 BOB WOODWARD REVELA PRESIONES MILITARES SOBRE OBAMA:
¿Quién gobierna EE.UU.?
Quien gobierna realmente, dice Woodward, es el complejo militar-industrial, es decir el Pentágono y las grandes empresas productoras de armamento, a cuyo directorio suelen ingresar no pocos jefes militares cuando se retiran.
JUAN GELMAN.-
 Bob Woodward, el periodista que desató el Watergate en compañía de Carl Bernstein, formula una respuesta a esa pregunta en su libro más reciente, Obama’s War (Simon & Schuster, Nueva York, 2010): ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo y menos el Judicial.
Quien gobierna realmente, dice Woodward, es el complejo militar-industrial, es decir el Pentágono y las grandes empresas productoras de armamento, a cuyo directorio suelen ingresar no pocos jefes militares estadounidenses cuando se retiran. Leído el libro, Michael Moore espetó: “El título de ‘Comandante en Jefe’ (que detenta el presidente) es tan ceremonial como el de ‘Empleado del Mes’ del Burger King del barrio”.
Léase lo que Obama’s War revela.El sábado 28 de noviembre de 2009 Obama se reúne con miembros del Consejo Nacional de Seguridad a fin de diseñar su nueva estrategia para Afganistán. Los militares le presentan una sola opción: mandar más efectivos. El mandatario señala que no está cerrada la otra, la de establecer un plan de retirada, y el coronel de ejército John Tien expresa: “Sr. Presidente, no veo cómo puede usted desafiar a sus mandos militares.
Porque si le dice al general McChrystal (entonces al mando de las tropas invasoras) ‘ya cuenta con recursos, pero decidí hacer otra cosa’, probablemente tendrá que reemplazarlo. Usted no le puede decir ‘hágalo a mi manera, gracias por su gran trabajo’. ¿Dónde acabaría esto?”.
El coronel Tien –agrega Woodward– no tuvo necesidad de explicar más. “Sus palabras implicaban que no sólo McChrystal sino también todo el alto mando militar podría rebelarse, Gates, el almirante Mike Mullen, el presidente del Estado Mayor y el general Petraeus, entonces jefe del comando central estadounidense. Tal vez ningún presidente podría resistir el embate, especialmente uno de 48 años de edad con cuatro años de senador y 10 meses de comandante en jefe.”
Se conoce el final de la historia: tres días después, Obama anunció el envío de más tropas al país asiático.Lyndon B. Johnson corrió suerte parecida. A él le tocó Vietnam. El asesinato de John Kennedy lo convirtió en presidente de EE.UU. en noviembre de 1963 y a pocas horas de asumir se le informó que la situación en Vietnam del Sur era más grave de lo que se podía suponer.
El reconocido periodista Bill Moyers, que fue secretario de prensa de LBJ, grabó en secreto muchas conversaciones sostenidas entonces en la Casa Blanca y aun llamadas telefónicas del flamante presidente. Registró así las idas y venidas del mandatario, irresuelto sobre la conveniencia o no de escalar el conflicto.
Moyers relató que Johnson efectuaba consultas amplias dentro y fuera de la Casa Blanca (www.pbs.org, 201109) y venía resistiendo las presiones de líderes republicanos como Nixon y Goldwater: quería analizar la situación con cuidado y evaluar alternativas con su secretario de Defensa, Robert McNamara. El 2 de marzo de 1964 éste le presentó un memo urgente del Estado Mayor Conjunto que señalaba: “Impedir la caída de Vietnam del Sur es de suma importancia para Estados Unidos”.Johnson no quiere ampliar la participación militar de EE.UU. en Vietnam, pero acaecen los dos incidentes del golfo de Tonkin que conducen a un enfrentamiento naval armado entre un buque norteamericano y lanchas lanzatorpedos norvietnamitas. LBJ acepta el aumento de tropas para combatir al Vietcong, aunque duda del origen del segundo choque que, como se descubrió después, fue una fabricación para forzarlo a tomar esa decisión.
Moyers da cuenta de las presiones del jefe del Pentágono y de la cúpula militar para lograr, como lograron, el incremento paulatino de efectivos.
