sus cuerpos en una chacra de Pando. </B></div> <bR> <div> <B>El documento de la Armada niega su participación pero por primera vez desclasifica documentos de inteligencia que evidencian información sobre casos de uruguayos desaparecidos en Argentina en 1977 y 1978. El informe del Ejército admite enterramientos en unidades militares, pero aduce que se realizó una “Operación Zanahorias” por la que la mayoría de los cuerpos fueron exhumados, incinerados y sus cenizas arrojadas al mar. El propio comandante Ángel Bertolotti permitió el ingreso de un equipo de técnicos arqueólogos al Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo donde le señaló a Macarena un área de cinco metros de radio donde con un “99 %” de certeza se encontraba el cuerpo de su madre. La información, finalmente, resultó falsa.El 29 de noviembre de 2005, cuando la frustración comenzaba a ganar al equipo técnico que encabeza el profesor José López Mazz, en la chacra de Pando fue finalmente ubicado un cuerpo que poco después sería identificado como el de Ubagesner Chávez Sosa, desaparecido en 1976. </B></div> <bR> <div> <B>Pocos días después, el 3 de diciembre, también es hallado un cuerpo en el Batallón de Infantería Nº 13, gracias a las indicaciones de un mapa entregado anónimamente al secretario Gonzalo Fernández, y los restos son identificados como los del escribano Fernando Miranda, desaparecido en noviembre de 1975.</B></div> <div> <B><U> </U></B></div> <div> <B><U>Extradiciones y procesamientos</U></B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>La aparición de sólo dos cuerpos (el de Arpino Vega aún no fue hallado) y la falsedad de la información aportada por el Ejército, confirmaba la existencia de cementerios clandestinos, por lo que el gobierno frenteamplista pidió una ampliación de la investigación a las Fuerzas Armadas, a la vez que en el parlamento el senador Enrique Rubio de la Vertiente Artiguista propiciaba la aprobación de una ley interpretativa sobre los alcances de la Ley de Caducidad.</B></div> <bR> <div> <B>El debate parlamentario se interrumpió en marzo de 2006 porque Vázquez anunció que vetaría la ley dado su compromiso electoral de no modificar la normativa y las organizaciones sociales, encabezadas por la central sindical Pit-Cnt, resolvieron convocar a una campaña de firmas para proponer una reforma constitucional que de hecho anulara la Ley de Caducidad.</B></div> <bR> <div> <B>El 18 de abril de 2006 la justicia uruguaya finalmente ejecutó la extradición a Chile de los oficiales Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, requeridos por su participación en el secuestro y muerte del bioquímico chileno Eugenio Berríos, quien en 1992 había sido trasladado a Uruguay para que no declarara en la causa judicial sobre el homicidio de Orlando Letelier.  </B></div> <bR> <div> <B>El 11 de setiembre, el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze concretaron el procesamiento con prisión de los oficiales José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Luis Maurente, y de los policías Ricardo Medina y José Sande por la desaparición en Buenos Aires de Adalberto Soba en 1976. Y el 16 de noviembre, también eran encarcelados el dictador Juan María Bordaberry y reencausado su canciller Juan Carlos Blanco, por el homicidio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw el 20 de mayo de 1976.</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><IMG SRC="115a9c3c0.jpg" border=0 width="412" height="316" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <div> <B>El 16 de mayo de 2007 el también dictador Gregorio Álvarez comenzaba a perder su libertad cuando se denuncia judicialmente el caso de los “terceros traslados”, que incluyen viajes por aire, mar y tierra en los que uruguayos secuestrados en Argentina en 1977 y 78 también fueron “repatriados” y desaparecidos en Uruguay. El “Goyo” (que también sería procesado por la muerte de Roberto Luzardo) terminó encarcelado el 17 de diciembre de 2007, junto al capitán de navío Juan Carlos Larcebeau. Otro cómplice, el capitán Jorge Tróccoli fugó y se radicó en Italia. </B></div> <bR> <div> <B>En la causa, incidieron una investigación de La República con el abogado Oscar López Goldaracena y otra indagación de Gabriel Pereyra de El Observador.También fueron investigaciones de prensa las que sustentaron la denuncia por los vinos envenenados que mataron a la madre del senador Luis Alberto Heber. L</B></div> <bR> <div> <B>os informes publicados en La República y en un libro de Álvaro Alfonzo, llevaron a reclamar la apertura de archivos confidenciales al Departamento de Estado norteamericano, que “confesó” su participación en el hecho cuando censuró lo sustancial de 14 documentos desclasificados a pedido del propio presidente Vázquez.Paralelamente, en noviembre de 2008 fue extraditado desde Argentina el ex policía Nelson Bardesio, miembro del Escuadrón de la Muerte, quien (junto al policía Pedro Fleitas) terminaría siendo procesado un año después por la desaparición de Héctor Castagnetto, ocurrida antes de la dictadura. O</B></div> <bR> <div> <B>tro de sus cómplices, el empresario Miguel Sofía también logró huir del país y se encontraría hoy radicado en Miami. En el caso Bardesio fue decisiva una investigación de Samuel Blixen y Walter Pernas en Brecha.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B><U>Voto Rosado y después…</U></B></div> <bR> <div> <B> Durante su mandato, el presidente Tabaré Vázquez procuró “cerrar” el problema derechos humanos que se constituyó en uno de los ejes de su gobierno. A la vez que se presentaba una Investigación Histórica sobre los uruguayos desaparecidos (cinco tomos elaborados por un equipo encabezado por el historiador Álvaro Rico), Vázquez impulsó la fecha del 19 de abril –natalicio de José Artigas- como el Día del Nunca Más Orientales contra Orientales, pero su propuesta no fue acompañada por organizaciones de derechos humanos, que para entonces ya habían conseguido las firmas para plebiscitar la reforma constitucional que anulara la Ley de Caducidad</B></div> <bR> <div> <B>.El “protocolo” interpretativo de la Ley de Caducidad que elaboró el secretario presidencial Gonzalo Fernández ha permitido, durante el gobierno de Vázquez y en la actualidad, la intervención judicial en casos de derechos humanos que implicaron delitos cometidos en el exterior, contra menores y que estuvieran fuera de las fechas en que formalmente hubo dictadura, pero la nueva forma de “leer” la Ley 15.848 no logró quitar de la impunidad a la mayoría de los casos de desaparición y muertes por tortura ocurridas dentro del territorio uruguayo. </B></div> <bR> <div> <B>Mucho menos ha posibilitado romper la “omertá” pactada entre los militares que tienen información real sobre lo ocurrido.Un cambio sustancial en el tema se terminó de verificar el 16 de octubre de 2009, cuando la Suprema Corte de Justicia, por primera vez, modificó su posición sobre la Ley de Caducidad y consideró que la norma era inconstitucional para el caso de muerte por tortura de Nibia Sabalsagaray. La sentencia, que un año más tarde determinaría el procesamiento con prisión de los oficiales José Chialanza y Miguel Ángel Dalmao (general en actividad que estaba a cargo de la poderosa División de Ejército IV), abrió un camino cierto para que la justicia avance en el tema, tras el fracaso del “voto rosado” en el plebiscito del 25 de octubre de 2009 y la frustración de otro debate sobre otra “ley interpretativa” que naufragó en el parlamento en 2010.</B></div> <bR> <div> <B>El encarcelamiento de un militar en actividad no provocó reacciones desestabilizadoras por parte de las Fuerzas Armadas que actualmente se encuentran enfrentadas a serios problemas de funcionamiento y hasta una cierta desmoralización al comprobarse hechos de corrupción con los fondos de las misiones de paz de la ONU, o frente a la deserción de pilotos aviadores que se retiran por mejoras económicas en la actividad privada, entre otras internas. Sólo los dos desacreditados clubes militares (Centro y Círculo) mantienen hoy la defensa de los militares presos por crímenes de lesa humanidad.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B><U>El año que se fue</U></B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>El año que termina, y cierra una década de avances y retrocesos en materia de derechos humanos, se inició con la condena del dictador Bordaberry por “atentado a la Constitución” y once desapariciones forzadas, que por primera vez fueron tipificados como crímenes de lesa humanidad por la jueza Mariana Motta a instancias de la fiscal Ana María Telechea. </B></div> <div> <B>Y el mismo mes, se produjo la tan esperada extradición del coronel Manuel Cordero a Argentina, luego de tres años de trámites jurídicos y políticos en Brasil, donde mucho incidió el activista brasileño Jair Krischke.</B></div> <bR> <div> <B>En agosto se concretó el encarcelamiento del coronel Juan Carlos Gómez por el homicidio de Roberto Gomensoro, finalmente identificado porque un forense se quedó con su cráneo. Y en octubre pasado, dos oficiales de la aviación, José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero, fueron procesados por el asesinato de Chávez Sosa. La Suprema Corte de Justicia también se ha pronunciado por otro reclamo de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en una causa que involucra 19 muertes por tortura y está próxima otra sentencia para el caso de los Fusilados de Soca y el asesinato del coronel Trabal.</B></div> <bR> <div> <B>El 15 y 16 de noviembre se realizaron las audiencias públicas en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgó al Estado uruguayo por el Caso Gelman y, aunque el nuevo gobierno del presidente José Mujica admitió la responsabilidad del Estado, su defensa no pudo justificar la sobrevivencia de una Ley de Caducidad cuya eliminación exigen los organismos de derechos humanos desde 1992 por considerar que viola convenios internacionales y tratados a los cuales Uruguay esta adscripto.</B></div> <bR> <div> <B><U> Es seguro que Uruguay será condenado por la Corte en marzo próximo.</U></B></div> <bR> <div> <B>Durante más de un año el Estado uruguayo no renovó el convenio con la Universidad de la República por el que se financiaban las excavaciones del equipo forense de López Mazz, aunque a fines de noviembre de 2009 el técnico universitario había presentado un informe reservado en el que anunciaba haber encontrado en el Batallón 14 el lugar denominado “Arlington” donde hubo enterramientos y tener indicios sobre la Operación Zanahorias en el lugar. </B></div> <bR> <div> <B>El convenio se firmó finalmente esta semana y las excavaciones se retomaran en febrero próximo, cuando también se reiniciarán las causas judiciales y el tema de los derechos humanos volverá a ser centro político de un país que sigue jaqueando, pero no termina de darle el mate a su propia impunidad.</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><U><IMG SRC="115948870.jpg" border=0 width="328" height="391" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  </U></B><B><U><IMG SRC="115948870.jpg" border=0 width="328" height="391" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U></B></div> <bR> <bR> <div> ESTOY BIEN SOLO... <FONT SIZE="5" COLOR="#FFCC33" FACE="Impact" >Canciller Almagro</FONT><FONT SIZE="5" COLOR="#FFCC33" FACE="Cooper Black" ><IMG SRC="103342ef0.jpg" border=0 width="322" height="239" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></FONT></div> <bR> <div> Mujica se desmarcó de Almagro y de Breccia en discusión sobre interpretativo de la caducidad.</div> <bR> <div> El presidente José Mujica dijo ayer que “obedecerá y acompañará” la decisión del Frente Amplio de impulsar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad pero que no se “inmiscuirá en la decisión”. Señaló además que los “aportes” de Almagro fueron una “colaboración militante y personal”. Esta afirmación sorprendió al canciller, ya que asumió el tema en su carácter de representante del gobierno y nadie le advirtió que hiciera lo contrario, indicaron a la diaria fuentes de la cartera.</div> <bR> <div> En un comunicado publicado ayer en el sitio en internet de Presidencia, Mujica aclaró su posición respecto al proyecto en discusión en el Senado, que enfrenta la oposición de tres legisladores oficialistas. Dijo que “reafirma enfáticamente su apoyo y acatamiento a las decisiones que tome la mayoría expresa” del FA y que no intervendrá en el debate para “preservar la unidad y el apoyo al gobierno, ante un tema conflictivo de clara responsabilidad parlamentaria”.Puntualizó a continuación que “los aportes realizados por el canciller Luis Almagro en una comisión del FA no fueron decisión del gobierno, sino colaboración militante y personal del mismo”. </div> <bR> <div> En cancillería sorprendió esta afirmación. Fuentes de la cartera señalaron que Almagro “asumió el tema como canciller”. “Lo planteó en una reunión de gabinete, informó todos los pasos que iba a dar y ahí no se le dijo nada. Es complicado hacerlo ahora”, apuntaron.El vicepresidente Danilo Astori enfatizó ayer que “el señor canciller actuó en relación con una materia de su cartera, y esa materia refiere a una demanda presentada contra el Estado uruguayo”, por lo cual no era “ajena a su trabajo”.Por otra parte, en las reuniones de la comisión del FA que estudió el tema, Almagro siempre habló en calidad de representante del gobierno y así lo ratificaron quienes participaron en ellas. </div> <bR> <div> “Ningún ministro habla a título personal, son todas opiniones institucionales”, manifestó el diputado nuevoespacista Felipe Michelini. “Almagro siempre participó en la comisión en su calidad de canciller”, coincidió Carlos Coitiño (Partido por la Victoria del Pueblo), y agregó que todo el texto se elaboró “en permanente consulta con el presidente”. “Incluso el propio Breccia participó en reuniones y conoció el texto, por eso lo que hace es de una enorme mala fe”, sentenció.Precisamente, Breccia salió a hablar nuevamente del proyecto ayer y se refirió a la postura de Mujica. “</div> <bR> <div> Él [por el presidente] considera que no existe nada que pueda justificar infringir las normas constitucionales”, declaró a El Espectador. Agregó que cuando se discutió el tema en la comisión del FA el Poder Ejecutivo comunicó al organismo que el gobierno “no iba a enviar ese proyecto porque tenía observaciones de forma”. Almagro negó este extremo en declaraciones a la prensa. “Breccia integró la misma comisión que yo, de la cual salió la redacción del proyecto que se aprobó por unanimidad”, advirtió.