Ex marino uruguayo entregó registros para megacausa ESMA en Argentina.
En una comunicación desde Amsterdam, donde está radicado desde hace 31 años, Daniel Rey Piuma, el ex marino de Prefectura que huyó del país con registros de los cuerpos que aparecieron en las costas uruguayas entre 1976 y 1979, relata cómo entregó parte de ellos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1982 y asegura que es el mismo material que el mes pasado recibió el juez Sergio Torres, que investiga la megacausa ESMA en Argentina. Anuncia que está dispuesto a entregar los archivos completos que aún conserva y a declarar ante los juzgados que lo soliciten, y cuestiona a la Comisión para la Paz, en la que declaró sobre estos hallazgos; afirma que la certeza que tenían sus integrantes respecto de que los cuerpos eran todos de argentinos es una suposición que no está comprobada.
-En 1980 salió de Uruguay hacia Brasil y allí realizó sus primeras denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la Marina.
-Nunca tuve interés en venir a Europa. Quería sacar los archivos, pero quedarme en Latinoamérica luchando contra las dictaduras. La venida a Holanda se debió a que en Brasil estaban operando los servicios de inteligencia de Brasil, Argentina y Uruguay, y procuraron secuestrarme tres veces y matarme una. Había un ministro de Relaciones Exteriores holandés llamado Van derStoel, que ayudó mucho a uruguayos y chilenos a salir para Europa. Yo estaba como refugiado en Brasil y él consiguió una invitación de la Casa Real para que me fuera para Holanda.
-¿Dónde declaró en Brasil?
-Hice declaraciones ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], pero las más importantes fueron en San Pablo ante la Orden de Abogados de Brasil [OAB], que presidía en ese momento el abogado Belisario dos Santos Jr. Ante la CIDH declaré el 19 de noviembre de 1982 en Washington, invitado por la Organización de Estados Americanos.
-¿En esa instancia entregó las fotos y documentos de los cuerpos encontrados en la costa uruguaya?
-Sí, el único que presentó ese tipo de documentos y fotografías fui yo. En esa época el presidente de la CIDH, al finalizar mi presentación, ante el pleno, dice que es el informe más minucioso y completo que había recibido sobre violaciones a los derechos humanos. Por entonces pensé que la Justicia se iba a mover y que iban a trabajar con esos documentos. Tengo una sensación de irritación y de alegría porque me asombra que después de tantos años un joven argentino encuentre este tipo de reportes escondidos en un sótano, porque, si no, hubieran seguido allí durante 50 años más. Tengo comprobantes de esas declaraciones y tengo tres archivos donde tengo todo guardado, uno en Ámsterdam, uno en Bélgica y otro en Suiza. Ese día en Washigton también estuvo presente el presidente de la OAB, que era más o menos como mi abogado y tenía mucho peso internacional.
-¿Y entregó todo el material que tenía?
-Entregué la parte más grande, pero hay otras cosas que no, porque en aquella época decir un nombre, dejarlo caer a nivel internacional, era complicado. Había que ser muy cauto con los nombres.
-¿Cómo se publicó el libro Un marino acusa (*) en Uruguay?
-En 1985 vino Raúl Sendic (padre) a Bruselas y hubo reuniones entre compañeros. Yo trabajaba con una religiosa belga que habló con Sendic y le dijo "Mirá lo que tengo", y le dio el material, y él le dijo "Esto vamos a publicarlo". Entonces voy a Uruguay de manera clandestina por Brasil, me fui a la casa de Sendic, en la calle Ejido, y le presenté una carta que espero que el MLN aún tenga. Le dije que publicara todo eso y que el dinero que se pudiera generar se lo dieran a los presos políticos. Luego llevó el material a la editorial y al año lo publicaron. Ese libro fue censurado por el editor porque había varios análisis políticos que hice sobre lo que estaba pasando en 1987 que fueron eliminados. Antes, estando en Brasil, las primeras informaciones de lo que yo había hecho se publicaron en la revista Veja, fue un informe como de 40 páginas.
-¿Hasta cuándo recibió amenazas?
-Llegaron hasta Holanda inclusive. Para recibir correo le pedimos a una compañera argentina que nos pasara su dirección para que nuestras familias mandaran correspondencia, y una vez entraron en su casa, en pleno centro de Ámsterdan, unos uruguayos o argentinos y rompieron todo buscándome. Yo vivía a kilómetros de distancia. Y así en otras casas donde recibíamos correo.
-Tiene mucha información relevante para investigaciones en Argentina y Uruguay. ¿Está dispuesto a declarar y aportar sus archivos para que los jueces obtengan de una manera más directa y completa esa información?
-Por supuesto que lo estoy. Volvería a Uruguay o a Argentina a contar detalles porque hay cuestiones que nadie conoce. Pensaba en estos días que este tema va a durar hasta mediados de enero y luego a nadie le va a interesar más. Pero ojalá me equivoque.
-¿Qué funciones cumplía exactamente en la Inteligencia de Prefectura?
-Era oficialmente planimétrico, el que hace los planos en el lugar de homicidios, pero también era fotógrafo, perito criminal, especialista en abrir toda clase de cerraduras, en detectar drogas. Personal técnico, como en cualquier servicio de Inteligencia del mundo.
-En el libro cuenta que a partir de la aparición de los cuerpos a lo largo de la costa hicieron un estudio de las mareas para ver de dónde llegaban.
-Ese estudio lo hice yo. Se lo pedí al capitán, que era jefe del Servicio de Meteorología, y él tenía el registro de vientos y mareas. Me interesaba saber si eran cuerpos de Uruguay o de Argentina. Hicieron un estudio de mareas y se presentó un informe súper completo. La prensa trabajó durante años con la teoría de que se trataba de asiáticos. Eso fue una campaña bien orquestada. Dijeron que había sido un altercado en un barco coreano y que se habían matado a hachazos.
-Pero después las apariciones empezaron a ser sistemáticas.
-Sí, durante dos o tres meses viene la corriente de los ríos Uruguay y Paraná que es muy fuerte y traslada todo al Río de la Plata. Uno de los últimos cuerpos que yo registré, en la playa Pocitos, era sólo huesitos. Y entonces terminó mi reporte, porque después de eso en la Dirección de Inteligencia de Prefectura [Dipre] se planteó que ya era un problema serio porque daba para suponer que había muchísima más gente que se había descompuesto en el agua y lo que aparecía eran los huesos. En 1979 se encontraron dos cuerpos, uno masculino y otro femenino, a los que les habían quemado las caras con soplete y para eso los milicos no estaban preparados, porque ya no tenían ninguna excusa, y eso se empezó a ocultar a la prensa.
-¿Sabé dónde están todos esos cuerpos?
-Están registrados en cada unos de los mapas que presenté ante la CIDH.
-¿Cuántos registró en total?
-26.
-Se supone entonces que hay muchos cuerpos que fueron arrojados al mar pero nunca llegaron a la costa.
-Sí, claro. Los cuerpos aparecieron por casualidad, pero las corrientes van para varias zonas del sur de Argentina también. La corriente que viene es tan fuerte que desparrama por todos lados.
-¿Cuando aparecían los cuerpo se daba intervención a la Justicia?
-Sí. Siempre estuvieron los jueces de instrucción, que fueron cómplices porque se presentaba un reporte de un cuerpo con tres heridas de bala, por ejemplo, o con hematomas, y los jueces no investigaban nada. En cada reporte que yo tengo, al lado de cada foto, está el nombre del juez de instrucción que se encargó.
-¿Ustedes comprobaron que los cuerpos eran de argentinos?
-Algunos. Pero no sabíamos de todos. Había algunos cuerpos que tenían ropas argentinas, otros estaban atados con cuerdas de cortinas. Después de una pericia descubrimos que ese tipo de cuerdas no se vendía en Uruguay sino en Argentina, pero había otros cuerpos sobre los que siempre quedó la duda de si eran argentinos o uruguayos. La Comisión para la Paz dijo que los cuerpos que aparecieron en las costas uruguayas eran de argentinos, y eso no es verdad. En las pericias técnicas criminológicas hay que procurar la mayor exactitud posible, y en algunos cuerpos se podía decir eso con 90%, no había grandes dudas, pero de otros cuerpos no se podía determinar.
-¿Qué declaró ante la Comisión para la Paz?
-Cuando fui, ellos partieron de la base de que los cuerpos eran todos de argentinos. Además nunca quisieron saber nada de la Armada, ni de las torturas, ni de nombres, lo único que les interesaba eran los cuerpos. Igual pensé que podía llegar a pasar algo, pero nada. Fijate qué organización: cuando fui a declarar, tuve que pagarme el pasaje yo mismo. Lo que quería la Comisión para la Paz era que yo dijera que todos los cuerpos eran argentinos, y lo otro no les interesaba. El propio Gonzalo Fernández me dijo dos veces: "Daniel, esto no le interesa a nadie porque no es la tarea de la Comisión, sólo hay que hablar de los cuerpos".
-El tuyo es uno de los únicos testimonios de alguien que estuvo dentro del sistema represivo y que desertó y se llevó información para denunciar, pero recién 30 años después parece que puede ser útil a la Justicia ¿Cómo te hace sentir eso?
-No me he bajado nunca de mis convicciones de izquierda y pienso que vale la apuesta por la vida. Les digo a las generaciones más jóvenes que hay que vivir de la manera más ética posible para confirmarse a uno mismo. Todo esto ha generado en mí un conflicto de emociones gigantesco, pero si algún fiscal o juez de Argentina, Brasil o Uruguay me llamara yo iría con mucho gusto, porque me fui de Uruguay para eso, para que la verdad de lo que estaba pasando se pudiera saber.
(*) Un marino acusa, Daniel Rey Piuma. Tupac Amarú Ediciones (TAE), Montevideo, 1988.
Luis Rómboli
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AYUDAMEMORIA
Denunciaron penalmente el homicidio de Fernando Miranda durante la dictadura, seis años depués del hallazgo de sus restos.
Fueron 131 nuevas denuncias por delitos cometidos durante la dictadura las presentadas este sábado en 16 comisarías de Montevideo, Las Piedras, Solymar y Salinas, en el marco de una convocatoria realizada por un grupo de militantes que no se identifican con ninguna organización en especial. La jornada, que fue evaluada como positiva por sus organizadores, invitaba a "denunciar masivamente delitos de lesa humanidad" y buscaba "un quiebre en el silencio" de las víctimas o de los familiares.
Los delitos más denunciados fueron el homicidio, la privación ilegítima de libertad y las torturas. Uno de los casos emblemáticos que llegó a la Justicia el fin de semana fue el del militante comunista Fernando Miranda, padre del actual director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.
Miranda fue secuestrado el 30 de setiembre y luego desparecido. Su caso fue amparado en la Ley de Caducidad durante el gobierno de Julio María Sanguinetti en 1988. Sus restos fueron hallados en el Batallón Nº 13 en diciembre de 2005, pero luego de este hecho la causa no había sido llevada nuevamente a la Justicia hasta el sábado.
Entre las más de 100 denuncias que se presentaron, también están las referidas a los casos de los asesinatos de los estudiantes Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Julio Spósito y Walter Medina. El 1º de noviembre prescribiría la figura del homicidio muy especialmente agravado y, a partir de este supuesto, el resto de los delitos denunciados el sábado ya prescribieron hace mucho tiempo. "Si es así, que lo diga la Justicia. Esto también era parte de nuestro objetivo", apuntó en diálogo con la diaria Fabiana Larrobla, una de las convocantes a la actividad del fin de semana.
Los militantes que participaron tienen prevista una reunión de evaluación pero Larrobla asegura que continuarán adelante con otras acciones de este tipo, además de organizar cómo realizarán el seguimiento de las causas. Todas las denuncias presentadas el sábado en las comisarías deberán ser elevadas a juez, según lo establece la Ley de Procedimiento Policial.
Larrobla destacó que, en general, y con la excepción de alguna demora, no hubo "grandes obstáculos" en la recepción de las denuncias por parte del personal policial, entre otras razones, porque las personas llegaron con sus escritos redactados. La única excepción fue en el juzgado letrado de San José, donde el magistrado de turno, Pablo Misa Reboledo, dio la orden a los funcionarios policiales de no recepcionar la demanda y, en su lugar, sugirió a los denunciantes concurrir al juzgado a partir de hoy. El juez argumentó que la demanda tenía cierto grado de "complejidad". Los denunciantes, en tanto, decidieron radicar la denuncia en Montevideo. Se trataba de los casos de Alfredo Pino Garín -la denuncia es por tortura y omisión de asistencia, en junio de 1982, en prisión- y de Víctor Hugo Padilla, muerto en el Penal de Libertad en 1975.
Plano partidario
El Frente Amplio (FA) convocará una mesa política extraordinaria para mañana porque hoy vence el plazo acordado con los partidos de la oposición para hacer llegar sus respuestas sobre un eventual respaldo a la declaración de la Asamblea General y al proyecto de ley que, retomando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reestablece "la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos" comprendidos dentro de la Ley de Caducidad, según el texto al que pudo acceder la diaria.
La Junta Federal del Partido Independiente (PI) aprobó ayer una resolución de tres puntos, y en el primero de ellos manifiesta su "disposición a dar los pasos necesarios, en el ámbito de la Asamblea General, para el efectivo cumplimiento del fallo" de la CIDH. Pero en el segundo expresa que debe ser el Poder Judicial el que determine si los delitos cometidos en dictadura son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, "en cumplimiento de los preceptos constitucionales y de los principios generales del Estado de Derecho".
El diputado independiente Iván Posada indicó a la diaria que desde la aprobación de la Ley 18.026 en 2006 los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles pero para los delitos ocurridos con anterioridad debe pronunciarse la Suprema Corte de Justicia (SCJ). "El fallo debe cumplirse mientras no entre en colisión con la Constitución uruguaya", señaló. En un tercer punto, los independientes ratifican su "compromiso y disposición" para derogar los artículos del 1 al 4 de la Ley de Caducidad en el entendido de que fueron declarados inconstitucionales por la SCJ.
El Partido Colorado decidirá hoy en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Fuentes coloradas adelantaron que no acompañarán el proyecto de ley ya que entienden que es inconstitucional porque viola el principio de la retroactividad de la ley penal y porque "no respeta" los resultados de las consultas populares. En cuanto a la declaración de la Asamblea General, señalaron que hay "buen clima" para votar cualquier texto que sea "abarcativo" y que condene "tanto los crímenes de la dictadura como la violencia política de los 60, es decir, todos los enfrentamientos".
En filas nacionalistas y aun con el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, en el exterior continúan los contactos con la interna para establecer una postura. Si bien habría legisladores dispuestos a votar tanto la declaración como el texto legislativo, todo apunta a que no adoptarán una postura en bloque sino que se dejará en libertad de acción.
En Argentina
Los dirigentes Juan Castillo, Fernando Pereira y Edgardo Oyenard del PIT-CNT y varios integrantes de organizaciones sociales presentaron el viernes ante el Juzgado Federal Nº 7 de Argentina, a cargo del doctor Roberto Oyarbide, una denuncia por la desaparación y homicidio de 123 uruguayos en el marco del Plan Cóndor. El escrito involucra a ex presidentes, ministros, diplomáticos, embajadores y decenas de militares que estuvieron en Argentina entre 1974 y 1983. Hoy los denunciantes explicarán detalles de la demanda en una conferencia de prensa que se efectuará en la sede de la central obrera.
Lourdes Rodríguez
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FA maneja seis proyectos para evitar las prescripciones
DDHH. NO HAY CONSENSO EN CUANTO A RECORRER EL CAMINO LEGISLATIVO
El Frente Amplio (FA) trabaja sin consenso alguno en una solución para evitar una eventual prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.
Proyectos.
El FA trabaja a intenso ritmo para buscar un proyecto que logre consenso.