“Es difícil argumentar con los comandantes –es una frase grabada de LBJ–, porque en el fondo de mi pensamiento me inclino por una intervención muy limitada. Y no creo que los comandantes piensen lo mismo. En realidad, sé que no.” Cuando la guerra de Vietnam concluyó en 1975 con la derrota de EE.UU., habían participado en el conflicto dos millones y medio de militares norteamericanos y el número de bajas sufridas ascendía a casi 60.000. En tanto, las empresas armamentistas obtenían –como obtienen hoy– jugosos beneficios.
El general Dwight D. Eisenhower tenía plena conciencia de estos hechos. Lo preocupaban. En el discurso que pronunció el 17 de enero de 1961, al terminar su mandato presidencial, subrayó: “La conjunción de un inmenso aparato militar y de una vasta industria productora de armamento es nueva en la experiencia de EE.UU. Su influencia abarcadora –económica, política, incluso espiritual– se deja sentir en cada ciudad, cada Parlamento, cada oficina del gobierno federal..., debemos estar en guardia contra la adquisición de una influencia no autorizada por parte del complejo militar-industrial.
El potencial del surgimiento desastroso de un poder indebido existe y persistirá”. No se equivocaba.
Caso Castagnetto. Bardesio y Freitas condenados por "homicidio muy especialmente agravado"
Tribunal confirmó el procesamiento de dos ex integrantes del Escuadrón de la Muerte 
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 3º Turno confirmó en todos sus términos y por unanimidad, el procesamiento con prisión de los ex agentes de Policía Nelson Bardesio y Pedro Freitas, por el homicidio del joven Héctor Castagnetto, en agosto de 1971.
Los ministros del TAP Eduardo Borges, Bernardette Minville y José Bonavota analizaron el voluminoso expediente judicial y confirmaron el fallo de la jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, por el cual se procesó a ambos ex agentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), por sus implicancias en la actividad de la organización parapolicial.
En este sentido, el TAP confirmó el procesamiento de Bardesio y Freitas como co-autores de un delito de "homicidio muy especialmente agravado", en virtud de su responsabilidad en el secuestro y desaparición de Castagnetto. En tanto, la Sala rechazó formular imputación contra el ex agente Washington Grignoli, y excluyó atribuir responsabilidad por los homicidios de Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos, como solicitara la Fiscalía.
En este sentido, el fallo de la jueza Eustachio supuso un reconocimiento del amparo oficial de los gobiernos democráticos de la década del '70, sobre el accionar clandestino y sistemático de los "Escuadrones de la Muerte", grupos parapoliciales responsables de "atentados, secuestros, torturas y homicidios". "Esos grupos tenían por objeto la represión del MNL-T y actuaban sin riesgo alguno para sus integrantes, teniendo a su disposición todos los medios del Estado", señaló la magistrada.
El abogado Guillermo Payseé, querellante en la causa por los crímenes del "Escuadrón", valoró como "sumamente positiva" la decisión judicial. "Una vez más los Tribunales de Apelaciones ratifican las resoluciones de primera instancia descartando argumentos, en algunos casos absurdos, de las defensas", dijo Payseé.
El abogado recordó, en este sentido, el libro publicado por el abogado Miguel Langón, representante de Miguel Sofía, prófugo de la Justicia uruguaya, tras el pedido de procesamiento en su contra. "El libro decía cosas descabelladas como que el 'Escuadrón de la Muerte' era una invención de la prensa, lo cual ahora es nuevamente rebatido por la sentencia del TAP", expresó.
Prescripción
La tesis utilizada por la jueza Eustachio y posteriormente confirmada por el TAP de 3º Turno para valorar los crímenes del "Escuadrón de la Muerte", es decir, la no categorización de sus acciones como "delitos de lesa humanidad", supone la prescripción de los homicidios de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez y la desaparición de Abel Ayala, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
La magistrada y los ministros del TAP sustentaron los procesamientos por el caso de Castagnetto en la elevación en 1/3 de los plazos de prescripción, mediante la utilización del artículo 123 del Código Penal, por la gravedad de los delitos imputados y la categorización de los responsables como sujetos "peligrosos". La interpretación supuso elevar a 26 años y 8 meses el plazo de prescripción.
En este sentido, los plazos de persecusión punitiva de los delitos atribuidos a la organización parapolicial, con la actual interpretación de los magistrados, vencieron el 21 de noviembre de 2009 (Ayala), el 4 de diciembre de 2009 (Ramos Filippini) y el 1º de julio de 2010 (Ibero Gutiérrez). Abel Ayala desapareció el 18 de julio de 1971, Manuel Ramos Filippini fue asesinado el 31 de julio de 1971 e Ibero Gutiérrez fue asesinado el 28 de febrero de 1972.