</div> <bR> <div> Parte del comunicado emitido por Mujica parece desmarcarse también de los comentarios de Breccia. “Otras manifestaciones públicas sobre este asunto son interpretaciones válidas o no, pero no incluyen al presidente”, aclara. Además, lamenta que “la discusión sobre tan delicado asunto no se diera en el FA ni en el debate previo en la Cámara de Representantes”. Fuentes cercanas al presidente explicaron que Mujica pretendió con este texto tomar distancia de “una cantidad de comentarios que vinculan al proyecto con Presidencia” y dejar claro que no es una iniciativa del gobierno. “Ya lo he dicho 20 veces, pero lo voy a volver a decir”, le dijo Mujica a su entorno.Natalia Uval</div> <bR> <div> <IMG SRC="ff82cce0.jpg" border=0 width="300" height="206" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <IMG SRC="103272690.jpg" border=0 width="114" height="105" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <div> “Los aportes realizados por el canciller Luis Almagro en una comisión del Frente Amplio (FA) no fueron decisión del gobierno sino colaboración militante y personal del mismo", manifestó el mandatario en un comunicado publicado ayer en el sitio web de la Presidencia.</div> <bR> <div> Además, tomó distancia de los dichos del secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, quien dijo a Radio Francia Internacional y reiteró a El Espectador que el proyecto tenía problemas "de forma" y que Mujica no estaba de acuerdo, por lo que no fue enviado al Parlamento desde el Poder Ejecutivo. "Considero, y el presidente Mujica lo considera seguramente conmigo, que no existe nada que pueda justificar el infringir las normas constitucionales, nada puede ser tan importante como para eso", manifestó Breccia.</div> <bR> <div> Horas más tarde, Mujica estableció: "Las manifestaciones públicas sobre este asunto son válidas o no pero no incluyen al presidente, quien expresamente resolvió acompañar sin inmiscuirse". Además, lamentó que los posicionamientos contrarios a la norma hayan surgido en el Senado y no "en el FA ni en el debate previo en la Cámara de Representantes", al tiempo que reafirmó "enfáticamente su apoyo y acatamiento a las decisiones que tome la mayoría".</div> <bR> <div> De noche, al retirarse del Estadio Centenario, donde participó del lanzamiento de la temporada turística de verano, ratificó no haberle pedido a Almagro que elaborara el proyecto y dijo que el comunicado “confirma lo que dije hace dos meses. Hay demasiado palabrerío”.</div> <bR> <div> La postura del presidente generó malestar tanto en la fuerza política como en la Cancillería. Si bien en principio se descartó un alejamiento de Almagro o del subsecretario Roberto Conde, fuentes ministeriales indicaron que los comentarios fueron recibidos con "desconcierto" y que ambos decidieron guardar silencio para "evitar debates".</div> <bR> <div> El vicepresidente Danilo Astori (AU), en cambio, defendió a Almagro y dijo que en su comparecencia ante el FA actuó "en relación a una materia de su Cartera. Esa materia refiere a una demanda presentada contra el Estado uruguayo que, a su vez, se presentó ante un organismo internacional del que formamos parte. Fue una intervención relativa a un asunto de su Cartera".</div> <bR> <div> Varios integrantes de la comisión especial del FA que trabajaron junto al canciller en la elaboración del proyecto confirmaron que lo hizo como representante del Poder Ejecutivo al igual que Breccia.</div> <bR> <div> "No se puede pensar que alguien del Poder Ejecutivo concurra a una reunión política en carácter de militante. Nunca se aclaró que no representaban al gobierno e incluso el presidente Mujica, consultado dos veces por el presidente de nuestra fuerza política, Jorge Brovetto, dio su visto bueno. Es evidente que las cosas no andan bien en el Poder Ejecutivo. Nos gustaría más claridad y coherencia", dijo a Ultimas Noticias el diputado Carlos Coitiño (PVP).</div> <bR> <div> En el mismo sentido, Daoiz Uriarte, representante de la Vertiente Artiguista (VA), señaló que "en ningún momento se nos dijo que el presidente estaba en desacuerdo con el proyecto. Cuando Breccia participó no opinó a favor pero tampoco manifestó que entendiera que se infringía la Constitución. Nunca nos dijeron que el canciller actuaba como militante. Es sorprendente".</div> <bR> <div> Horas antes que se hiciera público el comunicado de Mujica, el senador Eduardo Lorier (PCU) dejó claro en el diario El Observador que su percepción era que Almagro había actuado en representación del Poder Ejecutivo.</div> <bR> <div> "Breccia tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión pero advirtió que la voz oficial del gobierno en este tema la tiene el canciller. La opinión del Ejecutivo es la del Ministerio de Relaciones Exteriores", afirmó.</div> <bR> <div> El diputado Luis Puig (PVP) dijo a El Espectador que el proyecto se elaboró "en total contacto con el Poder Ejecutivo. La Cancillería participó y tanto es así que después de aprobado por la Cámara de Diputados el presidente de la República le manifestó su total apoyo al compañero Brovetto en ocasión de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, en Argentina".</div> <bR> <div> El diputado Felipe Michelini (NE), en tanto, dijo a Ultimas Noticias que "todos los fundamentos por los cuales se presentó el proyecto continúan vigentes y son tan válidos como hace un mes".</div> <bR> <div> El presidente del Partido Socialista (PS), Reinaldo Gargano, prefirió no opinar sobre las posturas cruzadas del Poder Ejecutivo pero ratificó que su partido mantiene la posición de respaldo al proyecto. Por su parte, la senadora socialista Mónica Xavier recordó que "hasta el momento no hay ninguna opción mejor para eliminar la ley de Caducidad".</div> <bR> <div> Mesa Política analizará crisis por discrepancias</div> <bR> <div> La Mesa Política del Frente Amplio (FA) analizará el próximo lunes su situación interna luego de las diferencias generadas por el debate sobre el proyecto interpretativo para eliminar los efectos de la Caducidad.</div> <bR> <div> El diputado Carlos Coitiño, representante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), pidió que el tema sea analizado por entender que "el FA está ante una situación de quiebre". Las manifestaciones públicas del presidente José Mujica y el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, con cuestionamientos al proyecto generaron la reacción del FA, que también analizará el relacionamiento con el Poder Ejecutivo en ese tema.</div> <bR> <div> "No podemos quedarnos callados cuando desde el gobierno se pone en cuestión un proyecto derivado de un largo proceso democrático de discusión. Han colocado al FA frente a una situación crítica y tenemos que discutirlo. Aquí se le está cavando la fosa a uno de los temas más sentidos de la izquierda", manifestó Coitiño a Ultimas Noticias.</div> <bR> <div> Al igual que otros varios dirigentes, el legislador aseguró que en ningún momento Breccia presentó propuestas alternativas o habló de la presunta inconstitucionalidad del proyecto. "Aquí la memoria no acompaña a los actos. En todos mis años de militancia, nunca vi algo así. Lo sucedido habla de gente que está en contradicción con los principios de la izquierda. Hablamos de personas capaces de cambiar su postura de un día para el otro como si nada", concluyó.</div> <bR> <div> Pedirán reabrir discusión</div> <bR> <div> Los senadores Jorge Saravia (E.609), Rodolfo Nin Novoa (AP) y Eleuterio Fernández Huidobro (CAP) solicitarán a la bancada oficialista que retire el proyecto interpretativo para eliminar la Caducidad y reabra la discusión con el objetivo de buscar una salida que incluya la consulta popular. El planteo será realizado el mes próximo, cuando la bancada retome el tema como consecuencia del tratamiento en la Comisión de Constitución y Legislación del cuerpo. Si bien en los últimos días el debate quedó en suspenso como consecuencia del tratamiento parlamentario de la ley de Presupuesto, los tres legisladores "disidentes" analizaron el tema y concluyeron que el proyecto en discusión "está muerto y enterrado". Ninguno de los tres votará la propuesta por considerarla inconstitucional.</div> <bR> <div> Juristas a Constitución</div> <bR> <div> El Frente Amplio (FA) insistirá con el proyecto interpretativo para eliminar la Caducidad pese a la oposición creciente en la interna y en el propio Poder Ejecutivo. El presidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, Rafael Michelini, anunció que en la primera semana de diciembre iniciará la convocatoria a juristas y técnicos para realizar consultas. Sin embargo, fuentes del FA dijeron a Ultimas Noticias que no se manejan plazos para enviar la propuesta al plenario, dado que la izquierda no tiene votos suficientes ni en la Cámara Alta ni dentro de la misma comisión. Con el senador Rodolfo Nin Novoa (AP) como uno de sus miembros, el FA está en minoría para elevar el proyecto al pleno.</div> <bR> <div> <IMG SRC="f83fafa0.jpg" border=0 width="250" height="250" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <IMG SRC="f83fafa0.jpg" border=0 width="250" height="250" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <div> Nuevo caso de exclusión de la Ley de Caducidad</div> <div> <I> El Poder Ejecutivo excluyó el caso de la muerte del sacerdote salesiano del Colegio Pío, Francisco Guarino Moscatelli, en 1982, de Ley de Caducidad.</I></div> <div> <I>El Poder Judicial remitió en consulta al Poder Ejecutivo el expediente por el cual se investiga la muerte de Guarino Moscatelli, sacerdote salesiano muerto en 1982, por existir nuevos elementos de prueba surgidos de la indagatoria, a efectos de que el Ejecutivo se expida sobre si se encuentra comprendido, o no, en la suspensión de la caducidad punitiva del Estado.</I></div> <bR> <div> <I>El Poder Ejecutivo resolvió habilitar la indagatoria judicial "atento a que en la actualidad se han incorporado a la causa nuevos elementos de prueba que habilitan la continuación de la investigación, se estima que el hecho no se encuentra comprendido en el artículo 1º de la citada ley", expresa la resolución del Ejecutivo.Francisco Guarino Moscatelli era un sacerdote salesiano de 50 años que se desempeñaba como subdirector de Primaria en el Colegio Pío. </I></div> <bR> <div> <I>Su hermano declaró a Montevideo Portal, que el sacerdote no tenía militancia política, había tenido fuertes encuentros con las autoridades de la enseñanza de la época por defender los intereses de los alumnos.Guarino Moscatelli falleció el 9 de diciembre de 1982 en el Hospital Maciel, tras ser ingresado con un cuadro de "politraumatismos graves".</I></div> <bR> <div> <I> Sin embargo, sus lesiones y las circunstancias de su muerte nunca fueron aclaradas."Lo único que supimos es que se había accidentado y no había sido así. A mí lo que más dolió en el alma fue que la noche del accidente lo dejaron tirado como un perro. Dijeron que había caído de un edificio en Ciudad Vieja", expresó su hermano.</I></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <I>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</I></div> <bR> <div> <IMG SRC="fd587950.gif" border=0 width="391" height="405" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <div> <U>La Mesa Política y la bancada reafirmaron que el texto no se cambiará</U></div> <div> El FA insiste con proyecto</div> <div> para eliminar la Caducidad</div> <bR> <div> <I>El Frente Amplio (FA) decidió mantener sin cambios el proyecto interpretativo de la Constitución destinado a eliminar los efectos de la ley de Caducidad y encomendó a su presidente, Jorge Brovetto, que encabece las conversaciones con los senadores que lo cuestionan para intentar convencerlos.</I></div> <bR> <div> T<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>anto la Mesa Política como la bancada oficialista resolvieron ayer que el camino a seguir será insistir con el texto aprobado por la Cámara de Diputados y que se buscará "convencer" a los senadores Jorge Saravia (E.609), Rodolfo Nin Novoa (AP) y Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L). Si bien Saravia se mantiene firme en su postura crítica, la izquierda aspira a lograr que Nin y Fernández Huidobro encuentren un mecanismo que permita "mantener la unidad". En el caso de la Alianza Progresista (AP), se confía en la posibilidad de convencer a Nin de que vote o deje entrar a su suplente, Gustavo Guarino, quien está dispuesto a acompañar la propuesta. Fernández Huidobro, en tanto, depende de la decisión que adoptará la dirección de su sector el domingo, lo que para el FA abre la posibilidad de obtener el voto que falta.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>"Existen normas obligatorias inderogables, que obligan a los pueblos a juzgar los crímenes de lesa humanidad, están incorporadas en la Constitución a través del artículo 71 y fueron mencionadas por la Suprema Corte de Justicia en varias sentencias de inconstitucionalidad. Esa es la prueba más grande de que no podemos mantener la ley de Caducidad y nosotros confiamos en el poder de convencimiento para llegar a una postura unánime", dijo a Ultimas Noticias el senador Oscar López Goldaracena (1001). Asimismo el representante socialista en la Mesa Política, Manuel Núñez, indicó que en el análisis efectuado ayer quedó claro que "esta solución no violenta las resoluciones de los plebiscitos. Nuestro objetivo es convencer para que se vote como está en el Senado".</B></div> <bR> <div> <B>Si bien no hay oposición para acompañar un plebiscito posterior, la postura de la Mesa Política y la bancada es no discutir ese tema en forma previa.</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> -------------------------------------------------</div> <bR> <div> <A HREF="http://vadenuevo.com.uy" TARGET="_top" TITLE="http://vadenuevo.com.uy"><U><B><IMG SRC="f7a54420.jpg" border=0 width="340" height="66" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></U></A><B> </B><FONT SIZE="4" COLOR="#FFFF00" FACE="Arial Black" ><U>Artículo tomado desde VADENUEVO</U></FONT></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <U><IMG SRC="f7df4a40.jpg" border=0 width="500" height="676" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U></div> <bR> <div> <U>LA LEY DE CADUCIDAD</U></div> <div> A falta de anulaciones,</div> <div> buenas son las interpretaciones</div> <bR> <div> <B>L</B><FONT SIZE="4" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial" ><I><B>a compleja trama que rodeó la ley de caducidad desde su lejana sanción, tanto en el plano político como en el jurídico, es analizada en profundidad en este artículo escrito cuando aún es incierto el desenlace en el Senado del proyecto en debate. El lector podrá acceder a un prolijo examen de los distintos escenarios, cada uno de ellos con sus claroscuros e interrogantes, en que se desenvuelve la presente etapa del prolongado y abierto proceso en busca de poner fin a una ley que expone al país a una inminente condena de la Corte Internacional de los Derechos Humanos (CIDH).</B></I></FONT></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <I><B>Por </B></I><FONT SIZE="5" COLOR="#00FFFF" FACE="Arial" ><I><B>Juan Errandonea</B></I></FONT></div> <bR> <div> <B>U</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>no desearía que sus artículos fueran declarados “írritos, nulos y sin ningún valor para siempre”, como en la Declaratoria de la Florida, o que su texto fuera quemado en la plaza pública, como se hiciera con los tratados con Brasil de 1851; pero a 24 años de su sanción, intentamos una vez más desembarazarnos de esta mochila pesada y cargada de las peores cosas, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fuera sancionada el 22 de diciembre de 1986 bajo la amenaza de desacato militar. En esta oportunidad el medio utilizado es la llamada Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, que al momento de escribir este artículo ya tiene media sanción por la Cámara de Representantes (1).