La Comisión Especial sobre Caducidad cuenta con 6 propuestas aportadas por los diferentes sectores que integran la coalición de izquierda, pero todavía no resuelve qué camino seguir para evitar que el 1º prescriban los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.Mañana la Comisión volverá a reunirse y en caso de lograr un consenso, se elaborará un informe que pasará a estudio de la Mesa Política del FA.
El naufragio que sufrió el proyecto para derogar la Ley de Caducidad lleva al Frente Amplio a actuar con cautela frente a la posibilidad de elegir el camino legislativo.Fuentes del FA dijeron ayer a LA REPÚBLICA que la fuerza política sigue negociando aunque todavía no se logra un consenso sobre la fórmula a poner en práctica.
Se indicó que en la reunión de mañana se procurará "agotar todas las posibilidades" para llegar a ese consenso. Se reconoció que entre los partidarios de legislar para prorrogar el plazo de la eventual prescripción "hay 6 textos distintos" pero se aclaró que de poco sirven los numerosos aportes si la fuerza política no se pone de acuerdo con respecto a llevar un proyecto al Parlamento. Se teme que la falta de consenso lleve un eventual proyecto de ley a un nuevo fracaso.
En la última sesión de la Mesa Política del FA se reconoció que en la resolución de este tema hay diferencias internas. Hay sectores reticentes a llevar una propuesta legislativa, como Asamblea Uruguay y Alianza Progresista, y otros que están en las antípodas, como el Nuevo Espacio, el PVP y la Vertiente Artiguista.
El senador Rafael Michelini había anunciado que si dentro del FA no hay una propuesta, será el propio sector el que presente una iniciativa en el Parlamento, con el apoyo de otros legisladores de izquierda.La Vertiente Artiguista tiene pronto un proyecto para evitar la presunta prescripción de los delitos con una modificación del Código Penal para postergar el plazo de las prescripciones.Otro de los textos a estudio supone la modificación del artículo 120 del Código Penal.
El proyecto, promovido por el ex juez Federico Álvarez Petraglia, vinculado con el Partido Socialista, implica incluir en la norma que en los "delitos perseguibles de oficio", la prescripción se interrumpe "por denuncia judicial de los hechos presentada por la víctima de los mismos" o "por sus familiares en situaciones de ausencia".
La interrupción de los plazos puede prosperar, incluso, por denuncia de diversos organismos públicos o el propio Ministerio Público.Asimismo, otro de los proyectos a estudio de la Comisión supone la derogación de la Ley de Caducidad y la extensión de los plazos de prescripción de los delitos de sangre, siguiendo el modelo alemán.
En tanto, el representante de las bases del Interior, Alejandro Arismendi, entiende que "la impunidad en Uruguay se terminó hace rato, porque existe la posibilidad de hacer reclamos a nivel internacional, tal como lo hizo Macarena Gelman."Dijo que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que cualquier ciudadano afectado puede recurrir a un tribunal de alzada, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
ALTERNATIVA DEL PIT-CNT
Diversas organizaciones sociales, entre ellas Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el PIT-CNT, presentaron recientemente un proyecto de ley por el cual se procura la categorización de los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles. El proyecto, de artículo único, promueve que la Asamblea General reconozca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como valor obligatorio, en cuanto la Ley de Caducidad debe dejarse sin efecto y no puede aplicarse ninguna norma análoga.
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Justicia pide a Presidencia que busque expediente de Roslik
La Justicia remitió un oficio a Presidencia de la República, ante el extravío del expediente por la muerte del médico Vladimir Roslik. El expediente no fue hallado en la Sede, tras una exhaustiva búsqueda. El último dato refiere a su envío a Presidencia.
DEMIR PEREIRA y Redacción
La jueza letrada de Fray Bentos de 1º Turno, Livia Pignataro, remitió un oficio a Presidencia de la República donde solicita indagar la posible existencia en sus archivos del expediente judicial por la muerte en torturas, en las entrañas de una unidad militar, del médico Vladimir Roslik.
La magistrada recibió el pasado martes 27 un informe del actuario de la Sede, escribano Sergio Cabrera, donde confirma la imposibilidad de hallar en el Juzgado de Fray Bentos los expedientes judiciales tramitados por la muerte de Roslik, según dijeron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.
La indagatoria penal por la muerte de Roslik fue recientemente desarchivada, en virtud del decreto del Poder Ejecutivo por el cual se revocaron más de 80 actos administrativos dictados por anteriores gobiernos, por los cuales se consideraron bajo el amparo de la Ley de Caducidad diversos casos de crímenes cometidos durante la dictadura.
Es en este sentido que el Poder Ejecutivo remitió a la Suprema Corte de Justicia un listado con todos los casos archivados por anteriores gobiernos, donde incluyó sedes y número de expediente de todas las causas, entre ellas, los tres procesos judiciales iniciados en Fray Bentos por la muerte de Roslik.
Sin embargo, tras una exhaustiva investigación de la Sede, se confirmó la imposibilidad de hallar dichos expedientes.
El informe del actuario detalla que la Sede perdió contacto con el expediente ficha P/33/1986 "FEMI, denuncia", acordonado al expediente ficha P/61/1984 "Sáenz Pedrini, Eduardo. Denuncia", el 20 de febrero de 1990, tras ser remitido a Presidencia de la República, mediante oficio Nº 12.
Asimismo, el expediente ficha F/196/87, "MSP, denuncia", no fue hallado, presumiéndose un posible error en los datos aportados por el Poder Ejecutivo. Ante esto, la jueza Pignataro remitió un oficio requiriendo información sobre el expediente, indican las fuentes.
Sin embargo, la Justicia no descarta ninguna hipótesis sobre el posible destino de los expedientes, incluso su posible envío a la Justicia Militar, ante una eventual contienda de competencia entre ámbitos jurisdiccionales, por cuanto el principal indagado era un médico castrense, señalaron las fuentes.
Vladimir Roslik falleció el 16 de abril de 1984 dentro del Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos. Roslik fue el último muerto de la dictadura cívico-militar, apenas meses antes de las elecciones nacionales y con varios partidos políticos actuando legalmente.
Una autopsia "oficial" de la dictadura consideró un "paro cardiorrespiratorio" como causa de su muerte.
Sin embargo una segunda autopsia, realizada en Paysandú por un grupo de médicos civiles, aseguró que Roslik falleció víctima de una anemia aguda producida por las hemorragias provocadas por los golpes y la asfixia del "submarino".
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Hablemos del perdón señor Breccia....
Usted lo pedirá en nombre de quien?
¿De los criminales? ¿De las víctimas?
¿Del estado que se convirtió en terrorista?
Usted manifestó en un programa televisivo que: la "única forma" de comenzar a cerrar heridas del pasado es "trabajar sobre el tema del perdón" en la sociedad, pero admitió que esa "es un tarea muy difícil".
Con esa afirmación da la impresión que usted ya perdonó. La pregunta que sigue es saber:
¿En nombre de quien lo hizo?
Y luego pone en esa conversación estos otros elementos:
-“El secretario de Presidencia dijo que en más de una oportunidad les manifestó a las distintas organizaciones de familiares de desaparecidos
en dictadura que está "absolutamente seguro" que hay una "inmensa
mayoría de gente" - sobre todo la "más carenciada, de menores
recursos"- que "nos diría que ese tema (de los derechos humanos) ya
les dejó de interesar" y que preferiría que los dirigentes políticos "nos
aboquemos enteramente a solucionar sus problemas", otros asuntos
más "urgentes", entre los cuales mencionó los de vivienda, salud,
educación y la crianza de sus hijos”.-
Con estos argumentos puestos sobre esa mesa se podría también suponer que usted pedirá perdón a toda la sociedad: por la miseria, la falta de empleo, la pobreza extrema, los negociados espurios cometidos durante el proceso cívico-militar de entonces…
Y en otro tramo de su conversación dice: "Es muy duro lo que estoy diciendo…
No señor Breccia. Lo que usted menciona como “duro” se llama ofensivo, ultrajante, hacia todos los familiares de las víctimas, y de los luchadores sociales de entonces. Y le agregaría: hacia toda esa sociedad que nació en la indigencia más vergonzosa a causa de los que usurparon el poder durante una década.
Y que los condenó a nacer y vivir en la miseria, sin saber quienes eran los responsables…esos a los cuales usted quiere que se los perdone señor.Luego afirma de su convencimiento sobre este pensamiento que desarrolló tan fervorosamente.
Es extraño todo esto… da la impresión de que todas las responsabilidades del pasado se hayan dirimido en pactos secretos o cálculos políticos donde los muertos de un lado los volvieron a enterrar esta vez con discursos conciliatorios y de perdones.Y luego continúa ahondando las heridas de las víctimas cuando dice:
"No podemos convencer de esta posición a quienes siguen buscando justicia", reflexionó.
¿Acaso la justicia no es un bien de la sociedad democrática que usted dice profesar? ¿O esta herramienta del estado -ahora progresista- no le satisface señor?Y para el final discurrió sobre fantasías que quizás la gente (que quiere justicia) le pedirá que los lleve “de un lado a otro” a los criminales de delitos de lesa humanidad…. “No habrá paz” remata diciendo usted señor. Y la frutilla de su propia torta, termina diciendo que: en su entorno familiar que vivió las consecuencias de la dictadura (por su culpa agrego yo) ya perdonó…. No es así (le aclaro ) su propia hermana, que dignamente hoy en su programa desenvainó una larga exposición sobre sus palabras señor.
Hablemos del perdón señor.
Pero eso sí… si hablamos de perdón trae consigo la culpa señor.
Entonces hay culpables, usted lo sabe como un millón de almas los sabemos.
Si hay culpa hay arrepentimiento o expiación de esa culpa…
Los criminales no han dado ninguna señal de decir la verdad de los asesinados por ellos, de los desaparecidos que aún lo siguen siendo, de las torturas aberrantes que aplicaron, de los niños que fueron secuestrados, de los desfalcos económicos que nos empobrecieron por décadas a todos.Someter a una sociedad a la reconciliación sin saber la verdad, sin que se aplique la justicia a los crímenes cometidos por los agentes del estado es un despropósito incalificable.
Ese perdón del que nos habla usted y sus seguidores es un escándalo a la razón, es por decirlo de otra manera un pasaporte a los criminales para darles la tranquilidad de que vuelvan a cometer lo mismo cuando lo deseen.
Usted está dejando a la sociedad sin memoria, sin historia.Lo que no pudieron ellos (los responsables de los crímenes), usted le facilita el camino.
A la muerte física los verdugos agregaron la segunda muerte del olvido y el anonimato. Luís Sepúlveda.
La transición de la dictadura hacia la llamada democracia no solo hizo forzar el olvido mediante el miedo, sino que se fue enquistando la impunidad en todo este largo período, usted lo sabe.A las generaciones que nos sucedieron y las que vendrán ¿que les dirá? Recuerde señor, que las fuerzas armadas en conjunto con civiles cómplices, se enfrentaron a la sociedad toda y nos sometieron a la barbarie y la sevicia.Se está dejando como legado que hacer sucumbir a la justicia y a los valores morales es una actitud altruista en nombre de la paz.Es un forma de resignación impregnada de una impunidad abrumadora, que solo sigue negando la violencia de ayer, de hoy…del mañana.
Usted será responsable.
Por Verdad y Justicia. Im memoriam de los compañeros/as.
MARTHA PASSEGGI.
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la justicia emplazada
El decreto del Poder Ejecutivo habilita la acción de la justicia, pero no soluciona el problema de fondo. Decenas de casos pueden ser reabiertos en una docena de juzgados. Los ministros de la Suprema Corte deben cumplir ahora con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no admite la prescripción, la irretroactividad, ni la cosa juzgada. El Parlamento también debe acatar la sentencia y puede derogar la caducidad para que recién entonces se computen los plazos
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
El decreto firmado por el presidente José Mujica y la totalidad de su Consejo de Ministros por el que fueron revocados “por razones de legitimidad todos los actos administrativos y mensajes del Poder Ejecutivo” con los que se ampararon a la ley de caducidad casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, dejaron ahora a los jueces con las manos libres para investigar y juzgar.
La decisión del gobierno procura asumir, al menos desde el Poder Ejecutivo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la que, en el marco del Caso Gelman, se condenó al Estado uruguayo por incumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y se le ordenó dejar sin efectos la Ley de caducidad.
“El Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”, señala la Corte en el párrafo 254 de su fallo, cuya sola lectura esclarece los alcances de la sentencia.
Ahora, corresponde al Poder Judicial –y eventualmente al Poder Legislativo- hacer lo necesario para que la Ley 15.848 “no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos”, sin prescripción, irretroactividad, cosa juzgada o cualquier otro excluyente de responsabilidad.
Darle corte a la Corte
La sentencia, contradice el reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en la apelación que la fiscal Mirtha Guianze hizo sobre un fallo del juez penal de 19º turno, Luis Charles, por el que se imputó el delito de homicidio especialmente agravado a los ex militares José Gavazzo y Ricardo Arab y se desatendió el pedido del ministerio público que pidió la tipificación del crimen de lesa humanidad desaparición forzada.
El episodio deja en evidencia la desatención que los actuales integrantes de la Suprema Corte hacen de las convenciones y normas internacionales, ya que sólo el presidente del organismo, Dr. Leslie Van Rompaey, votó a favor del crimen de lesa humanidad, frente a la posición de los otros ministros –Daniel Gutiérrez Proto, Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux y Jorge Chediak-, quienes contradijeron el alegato de la fiscal Guianze.
A fines de año, para colmo, Van Rompaey dejará su sillón a uno de los dos más antiguos jueces en funciones: Julio César Chalar Vecchio o Alfredo Gómez Tedeschi, ambos hoy en el Tribunales de Apelaciones, ya que difícilmente se logre un acuerdo en el parlamento para nombrar a otro integrante por dos tercios de los votos de ambas cámaras. Chalar y Gómez también tendrían una posición conservadora en el tema.
Si como parte del Estado, el máximo organismo del Poder Judicial no acepta acatar el fallo de la Corte Interamericana, correspondería al Poder Legislativo diseñar una norma que obligue a la justicia a no aceptar las prescripciones, la irretroactividad, la cosa juzgada o cualquier otro excluyente, como lo establece la sentencia internacional que Uruguay está obligado a cumplir.
Proscribir la prescripción
El tema de la prescripción está en debate desde hace más de un año, cuando la propia fiscal Guinze advirtió en su testimonio ante la Corte Interamericana que se corría el riesgo de que todos los delitos de la dictadura prescribieran el 1º de noviembre de 2011, al cumplirse 26 años y ocho meses de la asunción del primer gobierno electo, fecha a partir de la cual pudo contabilizarse la prescripción de los crímenes cometidos.
Sin embargo, en una sentencia en la que admitía la extradición de militares, el juez penal de 1º turno, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini, ensayó otra hipótesis, por la que sostiene que el plazo de prescripción debe contabilizarse a partir el 1º de marzo de 2005, porque recién con la asunción del presidente Tabaré Vázquez se permitió en los hechos el juzgamiento de los militares que hasta entonces estaban amparados en la caducidad
Fernández Lecchini sostuvo que la Ley 15.848 es contraria a los tratados internacionales y durante su vigencia no opera la prescripción. “En un sistema jurídico no pueden existir dos normas contradictorias al mismo tiempo, forzoso es concluir que o bien las leyes de no castigo son nulas o bien sólo producen una suspensión de la potestad punitiva. En todo caso son un mecanismo inoperante para permitir el transcurso de las prescripciones", estableció en su sentencia.