Sin embargo, Payseé se mostró confiado en un cambio de jurisprudencia en jueces y ministros, para considerar estos crímenes como "delitos de lesa humanidad". "No hay dudas que estamos ante crímenes de lesa humanidad, perpetrados por agentes del Estado, por lo cual los delitos son imprescriptibles y deben ser juzgados", dijo Payseé.
Por tanto, "la Justicia deberá seguir investigando, porque estos crímenes no pueden quedar impunes. Se trata de dos personas que fueron asesinadas y una desaparecida en el ámbito de la actuación del 'Escuadrón de la Muerte'. Ayala fue el primer desaparecido (por motivos políticos) en Uruguay, incluso antes del golpe de Estado", recordó Payseé.
La actual tesitura sobre la categorización de los crímenes está a estudio de la Suprema Corte de Justicia, tras tres recursos de casación impetrados por la fiscal Mirtha Guianze. La representante del Ministerio Público solicitó tipificar el delito de "desaparición forzada", con su consecuente categorización de "delito de lesa humanidad", para varios crímenes perpetrados durante la dictadura. La calificación tornaría "imprescriptibles" dichos delitos.
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Wikileaks. Presencia de Engler fue considerada una "provocación" por Bush
Estados Unidos presionó al gobierno de Tabaré Vázquez por caso Mitrione 
Los primeros documentos de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, desclasificados por Wikileaks, dan cuenta del constante interés de dicho país por el crimen del ex agente de la AID, Dan Anthony Mitrione. En 2008, pidieron información y vetar a Henry Engler para ocupar cargos públicos
El gobierno de Estados Unidos aseguró a su par uruguayo "no haberse olvidado" del asesinato del agente de la Agencia para el Desarrollo Internacional (US-AID por sus siglas en inglés), Dan Anthony Mitrione, y catalogó como "desafortunada" una posible designación del médico Henry Engler para ocupar un cargo público.
Cinco documentos emitidos entre 2006 y 2010 por la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, desclasificados por el sitio Wikileaks y publicados por el diario "El País" de Madrid (España), dan cuenta de las buenas relaciones entre el gobierno norteamericano y la administración de Tabaré Vázquez, más allá de las tensiones existentes por temas de derechos humanos.
En este sentido, los cables revelan los hechos posteriores al pedido formulado en 2008, por el ex presidente Vázquez al gobierno de George W. Bush, de desclasificar información de los organismos de seguridad norteamericanos sobre el homicidio de Cecilia Fontana de Heber, en 1978.
El ex embajador norteamericano en Montevideo, Franck Baxter, mantuvo en mayo de 2008 un encuentro con el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Gonzalo Fernández, para informarle sobre la desclasificación de 14 documentos del Departamento de Estado, pero notificando la inexistencia de "otra información adicional" útil para identificar a los responsables del crimen de Fontana.
Sin embargo, durante la reunión con el canciller uruguayo el embajador Baxter asegura haber "contraatacado" reivindicando el "no resuelto" caso de la muerte de Mitrione. "El USG (gobierno de Estados Unidos) no se ha olvidado de ese crimen contra un ciudadano norteamericano" y que sus "perpetradores" permanecen impunes, dijo Baxter durante la reunión, según el REF. 00197 emitido por la Embajada norteamericana el 28 de mayo de 2008.
En este sentido, el embajador Baxter "urgió a Fernández a desclasificar cualquier archivo que el GOU (gobierno uruguayo) pueda tener sobre el caso Mitrione". Asimismo, otro cable desclasificado da cuenta que la Embajada en Montevideo intentó, en 2004, "reabrir la investigación sobre el asesinato de Mitrione", pero la requisitoria fue denegada.
Mitrione era un experimentado agente de la AID, que arribó en 1969 a Uruguay para asesorar y apoyar a los organismos de seguridad en su lucha contra el MLN-tupamaros, siendo asesor en técnicas de tortura. El MLN mató a Mitrione el 10 de agosto de 1971, tras permanecer secuestrado durante una semana en la "Cárcel del Pueblo". El cuerpo del ex agente de la AID apareció acribillado, en un coche abandonado.