</B></FONT></div> <bR> <div> <B>Hubo momentos en que pareció que conseguíamos librarnos de la ley de “impunidad”, pero luego veíamos que no, e incluso algunos sostenían que estaba todavía más firme que antes.</B></div> <bR> <div> <B>En octubre de 2009 sucedieron dos hechos que pueden haber dejado perpleja a mucha gente en cuanto a qué pasaba con dicha ley y a las posibilidades de  continuar avanzando en procura de la verdad y la justicia.</B></div> <bR> <div> <B>El lunes 19 de octubre, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictó la Sentencia Nº 365 en la causa por la muerte de Nibia Sabalsagaray, declarando inconstitucionales e inaplicables en ese caso concreto los Arts. 1º, 3º y 4º de la Ley de Caducidad. De esta forma se modificó la jurisprudencia de la SCJ de 20 años atrás.</B></div> <bR> <div> <B>Pero el domingo siguiente, 25 de octubre, el plebiscito que se proponía reformar la Constitución y por esa vía anular la Ley de Caducidad, no obtuvo la mayoría de votos requerida; la papeleta rosada alcanzó casi el 48% de los votos, faltando algunos miles para la necesaria mayoría absoluta.</B></div> <bR> <div> <B>Quedó entonces planteada la interrogante: ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? Se mantuvo una ley, declarada inconstitucional para un caso concreto, que se mantiene vigente, no habiendo prosperado su intento de anulación</B></div> <bR> <div> <B>.Luego de octubre del año pasado, se abrieron cuatro o cinco posibles escenarios:</B></div> <bR> <div> <B>A) No tocar la ley. </B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>Tenemos una sentencia de inconstitucionalidad de la SCJ, hay otros juicios de inconstitucionalidad en trámite sobre los que seguramente recaerá la misma sentencia. Y a esto se suma que el Poder Ejecutivo (PE) ha mantenido la interpretación de la ley que hizo el gobierno anterior, en el sentido de que la caducidad no ampara a los mandos, y, obviamente, tampoco a los civiles (Juan María Bordaberry, Juan Carlos Blanco); no ampara a los delitos que perseguían un provecho económico ni tampoco a aquellos delitos cometidos en el exterior, ni a los que se continúan cometiendo (desaparecidos); y se seguiría con la búsqueda de niños secuestrados y de restos humanos en unidades militares de acuerdo al Artículo 4º de la ley.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>Continuaríamos avanzando, el área de la impunidad se reduciría mucho, pero no superaríamos el problema de las condenas internacionales al Estado uruguayo (Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos)</B></div> <bR> <div> <B>B) Derogación.</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> Supone que la norma deje de existir y no produzca efectos hacia el futuro, pero todos aquellos casos que ya se hubiesen clausurado por disposición de la ley y sobre los que hubiese recaído sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no podrían ser reabiertos. Sólo las nuevas denuncias (no vinculadas a hechos ya denunciados) podrían tener andamiento sin que la ley derogada tuviese efectos sobre el caso concreto.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>C) Anulación por el Parlamento</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>, por violar flagrantemente la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Uruguay. Es una salida atractiva e interesante porque elimina la ley del ordenamiento jurídico, como si nunca hubiera existido. Al respecto surgían dos dificultades de naturaleza diferente, una política y otra jurídica.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>La dificultad política: que el Parlamento estaría anulando una ley, incluso casi con el mismo texto, que la ciudadanía no quiso anular unos pocos meses atrás.La dificultad jurídica: ¿puede el Poder Legislativo anular leyes? La Constitución nada dice al respecto; lo único que está previsto cuando una ley es contraria a la Carta es el juicio de inconstitucionalidad ante la SCJ, que tiene efecto para el caso concreto. Defendiendo la tesis de que el Parlamento puede anular leyes, se ha sostenido que a la salida de la dictadura, en los primeros meses del primer gobierno de Julio María Sanguinetti, se sancionó la Ley No. 15.738, que convalidó la mayoría de los actos legislativos aprobados por el Consejo de Estado que se constituyó en la dictadura, pero también anuló varias leyes y derogó otras. Es un argumento que nunca nos convenció. Porque el fundamento jurídico de esa ley es que los actos legislativos aprobados por el Consejo de Estado no son formalmente leyes, dado que no fueron aprobados por los órganos constitucionalmente competentes y porque no se siguió el procedimiento constitucional para su sanción. Entonces, lo que hizo la Ley Nº 15.738 fue convalidar, es decir, darle fuerza de ley a los actos que formalmente no lo eran y declarar absolutamente nulos aquellos actos legislativos que no convalidaba. Pero en el caso de la ley de caducidad, se estaría anulando una ley que fue sancionada formalmente de acuerdo a lo que establece la Constitución.</B></div> <bR> <div> <B>D)</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> Luego surgió una variante de la alternativa planteada en el literal anterior, y fue la </B></FONT><B>declaración de inexistencia de la ley por parte del Parlamento</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>, también por violar en forma flagrante la Constitución y las convenciones internacionales ratificadas por nuestro país. Esta solución tendría la ventaja de que no contendría el mismo texto desestimado por la ciudadanía en el plebiscito de octubre, pero las dudas en el plano jurídico se mantienen.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>E)</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> Por último, el Partido Independiente (PI) propuso pocos días atrás que mediante el mecanismo de las leyes constitucionales se estableciera que las sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia tuvieran efectos generales y no para el caso concreto, como está establecido actualmente. Es un planteo interesante que quizás pueda ser objeto de análisis en artículos futuros, pero también puede llegar a ser muy riesgoso porque podemos quedar librados al llamado “gobierno de los jueces”.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>La nueva ley</B></div> <bR> <div> <B>Ahora, ante la casi certeza de que el Estado uruguayo sería condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman, el Parlamento se apresta a sancionar esta Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA), pero también con el respaldo efectivo de la Cancillería de la República. El texto final del proyecto, con media sanción de la Cámara de Representantes el día 20 de octubre pasado, dice así:</B></div> <bR> <div> <B>Artículo1º.</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>- Interprétese de conformidad con el artículo 85 numeral 20 de la Constitución de la República que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>Artículo 2º.- </B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12) que los artículos  1º, 3º y 4º de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, violan los artículos 4, 72, 83, y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>Artículo 3º.</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>- En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de esta Ley: </B></FONT></div> <bR> <div> <B> a)   El archivo de las actuaciones decretadas por el Juez competente por aplicación del  artículo 3º de la Ley 15.848, no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada</B></div> <bR> <div> <B> b)   Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales, continuará de oficio, o por solicitud del interesado o del Ministerio Público. </B></div> <bR> <div> <B>c)   Sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles, y hayan sido o pudieren haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo 1º de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, no podrá computarse a los efectos de la prescripción, el período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley.</B></div> <bR> <div> <B>Artículo 4º.</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> – Asimismo, lo dispuesto en esta ley se aplicará a las nuevas denuncias que se presenten.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>Como se puede apreciar, el objetivo de la ley es adecuar nuestra legislación al Derecho Internacional, y en la Exposición de Motivos se hace caudal de la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Se han manifestado diversas posiciones contrarias a esta ley.</B></div> <bR> <div> <B>Se ha dicho que la Nación se expresó soberanamente en dos oportunidades y que eso es una “valla infranqueable para que el Parlamento modifique, derogue o anule la ley”. (2) Pero también se ha dicho que esta es una crítica “sociológica” y no jurídica. (3)</B></div> <bR> <div> <B>Creo que en el único plano (además, obviamente, del ético y moral) en el que la Ley Interpretativa es absolutamente defendible, tanto jurídica como políticamente, es en cuanto a la necesidad de adecuarnos al Derecho Internacional, y de cumplir con las obligaciones que como Estado tenemos.</B></div> <bR> <div> <B>Las cátedras de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos de la Universidad de la República (UDELAR), invitadas a la Comisión de la Cámara de Representantes que estudió el proyecto, expresaron: “Durante mucho tiempo y hasta la época actual -por qué no-, se discutió acaloradamente si la norma constitucional tenía jerarquía por sobre la norma internacional común. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados resolvió este tema reconociendo que el Derecho interno no puede ser invocado como justificación para el incumplimiento de un Tratado. Es decir que no hay duda ninguna en cuanto a que el Derecho Internacional prima por sobre toda otra norma de Derecho y que nadie puede, basado en su Constitución, decir que no cumple con un compromiso internacional”. (4)</B></div> <bR> <div> <B>“El Estado de derecho de la República Oriental del Uruguay está hecho como un sistema de protección de los derechos humanos, y los Pactos vienen a reforzar la protección y garantía de los derechos humanos. No es que sean contrarios sino que se complementan unos con otros. Uruguay, desde que es parte de la Organización de Naciones Unidas y de la O.E.A., debe cumplir con los Pactos. Este es el tema técnico y jurídico. El asunto político es cómo ustedes, en el contexto histórico y político, van a ponderar los intereses en conflicto que, según cada solución, tendrán luces y sombras como tiene todo en la vida”. (5)</B></div> <bR> <div> <B>En el plano estrictamente jurídico y de derecho interno</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>, la Ley Interpretativa puede merecer objeciones, y seguramente las tendrá, y será en definitiva la Suprema Corte de Justicia (ante acciones promovidas por los amparados por la Ley de Caducidad) la que fallará si esta nueva ley es o no constitucional y por ende si los tribunales estarán o no obligados a cumplirla. Por lo tanto esta ley, si se aprueba, no será el último capítulo; el próximo capítulo lo escribirá la SCJ con su fallo en 2011 o 2012.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>En el plano político y también jurídico </B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>cabe tener en cuenta que, si bien el cuerpo electoral se pronunció en dos oportunidades, una mediante referéndum y la última a través de un plebiscito de reforma constitucional, la Ley Interpretativa actual no deroga, ni revoca, ni tampoco anula la Ley de Caducidad, sino que la “interpreta” en consonancia con nuestro ordenamiento constitucional y con nuestras obligaciones internacionales como Estado. Se podrá decir, y se está diciendo, que se quiere ganar en la liga lo que se perdió en la cancha.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>Pero aquellos que están políticamente tan seguros de que la ciudadanía quiere el mantenimiento de la Ley de Caducidad, y que entienden que esta Ley Interpretativa vulnera la voluntad democráticamente expresada del cuerpo electoral, podrían perfectamente promover un recurso de referéndum contra esta nueva ley, y si obtienen mayoría, esta ley desaparecería y la Ley de Caducidad recobraría todo su valor. Pero, por una vez, que sean los partidos tradicionales, quienes </B><FONT SIZE="3" COLOR="#00FFFF" FACE="Arial" ><B>promuevan la consulta popular, porque siempre ha sido la izquierda la que lo ha hecho.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>Pero más allá del análisis político de la ley, lo que más preocupa es la forma en que el Frente Amplio ha manejado este proyecto que podría convertirse en ley:</B></div> <bR> <div> <B>a) le ha dejado a los partidos tradicionales la defensa de la voluntad del cuerpo electoral, y no ha sabido contrarrestar ese embate; si hasta el Comandante en Jefe del Ejército amonesta al Parlamento y le dice que respete la voluntad popular (dicho sea de paso, tendría que haber sido cesado de su cargo de inmediato);</B></div> <bR> <div> <B>b) la aprobación de la ley no surge como fruto de un reclamo nacional sino como una maniobra “leguleya”, alejada de la opinión pública;</B></div> <bR> <div> <B>c) quizás hubiera sido preferible recibir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para después tratar de encolumnar a la gente y a todos los sectores que fuera posible para promover la aprobación de esta ley;</B></div> <bR> <div> <B>d) y entre los que hay que encolumnar, están los propios militantes del FA, porque a esta altura de los acontecimientos parece bastante patético que “la fuerza política” deba aprobar una ley en contra de la impunidad, recurriendo nada más y nada menos que a la disciplina partidaria.</B></div> <bR> <div> <B>Un tema que en algún momento el campo democrático de izquierda debería abordar es por qué ha sido tan engorroso sacarse esta ley de encima. ¿Acaso los partidos tradicionales han sintonizado mejor el sentir de la gente que la propia izquierda, aunque ésta sea actualmente mayoría?</B></div> <bR> <div> <B>Obviamente los errores propios han ayudado a esto: ¿no fue acaso un gran error político haber ido a un plebiscito cuando nada obligaba a ello y cuando se estaba avanzando firmemente contra la impunidad? Si se hacía, ¿no había que poner toda la carne en el asador ya que era muy valioso lo que estaba en juego? ¿No fue también un error político no advertir que la coincidencia del plebiscito con las elecciones nacionales iba a distorsionar la campaña por la papeleta rosada?</B></div> <bR> <div> <B>Y estos errores no son sólo del Frente Amplio, también lo son de la Comisión que lanzó la campaña por la anulación de la ley, y los hay personalmente de algunos de sus referentes que pasaron a integrar listas sectoriales en los tramos finales de la campaña.