Una posición diferente fue la de las juezas Mariana Mota y Lilian Elhorriburu, quienes como las fiscales Mirtha Guienze y Ana María Telechea, consideraron, que el dictador Juan María Bordaberry en nueve casos de desaparición forzada y los coroneles Juan Carlos Gómez y José Gavazzo en el homicidio de Roberto Gomensoro Josman habían cometido crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles
Política sin voluntad
Las sugerencias de distintos catedráticos para que el Poder Legislativo se adelante a cualquier situación y establezca una norma por la que se amplíen los plazos de prescripción de los delitos de la dictadura, no parecen haber sido tomada con mucha voluntad por parte de ninguna de las cámaras parlamentarias. “El tema no está en la agenda”, explicó un vocero de la bancada oficialista.
Los juristas propusieron desde crear una ley que amplíe el período de prescripción para los crímenes cometidos en el régimen de facto, o la modificación de esos plazos en el Código Penal, o declarar que se trata de imprescriptibles delitos contra la humanidad, hasta derogar la ley 15.848 (el diputado blanco José Carlos Cardoso ha presentado un proyecto al respecto) y añadir que a partir de entonces corre la prescripción.
Durante un debate en la Casa del Pueblo del Partido Socialista, las senadoras Constanza Moreira y Mónica Xavier había adelantado su posición favorable a encontrar una solución al problema de la prescripción de los casos de violaciones a los derechos humanos, pero la sugerencia de la legisladora del Movimiento de Participación Popular (MPP) de que la iniciativa fuera del Poder Ejecutivo no fue bien recibida.
Un proyecto de ley al respecto, fue anunciado ayer por el diputado Gustavo Bernini (PS) en base a una propuesta del ex juez Federico Álvarez Petraglia, quien aboga por una salida similar a la encontrada en Alemania y postula ampliar la prescripción sólo para los delitos de sangre. La propuesta sería presentada en el Parlamento si cuenta con el apoyo de los demás grupos de la coalición.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, enfatizó que el gobierno no impulsará ni aceptará ninguna ley que signifique violar otra ley o la Constitución. Breccia dijo todo lo contrario a lo que establecía el decreto del gobierno por el que se revocaron los anteriores actos administrativos sobre la ley de caducidad, al afirmar que los delitos de la dictadura fueron previos a la ratificación de las convenciones internacionales.
La “voluntad política” del gobierno también quedaría expuesta en la decisión de que el grupo de investigación en los derechos humanos que iba a dirigir la ex presa Graciela Jorge, se transformaría en una comisión interministerial integrada por el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior y el propio Ministerio de Defensa. “Se parece demasiado a una comisión por la Verdad”, dijo, escéptico, un allegado al tema.
Cada juez que atienda su causa
El decreto presidencial que revocó los actos administrativos de los presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle y Tabaré Vázquez con los que se habían amparado crímenes de la dictadura en la ley de caducidad, provocaría que todas las causas puedan ser reabiertas –a pedido de las víctimas, por solicitud de los fiscales o por decisión de los propios jueces- en los mismos juzgados en que se denunciaron.
Sin embargo doce juzgado serían los que cargarían con la mayoría de los casos eventualmente reabiertos, debido a que esa era la cantidad de juzgados que existían cuando la aprobación de la Ley 15.848. Fue después de la vigencia de la ley que el sistema se amplió a 21 sedes judiciales. Algunas causas también podrían ser reabiertas en juzgados letrados del interior del país.
El Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini, del juzgado penal de 1º turno, donde asumió en agosto de 2005, ya actuó en el encarcelamiento de Juan Carlos Blanco por la desaparición de la maestra Elena Quinteros y en el procesamiento del general Gregorio Álvarez por el homicidio de Roberto Luzardo. Tiene a su cargo el caso de Julio Castro y se le podrían sumar varias causas de muertes por tortura, además de la reapertura del caso Quinteros para indagar sobre los autores materiales del delito.
El juez penal de 2º turno, Pedro Salazar, asumió en 2007, y tiene en su despacho el Caso Gelman por el que se produjo la sentencia de la Corte Interamericana. Salazar, que en su anterior destino en Pando actuó en la causa de Eugenio Berríos, puede reabrir todo el episodio de los secuestros y desapariciones de Orletti desde la original denuncia de Enrique Rodríguez Larreta.
En el juzgado penal de 3º turno, el recientemente designado Ruben Saravia ya actuó con celeridad en el procesamiento del coronel Tranquilino Machado por el homicidio de Ramón Peré en 1973. Tiene en su despacho el caso Horacio Ramos y podría recibir causas sobre muertes por tortura, enterramientos en unidades militares y hasta viejas denuncias del fallecido diputado Nelson Lorenzo Rovira.
Bleier, Sanjurjo, Ayala, Montes de Oca
Varios de los caducados casos de desaparecidos en Uruguay (Luis Arigón, Eduardo Bleier, Juan Brieba, Julio Correa, Julio Escudero y Amelia Sanjurjo) recaerían en el juzgado penal de 4º turno a cargo del juez Oscar Pereyra Suárez, quien en la actualidad indaga el caso de la muerte en una unidad militar del argentino Gerardo Alter.
El juez José Gómez Ferreyra del juzgado de 5º turno, recibiría el caso de desaparición de Oscar Baliñas y una amplia causa de 28 desapariciones forzadas en Buenos Aires que ya son indagadas por el juez del 19º turno, Luis Charles, en el marco del caso Adalberto Soba y todo el episodio del llamado “segundo vuelo” de Orletti. También le ingresaría el caso de Luis Ayala y denuncias del recordado senador José Germán Araújo.
Tres denuncias de apremios, una de ellas vinculada a la muerte de Vladimir Roslik, llegarían al juzgado penal de 6º turno que dirige la jueza Fanny Canessa, quien si bien trata el caso de Edgar Sosa, no se ha mostrado sensible a los casos de derechos humanos y aunque otorgó un par de extradiciones a Argentina, fue quien consideró cosa juzgada el caso Bordaberry y propuso su definitivo archivo.
En el juzgado penal de 7º turno, la jueza Mariana Mota ya ha actuado en el procesamiento de dos aviadores por el homicidio de Ubagesner Cháves Sosa, tipificó al dictador Boraberry por atentado a la Constitución, encarceló al coronel Carlos Calcagno por la desaparición de Santana e Inzaurralde en Paraguay y tiene en estudio el caso Perrini, la causa de 19 muertes por tortura, el caso de los fusilados de Soca y del coronel Ramón Trabal, a los que se agregarían ahora la desaparición de Otermín Montes de Oca, el secuestro de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, entre otros casos a reabrir.
La jueza Graciela Eustachio del juzgado penal de 8º turno, actuó en la causa del Escuadrón de la Muerte y determinó el procesamiento de Nelson Bardesio y Pedro Fleitas y requirió al empresario Miguel Sofía. Tiene en su escritorio una denuncia contra la JUP por el homicidio de Rodríguez Muela y podría recibir el caso de Mato Fagián y reabrir el homicidio de las jóvenes Maidanik, Raggio y Reyes.
Miranda, Tassino, Balbi, Roslik
En los restantes juzgados también se instruyen otras causas de derechos humanos y se pueden recibir nuevas. La Dra. Gabriela Merialdo de penal 9º atiende la muerte de Cecilia Fontana de Heber y podría recibir los casos de desaparición de Ricardo Blanco, Fernando Miranda, Félix Ortiz, Paitta Cardozo y el caso de Luis Batalla, junto a otras denuncias por torturas.
El juez Rolando Vomero del juzgado de 10º turno, actuó en el homicidio de Nibia Sabalsagaray y ordenó la prisión de Miguel Dalmao y Jorge Chialanza. Años atrás intentó actuar en el caso de desaparición de Oscar Tassino que podría ahora reabrir, como el caso de Perez Silveira y las muertes de Luis Martirena e Ivette Giménez.
En el juzgado penal de 11º turno, el Dr. Roberto Timbal, quien en 2006 procesó al dictador Bordaberry y a Juan Carlos Blanco por los homicidios de Michelini, Héctor Ruiz, Barredo y Whitelaw, quedaría habilitado a indagar en la desaparición de Luis Eduardo González González. Y el Dr. Nelson Dos Santos, en el juzgado de 12º turno podría acceder al homicidio de Alvaro Balbi (recientemente excluido de la caducidad).
También seguirán con causas de derechos humanos el juez Luis Charles de 19º turno, que procesó a varios militares por el “segundo vuelo” y al dictador Álvarez por los terceros traslados, mientras el juez de 20’º turno, Alejandro Guido, continuará con la instrucción del caso de Anatole y Victoria Julien y el episodio de sustracción de una menor denunciado por María Gil Rodríguez.
En el interior, la jueza de Fray Bentos, Libia Pignataro, podría reabrir el homicidio de Vladimir Roslik; en Flores el magistrado Luis Telesca Silva reencauzar una vieja denuncia de la Federación Médica del Interior; en Paysandú la jueza Blanca Riero tiene una denuncia de Juan Antonio Cáceres; en Salto la Junta Departamental puede reactivar su denuncia ante la jueza Ivon Olivera; y en Maldonado un par de casos puede repartirse las juezas Ariana Graziuzo y Marcela Vargas.
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Fiscalía pidió nuevas pruebas para resolver sobre los crímenes de Soca
La fiscal Ana María Tellechea solicitó nuevas pruebas para identificar a los responsables del secuestro y fusilamiento de cinco militantes tupamaros ocurrido en la ciudad de Soca en 1974.
egún aportaron fuentes judiciales a Ultimas Noticias, la representante del ministerio público citó a declarar a una persona que estuvo recluida en aquel momento, aunque aún no hay una fecha confirmada.
A su vez, solicitó la partida de defunción de los militantes fusilados Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Estefanell. En tanto, también solicitó pruebas respecto a la ubicación geográfica de ciertos establecimientos existentes en la época para reconstruir el trayecto por el que fueron llevadas las víctimas cuando las transportaron desde Buenos Aires a la ciudad de Soca. Los hechos ocurrieron en el marco del Plan Cóndor.
El caso de los "fusilados de Soca" comenzó ser investigado por el Juzgado en el año 2008, cuando el Poder Ejecutivo resolvió excluirlo del amparo de la ley de Caducidad.
Asimismo, está dentro del conjunto de causas que acusan al ex dictador Juan María Bordaberry por "atentado a la Constitución".
Por otra parte, el proceso judicial está en manos de la jueza penal de 7° Turno Mariana Mota.
También se investiga la desaparición del único sobreviviente, el niño Amaral García, quien fue dado en adopción luego de la detención y traslado de Argentina a Uruguay de los cinco tupamaros.
El hijo de Floreal García y Mirtha Hernández fue encontrado en 1983 y fue uno de los testigos claves para comenzar la investigación judicial
En marzo de 2009, el diputado Víctor Semproni (MPP) declaró ante la Justicia y se expuso a un careo con el coronel retirado Jorge Silvera, donde este último admitió haber trasladado a los tupamaros desde Argentina.
Los integrantes del MLN-T fueron asesinados el 20 de diciembre de 1974 en las afueras de Soca luego de 40 días de detención.
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Reparos de juristas a proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad-En Comisión del Senado. Comparecieron los doctores Rossi, Rotondo y Correa Freitas
El estudio del emprendimiento se encuentra radicado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. El doctor Risso (Universidad Católica) consideró que desde su impresión "el artículo 1º del proyecto implica un retroceso en la evolución de la protección de los derechos humanos en nuestro país", por lo que "habría que ajustarlo un poco para evitar esa situación"."Desde el punto de vista de la Ley de Caducidad la problemática es la de siempre: la retroactividad", enfatizó.Para Risso, "lo que se está aprobando no es un proyecto interpretativo de lo que menciona el Código Civil sino que es un proyecto de ley innovativo.
Habría una nueva voluntad del Parlamento de derogar con efecto retroactivo esta ley, y en materia de normas penales existe un principio que está implícito en la Constitución uruguaya pero que tiene rango expreso, por ejemplo en el artículo 9 de la Convención americana, que dice que las normas penales más gravosas para los individuos no pueden tener efecto retroactivo".
Por tanto, "esto nos lleva a que la derogación de algunos artículos de la Ley de Caducidad en cuanto puedan afectar derechos generados o derechos adquiridos por determinados individuos, no puede tener derecho retroactivo. Puede derogarse hacia adelante, respecto a nuevos casos que se planteen, pero el problema central es el efecto retroactivo.
Con Lorier. Para Correa Freitas, la iniciativa tiene vicios de inconstitucionalidad.
El jurista estimó que "para la retroactividad no hay margen de actuación a nivel parlamentario. Creo que las únicas soluciones son a nivel jurisdiccional, ya sea la Corte uruguaya o la Corte Interamericana".En tanto, Rotondo se excusó de realizar consideraciones al término del encuentro pero sí las efectuó en el seno del grupo parlamentario, según confió otro de los participantes. InconstitucionalidadCorrea Freitas (Universidad de la Empresa) opinó: "El proyecto de ley en general tiene vicios de inconstitucionalidad que considero que son importantes, son graves, y a mi juicio hacen aconsejable que el proyecto de ley no sea aprobado".
"El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes, en primer lugar, no es interpretativo de la Ley de Caducidad sino que en realidad es un proyecto de ley que tiene como finalidad anular la Ley de Caducidad", sostuvo. Por tanto, "como se sabe la Constitución uruguaya no le asigna esa potestad al Poder Legislativo de anular las leyes. En Uruguay el órgano competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes es la Suprema Corte de Justicia y el Poder Legislativo tiene competencias para aprobar leyes o para derogar las leyes".
Correa Freitas puntualizó que "aun si el Poder Legislativo deroga la ley, la ley no puede tener efectos retroactivos.
El tema es que la irretroactividad de la ley es un principio constitucional y no se puede violar la cosa juzgada ni tampoco se puede violar el principio de la seguridad jurídica". "El proyecto de ley adolece de graves vicios de inconstitucionalidad", dijo.
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"Proyecto intenta devolverle
los derechos a las víctimas"
Más allá de las opiniones de los constitucionalistas Martín Risso (Universidad Católica), Felipe Rotondo (Universidad de Montevideo) y Ruben Correa Freitas (Universidad de la Empresa), el senador Rafael Michelini (FA) puntualizó: "Recordemos que lo que intenta el proyecto es devolverle los derechos a las víctimas".
"En 1986 se conculcó el derecho de justicia y muchos familiares y víctimas no tuvieron el derecho de justicia que todos los uruguayos tenemos cuando somos agredidos o cuando se nos quita la vida". En función de ello, agregó, "el proyecto de ley, que ya tiene media sanción, ahora está siendo estudiado en la Comisión que presido; vino de la Universidad de la República en el mes de diciembre y ahora, con las diferentes universidades privadas, vamos a seguir recabando diversas opiniones jurídicas para ver si hay que modificar o tocar el proyecto en los aspectos jurídicos, pero no en su esencia".
Respecto a la postura contraria de varios senadores oficialistas y al no existir los votos, al preguntársele a Michelini qué es lo que se puede hacer, señaló: "Ahí hay una tarea para el presidente del Frente Amplio, Brovetto, que hizo consultas en el orden político, y en la Comisión; lo que estamos estudiando son los aspectos jurídicos, y después el Senado se pronunciará. Yo espero que el Frente Amplio cumpla con lo que es la unidad de acción y que podamos aprobar un proyecto que cuente con todas las manos frenteamplistas".
Mantiene postura
Por otra parte, Eleuterio Fernández Huidobro sostuvo que mantiene la postura de su sector, CAP-L, de rechazo a la iniciativa. "Es la posición de la CAP-L que está tomada, escrita y publicada". Continuará con el estudio de la iniciativa y señaló que existirían "otros textos alternativos en danza, circulando por ahí, y sobre ellos también se va a discutir
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DOCUMENTO:
ASÍ TORTURABAN LOS MILITARES URUGUAYOS
Carlos Peláez, en "Surmedia"
Horacio Gelós Bonilla, ex edil del Frente Amplio, militante sindical e integrante del Partido Comunista, fue castrado y muerto -presumiblemente el 5 de enero de 1976- en el batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce. Pero recién la semana pasada la familia recibió la información oficial sobre su muerte, aunque sus restos no han sido encontrados.