Veto a Engler
Las "reminicencias" del caso Mitrione implicaron, incluso, que el gobierno de EEUU considerara "desafortunada" la posible designación del médico Henry Engler para desempeñar un cargo oficial dentro del GOU. "Algo así complicaría inevitablemente las relaciones bilaterales", afirmó Baxter.
Los cables emitidos por la Embajada de EEUU en Montevideo dan cuenta de las buenas relaciones existentes entre ambos países, y admite trabajar "regularmente con antiguos tupamaros, que suponen una parte importante del gobierno del Frente Amplio", según narra un telegrama emitido en 2007.
Sin embargo, "hemos trazado una línea y no tratamos con individuos que creemos razonablemente que han estado implicados en el secuestro o asesinato de ciudadanos estadounidenses, como Dan Mitrione". En este sentido, los cables recuerdan las negociaciones entabladas entre el GOU y la empresa norteamericana General Electric, para la adquisición de equipamiento para el Centro de Imagenología Molecular (Cudim).
"Creemos que la Embajada debe distanciarse de este proyecto y discretamente informar a las partes interesadas que el motivo es la presencia de Engler", expresó el consejero de la Embajada norteamericana, James Nealon, en 2007. "La Embajada estaba ayudando a ese acuerdo triangular, pero al tener conocimiento del reciente regreso de Engler a Uruguay y el papel prominente que iba a desarrollar en el proyecto, consideramos su presencia como una provocación", dice. Los representantes de la Embajada solicitan entonces al Departamento de Estado instrucciones sobre como actuar ante este "delicado asunto".
Sin embargo, los cables dejan constancia que la Embajada no cree que Engler haya participado directamente del crimen de Mitrione, pero estiman probable que haya dado la orden y proporcionara las armas para su ajusticiamiento. El reconocido científico uruguayo fue designado posteriormente como director del Cudim, por el ex presidente Tabaré Vázquez.
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Engler: "Para Estados Unidos seguimos siendo una república bananera"
La embajada de Estados Unidos advirtió en 2007 que sería una provocación la posible designación del ex tupamaro Henry Engler en un cargo dentro del gobierno del Frente Amplio y dijo que eso complicaría inevitablemente las relaciones bilaterales.
La información forma parte de media docena de despachos diplomáticos estadounidenses filtrados por WikiLeaks y que comentan varios aspectos de las relaciones con la izquierda uruguaya, los tupamaros y los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica (ver nota relacionada).
Dos de los informes se refieren con preocupación al "importante rol" que el Dr. Engler tuvo en la negociación para adquirir equipos destinados al centro de imagenología molecular (Cudim) y a su eventual designación para dirigir el proyecto (del que hoy, efectivamente, está a cargo).
Engler respondió hoy con dureza lo expresado en los documentos filtrados por el sitio web. En diálogo con radio Carve acusó al gobierno de Estados Unidos de cometer una "injerencia en asuntos internos" y calificó de "ultraje" la advertencia de la embajada de ese país y consideró que "para Estados Unidos seguimos siendo una república bananera".
El titular del Cudim dijo que los datos publicados por WikiLekas afectan negativamente aspectos de las relaciones comerciales bilaterales y afirmó que Uruguay no puede permitir que se lo siga tratando como una "colonia".
En ese sentido consideró que la administración del presidente José Mujica debe pedir explicaciones a Estados Unidos.
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Henry Engler y Wikileaks. El científico aseguró que él no participó en la ejecución de Dan Mitrione
"Tabaré no cedió a las presiones" de EEUU
El director general del Centro Uruguayo de Imagenología (Cudim), Henry Engler, acusó a EEUU de aplicar los mismos métodos que utilizó en los setenta para derribar gobiernos y aseguró que el ex presidente Vázquez "no cedió" a la presión, si es que existió, al designarlo a él al frente del Cudim.
El gobierno de Estados Unidos catalogó como "desafortunada" la posible designación de Henry Engler para desempeñar un cargo oficial dentro del gobierno uruguayo, en virtud de sus presuntas implicancias en la muerte del agente de la Usaid, Dan Anthony Mitrione, el 10 de agosto de 1971.
Un telegrama emitido en 2007 da cuenta de las buenas relaciones entre los gobiernos de EEUU y Uruguay y el reconocimiento de la Embajada de trabajar "regularmente con antiguos tupamaros, que suponen una parte importante del gobierno del Frente Amplio". Sin embargo, "hemos trazado una línea y no tratamos con individuos que creemos razonablemente que han estado implicados en el secuestro o asesinato de ciudadanos estadounidenses, como Dan Mitrione", afirma el cable.