</B></div> <bR> <div> <B>Pero hay un tema sociológico de fondo y que tiene que ver con la postura que los distintos segmentos de la sociedad uruguaya han adoptado frente a la ley de caducidad, y ello se ha dado también dentro del Frente Amplio. Por eso, quizás tenga cierta lógica que una ley que tuvo un nacimiento tan espurio, y una existencia por demás lamentable, tenga una agonía tan complicada y una muerte tan esperada. </B></div> <bR> <div> <B>(1)</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> Al momento de redactar este artículo los Senadores Saravia y Nin han sostenido que no votarán este proyecto de ley, por lo que no estarían los votos para su sanción.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>(2)</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> Dip. Ana Lía Piñeyrúa, citando a Korseniak y Gonzalo Aguirre, en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes; sesión del 06/10/10.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>(3)</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> Prof. Felipe Luzardo de las Cátedras de Der. Const. y DD. HH. de la UDELAR, Com. Const. Cód., Legislac. Gral. y Adm. de la Cámara; sesión del 06/10/10.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>(4)</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> Prof. Roberto Puceiro, Cátedras de Der. Internac. Público y DD.HH. de la UDELAR, Com. Const.; sesión del  06/10/10</B></FONT></div> <bR> <div> <B>.</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFF00" FACE="Arial" ><B>(5) </B></FONT><B>Prof. Agustín Prat, Cátedras de Der. Internac. Público y DD.HH. de la UDELAR, Com. Const.; sesión del 06/10/10.</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>--------------------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <bR> <bR> <div> <B><IMG SRC="f78e9450.gif" border=0 width="233" height="325" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> </B><FONT SIZE="6" COLOR="#FFFF00" FACE="Cooper Black" ><B>un debate fuera de foco</B></FONT></div> <div> <B>POR PABLO ANZALONE </B><FONT SIZE="4" COLOR="#00FFFF" FACE="Arial" ><B>- Secretario General del PVP - Frente Amplio</B></FONT></div> <bR> <div> <B>E</B><FONT SIZE="4" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>n los últimos días el proyecto de ley interpretativa de la Constitución sobre la Ley de Caducidad ha sido objeto de muchos ataques. La discusión se ha centrado en dos aspectos: la disciplina interna de la fuerza de gobierno y el respeto a los plebiscitos, omitiendo otros muchos que hacen a la sustancia misma de lo que se está discutiendo. Como en las fotografías, es una imagen fuera de foco.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>La caricatura pone en el centro de la atención pública al senador electo por el Frente Amplio que se niega a votar la ley y hasta califica de "golpe de estado técnico" la decisión de su fuerza política y de la Cámara de Diputados, e insulta al canciller de su propio gobierno y a los compromisos internacionales suscritos por el país.Esta faltando el tema de fondo: la impunidad de los crímenes cometidos, la igualdad ante la ley y la actual violación de la independencia de poderes. Estamos hablando de torturas masivas, asesinatos, desapariciones</B></div> <bR> <div> <B>. De la apropiación de niños cuyos padres fueron desaparecidos. Se habla de la condena de Uruguay por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como si fuera una intromisión en nuestra soberanía. Recordemos que fue el Estado uruguayo, la dictadura cívico militar y sus oficiales quienes secuestraron a una muchacha argentina embarazada, la asesinaron y se apropiaron de su hija. ¿No hay un problema ético de fondo al querer evitar que estos hechos sean investigados por la Justicia? ¿No estamos ante una forma de convalidar el horror?Esto va más allá de una discusión de disciplina partidaria.</B></div> <bR> <div> <B> Faltan otras voces, las de las víctimas en primer lugar, con quienes hay una deuda moral, histórica.Los pronunciamientos de Hijos Uruguay, nucleamiento de los hijos de desaparecidos, y de Familiares de Detenidos Desaparecidos, son muy clarificadores y han recibido poca difusión.Veamos la operación de la derecha. Durante 20 años esa derecha enquistada en las cúpulas de los partidos colorado y blanco fue artífice de la impunidad.</B></div> <bR> <div> <B> No hubo un sólo caso de crímenes de la dictadura sometido a la justicia durante 4 gobiernos. Ampararon las atrocidades más grandes y hasta los delitos económicos cometidos por los personeros de la dictadura. Esos defensores de la impunidad y de una ley inconstitucional hoy se golpean el pecho con el resultado de las urnas.Fue el gobierno de Tabaré quien comenzó a excluir de la ley de caducidad las demandas judiciales de los familiares de las víctimas.</B></div> <bR> <div> <B> Por otra parte, el caso de Nibia Sabalzagaray motivó la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad por parte de la Suprema Corte y se pronunciaron en igual sentido la anterior legislatura, el Poder Ejecutivo y la universidad.En octubre de 2009 no se alcanzaron las mayorías para anular la ley. Más de un millón de uruguayos se pronunciaron y otro tanto se omitieron. No hubo opción por NO. Quedaron en la misma bolsa los defensores confesos de los torturadores, junto a desinformados, indecisos, prescindentes. </B></div> <bR> <div> <B>Esta heterogeneidad es tan amplia que no puede interpretarse el resultado como un respaldo absoluto y explícito a la impunidad, ya que se sumaron los votos anulados y en blanco en contra del SI. Asumimos esa derrota, hemos reflexionado sobre sus causas, así como las responsabilidades que corresponden a los distintos actores, incluyéndonos.Al argumento del resultado de los plebiscitos respondemos con total claridad: sí respetamos ese pronunciamiento ciudadano. </B></div> <bR> <div> <B>Esa iniciativa de anulación de la ley fue derrotada. Por muy poco, pero fue derrotada. Lo respetamos.Pero de ninguna manera ello significa que no puedan plantearse otros instrumentos, otros medios para alcanzar el fin de la igualdad ante la ley, el derecho a la justicia y la verdad. Recordemos que siguen ocultando aún hoy dónde están los desaparecidos. Siguen torturando a sus familiares con la mentira y el ocultamiento.La derecha y sus cómplices, ensoberbecidos, sacan como conclusión que la población respaldó la impunidad. </B></div> <bR> <div> <B>Les falta poco para decir que votaron a favor de la protección a los dictadores y por la libertad de militares presos. En su opinión, la ley de impunidad es sacrosanta. Esta interpretación tan interesada, es presentada con grandes voces, como de principios.No les importa si la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley de caducidad. Los voceros actuales de la impunidad desestiman la cuestión básica de que una norma inconstitucional pueda seguir en el orden jurídico. </B></div> <bR> <div> <B>La sentencia de la Suprema Corte es explícita al señalar que el hecho de haber sido considerada en el referéndum de 1989 no le otorga ningún status especial a esta ley porque estuvo viciada de inconstitucionalidad desde su origen. Porque viola derechos fundamentales de la humanidad.Muchas veces las luchas populares han sufrido derrotas: electorales, sociales y políticas. Algunas muy profundas. Y solo la derecha más recalcitrante puede soñar con que a partir de allí sólo cabe la resignación, con que no puedan replantearse los mismos valores de fondo con otros instrumentos igualmente democráticos. Porque el Parlamento es una instancia constitucional y democrática de toma de decisiones.</B></div> <bR> <div> <B>Eso es lo que hizo el Frente Amplio. No volvió a plantear la anulación de la ley o su derogación, sino que elaboró un proyecto interpretativo de la constitución para poner las cosas en su lugar o sea, el derecho a la vida, la integridad física y el acceso a la Justicia por encima de cualquier otra norma. Luego de una larga discusión llegó a un acuerdo unánime en la comisión plural que trabajó el tema, en la Mesa Política y en el Plenario Nacional.</B></div> <bR> <div> <B> Este organismo, la máxima autoridad de la fuerza política, resolvió por consenso apoyar esta propuesta de ley. No hubo ningún voto en contra. Participan allí todos los sectores integrantes de la fuerza política y todas las representaciones de base. Estas instancias de la mayor representatividad posible resuelven en consonancia con el programa de gobierno aprobado por el Congreso Zelmar Michelini, y votado por la ciudadanía. </B></div> <bR> <div> <B>Recordemos que este programa dice claramente que se promoverá la eliminación de las normas nacionales que contradigan los compromisos internacionales suscritos por el país, refiriéndose expresamente a la ley de impunidad. Ese programa obliga a todos los legisladores y a todos los gobernantes.El debate democrático y la unidad de acción son dos pilares de la subsistencia del Frente Amplio. </B></div> <bR> <div> <B>En los períodos de resistencia y mucho más ahora desde el gobierno, son las formas de sostener la pluralidad y la unidad en una fuerza política que sigue siendo imprescindible para alcanzar transformaciones profundas en nuestro país.</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>----------------------------------------</B></div> <div> <B> <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LtAL_XYskpw?fs=1&hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LtAL_XYskpw?fs=1&hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>  </B></div> <bR> <div> <B><IMG SRC="f47c66d0.jpg" border=0 width="454" height="365" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> </B><FONT SIZE="5" COLOR="#FFFF00" FACE="Impact" ><U>Exabrutos"oportunistas". Piden explicaciones a Batlle y Sanguinetti de por qué se mantiene la "impunidad" en el país</U></FONT></div> <div> Desde el Frente Amplio rechazan dichos de los ex presidentes sobre Caducidad</div> <div> <I>Desde el Frente Amplio, de forma monolítica, se fustigó el contenido de una misiva publicada ayer en el diario El País y firmada por los ex presidentes Jorge Batlle y Julio Sanguinetti. Ambos acusaron al Frente Amplio porque "está recorriendo un camino peligroso" de "desprecio a la voluntad ciudadana".</I></div> <bR> <div> <B>S</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>anguinetti y Batlle afirmaron que el debate sobre la Ley de Caducidad está "jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral" y advirtieron que "intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía".</B></FONT></div> <bR> <div> <B>"Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista", señalaron en la carta, que fue el título principal de portada del matutino afín al Partido Nacional, ayer domingo.</B></div> <bR> <div> <B>En radio El Espectador, que ayer dialogó con ambos ex presidentes, señaló que Sanguinetti y Batlle acusaron al Frente Amplio de buscar "mecanismos endiablados" para alcanzar objetivos ya laudados por las urnas, a raíz del proyecto de ley interpretativo cuyo contenido discute la izquierda.Desde el Frente Amplio, se señaló que ambos ex presidentes volvieron a echar mano a la vieja receta de agitar fantasmas, en coincidencia con el día de Halloween.</B></div> <bR> <div> <B>El senador Ernesto Agazzi (MPP) dijo que Batlle y Sanguinetti actúan como unos "oportunistas" por invocar la defensa de las consultas populares, cuando nunca antes estas personas utilizaron esta herramienta.Agazzi señaló ayer que ambos ex mandatarios omiten el centro de la cuestión, y es determinar si están de acuerdo o no con la impunidad y los crímenes de lesa humanidad, incluidos en el Tratado de Roma y en la jurisprudencia internacional.Agazzi recriminó tanto a Batlle como a Sanguinetti por manifestar que defienden y dicen estar de acuerdo con la democracia directa pero "nunca utilizaron este mecanismo, y los únicos que sí lo usamos fuimos nosotros para salir a defender lo que considerámos injusto".</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><IMG SRC="f4ba1e20.jpg" border=0 width="161" height="226" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B> Agregó que sus opiniones no son válidas porque en el fondo no se expiden sobre "si están de acuerdo o no con la impunidad, y ponen al Poder Ejecutivo como filtro del accionar del Poder Judicial".Por este motivo, sostuvo que tanto Batlle como Sanguinetti son "oportunistas", porque salen a hablar de una herramienta como la consulta popular, cuando nunca nunca la utilizaron, salvo en la década de los 50, en oportunidad del plebiscito del vintén.</B></div> <bR> <div> <B>Por su parte, el diputado del PVP, Luis Puig acusó a Batlle y Sanguinetti de ser artífices de la impunidad. "Ambos deberían explicarle a la gente porque motivos no hay justicia en el país", acotó Puig, quien calificó a Sanguinetti de ser el "estratega de la impunidad". No obstante, auguró que esta norma será finalmente erradicada de la normativa uruguaya, "para asegurar un futuro democrático para el país". Señaló que "no hay posibilidad que la sociedad esté sana, basada en la impunidad y la mentira</B></div> <bR> <div> <B>."El diputado frenteamplista replicó a los ex mandatarios que el eje del debate está centrado en "si se mantiene o no la impunidad a los terroristas que asesinaron, entregaron niños a los integrantes de la dictadura y sembraron el terror en la sociedad."Sostuvo que "la impunidad que construyó Sanguinetti se está resquebrajando", y argumentó que si no se castigan a los delitos de lesa humanidad, es como que en nuestra legislación no se castigue los delitos de narcotráfico.La senadora socialista, Mónica Xavier sostuvo ayer que cuando en las argumentaciones se apelan a términos como "diabólicas" o "tortuosas" huelgan hacer comentarios. </B></div> <bR> <div> <B><IMG SRC="f498fea0.jpg" border=0 width="143" height="234" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <div> <B>Sostuvo que lo dicho por los ex mandatarios es descalificante, y de gravedad por intentar mantener en la normativa nacional esta ley "que todos sabemos que contradice las normas jurídicas internacionales"La legisladora hizo un llamado a que finalmente se encuentre una solución logrando estar a la altura de las circunstancias. </B></div> <bR> <div> <B>"No debemos seguir postergando el diálogo y la negociación", indicó Xavier.El senador Enrique Rubio (V.A.) catalogó de "exabrupto" las declaraciones de Sanguinetti y Batlle respecto al planteo del FA de dejar sin efecto la Ley de Caducidad. El legislador aclaró que "acá no está en juego problemas de seguridad jurídica, "ni es cierto que esté laudado en la sociedad uruguaya la impunidad. </B></div> <bR> <div> <B>En buena parte de la población hay una sensibilidad ética y posturas que están absolutamente vigente y en la piel."Rubio rechazó los pronunciamientos de los ex mandatarios, por "ser responsables de haber mantenido y extremado los efectos de la Ley de Caducidad.Carecen de autoridad para hablar de estos temas, por haber aplicado la propia ley, y ser copartícipen en la intención de esta máquina infernal que es la norma de la Caducidad".