La Comisión para la Paz difundió el jueves los nombres de ocho compatriotas que fueron asesinados en Uruguay mediante torturas entre los años 1973 y 1984. Entre ellos se encuentra Horacio Gelós Bonilla, asesinado en 1976 en el batallón de Ingenieros de Combate número 4 de Laguna del Sauce, departamento de Maldonado.
Gelós fue detenido entre las 19.30 y las 20 horas, el 2 de enero de 1976 en la esquina de Florida y Sarandí, pleno centro de Maldonado frente a la plaza de San Fernando. Tenía 33 años, era soltero, obrero de la construcción y militante del SUNCA y miembro del Partido Comunista. Un grupo de personas de civil lo introdujo a golpes dentro de una camioneta Indio color celeste, en presencia de un tío llamado Ramón Gelós. Varios testigos indicaron que ese vehículo era visto habitualmente en el ex cuartelillo de Maldonado, ubicado en 25 de Mayo y Sarandí dónde funcionaba el OCOA 4 y hoy se ubica el Paseo de San Fernando, a una cuadra del secuestro.
José Pedro Correa Sosa, fue testigo del secuestro y siguió a la camioneta en su moto hasta cerca de la Laguna del Sauce. Varios meses después fue detenido. Según consigna el libro "Nunca Más" editado por el Servicio Paz y Justicia del Uruguay, Correa relató que cuando lo estaban torturando en el 4º de Ingenieros a fines de octubre o principios de noviembre de 1976, le preguntaron por Gelós Bonilla y dijeron "ese no jode más". El testigo sostiene que "en otro interrogatorio le volvieron a preguntar y contestó...' ustedes saben bien dónde está'... Eso fue lo último que pude decir, después no me acuerdo de nada. Estuve varios días tirado".
La mencionada unidad militar fue un centro de torturas. Por allí pasaron centenares de militantes de izquierda del departamento e incluso quienes eran trasladados desde otros lugares del país. Por ejemplo: Raúl Sendic cuando era un rehén de la dictadura. Efectivos de esa unidad torturaron en el Cuartelillo de Maldonado al general (r) Líber Seregni y también asesinaron con torturas a Eduardo Móndelo, un joven frenteamplista de Pirlápolis.
Quienes fueron los torturadores
En el año 1985 se creó la Comisión Departamental de Derechos Humanos que integraron el abogado Alejo Fernández Chávez; el artista plástico Manolo Lima; el escribano Gonzalo Álvarez y el médico Carlos Laborde. El organismo se abocó enseguida a investigar el caso Gelós y obtuvo testimonios de Amado Viera; Omar Varona; un hombre de apellido Romero, conocido como "cara de goma"; y Carlos Julio Barrios. Todos estuvieron detenidos junto a Gelós.
A partir de las declaraciones y testimonios obtenidos se pudo reconstruir la nómina parcial de los oficiales que participaban de las sesiones de tortura. Entre ellos estaban: el capitán Stocco, el teniente Dardo Barrios, actual jerarca municipal de Maldonado, el oficial Cristi y el sargento Amorín. En tanto los médicos militares eran Francisco Pons, José Luis Braga y Julio César D'Albora. Pons y Braga fueron denunciados ante la Comisión de Ética Médica de la FEMI, la que según su presidente, Gregorio Martirena, "si bien tuvo la convicción de la participación de estos profesionales en hechos éticamente reprobables, nunca logró los testimonios para condenarlos". Con toda la información a la vista, la Comisión de DDHH de Maldonado radicó una denuncia penal el 22 de mayo de 1985. Pero la aprobación de la Ley de Caducidad generó impunidad para los asesinos.
Mientras la Justicia investiga, un grupo de antropólogos excava en el interior del Batallón 14 del Ejército en la búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura.
Testimonios del horror
Los testigos que se presentaron voluntariamente ante la comisión departamental, relataron detalladamente el horror que se vivía en aquél tiempo. Pero, sin dudas, el proporcionado por el ex edil y dirigente comunista Carlos Julio Barrios, quién tenía entonces algo más de 50 años, fue determinante para saber cómo murió Gelós. Según la copia del testimonio prestado por Barrios el 26 de setiembre de 1986 ante los integrantes de la Comisión de DDHH, fue detenido el 2 de enero de 1976 a las 4 de la mañana en su chacra ubicada en cercanías de Cerro Pelado.
"Venía uno uniformado, que me puso la ametralladora en las costillas, y los otros de particular. Revolvieron toda la casa y dijeron que era un secuestro, que se trataba de un comando independiente" - dijo el testigo. "Yo no sé a donde me llevaron, supongo que sería cerca de la Laguna del Sauce. Ahí fueron indescriptibles las torturas. Me colgaron de las manos y del cuello, me pegaban fuerte por todos lados; en el estómago, en los testículos. También me daban picana y eso duró horas". Barrios recordó que luego lo sacaron en una camioneta y lo llevaron a un lugar donde había una pared.
"Yo estaba desnudo y encapuchado. Me colgaron y contra la entrepierna había una especie de caballete que me impedía siquiera ponerme en punta de pie. También estaba una pareja, aparentemente joven por las voces. Era claro que violaban alternativamente a la muchacha y al muchacho, haciendo que uno viera al otro cuando era violado. A ellos los interrogaban sobre la presunta tenencia de armas". El 5 de enero de tardecita, lo cargaron en una camioneta y lo trasladaron a Maldonado donde subieron a Romero y los llevaron a un lugar cerca de la Laguna del Sauce. "Ahí me hicieron lavar en un lugar que presumo era la propia laguna y después nos llevaron a un lugar lleno de barro".
Barrios reconoció las voces de algunos de sus compañeros: Viera, José Medina y Horacio Gelós. "Me sentaron en el suelo y me interrogaron sobre una lista secreta de contribuyentes al Partido Comunista. De repente vino uno que le dijo al que me interrogaba... 'déjelo a ese viejo traidor, que ahora vamos a hacerle una operación a su querido camaradita Bonillita y después se la hacemos a él'... Ahí me levantan la capucha y traen a Gelós Bonilla, maneado con las rodillas junto a la cabeza. Lo traían a rastras. Ahí vi que lo castraban y salía sangre a borbotones. Yo sólo veía parcialmente el cuerpo de Gelós, se quejaba espantosamente. Los quejidos se fueron apagando y a mí me ponen una venda en los ojos y la capucha y me llevan a unos 20 metros del lugar con un soldado al lado. Ahí se produce un gran revuelo entre los torturadores y siento que no muy lejos de mí se preguntan si largaban a Viera. Varias veces les había oído decir que o hablábamos o nos mataban y tiraban al medio de la laguna".
Después de eso Barrios aseguró que "los cargaron a todos en un vehículo y me tiraron en Rincón y Francisco Maldonado. Me dijeron que no me sacara la capucha hasta que no pasaran cinco minutos. Era la madrugada del 6 de enero de 1976". Pero tres días después vuelven a detenerlo. Lo suben encapuchado en VW negro matriculado en Argentina. Pocas cuadras después lo cambian de auto y lo llevan a un lugar que supone el Cuartelillo de Maldonado "porque oía las campanadas de la Catedral".
Barrios dijo que "ahí había mucha gente detenida. Ponen música de Gardel y Roberto Carlos. Me torturan horriblemente. El 12 de enero me cargaron en una camioneta, era de medianoche. Uno de los torturadores le dijo a otro: a éste enterralo en la arena. Y pusieron una pala a mi lado. Anduvieron mucho rato diciendo... acá no, acá nos ven... y arrancaban otra vez. Así estuvieron como dos horas. Por último pararon y dijeron... bueno, acá sí. entonces me tiraron en una cuneta diciendo que no me moviera y se fueron. Me saqué la venda y vi que estaba en la ruta 39 frente a la planta de supergas de Tortorella ".
Barrios se fue caminando a su casa y apenas aclaró le pidió a un familiar que le sacara pasaje en una compañía de ómnibus para irse a Porto Alegre. Era el 13 de enero de 1976. Después los militares volvieron a buscarlo, pero como no lo encontraron terminaron torturando a su nieto de 11 años para que dijera donde estaba. El niño sufrió trastornos sicológicos. Barrios falleció a mediados de los ´90 sin saber la verdad.
Por su parte Amado Viera, también relató como oyó morir a Gelós Bonilla. "Le preguntaban por unos campos comprados por el SUNCA para poner una Colonia de Vacaciones. Estábamos en un grupo de ranchos ubicados a orillas de la Laguna. Yo sentía que Horacio estaba como estaqueado y las cosas que le hacían eran muy graves porque en determinado momento dijo que prefería que lo mataran. Su respiración era muy fuerte hasta que dejó de oírse; después lo arrastraron y no oímos más hasta que enseguida nos sacaron a nosotros".
Testimonios. Militares no aportaron elementos sobre la muerte del militante del PCU
"¿Quién es Gelós Bonilla?"
"No sé nada". El último oficial en declarar y su
abogado, al retirarse de la sede judicial.
Cuatro oficiales del Ejército, en situación de retiro, comparecieron ayer en el marco de la indagatoria por el crimen de Horacio Gelós Bonilla, en 1976. Los militares no aportaron mayores datos, pero sus testimonios permiten reconstruir aspectos aún ocultos del crimen.
"¿Quién es Gelós Bonilla?". La pregunta, cargada de ironía, del abogado de uno de los primeros oficiales del Ejército Nacional en declarar por violaciones a los derechos humanos durante la última Dictadura, en 2011, fue el corolario de una extensa jornada desarrollada en los estrados judiciales, en procura de esclarecer los crímenes del pasado reciente.
El último oficial en declarar ante la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea por el secuestro y desaparición de Horacio Gelós Bonilla, en 1976, se retiraba en compañía de su abogado, tras declarar por más de una hora sobre el caso, cuando fue abordado por la prensa.
"No hay declaraciones, no hay declaraciones, no sé nada (...) Esto es para Hollywood, va para Hollywood", contestó el oficial ante las primeras preguntas. Sin embargo, los periodistas insistieron: "¿Pudo responder acerca del paradero de Gelós Bonilla?". "No se nada", respondió, poco antes que su abogado lo rodeara con el brazo y le preguntara, en tono socarrón: "¿Quién es Gelós Bonilla?".
"La gran mayoría no se acordaba de nada pero siempre algún dato se logra rescatar, de a poco se va armando la historia de qué fue lo que pasó en este país durante esos años", expresó, por su parte, la abogada María del Carmen Salazar, querellante en la causa por el secuestro y desaparición de Gelós Bonilla.
Gelós Bonilla, un ex militante del Sunca, integrante del Partido Comunista (PCU) y edil del Maldonado por el Frente Amplio (FA), desapareció en enero de 1976, tras ser detenido en el centro de Maldonado y derivado al Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce.
Su cuerpo nunca fue recuperado, recordó Salazar.
En este sentido, Salazar valoró el actual proceso judicial como una forma de obtener "información" para desentrañar los hechos tras la desaparición del militante comunista, en 1976, porque "desde esas fechas se está esperando una instancia como ésta". Sin embargo, "parecería que hubo militares que lo único que hicieron fue cortar el pasto", señaló Salazar.
Más allá de eso, la abogada manifestó su "esperanza" en que el Poder Judicial pueda recabar los elementos necesarios para identificar a los responsables del crimen, por cuanto el testimonio de los testigos del hecho obrantes en autos no son "suficientes" para el esclarecimiento de los hechos.
"Hay una persona que fue detenida, ingresada en un Batallón que es una unidad militar, perteneciente al Estado uruguayo, y que al día de hoy está desaparecida. Alguien tiene que responder por ello (...) lo lógico sería que hubiera algún procesamiento, (porque) la Justicia tiene que actuar", dijo la abogada.
Las audiencias por el crimen de Gelós Bonilla proseguirán esta semana (hasta el próximo lunes 14 de febrero) con la comparecencia de una decena de oficiales activos, en 1976, en el Batallón de Ingenieros Nº 4, como forma de avanzar en los hechos. Los militares comparecerán en calidad de "testigos", pero con asistencia letrada, como forma de ser brindadas todas las garantías durante el proceso, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
Jueces Torres, Tapié, Olivera Negrín, Catenaccio y Gradín
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Sin avances en el caso Gelós Bonilla
Comparecieron los primeros militares retirados indagados
Los militares que declararon ante la jueza penal Mariana Mota y la fiscal Ana Tellechea, además de negar cualquier vinculación con la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, dijeron que no pueden aportar ningún elemento a la investigación ya que, según declararon, no saben nada del hecho.
Durante toda la mañana y parte de la tarde, Mota y Tellechea interrogaron a cuatro militares retirados (dos oficiales y dos que se desempeñaban como personal subalterno) que revistaban en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 4 con asiento en Laguna del Sauce (Maldonado) cuando Gelós Bonilla estuvo detenido en esa unidad.
Los militares, que fueron representados por las abogadas Graciela Figueredo y Rossana Gavazzo (hija del coronel retirado José Gavazzo) señalaron que no saben nada de lo ocurrido con Gelós Bonilla, militante del Partido Comunista que fue detenido en Maldonado a principios de 1976 y quien luego de estar recluido algunos días en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 4, permanece desaparecido.
Según algunas versiones, tras ser asesinado, Gelós Bonilla habría sido sepultado en forma clandestina en un predio cercano al aeropuerto de Laguna del Sauce.
Hoy, mañana, el viernes y el próximo lunes, Mota y Tellechea tienen previsto continuar tomando declaraciones a militares retirados presuntamente involucrados en la desaparición de Gelós Bonilla.
Ayer, en Maldonado, hubo una concentración en el lugar donde fue detenido Gelós Bonilla como forma de reclamar el esclarecimiento del hecho a 35 años de ocurrido.
"Quien fuera una víctima más del golpe fascista que ocurrió en nuestro país, y que los trabajadores y el pueblo todo repudian, espera se aclare pronto (el caso) y paguen todos los que tengan que pagar", señaló en un comunicado el sindicato de la construcción de Maldonado, del que Gelós Bonilla fue un activo militante.
El caso está siendo investigando por la jueza Mota en forma conexa al juicio que se sigue contra el ex dictador Juan María Bordaberry por el golpe de Estado de 1973.
MOVIDA.
Las de ayer fueron las primeras citaciones a militares retirados de 2011 en una causa que indaga violaciones a los derechos humanos, en un momento donde el Foro Libertad y Concordia (que agrupa a varias tandas de uniformados) reclama que no haya nuevos procesamientos.
El grupo se reunió con los comandantes de las tres fuerzas para hacer su planteo e incluso llegó a solicitar al gobierno que frene la posibilidad de nuevos juicios contra militares retirados.
Sin embargo, se espera que en los próximos días, por otros casos, también haya nuevas citaciones. Por ejemplo, en la causa por torturas en la base aérea de Boiso Lanza, iniciada en diciembre de 2010 por un grupo de 12 ex presos.
Además, también en el corto plazo, habrá citaciones por otros 19 casos de homicidios y desapariciones que al igual que la causa de Gelós Bonilla, se indagarán en forma paralela a la de Bordaberry.
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Un velo se descorre sobre el mantenimiento de la IMPUNIDAD
“Las confesiones de Gonzalo Fernández ante Pedro Bordaberry”
En artículo publica por “Brecha” el columnista Samuel Blixen escribe sobre la divulgación de una conversación telefónica clandestinamente grabada entre el Dr. Pedro Bordaberry (hijo del ex Presidente de facto, entre el 27/06 de 1973 y el 12/06 de 1976, Juan María Bordaberry) y el Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Gonzalo Fernández.