En este sentido, el telegrama recuerda las negociaciones entabladas entre el gobierno uruguayo y la empresa norteamericana General Electric, para la adquisición de equipamiento para el Centro de Imagenología Molecular (Cudim), en la cual el gobierno de EEUU aportaría U$S 12.000.000. "Creemos que la Embajada debe distanciarse de este proyecto y discretamente informar a las partes interesadas que el motivo es la presencia de Engler", expresó el consejero de la Embajada norteamericana, James Nealon, en 2007
"La Embajada estaba ayudando a ese acuerdo triangular, pero al tener conocimiento del reciente regreso de Engler a Uruguay y el papel prominente que desarrollará en el proyecto, consideramos su presencia como una provocación", afirmó Nealon. Los cables dejan constancia que la Embajada de EEUU no cree que Engler haya participado directamente en el crimen de Mitrione, pero estima probable que haya dado la orden y proporcionara las armas para su muerte.
La designación de Engler sería "desafortunada", porque "algo así complicaría inevitablemente las relaciones bilaterales", afirmó Baxter en 2008. "No me sorprende"En diálogo telefónico con LA REPUBLICA, Engler sostuvo que no le llama la atención el contenido de los cables filtrados por Wikileaks.
Conociendo la política de Estados Unidos, no me sorprende que se haya intentado presionar al gobierno, creyendo que esto es una republiqueta bananera; donde se viene y se dice a los gobernantes que es lo que hay que hacer, y quién le sirve a ellos y quién no le sirve a ellos. Lo han hecho durante décadas en su patio trasero que es América Latina", dijo. "De la misma forma, agregó, "han actuado en Chile cuando derribaron a Allende, y ahora Bush sale a hablar de que las torturan eran necesarias en Irak". No obstante, Engler señaló que la información es "falsa" en cuanto a que él participó en la ejecución ni en planificación de la muerte de Dan Mitrione.
Sostuvo que cuando ocurrieron esos hechos él no pertenecía a la dirección del movimiento. "No estaba en la dirección, no participé en el secuestro ni di la orden de ejecución". Sobre Mitrione, dijo que "jamás" lo vio y agregó que la ejecución fue una acción directa "decidida por la dirección del MLN-T".Engler dijo que por esa época él era el responsable de un grupo de acción compuesto por 5 personas. "
No decidí ninguna de las acciones en las cuales se capturó a Dan Mitrione. Yo a Mitrione jamás lo encontré, nunca lo vi". Sobre el desenlace de esa operación, señaló que "en todo el MLN, en todos los tupamaros, no encontré voces en contra".El científico laureado en el exterior por sus investigaciones sobre el Alzheimer señaló que el contenido de la información manejada por Estados Unidos "proviene de los militares" pero "no de cualquier militar, sino de un grupito muy selecto que hoy está preso en Domingo Arena", y que "son los que han escrito esta historia, que es exactamente la misma que vienen repitiendo desde 1973".
Estos militares, agregó, acusados de violaciones a los derechos humanos, "han inventado estos hechos, y la han publicado en sus páginas, en correos". Para Engler esto es "gravísimo" y dijo que si esto mismo hubiese ocurrido en Suecia "ya hubiera iniciado alguna demanda para descalabrarlos" de inmediato. "Acá parece que no se puede, ya he averiguado, me han sugerido que no vale la pena, pero volveré a analizarlo, no puede ser que cualquiera diga cualquier cosa y no responda por un eventual delito de difamación e injurias".
Otro aspecto, señaló, es que además de las amenazas, EEUU "incluso pretende poner una división entre tupamaros buenos y malos y yo soy el malo de la película". Dijo que no puede pedir al gobierno que exija una rectificación a Estados Unidos. "El gobierno sabe lo que tiene que hacer, lo que sí puedo decir es que el gobierno de Tabaré Vázquez no cedió a las presiones. Yo fui designado por Tabaré".