</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>LEY DE CADUCIDAD </B></div> <div> <B>ley en debate </B></div> <div> <I><U>G. Seré – Analista </U></I></div> <bR> <div> S<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial Black" >egún el diccionario, una falacia es un razonamiento lógicamente equivocado pero persuasivo. Algunas falacias son evidentes como por ejemplo decir que todos los pájaros vuelan y como los aviones vuelan entonces los aviones son pájaros. Otras son más difíciles de descubrir y las percibimos como verdades, sin reflexionar en profundidad sobre su contenido. </FONT></div> <bR> <div> Por ejemplo la afirmación que en estos días hemos escuchado a políticos de distintos partidos diciendo que la Ley de Caducidad fue ratificada por la mayoría de la población en el plebiscito de octubre pasado y por lo tanto el Parlamento no la puede anular. Vamos a ver que esta afirmación no encierra una sino al menos tres falacias diferentes. </div> <div> La primera falacia es la que plantea el plebiscito como la expresión de la ciudadanía a favor o en contra de la Ley de Caducidad. </div> <bR> <div> Algunos llevan esto más lejos y dicen que la ciudadanía se expresó a favor o en contra de la impunidad. Nada de esto es cierto porque en ese plebiscito nadie votó por apoyar esa ley. Lo único que en ese plebiscito estaba en juego era la posibilidad de anularla mediante una reforma constitucional. </div> <bR> <bR> <div> Y la única forma de expresarse a favor de la reforma era con una papeleta del SI. Aunque a los efectos de la reforma propuesta la ausencia de papeleta se contaba como un voto negativo -al igual que los votos anulados-, no había una papeleta del NO que permitiera expresarse a quienes quisieran mantener esa ley. Y si esa papeleta hubiera existido, ese voto tampoco expresaba un apoyo a la ley sino que solo hubiera expresado un rechazo a la reforma. </div> <bR> <div> Al no llegarse al mínimo requerido constitucionalmente la reforma propuesta no resultó aprobada y ese es el dato de la realidad. Por lo tanto, las únicas dos certezas que tenemos en cuanto a la expresión de la ciudadanía es que, -primero- el 47% quizo anularla mediante una reforma constitucional y -segundo- que no sabemos qué piensa el restante 53%. </div> <bR> <div> Ni siquiera sabemos si todos piensan lo mismo, aunque es de sentido común que ese porcentaje esté integrado por las más diversas opiniones, lo que nos lleva a la siguiente falacia. </div> <bR> <div> La segunda falacia consiste en afirmar que la mayoría de la población apoya la Ley de Caducidad porque no votó SI. Como decíamos recién, en ese 53% de población que no puso la papeleta del SI hay de todo. Están sin duda quienes defienden la Ley de Caducidad y que lamentablemente no podemos cuantificar porque no había una papeleta que les permitiera expresarlo. </div> <bR> <div> Pero también están quienes estando en contra de esa ley no estaban de acuerdo con que se anulara mediante una reforma constitucional; quienes consideraban que el Frente Amplio no podía apoyar el plebiscito por los compromisos asumidos en la campaña del 2004; quienes votaron por SI pero se les anuló el voto; quienes creyeron que con el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia días antes de las elecciones ya no era necesario poner la papeleta del SI; quienes creyeron que anulando la Ley de Caducidad quedaban libres los militares presos; y quienes por desinformación ni siquiera se enteraron que había un plebiscito. </div> <bR> <div> Y sin duda habrá otros casos de quienes no quieren que la ley permanezca pero no pusieron la papeleta del SI. Para ponerlo en otros términos, se podría afirmar -y también sería una falacia- que toda la ciudadanía está en contra de la Ley de Caducidad porque en el plebiscito nadie votó expresamente por mantenerla. </div> <bR> <div> La tercera falacia se expresa en esta frase: “no podemos votar por anular la ley contrariando la voluntad de la mayoría que votó por mantenerla”. Esta es una falacia en dos pasos que consiste en hacerle decir a la mayoría de la población algo que uno piensa y atribuirse su representación. Mediante este mecanismo se podría defender casi cualquier postura sobre cualquier tema y es un camino peligroso. Defender la democracia implica no solo respetar la opinión de la mayoría. También es no apropiarse del discurso de quien no se expresó haciéndole decir lo que uno quiere. Esta es la mejor forma de respetar al ciudadano. </div> <bR> <div> Hace casi 25 años que convivimos con la Ley de Caducidad y con el problema que representa para los valores democráticos de nuestra sociedad y su acceso a la justicia. Aún hoy -ya en el siglo XXI- todavía hay quienes creen que el derecho a la vida, a la integridad de las personas, el derecho a no ser torturado ni desaparecido, el derecho a ser defendido frente a la arbitrariedad y el poder del Estado, son derechos que pueden quitarse mediante una ley. </div> <bR> <div> En los próximos días el Parlamento -que acaba de ser electo y que por ello tiene una representatividad indiscutible- tendrá nuevamente en su agenda un proyecto de ley para anular la Ley de Caducidad. Esto ocurre por dos razones. La primera es que anular la Ley de Caducidad fue un compromiso asumido por el Frente Amplio ante la ciudadanía durante la campaña electoral y que está escrito en su programa de gobierno.</div> <bR> <div>  La segunda razón es que en función de los tratados internacionales a los que el país está obligado, si el Uruguay no anula la Ley de Caducidad en las próximas semanas será condenado por la Corte Internacional de Derechos Humanos. </div> <bR> <div> El tema de la Ley de Caducidad ha mantenido y mantiene a la sociedad dividida y pese al tiempo transcurrido los uruguayos no hemos sabido discutir el problema de fondo desligándolo de cálculos estratégicos y argumentaciones oportunistas. Ahora, a través del Parlamento, tendremos una nueva -y quizá última- posibilidad de confrontar ideas y opiniones a partir de argumentos que -aún en el disenso- todos podamos racionalmente aceptar. </div> <bR> <div> Será la oportunidad para conocer las mejores razones de cada uno. Le haría bien a la democracia y al sistema político conocerlos y analizarlos. </div> <bR> <div> El Parlamento tiene la palabra. </div> <bR> <div> <IMG SRC="e638e510.jpg" border=0 width="142" height="81" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"><IMG SRC="d94f0400.jpg" border=0 width="240" height="320" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> Texto interpretativo. Cruce entre diputados Orrico y BorsariLey de Caducidad: gobierno aspira a que esté aprobado el 19 de octubre La oposición reclama más tiempo para analizar el proyecto</div> <bR> <div> El gobierno quiere que el 19 de octubre la ley que declara inaplicable la Ley de Caducidad ya esté aprobada en Diputados. La oposición rechaza el cronograma y pretende darse más tiempo para su análisis. </div> <bR> <div> Ayer ya se dieron los primeros escarceos legislativos sobre este tema.Ayer se registró el primer fogonazo dialéctico entre diputados del gobierno y de la oposición en el proceso de debate por el proyecto de ley que buscará establecer la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad o Ley de impunidad.Blancos y colorados que integran la Comisión parlamentaria que desde el pasado martes tiene el proyecto a estudio, reclaman más tiempo para debatir el articulado de la ley bajo el argumento de que no quieren que se repita lo ya ocurrido con proyectos de ley tratados y aprobados con premura legislativa.</div> <bR> <div> El presidente de la Comisión de Constitución y Códigos, el frentista Jorge Orrico desmintió versiones de prensa en las que se aseguraba que el gobierno pretende sancionar el proyecto el día 4 de octubre y, en su primera intervención de ayer en la Comisión destacó: "no es cierto lo que dice "El País" de hoy (por ayer miércoles); lo desmiento tajantemente. "El País" dice que hay que aprobar el proyecto antes del 4 de octubre. Eso es falso, es mentira; no sé de dónde salió, pero parece que algunos se dan el lujo de imaginar cosas y hablar de fechas concretas".</div> <bR> <div> Desde la izquierda en tanto, se quiere que el proyecto que declara inaplicable la Ley de Caducidad sea aprobado por los Diputados inmediatamente luego que sea sancionado el proyecto, a más tardar el 19 del entrante mes de octubre. Esa es la fecha.Orrico señaló ayer en el debate parlamentario que "no queremos que esto se haga a marcha camión. Sí fue a marcha camión la Ley de Caducidad; no hay dudas, basta leer las versiones taquigráficas: se aprobó de madrugada y prácticamente en el día. No es nuestra intención" repetir esa experiencia, destacó.</div> <bR> <div> Agregó que "sería una tomadura de pelo a la oposición decir que vamos a aprobarlo antes del 4 de octubre si para el 7 de ese mes tenemos previsto recibir al ministro de Relaciones Exteriores".Mientras, el nacionalista Gustavo Borsari fue un rato antes quien se encargó de encender la mecha del fogonazo advirtiendo que sería "inconveniente tratar a marcha camión este tema (porque) ya hemos tenido experiencias negativas, que están siendo motivo de comentarios en todo el país y en el Parlamento, respecto de leyes votadas con rapidez, sin un profundo análisis", sostuvo, en evidente alusión a la ley que derogó el artículo 76 de la ley 2.230 y que benefició clausurando los antecedentes delictivos de los Peirano Basso y que todos los partidos con representación parlamentaria coinciden en señalar que aquella fue una ley tratada con premura en el Poder Legislativo. </div> <bR> <div> El diputado colorado Gustavo Cersósimo aseguró que la oposición no tiene conocimiento de los detalles de la instancia internacional vinculada a la vigencia de Ley de Caducidad y a la eminente sanción que podría recaer sobre el país y se abrazó a la idea ya manejada por su sector, Vamos Uruguay, en el sentido de que la Ley de Impunidad fue puesta a consideración del pueblo en dos oportunidades y así, avalada. </div> <bR> <div> "Si conocemos los argumentos muy valiosos que tiene el Uruguay para contestar ya, sin que se requiera la sanción de ninguna norma jurídica" propuso Cersósimo.</div> <bR> <bR> <div> CADUCIDAD EN EL ULTIMO TRAMO?...</div> <div> LLEGO LA HORA</div> <div> <B><U>Proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad entra al Parlamento “con respaldo” de Mujica.</U></B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><IMG SRC="e3528700.jpg" border=0 width="552" height="368" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <div> <B>La iniciativa será tratada primero por la bancada del Frente Amplio (FA). El texto, al que accedió la diaria, declara “inaplicables” los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad y habilita a continuar de oficio “toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada” como consecuencia de la decisión del Poder Ejecutivo de amparar los casos en la norma.</B></div> <bR> <div> <B>El presidente del FA, Jorge Brovetto, transmitió ayer durante la Mesa Política que el presidente José Mujica “comparte el texto”. No obstante, no será el Ejecutivo el que la envíe. Ayer, la mesa definió que la vía de ingreso será la parlamentaria. El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, había anticipado a este medio que el gobierno no firmaría la iniciativa porque tiene “observaciones jurídicas” pero que “coincidía con el objetivo político” </B></div> <bR> <div> <B>Daoiz Uriarte (Vertiente Artiguista), integrante de la comisión redactora, explicó que la aprobación del texto en la Mesa Política por unanimidad -aunque con tres abstenciones- y la declaración favorable del Plenario hace una semana “contaron muchísimo” para que adviniera el respaldo de Mujica. “El canciller [Luis] Almagro se ha manifestado más de una vez a favor y también Breccia en lo personal. Incluso [como secretario de Presidencia] manifestó que el Ejecutivo no vetaba. Un proyecto que tiene todo a favor es imposible que no salga”, analizó Uriarte.</B></div> <bR> <div> <B>“Avanzamos un casillero más. No doy el oso por cazado, pero es el comienzo del camino para eliminar la impunidad. Y el respaldo del presidente es clave. Pero el FA, por tener la mayoría, no es el único responsable [de la vigencia de la caducidad], sino todo el sistema político”, valoró el diputado Carlos Coitiño (PVP). Luego añadió que su aspiración es que se llegue con los tiempos para sancionarlo antes del 4 de octubre, día en que está fijada la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver recuadro). En tanto, el diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) adelantó en diálogo con la diaria que hoy en la bancada se recogerán las 50 firmas para cumplir con los requisitos y el proyecto sea debatido, y que se “generarán instancias” para determinar “cómo se dialoga con los partidos de la oposición”.</B></div> <bR> <div> <B>Dice </B><B>as</B><B>í</B></div> <bR> <div> <B>La exposición de motivos explica que la iniciativa pretende otorgar “reconocimiento” de rango constitucional a las normas internacionales de derechos humanos basándose en argumentos esgrimidos contra la Ley de Caducidad por parte de la Suprema Corte de Justicia en su declaración de inconstitucionalidad para el caso de Nibia Sabalsagaray en octubre de 2009, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que elevó el “caso Gelman” a la corte en enero de 2010.</B></div> <bR> <div> <B>El texto consta de tres artículos. El primero declara como “interpretación auténtica” de la Constitución que “el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad” están incorporadas en el artículo 72 y que “se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República”.</B></div> <bR> <div> <B>El segundo establece como “interpretación obligatoria” que los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad violan los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución y que son “en consecuencia inaplicables”. En función de esas dos disposiciones, en el tercer artículo se establece que “toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley 15.848 continuará de oficio por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público, y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales”. </B></div> <bR> <div> <B>Además se prevé que “cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles”, hayan o no sido incluidos en la norma, “no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 (cuando se aprobó la caducidad) y la fecha de promulgación de la presente ley”.