Según Blixen, el diálogo mantenido entre Pedro Bordaberry y Gonzalo Fernández, arroja mucha luz sobre cuestiones de DD.HH. El tenor de esa conversación grabada clandestinamente, se ha podido conocer merced a que algunos de sus tramos han sido adelantados en un informe del Semanario “Búsqueda” (21/09), mientras que la “versión completa” había aparecido inicialmente en la página web “Bitácora”, del periodista de “La República”, Carlos Santiago.
En su artículo Blixen señala que, de ser cierta, la versión revela, precisamente por el encadenamiento del diálogo, “la intimidad de Fernández con Pedro Bordaberry; las críticas de tono subido y de adjetivos descalificantes contra abogados y parlamentarios, e incluso contra la Suprema Corte de Justicia; y los términos de las conversaciones con militares acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante el período dictatorial (1973-1985), que implican la existencia de una negociación oficialmente desmentida”.
Para el periodista, hay un hecho de la mayor importancia: “El Secretario de la Presidencia no ha desmentido la veracidad del diálogo transcrito”. En una conferencia de prensa realizada el Gonzalo Fernández afirmó que su conversación con Pedro Bordaberry había ocurrido “probablemente hace casi un año”, pero Blixen indica que de la versión desgrabada de la conversación surge que la misma ocurrió en fechas más recientes.
En la conferencia de prensa citada, Fernández reseñó que sobre la muerte en Argentina (1976) de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz: “Nunca aporté ninguna prueba para el juzgado, porque no tengo ninguna prueba”. Blixen señala a continuación que: “el tramo políticamente más comprometido de la grabación clandestina se refiere a las conversaciones que Fernández mantuvo con oficiales acusados de delitos de lesa humanidad. Se trata de información clasificada que el gobierno expresamente quiso mantener en reserva, desde los términos de las conversaciones hasta la identidad de los interlocutores.
Esa información, negada a la opinión pública, fue otorgada, con detalles y de una forma directa, a Pedro Bordaberry”. En el artículo se agrega que: “De esta conversación surge claramente que el Secretario de la Presidencia propuso una negociación a los militares involucrados en los delitos de lesa humanidad. Se pide, según esta versión, los cuerpos de (ciudadanos) detenidos-desaparecidos, y con ello “esto se puede arreglar”.
Posteriormente, Blixen indica que a raíz de las afirmaciones contenidas en el libro “Encontrando a los Desaparecidos”, del periodista Álvaro Alfonso, Gonzalo Fernández afirmó al Semanario “Brecha” : “El Poder Ejecutivo jamás negoció información por impunidad. Eso es absolutamente falso.
Se llega a decir que ‘se pidieron cuatro cabezas y unos huesitos’ a cambio de información. También es mentira”. Para Blixen, “algo no calza. (Pues) en otras ocasiones, ante declaraciones interpretadas como imprudentes de otros funcionarios de gobierno, como el caso del Subsecretario de Defensa Nacional (Dr. José Bayardi), el Presidente (de la República, Dr. Tabaré) Vázquez adoptó medidas que le permitían tomar distancia. En este caso, no hubo ninguna reacción, al menos conocida”.
(Semanario "Brecha" Sección POLITICA )
Macarena Gelman escucha en las barras
Diálogo completo entre el Dr. Pedro Bordaberry y el Secretario de la Presidencia de la República
Pedro Bordaberry: Ché, mirá, no te hago perder tiempo porque aparte debés tener poco en esto. Te vine a ver más que nada a conversar por el asunto de mi viejo.
Gonzalo Fernández: ¿En que está eso? El Tribunal revocó y ….
PB: …yo, desde el punto de vista judicial, ¿viste?, me parece que es una cosa que si la resuelven los jueces, creo que estamos bien, que estoy bien. Me parece. Sencillamente porque lo que era jodido para el viejo era el atentado a la Constitución. Era un asunto difícil, ¿no? Si me van a decir si atentó contra la Constitución el 27 de junio de 1973 … yo soy el hijo; tampoco te voy a decir que …. Pero eso notoriamente prescribió, la sentencia de primera instancia lo dijo, la del Tribunal lo dijo indirectamente porque dijo: “bueno, en realidad, usted tiene primero que indagar y después decidirlo porque fíjese que también se denuncia que a partir de ese momento hubo homicidios y desapariciones y eso tiene que investigarlo. Y en esos casos, podría correr la agravante que amerita que se amplíe el plazo de prescripción en un tercio”. A contrario sensu, está diciendo que el atentado a la Constitución sí está prescripto. O sea que …. Después yo, en eso tenemos toda la tranquilidad, bueno, obviamente que el viejo nunca participó en esas cosas. Así que lo sabemos bien. Y vos ves los expedientes y no hay ninguna sola prueba. La prueba, en el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz, es una prueba que dicen: “bueno, como estaba requerido por el Uruguay…”
GF: …. era contra Blanco, sobre todo, ¿no?
PB: Sí …
GF: ¿… a tu viejo también lo meten?
PB: Al viejo también lo meten porque dicen que… ¿Qué es lo que dicen? La tesis de Wilson Ferreira. Ferreira Aldunate nunca dijo que los habían matado los uruguayos. Y eso es lo que era la verdad. En ese momento, abril, mayo del ’76 en Argentina acababa de venir Videla y compañía, y cualquiera que
…
GF: … pero perdoname: yo se lo dije al hijo del “Toba” (Héctor Gutiérrez Ruiz) y se lo dije en su momento a Rafael (Michelini). El que mató a Michelini y a Gutierrez Ruiz es el “Paqui” Forese, uno que le llamaban “el oso Paqui”, que era un paramilitar o parapolicial de la banda de Aníbal Gordon, del “Joba” Gordon, del “Viejo” Gordon. Es así. Iban por las libras esterlinas de Mailhos, que se decía que (las) tenía el “Toba” –no sé si las tenía o no- y por guita que pudiera tener Zelmar del MLN
.PB: Yo creo que eso es claro…
GF: … la historia de Orletti es…Orletti empieza como una banda policial, como una banda parapolicial, hasta que en determinado momento los militares se dan cuenta de que se les desborda y meten ahí –no te puedo decir en qué año, yo he almacenado en los años de la Comisión de la Paz tanta cosa en la cabeza que ya no me acuerdo- ahí mete de golpe (Otto) Paladino a algún coronel para que más o menos… porque era de afane la cosa. Era de afane
.PB: No, no, eso… te digo más: yo obviamente que he hablado mucho con Carlitos Ramela, que tiene las fuentes de información que tenés tú…
GF: …la misma. Lo que sabe Carlitos es lo que sé yo.PB: Sí. Y después hablé con “Pepe” Villar, que estaba en Buenos Aires al principio también…GF: …él sabe menos. Sabe mucho menos.PB: Sí, sabe menos. Pero él como era amigo de Santibáñez, el que estaba en la SIDE y esas cosas…GF: … pero ojo: mirá que la SIDE nunca largó nada, ¿eh?
PB: ¿Ah, no?
GF: Con todas las promesas… no sólo Villar; Jorge Batlle era amigo de Santibáñez. Y dijo “abrimos la SIDE”. Nunca nos abrieron nada, no nos dieron un solo papel ni ninguna información.
PB: Es que también el que llega a la SIDE no manda, ¿no? Más un tipo puesto por De la Rúa en la SIDE… seamos conscientes, ¿no? Todos sabemos, “si, soy el jefe”, pero…
GF: …lo que te quiero decir es que de la SIDE nunca salió nada.PB: Sí. Me han pasado algunas cosas en los últimos tiempos, que te quería decir porque son importantes. Hebe Martínez está loca…GF: …desequilibrada…
PB: …desequilibrada, ¿no?
GF: Lo que pasa que es una mina que con esto agarró protagonismo. La han invitado a viajar a Francia y además se convierte en la gran abogada…
PB: …si, si. Y hace su juego.
GF: Hace su juego.
PB: Pero ha perdido un poco la línea últimamente en esto.
GF: No, hace tiempo que perdió la línea.
PB: Hace poco entabló contacto con un coronel Gilberto Vázquez, que es uno de estos que está preso…
GF: … está en cana. El “Judío” Vázquez o el “Pirín”
.PB: Ese. Esto yo lo corroboré con gente que participó. Este Vázquez parece que fue mano derecha de Bertolotti al principio. Se dice que le daba información o se decía mano derecha y equis. Y Hebe Martínez Burlé…
.GF: …eso es mentira.
PB: ¿Es mentira? ¿Si?
GF: Es mentira. Digo, Vázquez aportó algo. Al actual comandante en jefe, a Díaz, lo cagó, le sacó unos mangos, le sacó un celular, un lío con una mina…no, es mentira. Es mentira. No le creas.
PB: Está bien. Porque este Vázquez sí –y yo lo chequeé- fue con Hebe Martínez Burlé a ver a un coronel Mato….
GF: …sí, el “Burro” Mato…
.PB: … el “Burro” Mato, Pedro Mato, en Rivera, y le dijeron que se incriminara él de lo de Gutiérrez Ruiz y Michelini.
GF: Sí, pero él en su momento se entrevistó con Rafael y le dijo que él no tenía nada que ver. Y Rafael lo cree.
PB: Y Rafael lo cree. Yo lo fui a ver a Mato. Porque cuando me pasaron el dato, yo lo fui a ver a Mato. Me fui a Rivera y lo entrevisté. Y le dije “cuénteme cómo es esto”. Porque estas cosas, uno si sabe bien…yo me metí mucho. Te confieso (que) lo que quise (hacer) es “vamos a encontrar a los que mataron a Gutiérrez Ruiz y Michelini para terminar este asunto”. Digo, es la mejor forma de terminarlo.
GF: El “Paqui” Forese, es claro
.PB: Bueno, entonces, ¿por qué no van a buscar al “Paqui” Forese? ¿Dónde encontramos al “Paqui” Forese? Yo venía a hablar de eso. ¿Dónde encontramos al “Paqui” Forese?
GF: Y, en Argentina. Yo no sé si vive o no. Era de la Banda de Rufo, de Gordon, de todo esa gente. Hay quien me ha dicho que vive todavía. El “Oso Paqui” porque parece que es “Paqui” de paquidermo. Parece que es un monstruo…
.PB: …porque Hebe fue a verlo a este Mato y le dijo: “mire, usted dice que fue usted, pero usted está amparado por la ‘ley de caducidad’, pero diga que le dio la orden directamente Bordaberry para que lo vaya a matar”. Una cosa que Mato los sacó carpiendo a Vázquez, a Hebe, a todo el mundo, a la mierda, y les contó: “miren, antes que ustedes vino Michelini, de entrada no me creyó, yo le dije como eran las cosas, le dije que averiguara bien y a los dos o tres años me llamó y me dijo ‘quiero decirle, Mato, que averigüé y le creo’”. O sea que Michelini no es …. Creo que Michelini también se ha desnorteado con este asunto….
GF: ¿Sabés que pasa, Pedro? Él incluso con un íntimo amigo de él tuvo un lío que estuvieron como un año sin hablarse, que en buena medida te puede suceder a vos también porque este amigo le dijo a Rafael: “vos tenés que decidir si sos ‘hijo’ o miembro del gobierno”. Porque él es el que ha lanzado la campaña de anulación de la ley y todo ese tipo de cosas.
PB: (No se entiende) Es el único que está afuera.
GF: Está absolutamente desnorteado Rafael. Ahora, lo de la Hebe es gravísimo, ¿no?
PB: No, Hebe ya está sacada.
GF: Es gravísimo. No me extraña por que el “Judío” Vázquez, en determinado momento, planteó que todos los otros que están ahora en cana se acusaran, acusaran al “Conejo” Medina y al “Turco” Arab de ser los de Gelman y que con eso limpiaban todo. Es decir, Vázquez es un tipo…
PB: …bueno, eso es lo que me llegó. Que Vázquez había propuesto esas cosas…
GF: … es un tramoyero….
PB: …y que incluso había dicho, “bueno, entregamos tres o cuatro, más Bordaberry, y se termina el asunto acá”. Aparte es una hijodeputez porque yo no me voy a creer el tema de lo que hizo mi viejo, lo que no hizo mi viejo, la disolución de las Cámaras, todas las cosas; no soy un ciego y tengo mi propia opinión que, obviamente, hay un tema filial ahí que uno tiene el deber y el convencimiento de lo que tiene que hacer. Pero yo veo ahora como una especie de arranque hacia eso, ¿no? Y después, un día me viene a ver un periodista y me dice que Vázquez tuvo una reunión contigo…GF: …no…PB: …contigo, Rama…
GF: …no fue
.PB: ¿No fue Vázquez?
GF: No fue. ¿El periodista fue Alfonso?
PB: Sí.
GF: Ah… ¡ojo con este! Ese es el de los servicios. Ese, Alfonso, es de los servicios. Hace mucho tiempo, antes de que estallara todo esto, un coronel retirado, amigo de mi hermana –yo ni me acordaba- porque mi hermana es médica y la mujer de éste es médica y son compañeras, y entonces me llamó, vino a verme con total conocimiento… “como te va, Pedro”, y yo no sabía quien era. Y dice “mirá, yo te propongo tener una conversación con tal tipo (….). Incluso chispié y después llamé a mi hermana y le dije: “decime una cosa, este Fulano, ¿de dónde me conoce?” “Sí, lo debes haber visto en algún cumpleaños mío, porque venía”. “Ah, bueno, ta”. Y efectivamente fui a una reunión a la casa de uno de los hijos del “Tordillo” Rama…
PB: …perdón, ¿Quién es el “Tordillo” Rama?
GF: Rama, uno de los que está preso, el “Tordillo” le dicen. Y en esa reunión estaban Rama, Baudean, el viejo este… ahora se me fue …. Taramasco, e iba a ir Vázquez. Y lo estuvimos esperando y no apareció. Yo incluso les dije: “miren, es difícil que venga a verme porque a mí por otro lado me han llegado mensajes de que Vázquez me quiere matar”. Y Rama dice “no, doctor, no somos terroristas”. Después me dijeron que Vázquez se había confundido porque la reunión era a las 9 de la mañana y él apareció a las 9 de la noche. Yo nunca lo vi y nunca hablé con él. Yo nunca lo vi y nunca hablé con él. Yo fui a plantear en esa reunión, antes de que empezara todo esto, “déjense de joder, dénme la información, dénme dónde están los cuerpos, que esto se puede arreglar”. Te digo más, yo no te miento, te hablo como amigo, yo no te miento, En la reunión me acuerdo que Taramasco, que es un veterano –son todos veteranos- empezó con: “no, porque doctor, cuando el comunismo internacional…”, volvió con todo lo del pasado. Yo lo dejé hablar y cuando terminó le dije: “dígame coronel, ¿usted se enteró de que se acabó la Unión Soviética?”
PB: Se cayó el Muro.
GF: Yo iba a buscar una solución. La reunión terminó diciéndome…duró como tres horas a lo largo de las cuales además yo les fui diciendo cosas que yo sabía. En determinado momento uno de ellos se levantó a mear y el que lo había llevado, es un coronel retirado que fue también al baño y qué sé yo, y le dijo: “ah, pero este tipo sabe todo, habla como nosotros…”. Yo fui a buscar una solución. La reunión terminó diciendo, “bueno, lo que usted plantea…”, Taramasco me pidió excusas, “mire, discúlpeme si yo en algún momento me exalté”, le dije: “por favor, coronel, ya está”. “Lo que usted plantea –me dicen- es muy interesante. Nosotros tenemos que reunirnos con nuestros compañeros y lo volvemos a llamar”. Y nunca más me llamaron. Y muchos meses después, cuando ya estaban todas las denuncias y qué sé yo, un militar vino a ofrecerme que Vázquez quería hablar conmigo. “¿Y ahora para qué?, le dije. Fue como los de Botnia: después de decir que no, vinieron a decirme que suspendía 45 días la obra. “¿Y ahora me lo dicen? Ahora es tarde”, les dije. De manera que yo nunca hablé con el coronel Vázquez. Hablé con todos los demás. Es más: hablé con muchos que no aceptaban hablar con Carlitos Ramela porque le tenían bronca, porque el gordo –yo se lo dije mil veces, pero él no me daba pelota- agarraba el chupete e iba a cuanto programa de radio y tele, y entonces estos milicos se pensaban que él lucraba políticamente con esto. Como yo no iba, tenía perfil bajo y no hablaba con los periodistas, aceptaban hablar más conmigo que con él. Yo hablé con Gavazzo, por ejemplo, un par de veces. Pero con Vázquez no.