"Yo no tenía ni idea de que eso hubiera existido. Nadie me informó tampoco, que habían presionado al Presidente. Pero el Presidente no le dio mucha validez pese a las amenazas concretas que figuran ahí. Me parece que en este caso se mantuvo la dignidad"
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Caso vinos envenenados"Confirma lo que sospechamos siempre: hay más información"
Los cables de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, desclasificados por el sitio Wikileaks y publicados por el diario "El País" de Madrid (España), son un "reconocimiento" de la existencia de información relevante sobre la muerte de Cecilia Fontana de Heber, en 1978, afirmó el abogado querellante Javier Barrios Bove a LA REPUBLICA.
Los cables recientemente desclasificados dan cuenta de la cobertura de la sede diplomática sobre las gestiones realizadas por el ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, ante el gobierno de George W. Bush, para la obtención de nueva información sobre el crimen de Fontana de Heber en 1978, y la respuesta de los diplomáticos norteamericanos ante dicho pedido."Cruzamos los dedos para que el caso del vino envenenado haya sido definitivamente enterrado", afirmó el ex embajador Frank Baxter en 2008, tras reunirse con el ex canciller uruguayo Gonzalo Fernández para entregar 14 documentos del Departamento de Estado de EEUU sobre el caso.
En este sentido, Barrios Bove dijo que llama la atención la postura de Baxter, pero principalmente las expresiones de la encargada de Negocios, Robin Matthewman, recomendando desclasificar la información que se solicita. "Es un reconocimiento que hay más información, (lo cual) confirma lo que siempre hemos sospechado", dijo el abogado."Estamos atónitos con ambas declaraciones, porque no nos cierra por qué después de 30 años sigue siendo tan importante para EEUU no revelar esa información; se han desclasificado archivo sobre Cuba, Afganistán y Vietnam, temas más sensibles para la política exterior de EEUU que el caso Fontana de Heber", expresó Barrios Bove.
El gobierno de EEUU reveló 14 documentos del Departamento de Estado y 2 documentos de la CIA sobre el caso Fontana de Heber. Sin embargo, los dos documentos del organismo de seguridad estuvieron prácticamente censurados en su totalidad. La familia Heber solicitaría próximamente los mecanismos de revisión para poder acceder a estos dos documentos u otros, sin censura.
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"Escuadrón de la Muerte". Se presume que reside en Estados Unidos
Miguel Sofía: un año prófugo
Un año después del procesamiento de dos miembros del "Escuadrón de la Muerte", el paradero de uno de sus más emblemáticos integrantes, Miguel Sofía, continúa con paradero desconocido. El ex empresario radial nunca compareció en la causa, aunque declaró en dos oportunidades no tener nada que esconder.
El paradero del empresario radial Miguel Sofía, prófugo de la Justicia desde junio de 2009, continua siendo una incógnita, más allá que extraoficialmente se presume su presencia en los Estados Unidos. Sofía debía comparecer el pasado miércoles 17 de junio de 2009, ante la jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, en el marco de la indagatoria por los crímenes del "Escuadrón de la Muerte", sobre principios de la década del '70.
El empresario había sido citado para "audiencia ratificatoria", en atención de lo dispuesto en el artículo 126 del CPP, ante el pedido de procesamiento en su contra dictado por el entonces fiscal del caso Ricardo Perciballe, por la "desaparición forzada" de Héctor Castagnetto y los homicidios de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.
Sin embargo, Sofía no fue hallado en su domicilio por los efectivos de Delitos Complejos encargados de su traslado al Juzgado. "Todavía no llegó", se limitó a contestar su abogado Miguel Langón, al ser interrogado por los periodistas sobre su paradero.
Sofía no llegaría en el correr de toda esa tarde, ni en las sucesivas, ante lo cual la jueza Eustachio libró una orden de captura nacional en su contra. La jueza pretendía conocer su paradero, más allá de la fuerte presunción (casi certeza) de que había fugado al exterior para no responder judicialmente por los crímenes que le eran imputados.
Desde EEUU
Miguel Sofía "rompió el silencio" pocos días después de conocerse el pedido de procesamiento por los crímenes del "Escuadrón". El empresario radial respondió un cuestionario formulado por el periodista de "Caras y Caretas" Luis Casal Beck, en el cual negó la existencia del "Escuadrón de la Muerte" y haber integrado la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), así como haber trabajado con el ex ministro del Interior, Armando Acosta y Lara, sindicado como ideólogo y miembro de la organización parapolicial.