</B></div> <bR> <div> <B>Lourdes Rodríguez </B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>------------------------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> En paralelo</div> <bR> <div> “Sería una satisfacción muy grande que eso se concretara”, expresó a la diaria Macarena Gelman al ser consultada por el envío del proyecto al Parlamento. “La Ley de Caducidad no es el único tema planteado en la demanda, hay otros que tienen que ver con la justicia. Lo que me importa es que algo largamente esperado se concrete. Ni que hablar que era un avance impensable hacía unos meses. </div> <bR> <div> Voy a estar pendiente de cómo se desarrolla la discusión y de una eventual resolución”, consideró. Durante la audiencia, el tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recogerá la prueba oral de los demandantes, Macarena y su abuelo Juan Gelman, y el demandado, que en este caso es el Estado, que estará representado por Carlos Matta, de cancillería. </div> <bR> <div> Comparecerán en forma oral el historiador Gerardo Caetano y Mirtha Guianze como peritos. Y como peritos pero de forma escrita, la ex directora de Derechos Humanos María Elena Martínez -a sugerencia de la CIDH-, la psicóloga Ana Deutsch y el abogado Pablo Chargoñia</div> <bR> <div> . En la calidad de testigos y por escrito declararán los periodistas Gabriel Mazzarovich y Roger Rodríguez. La corte no tiene plazo para expedirse. La sentencia podría conocerse en diciembre o a más tardar en febrero.</div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div>  <img src="HTMLobj-3638/aniGif.gif" border="0" align="bottom" width="441" height="13">  </div> <div> <B><IMG SRC="e37287f0.jpg" border=0 width="552" height="383" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <div> Otras causalidadesGobierno se puso como meta aprobar ley interpretativa de la Caducidad </div> <div> antes del 25 de octubre.</div> <bR> <div> “<FONT SIZE="4" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial Black" >Nos parece un avance que la Ley de Caducidad salga del ordenamiento jurídico, pero el tema de la impunidad es mucho más grande”, afirmó en diálogo con la diaria Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, organización que en una semana tendrá una reunión con Presidencia. </FONT></div> <bR> <div> Para entonces espera respuestas a tres planteos: asignación de recursos a la Comisión Nacional de Seguimiento, la orden para retomar las excavaciones en el Batallón 14 y la implementación de políticas concretas para desclasificar archivos de la dictadura.</div> <bR> <div> La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) definió ayer un plan de trabajo, según el cual el martes se citará una sesión extraordinaria de la cámara baja para darle al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad la entrada formal al Parlamento, con el respaldo del presidente José Mujica, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. </div> <bR> <div> Está previsto además que el 29 y el 30 de setiembre se le dé tratamiento en la Comisión de Constitución y Códigos, y que la primera semana de octubre sea aprobada por el plenario.Para entonces ya se habrá desarrollado la audiencia única en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado, fijada el 4 de octubre, por denegación de justicia en la investigación de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman en 1976. </div> <bR> <div> No obstante, la resolución del presidente de la Corte IDH, Diego García Sayán, establece un plazo improrrogable hasta el 25 de octubre, para que las partes hagan las observaciones finales en alegatos escritos. La expectativa es que para esa fecha, que coincide con la del plebiscito rosado de un año atrás, la norma para dejar inaplicable la Caducidad tenga sanción definitiva.</div> <bR> <div> En tanto, se conformó dentro de la bancada frenteamplista una subcomisión integrada por los diputados Carlos Coitiño (PVP), Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) para ajustar detalles en la exposición de motivos, con el objetivo de “profundizar el nivel político” de los argumentos. </div> <bR> <div> En la tarde de ayer, tras la reunión de bancada, los tres diputados convocaron a los coordinadores de los partidos de la oposición para informarles sobre los movimientos previstos.Al encuentro asistió sólo el Partido Nacional, que estuvo representado por los diputados Pablo Iturralde (Alianza Nacional) y Jaime Trobo (Unidad Nacional). “No tengo comentarios. Nos dieron el texto, escuchamos y nada más”, señaló Iturralde a la diaria. El independiente Iván Posada explicó que se encontraba en la Comisión de Presupuesto, pero que el FA le hizo llegar el proyecto. En tanto, al cierre de esta edición no habían dado una respuesta en la secretaría del coordinador colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay), a la que el FA entregó una copia, según informaron a la diaria.</div> <bR> <div> Que no se repita</div> <bR> <div> “Aún falta para contestar cómo, cuándo, dónde y por qué”, decía la carta que Familiares escribió a Mujica el 1º de marzo. Fue la primera misiva que le tocó leer como presidente. El 27 de abril los recibió en la Torre Ejecutiva y los representantes hicieron especial hincapié en solicitar la reinstrumentación de la Comisión Nacional de Seguimiento, ya que el convenio con la Universidad de la República que la mantenía en funcionamiento venció al finalizar el mandato de Tabaré Vázquez.</div> <bR> <div> El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, los volvió a convocar en junio: “Quedó en dar respuestas, pero aún no las hemos tenido”, indicó Errandonea. “Hay señales favorables pero no hay acciones concretas del gobierno”, añadió. Por eso, para la próxima semana aguardan avances en ese sentido.Valora el envío al Parlamento del proyecto interpretativo, pero tampoco se hace “demasiada esperanza”. “La presión ha ido creciendo de todos lados; ahora, si el gobierno es más permeable a la presión internacional que a la nacional, bueno, tendrá que afrontar su decisión. Las formas no me importan, me importa que no siga existiendo esta aberración en el ordenamiento jurídico uruguayo. </div> <bR> <div> Queremos saber qué pasó pero queremos también que nunca más pase. Pero tampoco hay que hacerse demasiada esperanza en que cuando esta ley se borre se vaya a acabar la impunidad”, expresó a la diaria Errandonea.Para eso, indicó, es necesario implementar otras acciones. “Continuar la búsqueda de archivos. Los del departamento de Estado en Estados Unidos. Los de Defensa. Los del Servicio Información y Defensa ni se han tocado. </div> <bR> <div> Los archivos microfilmados del Centro General para Oficiales de Reserva ya están sistematizados por los historiadores, están prontos para la publicación en web y no se puede hacer porque no hay autorización de Presidencia”, enumeró. </div> <bR> <div> Y añadió: “Tampoco ha dado la orden para entrar al Batallón 14, donde hay indicios de lo que pudo haber sido la Operación Zanahoria. Pasa el tiempo, y Familiares no tiene toda la vida. </div> <bR> <div> Ya llevamos 30 años buscando. Pero para esto se necesita voluntad política”. </div> <div> ASAMBLEA GENERAL DE CRYSOL</div> <div> Y SU RESOLUCION....</div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="e1f80e00.jpg" border=0 width="640" height="480" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <B>18 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la Asamblea Nacional de ex presas y de ex presos políticos de Uruguay convocada por Crysol al cumplirse un año de la promulgación de la Ley de reparación 18 596.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>El evento se llevó a cabo en la sede social de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), en el centro de Montevideo. Comenzó a las 15 horas.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>Por encontrarse fuera del país, no asistió el Presidente de Crysol, cro. Baldemar Taroco.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>El cro. Dr. Ricardo Ehrlich (Ministro de Educación y Cultura) se disculpó por no poder asistir y nos deseó éxito telefónicamente.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>La asamblea fue presidida por los miembros de la Comisión Directiva de Crysol, Gastón Grisoni, Julio Martínez, José Silva, Brenda Falero y Carmen Vernier.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>Delegaciones de diferentes puntos del país se hicieron presentes y participaron activamente en la asamblea deliberativa.</B></div> <div> <B><IMG SRC="e2180e00.jpg" border=0 width="640" height="480" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>Antes de comenzar la asamblea se llevó a cabo un sencillo homenaje a Marcos Velázquez recientemente fallecido y a todas y a todos los ex presos políticos fallecidos desde la última reunión de este tipo con una breve actuación de Daniel Viglietti.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>También se realizó un homenaje sorpresa al cro. Daniel Viglietti por su apoyo permanente desde siempre al colectivo. Se contó con una intervención especial del cro. José Alaníz (Pepe Veneno). Brenda Falero y Chela Fontora le entregaron una artesanía en agradecimiento y se vivieron momentos de intensa emoción.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B><IMG SRC="e2280e00.jpg" border=0 width="640" height="480" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B>Posteriormente y dando comienzo a la asamblea propiamente dicha, Gastón Grisoni, Secretario de la institución, presentó y fundamentó la propuesta de resolución que para la instancia fuera difundida previamente por Crysol.</B></div> <div> <B><IMG SRC="e2380e00.jpg" border=0 width="640" height="480" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>Las diferentes comisiones (Caducidad, Salud, Memoria, Finanzas, Casa) presentaron sus respectivos informes y se procedió a la instancia de debate y de presentación  de propuestas modificativas a la resolución.</B></div> <div> <B> </B></div> <div> <B>A la hora 17,45 se procedió a votar la propuesta de resolución que fue aprobada por unanimidad recogiendo las diferentes sugerencias que fueron presentadas durante la instancia de debate.</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><IMG SRC="e2480e00.jpg" border=0 width="640" height="480" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <div> Resolución aprobada por la Asamblea Nacional</div> <div> de ex pres@s polític@s de Uruguay</div> <div>  </div> <div>  </div> <div> La Asamblea Nacional de ex presas y de ex presos políticos, reunida a instancias de Crysol, en el día de la fecha en la sede de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), resuelve:</div> <div>  </div> <div> 1.  A 25 años del retorno a la institucionalidad democrática como resultado de la resistencia y de la lucha del pueblo uruguayo al Terrorismo de Estado, son grandes las tareas y desafíos pendientes de resolución para erradicar definitivamente de la sociedad el legado nefasto de dicho período y afirmar un  Estado de derecho pleno.</div> <div>  </div> <div> 2. Anular y/o destruir técnicamente la Ley de Caducidad, por inmoral, injusta e inconstitucional, tal como lo reclaman más de 1.200.000 uruguayos y la Comisión Interamericana de DDHH, paso de enorme importancia y trascendencia para continuar desterrando la cultura de la impunidad, es el desafío más inmediato e irrenunciable.</div> <div>  </div> <div> 3. Establecer la verdad de lo sucedido con todos los Detenidos Desaparecidos, el qué, cómo, cuándo, dónde y porqué, es un principio esencial de afirmación de la justicia. Las FFAA deben asumir ante el conjunto de la sociedad su responsabilidad institucional por dichos crímenes, dar toda la información que siguen ocultando a los familiares y a la sociedad, someter a tribunales de Honor a los responsables de los mismos con igual rigor  con que se ultrajan ante fraudes y estafas económicas que son delitos de un rango inferior.</div> <div>  </div> <div> 4. Lograr que todos los poderes del Estado uruguayo asuman las normas de DDHH con igual jerarquía que otras normas del sistema positivo, que se creen tribunales especializados para los mismos, que se tipifiquen los Delitos de Lesa Humanidad de acuerdo a los compromisos internaciones y a las leyes vigentes, que se pueda acceder a las historias clínicas de quienes estuvieron internados en el Hospital Central de las FFAA durante el proceso cívico militar, asegurar el acceso pleno a los archivos de la represión, brindar apoyo jurídico, psicológico y material a quienes inician juicios por dichos delitos, son esfuerzos destinados a mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos y cimentar un futuro esperanzador.</div> <div>  </div> <div> 5. En este marco, aprobar una Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado que cumpla con la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos y Penas crueles, inhumanos y degradantes y con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es una demanda de nuestra organización que sigue teniendo plena vigencia.</div> <div>  </div> <div> 6. La Ley de Reparación 18 596 promulgada el 19 de setiembre de 2009 es un paso importante en el camino de superar los daños causados por el proceso iniciado a partir del 13 de junio de 1968. No es una ley de reparación integral ya que no cumple con estándares internacionales en la materia e incluye un artículo 22 injustificado en una norma con tales características. No obstante lo anterior proceder a su rápida y efectiva implementación, para que los beneficiarios de ella puedan acceder a lo consagrado por la ley, dotando a la Comisión Especial de los recursos materiales, humanos y financieros para su trabajo efectivo, merece el esfuerzo y la militancia del colectivo organizado actuando dentro de la Comisión Especial y fuera de ella.</div> <div>  </div> <div> 7.  A un año de la aprobación de la Ley 18 596, la no emisión por parte del Poder Ejecutivo del decreto reglamentario del Artículo 10 que consagra la atención gratuita y vitalicia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) para algunos grupos de víctimas del Terrorismo de Estado y jerarquiza jurídicamente las disposiciones del Decreto 268/08,  es una demora injustificada que revictimiza a quienes tanto sufrieron y tanto debieron aguardar para que el Estado uruguayo asumiera sus obligaciones en la materia.</div> <div>  </div> <div> 8. Realizar una concentración ante la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP) el miércoles 13 de octubre de 2010, a la hora 15.00, en respaldo a la demanda de una rápida implementación del Artículo 10 (reparación en salud) de la ley 18 596.</div> <div>  </div> <div> 9. Superar todas las injustas exclusiones, carencias, insuficiencias y omisiones de la Ley Jubilatoria 18 033, mediante una nueva ley, debe seguir en la agenda del colectivo organizado, del mismo modo que potenciar nuevamente el trabajo por una efectiva implementación de la labor de la Comisión Especial.</div> <div>  </div> <div> 10. Facilitar el proceso de amparo a quienes estuvieron detenidos en centros clandestinos de detención en el exterior ante la no entrega de la documentación pertinente por parte de las FFAA debe recibir el máximo apoyo institucional actuando dentro y fuera de ella.</div> <div>  </div> <div> 11. Modificar sustancialmente el decreto 106/2007 del Poder Ejecutivo para que los cónyuges de ex presos políticos fallecidos perciban la Pensión Especial Reparatoria del Artículo 11 (trasmitida como pensión de sobrevivencia) junto con sus propias jubilaciones o pensiones es un desafío impostergable para avanzar también en el camino de la justicia previsional.