PB: Bien…
GF: ¿…y qué te dice el periodista? ¿Qué Vázquez qué?
PB: No, que Vázquez en ese momento te dijo a vos: “bueno, yo necesito un par de personas y Bordaberry y Blanco, y eso es suficiente”. Y que vos dijiste que sí. Una cosa así.
GF: Te puedo jurar por la vida de mis hijos que nunca me dijeron eso, que Vázquez no fue a esa reunión, la reunión se hizo en la casa de un hijo de Rama allá por Millán y Raffo para arriba, qué sé yo, que nunca me dijeron eso. Yo a Vázquez no le conozco la cara y nunca hablé con él.
PB: Che, este... ¿por qué los mataron a Gutiérrez Ruiz y a Michelini?
GF: Mirá, según dicen por la guita. Según dicen, porque se creía que el “Toba” tenía los lingotes que le habían robado a los Mailhos…PB: …sí, están las declaraciones del hijo ….GF: …y que Zelmar tenía guita del MLN. Y a mí me cierra que eso había sido fruto de un operativo de una banda paramilitar que venía y se afanaba todo. Me llevaba a mí y me mataba, pero además me afanaba la computadora, los cuadros, el teléfono, todo. Ahora, nosotros nunca investigamos en profundidad el homicidio de Michelini y Gutiérrez Ruiz porque, en realidad, nosotros buscábamos desapariciones. Yo a esa reunión no fui a hablar del homicidio de Michelini y Gutiérrez Ruiz, también te lo aclaro. Les fui a decir “dénme los datos para encontrar los cuerpos”. Fui a eso. “Canten de una vez, antes de que se venga la noche”. No hablé una palabra de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Ni una palabra
PB: No, a mí me cierra. Ramela me dice lo mismo, que era Gordon y su banda, y además yo leí el libro este “Nunca más”, el informe de la Comisión Sábato, y está el modus operandi de Gordon y compañía, que calza exacto con lo que pasó acá.
GF: ¿Sabes lo que es Aníbal Gordon? Aníbal Gordon era un delincuente común que estaba preso en la cárcel de Caseros, y yo de esto me acuerdo porque me acuerdo de haber visto la imagen en la televisión, que en el gobierno de Cámpora se dicta una ley de amnistía, bueno, eso lleva todo un proceso burocrático, los presos queriendo salir y en determinado momento, Juan Manuel Abal Medina, secretario de la Presidencia, se presenta en la cárcel y da la orden de que tienen que soltarlos. “Para qué tanto papeleo”. Y ahí salen todos. Yo no sé si Gordon salió amnistiado o si salió en el paquete. Y era un parapolicial. Después terminó refugiado acá en Uruguay, escondido, tenía una casa en La Paloma, a mí me la mostraron una vez, y dicen que con el que mantuvo la relación mas estrecha fue con el “Turco” Arab, hoy sólido empresario transportista, que el primer camión se lo regaló Gordon. Fue con lo que empezó, digamos. Ahora, Pedro, a todas estas cosas hay que tomarlas con pinzas. Y eso que te dijeron es una absoluta y total mentira.
PB: No, también lo que creo es que es un modus una forma de trabajar de esta gente de tirar 300 vías para enloquecerte, ¿no? y me dice “tengo que hablar con usted”. “Bueno”, le digo, “ya ando por la calle solo”. “No, ¿pero usted donde está?” “En mi estudio”. “Bueno, 7 y 15 espéreme en la puerta”. Yo lo esperé en la puerta charlando con el portero, ¿Qué iba a hacer? El tipo llegó y yo me dije me metí en una película de espías y no me di cuenta, ¿viste?
GF: …son las de ellos, son las de ellos…PB: Me dice “yo quiero decirle esto, pasa esto, ta, ta, ta. Averígüelo. ¿Me acompaña?” “Si” “Pero no salga usted”. Y el loco va y se perdió en la noche.GF: Ellos viven en esas cosas. Yo me acuerdo que una vez, al principio de la Comisión para la Paz (párese) en tal lado y me llevaron (en una camioneta) y yo pensé que me iban a hacer la boleta. Después otra vez me llevaron a un lugar, dieron 1.500 vueltas ¿y sabés dónde aterricé? Te vas a cagar de risa… claro está muy vacía de noche ahora porque ese lugar ya perdió …¡en la Conaprole de Pocitos! En una mesita. Después otra vez fui a un lugar que ellos llaman Orletti, que es un edificio medio abandonado, ahí en Burgues, de Larrañaga para abajo, a hablar con los tipos….
PB: …no, yo te digo que en estos asuntos si los jueces nos dejan hacer prueba, que creo que lo van a hacer…GF: … ahora, el gobierno no va a meter el dedo. Yo te puedo asegurar, por ejemplo, que cuando se produjo la extradición (por lo de) Berríos, vino Carlos Díaz a decirme que a nivel de los retirados, qué sé yo, qué sé cuánto, de lo de Berríos, de que se haya producido la extradición, sindican a dos personas como responsables: a él, por no haberlo solucionado y haberla advertido. Y a mí porque yo fui el que convencí a toda la Corte para que saliera la extradición. Y yo no moví un solo dedo. Yo no hablé con nadie.PB: La Corte también te confieso que no ha estado bien en el caso del viejo.
GF: Y, ahí había cosa juzgada. Yo me acuerdo cuando vos viniste .…
PB: …notoriamente. Aparte lo resolvió sin dar traslado. Una cosa que … lo menos que podés hacer es dar noticia para que puedas decir … Lo resolvió contra la opinión del fiscal de Corte, sin dar traslado, lo mandó al juzgado. Pero aún así lo agarró primero Hackenbruch y ahí estuvieron mal porque a Hackenbruch, cuando lo agarra el asunto, la fiscal le dice a Hackenbruch que él no es competente y que tiene que plantear una contienda de competencias con la Suprema Corte de Justicia, en base a lo que dice la Constitución. Y Hackenbruch hace lugar a eso, no la rechaza. No se lo estaba pidiendo la defensa, se lo estaba pidiendo la fiscal. Y lo remean para abajo. Cuando vuelve, le dicen que tiene que seguir en eso. Nosotros presentamos un escrito firmado por Chaves y Diego Viana, y entonces Hebe Martínez Burlé lo recusa porque Chaves había sido abogado de él en un expediente administrativo…
GF: … un sumario…
PB: … un sumario. Y ahí el loco se saca el asunto de arriba. Pero entonces la Corte le hace un sumario porque dice que se atrasó en el asunto mandándolo innecesariamente a la corte, cuando eso se lo había pedido el fiscal. Después va a Fanny Canessa. Fanny Canessa estudia el asunto y solicita abstenerse también porque …
GF: ….tiene un hermano…
.PB: …no, un sobrino, Un hijo de un hermano había trabajado con un hermano mío hacía cinco años. Se lo quiere sacar de arriba y no la dejaron. Y ahí, la fiscal de entrada le dice que no es competente. Ella asume igual: resuelve y entonces como resuelve a favor del viejo, el Tribunal revoca, pero no revoca porque no estuviera prescripto o porque no hubiera cosa juzgada, sino porque le dice: “primero usted tiene que investigar y después decir que está prescripto”. Y a contrario sensu está diciendo que está prescripto.
GF: Pero la prescripción se (releva) de oficio.
PB: Sí, bueno, pero entonces le dicen eso, se lo sacan, vuelve a esta nueva chica y a Fanny Canessa también le hacen un sumario. O sea que los dos jueces que fallaron acá, los sumariaron. Yo nunca lo vi. Es una cosa…
(….)PB: Yo creo que hay alguien ahí que lo está fogoneando (al caso).
GF: Nosotros no somos.
Nota: Cuesta creer este diálogo entre el entonces Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernandez, y el Senador Pedro Bordaberry, ya no solo por el tono, por momentos "chabacano", sino por el desprecio de "endosar" supuestas acusaciones, y sobre trabajos realizados por los abogados de la familia Michelini,la Sra. Hebe Martinez Burle y quien la acompaña en todo el dossier de la muerte de Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz.
Pedro Bordaberry, protagonizó luego un encuentro frente a las camaras de televisión, con el Senador Rafael Michelini, donde este descubre, que Bordaberry había utilizado una grabadora oculta, para grabar sus conversaciones.
En el transcurso de este tiempo y hoy, donde se sigue dando vueltas por la ANULACION DE LA LEY DE CADUCIDAD, comprobamos, que ninguno de los dos personajes de este "diálogo", tan bien informados, siempre se han mantenido firmes en hacer barrera a la ANULACION DE LA LEY DE CADUCIDAD.
Es buena hora, de publicar y hacer resaltar que miembros del Gobierno, y de la oposición, BIEN SABEN QUIENES HAN SIDO LOS RESPONSABLES DE ASESINATOS, y bien saben al mismo tiempo que NADA SE PUEDE AVANZAR EN LA RECUPERACION DE LA MEMORIA NACIONAL, cuando estos "testigos" no digan publicamente, LA VERDADERA RESPONSABILIDAD DE UN REGIMEN DICTATORIAL, por parte de Juan Maria Bordaberry, Gregorio Alvarez, y todo el séquito de asesinos, y torturadores, que aún siguen escapando al JUSTO CASTIGO. - cw
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Las extrañas relaciones entre
la izquierda y los militares
Análisis político del profesor Oscar A. Bottinelli.
EMILIANO COTELO:
En la relación entre la izquierda y los militares, en las últimas semanas ocurrieron dos hechos significativos. Uno fue la oposición del senador Eleuterio Fernández Huidobro a la extradición a Chile de los tres oficiales del Ejército relacionados con la muerte de Berríos y vinculados con la logia Tenientes de Artigas, y el otro fue la conferencia dada por un coronel retirado de los Tenientes de Artigas en un centro de estudios del Movimiento de Participación Popular (MPP). A propósito de estos episodios, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone su análisis de hoy.
EC - ¿De qué vamos a hablar hoy? Quizás convenga encuadrar este comentario.
OSCAR A. BOTTINELLI:
Es un tema muy vasto, entonces primero vamos a decir algo de lo que hoy no vamos a hablar, un tema muy importante, que son las actitudes diferentes que hubo dentro de la izquierda con relación a los militares en los períodos previo y posterior al golpe de Estado, con lo que se llamó “el cuatrosietismo”, la adhesión a los comunicados 4 y 7 del 9 de febrero, y la diferencia entre quienes planteaban una oposición frontal y quienes veían la existencia de una línea progresista dentro de las Fuerzas Armadas. Hoy no vamos a tocar ese tema.
Vamos a ocuparnos de lo que han sido las divisiones más clásicas al interior de las Fuerzas Armadas y su relacionamiento con la izquierda. En los sesenta se puede percibir la existencia de dos grandes corrientes al interior de las Fuerzas Armadas, lo que no necesariamente quiere decir dos grupos absolutamente organizados dentro de los cuales estaba alineada, en uno u otro, la totalidad de los componentes de las Fuerzas Armadas. Estas corrientes existían sobre todo en el Ejército y eran fluidas, había gente que estaba en una, gente que estaba en otra, gente que no estaba en ninguna y gente que podía oscilar.
EC - A grandes rasgos, ¿cómo eran esas corrientes?
OAB - Básicamente podemos describir una corriente de tipo nacionalista o ultranacionalista, que en algún momento se llamó a sí misma corriente nacionalista, entendiendo que la otra era gente que se movía en torno al poder político o en comunión con el poder político, y una corriente que se puede considerar como liberal desde el punto de vista político o del liberalismo político o filosófico.
La corriente ultranacionalista estaba bastante entroncada con lo blanco, sobre todo con el Herrerismo, sus principales componentes eran herreristas. Y la corriente liberal entroncaba con el Batllismo, particularmente con el de la Lista 15; recordemos que estamos hablando de la época de Luis Batlle Berres.
Las dos grandes figuras que marcaron esos años, los liderazgos militares fueron del lado ultranacionalista el general Mario Óscar Aguerrondo y del lado liberal el general Liber Seregni, había aguerrondistas y seregnistas, esa fue la gran división dentro del Ejército.
Para los aguerrondistas, o por lo menos los opuestos a la corriente más liberal dentro del ejército, fuera del Ejército y aun entre los civiles, los seregnistas eran un grupo filocomunista, procomunista, al servicio del comunismo o, como se decía, en aquella época, “de cretinos útiles del comunismo” o “idiotas útiles del comunismo”.
Desde el otro lado se acusaba a la línea ultranacionalista de ser nazifascista. Hace un tiempo alguien dijo que en el fondo, con alguna aproximación, todos tuvieron razón, porque en definitiva Seregni terminó formando un frente político uno de cuyos elementos centrales era el Partido Comunista, y del otro lado terminaron protagonizando un golpe de Estado.
EC - ¿Algún elemento más a tener en cuenta de aquella interna militar de los años sesenta?
OAB - Esta interna empieza a cambiar sobre el final de los sesenta. En el pachequismo, cuando se produce el retiro de Seregni y de un conjunto de gente ligada con Seregni que se va retirando paulatinamente y viene la izquierdización de Seregni desde el punto de vista de la geografía política, surge una corriente más colorada o colorada Batllista independiente de lo que había sido el seregnismo y más vinculada con el esquema de poder del Partido Colorado (PC) del momento.
EC - ¿La salida de Seregni y la gente cercana a él de la cúpula militar de algún modo les abrió el camino a los ultranacionalistas?
OAB - Sí, los ultranacionalistas encuentran, por un lado, que la otra corriente empieza a debilitarse por su división. Y a su vez el gobierno de Pacheco Areco estuvo apoyado con mucha fuerza por el Herrerismo y por esa vía, en la negociación de ascensos militares, logra que asciendan al generalato figuras clave en esos años. Ahí tenemos protagonistas después del golpe de Estado más o menos directamente vinculados con esa corriente, como Eduardo y Rodolfo Zubía, Vadora, Gregorio Álvarez, que entre 1968 y 1971 fueron llegando al generalato.
La corriente propiamente de Seregni ya va hacia la formación del Frente Amplio (FA), y por lo tanto también va perdiendo, en años crispados como fueron aquéllos, sus nexos con los colorados y batllistas que se mantuvieron firmes en su posición en el PC y de cierta apoyatura al gobierno y al vértice colorado, lo cual también fue diluyendo su fuerza dentro de las Fuerzas Armadas.
La gente vinculada con Seregni estuvo muy enfrentada con y fue muy perseguida por la corriente ultranacionalista. En la corriente ultranacionalista surge la logia Tenientes de Artigas, no todos en esa corriente militar pertenecían a ella, pero el corazón, el cerno formó lo que se llamó la logia militar Tenientes de Artigas. Los Tenientes de Artigas fueron grandes impulsores del golpe de Estado y grandes perseguidores de los militares frenteamplistas, en primer lugar de los generales Liber Seregni y Víctor Licandro, y con saña –recibieron un trato feroz en la prisión– de los coroneles Carlos Zufriategui y Pedro Montañez, entre otros de una lista bastante larga.
EC - ¿Qué ocurre después con los tenientes de Artigas, sobre todo desde el fin de la dictadura en adelante?