"Primeramente no existió un 'Escuadrón de la Muerte'. De haber existido lo que hubo fueron distintos grupos que se opusieron a los terroristas sediciosos que pretendieron tomar el poder por las armas. Nunca integré ese supuesto 'Escuadrón'". "Nunca estuve en ningún grupo fascista ni de extrema derecha". "Nunca integré la JUP. Tal como podré demostrar fehacientemente ante la Justicia, dejando al desnudo todas las falsedades y ataques de que he sido víctima durante estos últimos casi 40 años", declaró. Sofía permanecía con paradero desconocido, pero aún no había sido citado por la jueza Eustachio.
El 17 de mayo de 2009, ahora sí tras no comparecer a declarar ante la Justicia, Sofía fue entrevistado vía telefónica por el periodista de Telemundo 12, Javier Lasarte. "Yo nunca integré ninguna organización de ese tipo. Soy una persona que ha tenido más de veinte empresas, y le he dado trabajo a cientos de familias, tengo tres títulos universitarios. No tuve tiempo de hacer estas cosas que dice esta gente, que a lo único que se ha dedicado es a conspirar contra el Estado, o maquinar cómo poder destruir", declaró el empresario desde EEUU.
Sofía fue interrogado entonces si estaba dispuesto a retornar al Uruguay para aclarar su situación ante la Justicia. "Por supuesto que lo voy a hacer, no tengo ningún inconveniente", afirmó Sofía en forma tajante. Más de un año y medio después de estas declaraciones, el empresario continua prófugo.
El agente Bardesio
La detención en Argentina y posterior extradición del ex agente de la CIA y fotógrafo policial, Nelson Bardesio, implicaron un resurgir de la indagatoria penal por los crímenes del "Escuadrón de la Muerte". La jueza Eustachio y el fiscal Perciballe dispusieron la citación de una veintena de personas para prestar testimonio ante la sede.
La extradición de Bardesio se concretó finalmente el jueves 5 de noviembre de 2009. Dos días después, Bardesio y el ex agente de la DNII, Pedro Freitas, fueron procesados por el "homicidio muy especialmente agravado" de Héctor Castagnetto. La jueza rechazó el pedido de enjuiciamiento del ex agente de la DNII, Washington Grignoli.
El hecho implicó un nuevo interés sobre el destino de Sofía, por ser el único de los cuatro imputados por la Fiscalía que no pudo ser juzgado. Los días posteriores al procesamiento de los dos integrantes del "Escuadrón de la Muerte", la jueza Eustachio solicitó un informe a la Dirección de Migraciones sobre una posible salida del empresario al exterior. El informe confirmando la "fuga" de Sofía fue entregado tiempo después.
En tanto, el abogado Guillermo Payseé, denunciante en la causa por los crímenes del "Escuadrón", solicitó en febrero de 2010 disponer una orden de "captura internacional" contra Sofía, como informara el periodista de LA REPUBLICA, Víctor Carrato. La jueza Eustachio aceptó el pedido y conformó un expediente separado para indagar el paradero del empresario.
La conformación de un nuevo expediente tuvo como objetivo no entorpecer el trámite asignado al "expediente principal" en el cual fueran procesados Freitas y Bardesio, elevado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 3º Turno, en virtud de los recursos interpuestos por las defensas y el hoy fiscal del caso, Juan Gómez. La sentencia del TAP se conocerá en las próximas semanas, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
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Frustrado. Defecto formal no causó "indefensión insalvable"
Fiscal rechazó el pedido de nulidad
de condena al dictador Bordaberry
La defensa del dictador Juan María Bordaberry solicitó la "nulidad" de las últimas actuaciones en el expediente por el que fue condenado por "atentado a la Constitución", incluida la sentencia, por una omisión formal de la Sede. Sin embargo, la Fiscalía solicitó desestimar el recurso porque la medida no afectó el proceso.
La fiscal Ana María Tellechea solicitó al Tribunal de Apelaciones desestimar una acción de "nulidad" promovida por la defensa del dictador Juan María Bordaberry contra las últimas actuaciones en el expediente por el que fue condenado por "Atentado a la Constitución" y otros delitos, en cuanto el defecto formal criticado no significó una "indefensión insalvable".