</div> <div>  </div> <div> 12. En tanto la Pensión Especial Reparatoria del Artículo 11 de la Ley 18 033 es considerada una prestación previsional que genera pensión de sobrevivencia, debe ser asimilable a cualquier otra jubilación y generar, igual que las mismas, gastos de velatorio y expensas funerarias para los cónyuges en el Banco de Previsión Social (BPS).</div> <div>  </div> <div> 13. Transformar el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) en un lugar de memoria y DDHH, gestionado por las organizaciones de víctimas del Terrorismo de Estado, es un requisito impostergable en la construcción de la Memoria Histórica de la lucha del pueblo por la libertad y como edificación del futuro.</div> <div>  </div> <div> 14. En el mismo sentido, establecer un Día Nacional de la Memoria en recordación y homenaje a todas las víctimas del Terrorismo es una deuda pendiente de la democracia uruguaya para dar cumplimiento a las normas internacionales de DDHH y a lo establecido por la Ley de Reparación 18 596.</div> <div>  </div> <div> 15. Lograr que el 14 de marzo sea oficializado por el Estado uruguayo como Día del Liberad@ es un reconocimiento de dignificación social colectiva a los miles de uruguayas y de uruguayos que sufrieron prisión y torturas por razones políticas, gremiales o ideológicas en el período iniciado a partir del 13 de junio de 1968.</div> <div>  </div> <div> 16. Instalar a la brevedad la Institución Nacional de DDHH, creada a fines del año 2008 y cuyo nombre reivindicamos, como ámbito de defensa y protección de los  derechos individuales y colectivos, contra toda forma de impunidad, dotándola del presupuesto acorde a su importancia y obligaciones es una necesidad de la sociedad civil y un compromiso para nuestro colectivo.</div> <bR> <div> <B><U>Acuerdo. El gobierno y el FA acordaron remitirlo al Parlamento; constaría de 2 artículosDefinen proyecto de ley que deja sin efecto la Ley de Caducidad</U></B><FONT SIZE="5" COLOR="#FFCCB2" FACE="Arial" ><B> leer el articulo al pie de la página....</B></FONT></div> <bR> <bR> <div> <B>Documento secreto revela que EEUU pidió al canciller Peirano Facio que mataran a Sendic si moría Mitrione<IMG SRC="d20627e0.gif" border=0 width="98" height="126" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <IMG SRC="d2264800.gif" border=0 width="100" height="128" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <IMG SRC="d246a810.jpg" border=0 width="106" height="129" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <div> <FONT SIZE="5" COLOR="#FFCC00" FACE="Constantia" ><B>Maten a Sendic"</B></FONT><FONT SIZE="4" COLOR="#FFFFFF" FACE="Constantia" ><B>. El documento secreto fue enviado por el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, William Rogers, al embajador norteamericano en Uruguay, Charles Adair, el 9 de agosto de 1970 cuando ya había sido ejecutado a las 12 horas de ese día el experto en torturas, Dan Mitrione, según el comunicado Nº 9 del MLN emitido horas despues de la ejecución.</B></FONT><B> </B><B>La respuesta del canciller Jorge Peirano Facio al pedido del gobierno de Estados Unidos de matar a Sendic en caso de ser ejecutado Dan Mitrione fue negativa: "Un gobierno como el nuestro no hace este tipo de cosas", pero suguirió que esa tarea ilícita podría ser realizada por el "Escuadrón de la Muerte"</B><FONT SIZE="4" COLOR="#FFFFFF" FACE="Constantia" ><B> la revelación de este comunicado secreto del Departamento de Estado norteamericano traerá consecuencias en la Justicia Penal Internacional. Tal lo declarado ayer en el programa "Sabuesos", de Gabard y Pernas en la 1410 AM LIBRE, por director del proyecto de Documentación del Cono Sur, Carlos Osorio. El funcionario afirmó que "este documento desclasificado de Estados Unidos esta alentando al crimen, esta es la interpretación de cualquier Juez de cualquier corte del mundo, y que estará implicando a funcionarios de los Estados Unidos".</B></FONT></div> <bR> <div> <B><IMG SRC="d2678fb0.jpg" border=0 width="376" height="251" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B>Canciller Jorge Peirano Facio.</B><FONT SIZE="5" COLOR="#FFCC33" FACE="Constantia" ><B> </B></FONT><FONT SIZE="4" COLOR="#FFFFFF" FACE="Constantia" ><B>"Nuestro gobierno no asesina, el "Escuadrón de la Muerte" sí. Traducción del documento secreto. "Nosotros asumimos que el gobierno uruguayo ha considerado utilizar la amenaza de matar a Sendic y a otros prisioneros clave del MLN si Mitrione es muerto. Si esto no fue considerado, usted debería elevarlo de inmediato al gobierno uruguayo". Firma el secretario de Estado William Rogers y abajo hay otra firma, de John Crimmins, futuro embajador de Estados Unidos en Brasil, miembro de la Task Force creada en Washington por el secuestro de Mitrione y también involucrado en la desestabilización del gobierno democrático de Salvador Allende en Chile.</B></FONT></div> <div> <B><IMG SRC="d2847da0.gif" border=0 width="327" height="474" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <IMG SRC="d294adf0.gif" border=0 width="330" height="479" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <div> <B><U>Caso Gelman.</U></B><FONT SIZE="6" COLOR="#FFFFFF" FACE="Impact" ><B> El Estado quiere evitar sanción de la OEA por incumplir normativa internacional</B></FONT></div> <div> <B>La Cancillería impulsa proyecto para anular la Ley de Caducidad</B></div> <div> <B>El canciller Luis Almagro señaló el viernes ante legisladores del Frente Amplio (FA), que existe intención por parte de la Cancillería de presentar un proyecto de ley por el cual se promueva la anulación de la Ley de Caducidad. El FA, en tanto, también estudia una fórmula alternativa.</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><IMG SRC="d0412fc0.gif" border=0 width="274" height="252" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B>Canciller Almagro: Uruguay se expone a una sanción</B></div> <div> <B>moral y ética.</B></div> <div> De esa forma, el Estado uruguayo evitaría una condena internacional por mantener en su derecho positivo vigente una norma contraria al derecho internacional y a la defensa de los derechos humanos.</div> <div> En una reunión que fue calificada por muchos de sus participantes de novedosa, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro interactuó con legisladores y dirigentes del FA, relacionados con la política internacional, y señaló que desde su cartera se está analizando la presentación de un proyecto que según, señalaron fuentes de la Cancillería, elimine rápidamente la Ley Nº 15.848,<FONT SIZE="4" COLOR="#00FFFF" FACE="Arial Black" > "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado". </FONT></div> <bR> <div> Según se supo, hay intención por parte del gobierno, de evitar lo que será la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la denuncia presentada por Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, por el secuestro y desaparición de su madre, María Claudia García en 1976, y por la sustracción de su identidad siendo una niña</div> <bR> <div> Este caso a nivel internacional sería tratado en octubre de este año durante el período de sesiones extraordinario de la Corte Interamericana a desarrollarse en Quito, Ecuador.</div> <div> El pasado viernes se llevó a cabo en las instalaciones de la Torre de los Profesionales la jornada "Política Internacional del Uruguay, Intercambio entre gobierno y la fuerza política", que organizara la fundación Fielsur, la Fundación Líber Seregni y el FA.</div> <div> El propósito fue intercambiar opiniones sobre política internacional, donde estuvieron invitados los legisladores que integran el Parlasur, los miembros de las Comisiones de Asuntos Internacionales del Parlamento y miembros de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (Carifa) del FA. Disertaron el ministro Luis Almagro y el subsecretario Roberto Conde. En la extensa exposición, el canciller abordó diversos temas, como ser el relacionamiento del Mercosur y la Unión Europea, la Unasur, el proyecto presupuestal del Ministerio que dirige, el Parlasur, el voto de los uruguayos en el exterior y la Ley de Caducidad, entre otros.</div> <bR> <div> <IMG SRC="d0500c00.jpg" border=0 width="256" height="192" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> Respecto a este último tema, Almagro señaló que desde la cancillería se está trabajando para dar una solución a la incidencia negativa en el plano internacional que está teniendo la vigencia de la Ley de Caducidad. En este sentido, Almagro recordó que Macarena Gelman demandó al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recientemente elevó el caso ante la Corte Interamericana, máximo órgano jurisdiccional de la OEA, cuyas resoluciones son de preceptivo cumplimiento para los Estados miembros. En tal sentido, el canciller expresó que existe la intención de elaborar un proyecto que lleve a la desaparición de esta norma.</div> <bR> <div> Legisladores que participaron del encuentro señalaron que Almagro expresó que la Cancillería está trabajando en buscar una solución sobre la Ley de Caducidad, cuya vigencia podría conllevar en el corto plazo a una sanción moral y ética contra el Estado uruguayo, más allá de la posibilidad de un resarcimiento económico.</div> <bR> <div> Desde el gobierno se tiene la certeza que esta norma se contradice con la normativa internacional en cuanto al respeto de los derechos humanos, por lo que en el correr de este año se buscará encontrar una solución</div> <div> Si bien en la reunión, Almagro no dijo públicamente cuál sería el mecanismo para evitar la condena internacional, fuentes de la Cancillería aseguraron que este Ministerio estará presentando un proyecto de ley ante el Parlamento para anular la Ley de Caducidad. Desde el Poder Ejecutivo se entiende necesario evitar la sanción por parte de la OEA, más por la sanción moral que implicaría, que por lo económico. En el encuentro de ayer, Almagro ratificó la voluntad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad.</div> <bR> <div> Las fuentes de Cancillería indicaron que la fórmula de más rápida aplicabilidad es proponer la anulación de la norma y no buscar una derogación o interpretación de la misma.</div> <div> Aclararon que los partidos de la oposición no podrían negarse a votar la anulación en el entendido, que "nadie debería de estar en contra de la normativa internacional de defensa de los derechos humanos de la OEA". Acotaron que es intención de esta cartera no ir más allá de setiembre en la presentación de este proyecto.</div> <bR> <div> <IMG SRC="c55c65d0.jpg" border=0 width="454" height="349" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div>  </div> <div> <U> <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iiiwDQORiFs&hl=es_ES&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iiiwDQORiFs&hl=es_ES&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>  </U><FONT SIZE="5" COLOR="#00FFFF" FACE="Cooper Black" > </FONT><FONT SIZE="4" COLOR="#FFFF00" FACE="Cooper Black" >Denuncias para seguir la lucha contra la Impunidad</FONT></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <U><IMG SRC="c5728570.gif" border=0 width="296" height="343" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U>  <IMG SRC="c5871960.jpg" border=0 width="113" height="150" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <IMG SRC="c5ba7020.jpg" border=0 width="167" height="258" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <IMG SRC="c5a177a0.jpg" border=0 width="535" height="378" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <B>Acuerdo. El gobierno y el FA acordaron remitirlo al Parlamento; </B><FONT SIZE="6" COLOR="#FFFF00" FACE="Arial Black" >constaría de 2 artículosDefinen proyecto de ley que deja sin efecto la Ley de Caducidad</FONT></div> <bR> <div> Definen proyecto de ley que deja sin efecto la Ley de Caducidad</div> <div> <IMG SRC="d94f0400.jpg" border=0 width="240" height="320" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <FONT SIZE="6" COLOR="#FFFFFF" FACE="Impact" >ES POSIBLE HACERLO YA !!!!</FONT></div> <div> <B>Aún resta conocer si será el gobierno o la fuerza política la que presente la iniciativa, no obstante sería el Ejecutivo quien tendría la derecha para impulsarlo.Finalmente hay humo blanco en la definición que tanto el gobierno como el Frente Amplio han venido manejando desde hace algunos meses respecto a hacer caer los efectos de la Ley de Caducidad. </B></div> <bR> <div> <B>Tal como informara LA REPUBLICA, la opción que manejan tanto el Poder Ejecutivo como el FA, será la de impulsar una ley interpretativa de la Constitución. No será anulación ni derogación.Ayer, integrantes de la Comisión Especial que analiza la elaboración de un texto par el proyecto se reunieron al mediodía con el canciller Luis Almagro y el secretario de la Presidencia Alberto Breccia, para coordinar acciones en tal sentido. Hubo coincidencia.</B></div> <bR> <div> <B> Habrá un texto único, y será interpretativo de la Constitución.El contenido acordado en esta comisión especial, y en el que estuvieron de acuerdo las autoridades del gobierno, se mantiene tal como venía manejándose desde el martes pasado cuando se reunieron los representantes del FA. Ahora, esta propuesta será llevada el próximo lunes a la Mesa Política del FA para ser aprobada.</B></div> <bR> <div> <B>La intención es que la propuesta ingrese al Parlamento lo antes posible, ya que en los primeros días de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos estará emitiendo su fallo que será contrario a la actual legislación uruguaya, en el entendido de que la vigencia de la Ley de Caducidad, atenta contra los derechos internacionales.En caso de que el proyecto de ley interpretativa de la Constitución sea aprobado, seguramente en setiembre, estaría haciendo caer los efectos de la Ley de Caducidad.La iniciativa elaborada por el FA consta de dos artículos. </B></div> <bR> <div> <B>En ellos se interpreta el numeral 20 del artículo 85 de la Constitución que habla de los derechos humanos, por su parte, utilizando como insumo el artículo 72 de la Constitución. El mismo indica: "La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno."El abogado de la Vertiente Artiguista, Daoiz Uriarte, indicó que dentro de esos derechos está el de acceso a la justicia. </B></div> <bR> <div> <B>"En tanto, la Ley de Caducidad es inconstitucional."El futuro proyecto incluirá los conceptos de la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Nibia Sabalsagaray, así como el reconocimiento de que los tratados internacionales de derechos humanos deben incorporarse a la Constitución.Los redactores pretenden con esta iniciativa que si un juez entiende que la Ley de Caducidad contradice las normas de derecho internacional deberá aplicar directamente esta última.En tal sentido, a través de una ley, el Parlamento dispondrá que en todas las causas que hayan sido archivadas por un acto administrativo, el Poder Ejecutivo podrá continuarlas y desarchivarlas a sola petición del Ministerio Público o de la parte interesada. Ayer, integrantes de la Comisión Especial del FA destacaron el salto cualitativo de que la fuerza política y el gobierno se pusieran de acuerdo de presentar un texto único, ya que ambas partes iban en caminos similares.Aclararon que la orgánica tendrá que respaldar el planteo (el documento ya fue elevado al presidente del FA, Jorge Brovetto) pero que será secundario si es el Poder Ejecutivo o la fuerza política la que lo presenta ante el Parlamento.I</B></div> <bR> <div> <B>ncluso se especula con que quien decida este tema sea el propio presidente José Mujica.