OAB - Desde el fin de la dictadura, en un proceso de más de 20 años, tenemos por un lado que la logia pierde asidero en los mandos militares, todo el proceso de apertura que lleva a la transición institucional produce cambios importantes en los mandos y los poderes militares y los Tenientes de Artigas quedan como un grupo fuera de la mayoría; por ahí cambian el nombre de Logia a Legión Tenientes de Artigas, y se produce un fenómeno muy interesante.
Dentro del degradé de relaciones de la izquierda con las Fuerzas Armadas lo más cercano era todo aquello que estuviera hacia lo políticamente más liberal, lo más lejano era lo ultranacionalista y lo más lejano de todo eran los Tenientes de Artigas. Eso era lo clásico, pero se produce –esto tuvo mucho que ver con los períodos de detención y prisión– una relación fluida entre dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN) y militares adherentes a la Logia –después Legión– Tenientes de Artigas.

Esto se cultivó a lo largo de estos 20 años con muchísima intensidad e incluso se extendió a algunos otros parlamentarios del FA ajenos al MLN y a los Tupamaros. Esta relación, sobre todo de parlamentarios ajenos al MLN, fue facilitada por esa especie de cordón sanitario que tendieron Sanguinetti y el Foro Batllista en la conducción del Ministerio de Defensa prácticamente en los últimos diez años, cinco años al frente del ministerio y cinco años anteriores en la Presidencia de la República.
Cuando digo “cordón sanitario” me refiero a una barrera que evitaba que hubiera contactos entre la izquierda y los mandos militares. Esa barrera –que hacía, por ejemplo, que cuando se invitaba a parlamentarios a dialogar con mandos militares no se invitara a miembros del FA– facilitó contactos extraoficiales con los que andaban moviéndose por la suya, que eran los Tenientes de Artigas.
Esto se ve facilitado por la salida de la escena política de Liber Seregni, porque ya no queda alguien con un manejo militar y una concepción muy diferente y muy opuesta a la de los Tenientes de Artigas en la conducción de la izquierda.
La izquierda, que había visto el tema militar en general de lejos, como un tema de enfrentamiento, un tema relacionado con los Derechos Humanos, pero no había desarrollado una política, tuvo muy pocos estudiosos del tema militar y muy pocos operadores hacia las Fuerzas Armadas. Y sin ninguna duda en el MLN aparece un conjunto de operadores, como Fernández Huidobro y Rosadilla, que estudian el tema –Fernández Huidobro es considerado un gran estudioso– militar y pueden empezar a hablar con los militares con mucho conocimiento de causa.
Esto generó esta gran vinculación que se fue dando entre los Tenientes de Artigas y el MLN que esta última semana terminó expresándose públicamente.
EC - A partir de esos antecedentes, ¿cuáles serían las conclusiones?
OAB - Sin duda la izquierda carece de un gran debate sobre el tema militar que va desde el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya hasta el manejo de la interna militar. Hay contradicciones muy fuertes, quienes ven el tema militar desde el ángulo Derechos Humanos van a tener una visión muy diferente de la de quienes lo ven desde un ángulo estrictamente militar, queda un resto de herencia seregnista que tiene una visión altamente negativa de los Tenientes de Artigas, hay un papel central del MLN en el manejo de la relación con las Fuerzas Armadas, de manejo del tema militar, y es notorio que existe en el MLN y en el MPP una apetencia por contar con el Ministerio de Defensa Nacional cuando se produzca un recambio.
Todo esto hace que sea un tema muy importante en la izquierda, una de las asignaturas pendientes de debate de la izquierda.
El caso del carmelitano Perrini
CRIMEN DURANTE LA DICTADURA:
RECLAMO DE VERDAD Y JUSTICIA
Gabriel Monteagudo l COLONIA
La presentación de una denuncia penal por la muerte en 1974 del ciudadano carmelitano y militante frenteamplista Aldo Francisco Perrini Guala ha despertado el interés de la población local, que se enteró del caso a través del diario LA REPUBLICA.
La denuncia fue presentada en Montevideo por el abogado Oscar López Goldaracena ante la jueza penal de 7º turno Mariana Mota. El letrado representa a uno de los hijos de Aldo Perrini, un comerciante de 34 años que tenía un local de venta de helados en la ciudad de Carmelo, que fue detenido en su domicilio y llevado esposado por la dictadura militar el 26 de febrero de 1974.
Perrini era adherente del Frente Amplio sin militancia conocida, hacía nueve años que estaba casado y tenía entonces tres hijos de 6, 5 y 1 año. Este último, de nombre Piero, fue quien promovió la acción penal.
Aquella madrugada del verano del 74 Perrini fue trasladado con otros 11 carmelitanos detenidos al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, que estaba al mando del Comandante Boscan Hontou. Allí muere como consecuencia de las torturas recibidas. Perrini era un hombre jovial, absolutamente concentrado en su familia y su comercio y a los 34 años presentaba un estado de salud envidiable.
No fumaba y por ello tan arbitrario como su asesinato fue la causa de la muerte que certificaron los médicos civiles que apoyaban a la dictadura en Colonia "edema de pulmón como consecuencia del consumo de cigarrillo y el estrés" escribieron los hasta ahora impunes cómplices de su muerte.
El caso de Aldo Perrini conmocionó a la sociedad de Carmelo en aquellos años de la dictadura militar.
Su muerte en el cuartel de Colonia produjo tal preocupación en los torturadores que suspendieron la tortura sistemática que desde hacía semanas practicaban a todos los detenidos en ese cuartel, según declaró al Semanario EL ECO el compañero de infortunio de aquel día, el dirigente frenteamplista de Colonia Román Chipolini. "Chiquito Perrini salvó a muchos carmelitanos", dijo. Su muerte generó que los detenidos fueran blanqueados y pasados a la Justicia Militar.
Algunos marcharon al exilio inmediatamente, los menos. Los más terminaron en el Penal de Libertad por la sola culpa de su pensamiento político. Desde entonces, el caso Perrini ha sido un caso emblemático para la ciudad. La apertura de su causa "es un paso importante para la recuperación de la memoria histórica de la comunidad" señalaron a LA REPUBLICA varios ex presos políticos al conocer la noticia.
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad fue dispuesta en la causa caratulada "Organizaciones de Derechos Humanos" emitida el pasado 29 de octubre por la Suprema Corte de Justicia, anexa al expediente madre contra el dictador Juan María Bordaberry, por la cual se indaga el homicidio de Aldo Perrini y otras 19 personas entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976.
 Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Tel: -598-2-9291625 Nicaragua 1332 apto. 205 Montevideo-Uruguay
Montevideo, 27 de abril de 2010
Señor Presidente de la
República Oriental del Uruguay,
Don José Mujica Cordano.
Presente.
De nuestra mayor consideración:
Usted ha puesto en el tapete la discusión sobre la relación e inserción de las FFAA en la sociedad. Tema cuya importancia nadie puede obviar y que hace a nosotros en la doble condición de ciudadanos y de familiares de detenidosdesaparecidos.
Tema que, por su complejidad, seguramente merecerá instancias apropiadas de reflexión en las que participen sectores más amplios
que los partidarios.
Usted sabe que nosotros no elegimos la condición de familiares de
desaparecidos. Un día la tragedia se instaló en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias y tuvimos dos opciones: luchar o resignarnos.
Usted sabe que nunca hemos perseguido ni alimentado la venganza y que nos hemos movido en el marco del derecho nacional e internacional con una orientación propositiva inspirada en el futuro*
En el centro de nuestra lucha está encontrar a nuestros seres queridos. Alcomienzo teníamos la esperanza de encontrarlos con vida. Ahora no, salvo a los niños. Por eso un eje de nuestro trabajo es la investigación (junto con la prevención y la memoria como promotores del “nunca más”).
Ahora bien,nosotros no investigamos como los científicos, para conocer lo desconocido.
Nosotros investigamos para encontrar algo que es conocido y que
perversamente se oculta: la suerte de nuestros familiares.
Y estos hechos se ocultan al punto de mentirnos, de mentirle a la sociedad entera y al Presidente de la República
* En el campo regional e internacional integramos la Federación Latinoamericana de Asociaciones deFamiliares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), organismo de consulta con status II del Ecosoc.
Desde allí hemos impulsado las Declaraciones y Convenciones regionales e internacionales contra la Desaparición Forzada de Personas, así como colaborado en los respectivos instrumentos contra la tortura.
En lo nacional, hemos presentado al Parlamento el proyecto de ley de declaración de ausenciapor desaparición forzada de personas (aprobado) y hecho aportes a la Ley de reparación integral.
Mujica a Familiares
Continuidad de
secretaría de DDHH
El presidente de la República José Mujica recibió ayer en su despacho de la Torre Ejecutiva a una delegación de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Durante el encuentro, Mujica ratificó el compromiso de darle continuidad al trabajo de la Secretaría de Seguimiento de DDHH.
Los familiares de detenidos desparecidos comunicaron al presidente José Mujica que esperan en 10 días el resultado del ADN de restos óseos que fueron enviados para cotejar en Argentina. "Tenemos elementos que se han mandado a Argentina a investigar y estamos esperando que nos contesten qué es lo que se encontró, porque como acá no hay cómo analizarlo, mandamos allá a analizar lo que encontraron los arqueólogos" explicó Luisa Cuesta, integrante de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Una vez que lleguen los resultados del estudio desde Buenos Aires, si se confirma la sospecha de que se trataría de un ciudadano uruguayo desaparecido durante la dictadura militar, se daría una conferencia de prensa. La representante de la organización confesó que el dato "se le escapó", ya que no querían darlo a conocer hasta que estuvieran los resultados. Se trata de un cuerpo que apareció en Uruguay pero no se dijo dónde.
El presidente José Mujica fue informado sobre el hecho en la reunión. En su audición, el Presidente dijo ayer que "el concepto de convivencia significa diversidad respetuosa de la diferencia" e hizo un llamado a los integrantes de nuestra sociedad a "aprender a andar juntos, sin abdicar y sin conciliar nada, cada cual con su paquete, cada cual con su mochila".
Dijo que "nos falta bastante madurez para tolerar la existencia de distintas maneras de pensar y de sentir" y exhortó a "aprender a convivir con las fenomenales diferencias de interpretación" que, por ejemplo, existen sobre hechos del pasado reciente.
Abril doliendo en la memoria.
DDHH Uruguay.
Por Marys Yic
Luis Alberto Mendiola, Elman Fernández, Raúl Gancio, Justo Sena, Ricardo González, José Abreu, Ruben López, Héctor Cervelli.
Abril de 1972
Un grupo de obreros se encontraba en el interior de un local del Partido Comunista, cuando en la madrugada del 17 de abril un escuadrón de las Fuerzas Conjuntas llegó hasta el establecimiento y los obligó a salir. Algunos de los militantes que se encontraban en el local, presintiendo el trágico desenlace, lograron escapar por la azotea, mientras que ocho decidieron salir con las manos en la cabeza. El local había sido allanado dos veces el mismo día, y aunque la dirección del Partido había ordenado que nadie se quede en el lugar, la mayoría pensaba en defender la 20º, en acompañarse mutuamente y en no ceder ante la violencia. A pesar de no haber opuesto resistencia, sin disparar ni una sola bala y habiendo abandonado el local con los brazos en alto, los militantes recibieron múltiples disparos por la espalda.
Tres de ellos murieron desangrados. Dos ambulancias de Salud Pública estuvieron seis horas esperando para atenderlos, pero los militares no los dejaron actuar hasta las siete y media de la mañana, cuando los heridos ya estaban muertos. Una multitud marchó por la calle Sierra, desde la altura del 1720 hacia el Cementerio del Norte, miles de obreros caminaron en silencio, con los puños en alto y cargando al hombro los siete féretros de los comunistas asesinados.
La CNT convocó a un paro general que se extendió de veinticuatro a cuarenta y ocho horas para tratar de evitar nuevas provocaciones. Hicieron hincapié en que los obreros permanecieran en sus casas, había que impedir más muertes. Once días más tarde muere en el Hospital Militar el octavo comunista, que había sido herido junto a sus compañeros. En junio de 2001 se presenta ante la justicia penal una denuncia para que se investigue y se establezcan los responsables de los homicidios, se estima en la denuncia que los hechos no se hayan comprendido en Ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, número 15848, ya que su vigencia temporal se extiende durante los años de dictadura y estos hechos ocurrieron antes del golpe de Estado.
El Fiscal ENRIQUE MÖLLER admite que está de acuerdo, y expresa que en los años de dictadura las garantías para investigar y hacer justicia eran inexistentes, no computando entonces, ese plazo para la prescripción del delito. Sin embargo el expediente se archiva porque el Fiscal no acusa, Möller entiende que corresponde aplicar el instituto de la obediencia debida al superior, siendo entonces responsable el Ministro de Defensa de la Época: el General Enrique Olegario Magnani, quien ha fallecido en 1987, extinguiendo de esta forma el delito.
Abril de 1974
En la madrugada del 21 de abril, un operativo de las Fuerzas Conjuntas ingresa a la casa de la familia Barrios buscando a Washington Barrios (hijo)
El operativo fue dirigido por el Batallón de Artillería Nº 1 con apoyo de Artillería Nº 2, a cargo del Gral. Juan Rebollo y la participación de los Gales. J.C. Rapela y E.Cristi, los Mayores A. Méndez y José “Nino” Gavazzo, el coronel Manuel Cordero y los entonces capitanes Mauro Mauriño, Julio César Gutiérrez y el Tte. Jorge Silveira. Preparados para la guerra rodearon la manzana, coparon las azoteas y asaltaron la casa.
Cuando abren la puerta entran amenazando a sus ocupantes y preguntando por Washington Barrios, lo confunden con su padre por llevar el mismo nombre y se abalanzan sobre él, hasta que uno grita: “No, a ese no lo maten que es el padre”. En medio de un griterío infernal y ráfagas de ametralladoras se dirigen al apartamento de enfrente derribando la puerta. Entraron disparando y ametrallando todo el apartamento, estaban por todos lados. Allí se encontraban durmiendo Silvia Reyes de 19 años y sus dos compañeras de estudios y de lucha, Laura Raggio de 19 años y Diana Maidanik de 21 años.
Las tres jovencitas fueron asesinadas a sangre fría. Los vecinos linderos debieron salir y esconder a sus hijos ya que la balacera era tan grande que parecía traspasar las paredes. Hubo más de 140 tiros que fueron contados luego por la familia y allegados. Sacan los cuerpos al otro día luego de montar una ratonera toda la noche para esperar a Barrios, pero éste no aparece.
El padre de Silvia debió reconocer a su hija en la morgue del Hospital Militar y contó más de 30 impactos de bala en su cuerpo, donde además llevaba un embarazo de 3 meses de gestación. Le sacó el anillo de matrimonio de la mano derecha y se lo envió a Washington que ya estaba clandestino en Argentina, donde después sería secuestrado. Hoy continúa desaparecido.
El velatorio se hizo en la casa materna de Silvia. La presencia militar no impidió que los vecinos llegaran en silencio y se fueran ubicando en la vereda de enfrente, donde armaron una cadena humana. Cuando salió el féretro, una lluvia de rosas rojas cayó sobre él.
Con las manos unidas la gente formó el espontáneo y cálido cortejo. En el año 2007 el juez, Dr. Pablo Eguren, dispuso el archivo del expediente que investigaba el asesinato de las tres muchachas en 1974. El magistrado clausuró la investigación a pedido del fiscal ENRIQUE MÖLLER.
Abril de 1984
Vladimir Roslik Oriundo de la localidad de San Javier. Era el médico del pueblo, tenía 42 años, era casado y padre de un niño de apenas 5 meses. Fue detenido en su casa en la madrugada del 15 de abril por efectivos del Ejército, falleciendo al día siguiente a causa de torturas en el Batallón 9 de Fray Bentos. Este asesinato se constituyó en el de la última víctima mortal del terrorismo de Estado. El 29 de mayo de 1984 la justicia militar procesó por homicidio intencional e irregularidades en el servicio, al teniente coronel Mario Olivera, jefe del Batallón de Infantería 3 y al mayor Sergio Caubarrere, subjefe del cuartel y conocido torturador desde el año 1972.
A comienzos de 1985 ambos fueron reintegrados al Ejército. En octubre de 1984 el Dr. Saiz, quien firmó el certificado de defunción fue expulsado del gremio médico por un Tribunal de Honor, luego del retorno a la democracia el presidente Sanguinetti lo mantuvo como médico militar. Más de treinta años no es nada para el dolor y la memoria amarga de quienes sufrieron las terribles consecuencias de la represión, pero supone la mitad de la existencia de una legión de asesinos impunes.
Algunos de ellos han muerto sin otro castigo que la repulsa de gran parte de la sociedad, otros, viven en libertad arropados entre las complicidades de sus camaradas de armas y bajo la protección de la inmoral Ley de Caducidad. Tendrán que rendir cuentas ante la sociedad, aunque los beneficios por edad avanzada o enfermedad les sirvan de salvoconductos para evitar morir tras las rejas. En un océano de horror y perversidad, la impunidad sigue vigente a la espera de que el Parlamento Nacional anule la Ley de Caducidad y los casos puedan ser reabiertos para que los asesinos paguen sus culpas. Por todos ellos, memoria, verdad y justicia.
Montevideo, sábado 17 de abril 2010.-
Mensaje del Movimiento de Independientes
del FA a los compañeros comunistas en la recordación de los Mártires del Secc.20
Que a casi cuatro décadas carezcamos del esclarecimiento oficial de la responsabilidad del Estado de uno de los episodios más flagrantes de terrorismo de Estado sobre los 9 obreros militantes comunistas desarmados, ametrallados en la madrugada del lunes 17 de abril de 1972, solo uno de los cuales sobrevivió y varios fueron dejados desangrarse durante horas, llevan a nuestro Movimiento frenteamplista de Independientes por DD.HH. a reafirmar hoy su contribución en la lucha permanente por la vigencia integral de los derechos humanos, en particular por verdad, justicia y medidas apropiadas de satisfacción pública a víctimas, familiares y la propia organización hermana PCU, como también a la percepción de la sociedad democrática toda.
Consideramos precisamente que esas medidas debidas fortalecerán la democracia - con todos y cada uno de sus estamentos sociales e institucionales - por cuyos avances bregamos con los compañeros comunistas y resto de esta fabulosa familia frenteamplista, sus representantes y gobernantes.
Esclarecer aquellos primeros episodios de delitos de lesa humanidad permitirá asimismo que instituciones militares y policiales se liberen hoy de un manto de confusión que se sospecha se armó por parte de algunos de sus miembros y muy compartimentados grupos para-militares y parapoliciales, con cierta participación de similares organizaciones civiles como la JUP, claramente en acciones previas y secundarias. No dudaron en envolver en una calculada provocación y exponer gratuita e inconscientemente la vida de los propios uniformados que - en determinado momento - clamaban parar un caos de histeria con fuego cruzado entre ellos mismos, que a la postre cobró la vida también de un capitán en acción y dejó huellas y heridas insuperables en la intimidad de varios de esos funcionarios testigos del mas crudo de los terrorismos de Estado.
La oscuridad y confusión con que se montó estimamos- un intento de provocar una respuesta violenta orgánica y/o individual de los hermanos comunistas, que precipitara a Uruguay en un espiral de sangre, mas la actitud cómplice e irresponsables de los mandos, se ampararon en el primer Bando del aberrante estado de guerra interno votado por una mayoría parlamentaria circunstancial, Bando Militar denominado Orden de Seguridad Nº 1, dado a conocer a media mañana del mismo día, firmado por los Ministros de Interior y Defensa, que prohibió a los medios de información brindar ningún tipo de noticias sobre operaciones militares o policiales que no fueran las suministradas oficialmente. Se prohibió emitir opiniones o juicios sobre la actuación de las fuerzas armadas y policiales, tipificándose como delito militar las infracciones ".
Fracasaron en estos 38 años tres intentos de activar la acción Judicial ( en el mismo abril 1972, luego en 1988 y finalmente en 2001).
El Movimiento de Independientes por DD.HH. reafirma hoy su acción múltiple y militante por borrar toda de impunidad, anulando la Ley de Caducidad, con lo cual facilitar verdad y justicia como un camino necesario para el avance democrático de nuestra sociedad toda, con insumos de alto valor no solo para la historia sino para los tres poderes republicanos, sus instituciones armadas, el sistema de enseñanza y las actuales generaciones de periodistas.-
Dr. Oscar López Goldaracena -
Movimiento de Independientes por DD.HH. del FA
dibujos de Eugenio Darnet
Lógica del repliegue
Mujica se reunió con legisladores del FA y descartó proyecto para presos mayores de 70 años.
Apenas llegó a despegar la propuesta del presidente José Mujica de otorgar a los jueces la posibilidad de disponer prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, una iniciativa que habría incluido a los procesados por violaciones de los derechos humanos en dictadura. Mujica les transmitió ayer a los 50 diputados del Frente Amplio (FA) que no enviará ningún proyecto al Parlamento que innove en esa materia, y centró su intervención en la reinserción de las Fuerzas Armadas en la vida del país.
A la salida del encuentro, que se realizó en la residencia de Suárez y Reyes, los legisladores evaluaron que fue un intercambio “frontal y sincero”, y saludaron la voluntad presidencial de darle prioridad a la unidad interna, después del trancazo de varios sectores del FA a la idea lanzada por Mujica pocos días después de asumir (pero esbozada antes de las elecciones).La reunión comenzó a las 9.00 y terminó poco después del mediodía. Compartieron apenas café, agua y galletitas.
El encuentro lo abrió Mujica con una intervención de unos 15 minutos, en la que citó pasajes de su discurso del 16 de marzo en la base de Santa Bernandina; luego abrió la cancha para que hablaran 17 diputados y todo finalizó con un agradecimiento presidencial por la “sinceridad” de la discusión. Prometió otros encuentros similares en el futuro, como un mecanismo para garantizar la unidad de la fuerza política.Antes, el presidente propuso “redimensionar” la relación de la izquierda con las Fuerzas Armadas, reconoció que éste siempre ha sido un “tema difícil” para el FA y reclamó propuestas para facilitar los “caminos de reinserción” de los militares en la sociedad. El presidente reiteró su opinión de que éstos “no tienen que cargar con una mochila” por los hechos del pasado reciente, aunque fue enfático al aclarar que no enviará al Parlamento un proyecto de ley que permita aplicar penas alternativas a los violadores de los derechos humanos (cuatro veces señaló que eso no ocurriría).
El primero de los diputados en tomar la palabra fue Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo, Espacio 609), y luego continuaron Doreen Ibarra (Fidel), los socialistas Julio Bango y Daisy Tourné; Ivonne Passada, Susana Pereyra, Álvaro Vega, Roberto Frachia, Martín Tierno y Aníbal Pereyra, del Movimiento de Participación Popular (MPP); Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista, Espacio 609), Gonzalo Mujica (Espacio 609), Óscar Groba (Claveles Rojos, Espacio 609); los nuevoespacistas Jorge Pozzi y Horacio Yanes; Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) y José Bayardi (Vertiente Artiguista).
Cuando le tocó el turno, Tourné, ex ministra del Interior, reivindicó su derecho a discrepar públicamente con la idea lanzada al ruedo por Mujica -de hecho, el Comité Ejecutivo del PS fue el primero en criticarla, en un comunicado con fecha 5 de abril- y se refirió a la importancia de reflexionar sobre cómo será la relación entre los sectores del FA durante estos cinco años.
Habló, además, desde su experiencia en vincularse con la Policía, de que resulta “central” que los subordinados sientan que el poder político “está de su lado”, y dijo que en ese sentido coincidía con la senda marcada por Mujica.Vega, por su parte, puso sobre la mesa la inminente discusión parlamentaria sobre la nulidad de la Ley de Caducidad, y opinó que “el pueblo uruguayo ya se expidió dos veces” en consultas sobre esa norma (el referéndum de 1989 y el plebiscito del año pasado).
Ese punto de vista, según confiaron asistentes a la reunión, fue contrastado por otros legisladores, que marcaron que si se aplicara esa lógica el Parlamento no podría rediscutir la ley que despenaliza el aborto o la habilitación del voto epistolar. También estuvo sobre la mesa en este debate la decisión que tomó el lunes la Mesa Política del FA, creando una comisión para estudiar cómo eliminar la caducidad del ordenamiento jurídico nacional.Yanes recordó su pasado como soldado en la Fuerza Aérea, y planteó que un mecanismo para facilitar la reinserción de los militares en la sociedad consiste en revisar reglamentos y prácticas militares que “actualmente humillan” a los efectivos.
Afirmó, además, que los militares presos “no tienen nada que ver” con la generación de oficiales que tiene menos de 50 años, y sugirió “no poner a todos los militares en la misma bolsa”. “El tema central es cómo hacemos para eliminar los fantasmas del pasado en las relaciones entre el FA y los militares. El mejor camino siempre es la justicia, y por eso muchos manifestamos nuestro rechazo a la excarcelación”, alegó el diputado canario, que luego recordó que el procesamiento de los militares por crímenes de lesa humanidad fue tomado “con normalidad” en los cuarteles.
Para el socialista Bango, la actitud que asumió Mujica al descartar el proyecto de ley para los presos mayores de 70 años refleja que el mandatario prioriza la “unidad de acción” en la interna del FA, en sintonía con lo que ha sido una “señal de identidad” de la principal fuerza política de la izquierda uruguaya. “Es una marca en el orillo del FA, y el presidente con esta posición se pone a la cabeza de esa rica historia de búsqueda de síntesis política”, comentó Bango, que coincidió acerca de la necesidad de impulsar “políticas activas” que acerquen a las Fuerzas Armadas al resto de la sociedad.
Según el legislador duraznense Tierno, la decisión de Mujica de retirar de la mesa el proyecto de ley demuestra que su “principal desvelo” es garantizar la unidad del FA. “Nos dio una buena oportunidad para expresarnos, que parece que no era algo tan común hasta ahora. El presidente hablaba y no se abría ninguna ronda para que hablaran los diputados, y esto ya marca una pauta de relacionamiento diferente”, reflexionó.
Lucas Silva
A ver si nos entendemos
Delegación de familiares se reunió con Mujica y solicitó el uso de cadena nacional para este 20 de mayo.
El presidente José Mujica dijo ayer que “aprender a convivir” con las Fuerzas Armadas “es el arte de lo que podemos hacer” para “andar juntos sin abdicar ni conciliar nada”. Agregó que eso es “muy superior” a la reconciliación. El 1º de marzo, desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se enfatizó en una carta pública que ese grupo no está “empecinado con el pasado” y se reclamó verdad. Ayer algunos de sus integrantes se sintieron aludidos por el mensaje del presidente y “comprendidos” por éste tras la reunión que mantuvieron en la Torre Ejecutiva.
La cita estaba pactada para las 16.00 en el piso once, donde se encuentra la oficina de Mujica. Diez minutos antes ya se habían encontrado todos los delegados de la organización, pero no querían “prensa”. “¿Cómo se enteraron? No queríamos aparecer, no queremos hacer presión porque ésta es la primera reunión con Mujica”, advirtió a la diaria Luisa Cuesta. Ayer, en su audición radial de M24, el presidente llamó a “armar la convivencia” sin que eso signifique el “renunciamiento a nada”. “No significa que haya que andar de la mano, a los besitos.
Significa tener tareas en común que nuestra sociedad debe tener que intentar resolver, cada cual desde donde está”, afirmó.Prosiguió: “Nos parece lógico que haya gente que clame por justicia y luche por ella en nuestra sociedad. Nos parece lógico que haya gente que piense que en realidad cumplió un papel histórico y que hay que dar vuelta la página. Ni se da vuelta la página ni lo otro. [...] El concepto de convivir es muy superior al concepto de reconciliar.
Porque el de reconciliar parte de algo imposible, que es pedirle a la gente que abdique, y pedirle a la gente que abdique es pedirle que renuncie a su libertad. El de convivir parte de [una] idea básica que es respetar las distintas formas de interpretación de la libertad que cada cual tiene”.
Como integrante de Familiares, Milka González se sintió aludida. “Dentro de la sociedad puede ser [que haya reconciliación] pero nosotros ¿por qué vamos a buscar reconciliación con ellos? Eso es algo individual, igual que el perdón. ¿Qué vamos a perdonar? ¿Qué es lo que debemos perdonar? Que nos digan”, comentó a la diaria. “A mí lo único que me importa es que digan la verdad.
Mi opinión es que si dicen la verdad se vayan a donde se les antoje; presos no me gustan, no me gustan presos”, enfatizó por su parte Cuesta.“Fue sólo un gesto”, señaló González en referencia a la bandera tupamara, presuntamente utilizada durante la toma de Pando en 1969, que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, José Bonilla, le entregó a Mujica el viernes para “comenzar la reconciliación” y “llevar adelante la unidad nacional”. “Lo que pasa es que los desaparecidos los tienen ellos, ellos saben lo que pasó y ninguno de ellos va a hablar.
Ninguno de los militares va a hablar,
¿te das cuenta?”, lamentó Cuesta.
Hablemos
“Algunos piensan que estamos empecinados en quedarnos en el pasado. Nosotros sentimos que, por el contrario, estamos comprometidos con el futuro. [...] Es mucho lo que se ha avanzado en este tiempo, pero aún falta contestar cómo, cuándo, dónde y por qué. [...] Usted sabe que en esta lucha no nos guían intereses partidarios ni personales espurios”, había expresado Familiares el día de la asunción presidencial.
Ese día, recordó Cuesta, Mujica no los recibió, y por eso ayer llegaban con una gran expectativa, que se ensombreció por unos momentos cuando, en la mesa de entrada de la Torre Ejecutiva, se dijo a los periodistas que estaba “anotado” que la reunión sería sólo con el secretario de la presidencia, Alberto Breccia.
En apoyo de esa afirmación, la funcionaria señaló que ayer no se había realizado el ceremonial con integrantes del cuerpo de Blandengues que indica la presencia de Mujica en la sede del Poder Ejecutivo.Pero el mandatario estaba en su despacho, y su encuentro con la delegación de Familiares se prolongó por más de una hora. “Estamos contentos de que nos recibiera. Nos entendimos, pienso que nos entendimos, hablamos como en familia. Nos encontramos con una persona que está consustanciada en el tema tanto como nosotros”, expresó Cuesta tras la reunión. Los visitantes hicieron dos pedidos.
El primero tiene que ver con la Comisión de Seguimiento (de hechos relevantes para la investigación sobre detenidos desaparecidos) creada tras el trabajo de la Comisión para la Paz: “Necesita estructura para que se fortalezca el trabajo y que el trabajo por la verdad sea muy positivo. Tiene una pobreza de apoyo en esta transición muy importante”.
La segunda fue una cadena nacional para el 20 de mayo, día en que se realizará la 15ª Marcha del Silencio, para homenajear una vez más a los más de 200 desparecidos y demandar verdad y justicia, en el aniversario de la aparición, en Buenos Aires, de los cadáveres de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini y William Whitelaw.
El mensaje que se quiere difundir, adelantó a la diaria Óscar Urtazú, es muy claro. “No hay nada laudado, la anulación de la Ley de Caducidad no terminará con la impunidad y la teoría de los dos demonios no existe”, simplificó. Y añadió: “Suponer que hay dos demonios es suponer que hubo una guerra entre dos partes iguales, y eso no fue así. Y que la guerra continúa, ésa no te la llevo”.
Lourdes Rodríguez
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