</B></div> <div> <B><IMG SRC="d9820fc0.jpg" border=0 width="800" height="508" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="db520290.jpg" border=0 width="800" height="553" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <div> <B>Se pone linda la madrugada</B></div> <bR> <div> <B>P</B><FONT SIZE="4" COLOR="#00FFFF" FACE="Arial" ><B>arece que la norma jurídica más fiera de la historia uruguaya está viviendo sus últimas horas. Ya hay un borrador de proyecto acordado por el Frente Amplio y el Ministerio de Relaciones Exteriores para acabar con la Ley de Caducidad, que determinó en 1986 la impunidad para las violaciones de derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar. Sólo resta afinar detalles menores. La semana próxima habrá novedades, y este mes, seguro, la iniciativa habrá llegado al Parlamento. </B></FONT></div> <bR> <div> <B>También falta decidir si la presentará el Poder Ejecutivo o la bancada oficialista, y a través de cuál de las dos cámaras.Lo que está precipitando la caída de la impunidad no es su carácter indigno, ni su inconstitucionalidad (declarada por la Suprema Corte el 19 de octubre de 2009) ni la necesidad de conocer la verdad histórica para abrir paso a una reconciliación legítima en la sociedad uruguaya. Lo que mueve a la cancillería y al oficialismo es adelantarse a la probabilidad cierta de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado por no esclarecer la desaparición en 1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman ni haber condenado a los culpables.</B></div> <bR> <div> <B>Los dos órganos que componen el sistema de justicia de la Organización de Estados Americanos (OEA) son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos dictámenes son de cumplimiento optativo para los Estados, y la Corte, que emite fallos obligatorios. La CIDH declaró en 1992 que la Ley de Caducidad “es incompatible” con diversos artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y recomendó al gobierno uruguayo adoptar “las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos” cometidas durante la dictadura.</B></div> <bR> <div> <B>Desde entonces, esta Comisión con sede en San José de Costa Rica reiteró sus recomendaciones en varias oportunidades. Hasta que el 21 de enero tomó una medida más drástica: derivó el caso de María Claudia a la Corte Interamericana. La eventualidad de una condena al Estado cambió el libreto de los sectores más reticentes del Frente Amplio a acabar con la impunidad.</B></div> <bR> <div> <B>Entrevistado por La República en febrero, antes de asumir el cargo, el canciller Luis Almagro admitía que la vigencia de la Ley de Caducidad era “un tema de derechos humanos pendiente”, que requería “acción y gestión permanente” de su cartera debido a las recomendaciones de la CIDH. Los sectores del Frente Amplio que más pugnaron por la declaración de nulidad de la ley en el referéndum de octubre (como el Nuevo Espacio, el Partido por la Victoria del Pueblo y el Comunista) no se detuvieron ante el fracaso y ya entonces buscaban una solución parlamentaria alternativa con varios aparentes sinónimos de “nula”, como “inexistente”, “sin efecto”, “erradicada” e “inaplicable”. </B></div> <bR> <div> <B>La derogación (como propone el diputado blanco José Carlos Cardoso) estuvo siempre fuera de discusión, pues sólo tendría efectos hacia el futuro, dejando intocadas las demandas penales “caducadas” por la ley 15.848 de 1986.El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Frente Amplio unieron sus cabezas cuando advirtieron que estaban trabajando con el mismo propósito. Por fin, se acordó el camino de una ley interpretativa de la Constitución que consolidaría el rango constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos, superior al de las leyes aprobadas por el Parlamento, y que declararía, en consecuencia, la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad. </B></div> <bR> <div> <B>El resto del proyecto en ciernes estará dedicado a los mecanismos por los cuales los jueces podrán reabrir los casos cerrados como consecuencia de aquella norma.Así termina una madrugada que ya lleva casi 24 años y que se pone linda con este proyecto trafoguero. </B></div> <bR> <div> <B>Pero las razones que mantuvieron la Ley de Caducidad en vigencia durante todo este tiempo siguen cubriendo de vergüenza a las anteriores legislaturas y a la ciudadanía. A las legislaturas por haberla aprobado y por no tomar ninguna medida para abolirla, cuando el Parlamento bien pudo declararla nula apenas el jurista Óscar López Goldaracena dio a conocer esa posible solución en diciembre de 2005. Y a la ciudadanía, por rechazar en dos ocasiones, en 1989 y en octubre pasado, sendas iniciativas populares para acabar con esta perversa anomalía jurídica, moral y política.</B></div> <bR> <div> <B>Marcelo Jelen</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><IMG SRC="dc26c040.gif" border=0 width="620" height="260" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B><U>siguen desapareciendo</U></B><FONT SIZE="6" COLOR="#FFCC00" FACE="Impact" ><B> </B></FONT></div> <div> <B>E</B>N URUGUAY LA JUSTICIA NO TIPIFICA EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA</div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>Un cuarto de siglo después de la dictadura, los desaparecidos siguen desapareciendo.Sólo se hallaron restos de tres víctimas. El Estado no termina de reconocer eltraslado de los secuestrados en el exterior, las Fuerzas Armadas siguen sin aportar nuevos datos y el sistema judicial no impone la tipificacióndel delito de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.</B></div> <div> <B><IMG SRC="dc390650.jpg" border=0 width="400" height="357" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B>E</B><FONT SIZE="4" COLOR="#00FFFF" FACE="Arial" ><B>n los 25 años que transcurrieron desde el fin de la dictadura, de los 172 casos denunciados y confirmados de uruguayos que padecieron el crimen de desaparición forzada, sólo se han recuperado los restos de una decena de víctimas (apenas tres en territorio uruguayo) y la identidad de una docena de niños que habían desaparecido tras el secuestro de sus padres.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>El informe final de la Comisión para la Paz, de 2003, sólo reconoció 32 casos de uruguayos desaparecidos en Uruguay, a pesar de las denuncias sobre la existencia de un “segundo vuelo” de Automotores Orletti en el que se había trasladado a una veintena de uruguayos supuestamente desaparecidos en Argentina. Esa “repatriación” fue reconocida por la Fuerza Aérea en 2005, pero aún sigue siendo negada por el Ejército.</B></div> <bR> <div> <B>Las investigaciones sobre los desaparecidos ordenadas por el gobierno de Tabaré Vázquez permitieron recopilar y confirmar la información que habían denunciado los familiares de las víctimas, a través de documentos desarchivados, pero en las publicaciones oficiales se continúa manejando la versión de que la mayoría de las desapariciones ocurrieron fuera de Uruguay.</B></div> <bR> <div> <B><U>La desaparición forzada</U></B></div> <bR> <div> <B>El delito de desaparición forzada de personas comenzó a perpetrarse en Uruguay en 1971, durante el régimen democrático de Jorge Pacheco Areco, cuando el Escuadrón de la Muerte ocultó los cuerpos de Abel Ayala y Héctor Castagnetto a quienes había secuestrado, torturado y asesinado. Ambos continúan sin aparecer.</B></div> <bR> <div> <B>También antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, se produjo la desaparición de Roberto Gomensoro Josman, asesinado en un cuartel de Paso de los Toros, cuyo cuerpo fue fondeado con alambres y piedras en el lago de Rincón del Bonete. Se recuperó su cráneo, pero el cuerpo (enterrado como NN) volvió a desaparecer, en democracia, del cementerio isabelino.</B></div> <bR> <div> <B>La desaparición masiva de uruguayos comenzó en Chile, tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Nueve uruguayos fueron víctimas en los inicios de la dictadura del general Augusto Pinochet, entre el 11 de setiembre y el 11 de octubre de 1973. Hasta la fecha sólo se ubicó y repatrió el cuerpo sin cabeza de la comunista Mónica Benarroyo.</B></div> <bR> <div> <B>En 1974 se registraron cinco desapariciones. José Arpino Vega, Eduardo Pérez Silveira y Luis Eduardo González González en Uruguay y Washington Barrios y Natalio Dergan en Argentina. El lugar de enterramiento de Vega fue señalado en un informe oficial de la Fuerza Aérea, pero no pudo ser encontrado. Barrios probablemente fue trasladado a Uruguay. Ese mismo año se produjo la desaparición de un niño, Amaral García, cuyos padres fueron secuestrados en Argentina, trasladados a Uruguay y fusilados cerca de Soca. Amaral fue recuperado en 1985. También se identificaron los cuerpos de Hugo Cacciavillani y Rutilo Bentancour, fusilados ese año en Catamarca, Argentina.</B></div> <bR> <div> <B>En 1975 desaparecieron dos uruguayos en Argentina y un grupo de seis militantes del Partido Comunista en Uruguay. De éstos sólo fue ubicado el cuerpo del escribano Fernando Miranda, oculto en el Batallón de Infantería Nº 13. El Ejército había dicho que lo enterraron en el Batallón Nº 14 de Toledo y que sus restos, incinerados, fueron arrojados al mar.</B></div> <bR> <div> <B><U>La desaparición masiva.</U></B></div> <bR> <div> <B>A partir de 1976, luego del golpe de Estado en Argentina, la desaparición forzada se aplicó en forma metódica. Ese año, se registran en Uruguay los casos de Horacio Gelós Bonilla, Ubagesner Chávez Sosa, Elena Quinteros Almeida y Julio Escudero. Sólo los restos de Chávez fueron encontrados, en una chacra de Pando, por indicaciones aportadas en el informe de la Fuerza Aérea.</B></div> <bR> <div> <B>En Argentina había comenzado la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, por la que, sólo en 1976, se confirma la desaparición de cuarenta y cinco ciudadanos uruguayos, la mitad de los cuales habría sido trasladada ilegalmente en el llamado “segundo vuelo” desde el centro clandestino de detención Automotores Orletti para ser ejecutados y enterrados en Uruguay.</B></div> <bR> <div> <B><U><IMG SRC="dc520120.jpg" border=0 width="800" height="530" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U></B></div> <div> <B>De ese período, dos cuerpos fueron recuperados en Argentina (Eduardo Chizzola y Hugo Gomensoro Josman). También logró ubicarse a varios de los niños desaparecidos: Carla Rutilo (hija de Enrique Lucas López, desaparecido en Bolivia), Simón Riquelo, Mariana Fernández, Mariana Zaffaroni, Anatole y Victoria Julien, y Macarena Gelman (hija de María Claudia García de Gelman, traída a Uruguay).</B></div> <bR> <div> <B>En 1977, las desapariciones masivas continuaron. Treinta y cinco uruguayos fueron secuestrados en Argentina, cinco en Uruguay y dos en Paraguay. Se estima que al menos veinticinco de los desaparecidos fueron trasladados a Uruguay, como habría ocurrido con Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, detenidos en Asunción y llevados luego a Buenos Aires.</B></div> <bR> <div> <B>El delito no cesó en 1978: hubo doce casos en Argentina y cuatro casos en Uruguay. De esa etapa se identificó a Helios Serra, encontrado en una playa de Argentina, tras ser arrojado de un avión al mar. También se confirmó el nacimiento de varios hijos en centros de detención de Buenos Aires. Fueron recuperados Victoria Moyano, Carmen Gallo, Carlos D’Elía, Andrea Hernández y Paula Logares.</B></div> <bR> <div> <B>Los casos de desaparición continuaron. En 1979 desapareció Carlos Modernell en Colombia, en 1981 fueron Félix Ortiz, Antonio Paitta y Urbano Miranda, y en 1982 se registró el último caso confirmado, el de Miguel Mattos Fagián.</B></div> <bR> <div> <B><U>La desaparición impune.</U></B></div> <bR> <div> <B>Aunque en Uruguay sólo se han encontrado los restos de Chávez y Miranda (otras piezas óseas halladas en el Batallón Nº 13 no han sido identificadas), la justicia penal ha enjuiciado por esos crímenes a los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, junto a otros seis militares, un soldado y dos policías.</B></div> <bR> <div> <B>Bordaberry fue condenado a treinta años de prisión por coautoría de dos homicidios especialmente agravados y nueve casos de desaparición forzada. Es el único al que se le ha tipificado ese crimen de lesa humanidad, por sentencia de la jueza Mariana Motta y acusación de la fiscal Ana María Telechea.</B></div> <bR> <div> <B>El ‘Goyo’ Álvarez, en cambio, fue condenado por treinta y siete homicidios especialmente agravados, que incluyen casos de desaparición que no fueron tipificados como tales por el juez y, días atrás, por un tribunal de apelaciones a pesar de que así lo pedía la fiscal Mirtha Guianze.</B></div> <bR> <div> <B>Tampoco los oficiales José Gavazzo, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Luis Maurente, el soldado Ernesto Soca y los policías Ricardo Medina y Luis Sande, procesados por la desaparición del uruguayo Adalberto Soba en Buenos Aires, han recibido la tipificación de ese delito de lesa humanidad.</B></div> <bR> <div> <B>Otro tanto ocurre con el marino Juan Carlos Larcebeau, procesado junto al dictador Álvarez por la desaparición en 1978 de otros uruguayos detenidos en Buenos Aires y trasladados a Uruguay, donde fueron ejecutados. Su socio, el capitán Jorge Tróccoli, radicado en Italia, continúa prófugo de la justicia.</B></div> <bR> <div> <B>Los otros dos militares que se encuentran en la cárcel especial de la calle Domingo Arena tampoco tienen condena por crímenes de lesa humanidad. Carlos Calcagno, detenido para su extradición a Paraguay, está siendo indagado por la desaparición de Santana e Inzaurralde, mientras que el coronel (r) Juan Carlos Gómez fue procesado por el homicidio de Roberto Gomensoro Josman.</B></div> <bR> <div> <B>El sistema judicial uruguayo ha rechazado los reclamos de tipificación del delito de desaparición forzada de personas, a pesar de que éste existe en los acuerdos internacionales aprobados por Uruguay y está establecido en la Ley Nº 18.026 que incorporó la normativa internacional sobre derechos humanos.</B></div> <bR> <div> <B>A 25 años de la dictadura, la desaparición forzada sigue sin castigo. La búsqueda de los restos estuvo ocho meses paralizada. Los investigadores no acceden a los archivos militares. Las Fuerzas Armadas no aportan nuevos datos. Y la justicia –con la Ley de Caducidad vigente– no tipifica los crímenes de lesa humanidad. Los desaparecidos siguen desapareciendo y el </B><FONT SIZE="5" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>“¿dónde están?” </B></FONT><B>continúa sin respuesta.</B></div> <div> <B>ROGER RODRIGUEZ - "Caras y Caretas"- septiembre 2010.</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><U><IMG SRC="dc678ea0.jpg" border=0 width="376" height="234" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U></B></div> <bR> <bR> <bR> <bR> <bR> </td> </tr></table></body>