Los abogados del dictador reclamaron la "nulidad" de las últimas actuaciones en el expediente, incluida la sentencia, por cuanto la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, omitió notificar "personalmente" a la defensa sobre la denegatoria de diligenciamiento de prueba, dispuesta en la misma providencia en la que se elevaron los autos para sentencia.En este sentido, la defensa de Bordaberry se agravia por cuanto al no tomar conocimiento de la resolución se produjo una "indefensión insalvable", con "un daño irreparable a su derecho de defensa", lo cual ameritaría causal de "nulidad".
Sin embargo, la fiscal Tellechea solicitó desestimar la acción ya que la omisión "no derivó en perjuicio alguno" y fue "convalidada por la actuación de la propia defensa", por lo que se regiría "el principio de convalidación", tal cual señala el dictamen emitido por la Fiscalía, al cual accedió LA REPUBLICA.
Prueba denegada
La Fiscalía solicitó el rechazo de la acción de "nulidad", en cuanto algunas de las medidas probatorias denegadas por la jueza Mota refieren a la "reiteración" de actuaciones "ya diligenciadas", mientras "otras (son) totalmente inconducentes por carecer de todo sentido lógico".En este sentido, la defensa de Bordaberry solicitó pruebas tales como: el libramiento de oficios al Poder Ejecutivo para informar quienes eran los integrantes de dicho poder entre 19721976, quienes eran los comandantes en jefe de las tres armas en 1973 y la nómina de personas que firmaron el informe final de la Comisión para la Paz; oficios al Poder Legislativo para conocer quiénes fueron los legisladores electos en los comicios de 1972; un oficio a la Suprema Corte de Justicia solicitando remitir las sentencias recaídas en las denuncias contra Bordaberry entre 1974 y 1985; y un exhorto a las autoridades judiciales argentinas reclamando copia de una sentencia del juez Rodolfo Canicoba Corral, entre otras.
Sin embargo, la prueba reclamada procura determinar únicamente si las personas están "con vida", sin especificar pretensión de citarlos a declarar ni su finalidad, "revelándose en consecuencia totalmente inconducente", mientras las pruebas documentales "surgen agregadas en autos", señala la fiscal.El único testigo propuesto por la defensa fue el ex integrante de la Comisión para la Paz, Carlos Ramela. Sin embargo, Ramela "ya declaró ampliamente en autos prueba pedida por la defensa", por lo cual "se trata de un medio de prueba ya diligenciado", recuerda la fiscal.
Asimismo, la fiscal alega que el 3 de febrero de 2010 uno de los hijos del ex dictador y el abogado Diego Viana Martorell interpusieron un escrito ante la Justicia, por lo que en dicho momento debieron "tomar conocimiento" de la disposición de la jueza Mota de denegar la prueba requerida (resolución emitida el 8 de diciembre de 2009).
La Fiscalía estima que dicha acción convalidó la decisión de la jueza Mota, por lo cual "precluyó la oportunidad de impugnarlo", dice el escrito.
No hubo indefensión
"La defensa considera que la ausencia de notificación personal de la denegatoria de la prueba se traduce en una nulidad insalvable, absoluta.
Pero no explica qué perjuicio le ocasionó tal denegatoria. No señala cómo ha sido perjudicado su defendido, de qué manera se ha producido indefensión.
Y ello sólo porque precisamente no existió perjuicio alguno", expresa Tellechea."De manera alguna puede alegarse que existió indefensión por cuanto se trata de prueba ya diligenciada y aquellas otras que no lo habían sido, al no establecerse claramente cuál era su fundamento de la manera en que se solicitaron se revelaban como claramente inconducentes", agrega.
La causa contra el ex dictador se inició en 2002 "y desde entonces la actividad de la defensa fue incesante, solicitando la agregación de prueba que las diferentes sedes y sus sucesivos titulares dispusieron". "
Toda la numerosa, profusa y voluminosa prueba se fue incorporando permanentemente, por parte de la actuación de la Defensa del encausado que siguió palmo a palmo el desarrollo de la causa", incluso "antes" de la citación de Bordaberry. "Precisamente en este expediente no puede hablarse de indefensión, porque si algo merece destacarse es la contemplación de los pedidos de la defensa en aras de su mejor patrocinio", expresa Tellechea.
En este sentido, las pruebas peticionadas fueron desestimadas porque no perseguían "controvertir" la acusación ni las imputaciones contra Bordaberry."¿Qué podía aportar agregar la lista de los legisladores electos en las elecciones nacionales de 1972, si ni siquiera se les iba a citar a declarar a los que estuvieran vivos? Y en caso que lo hicieran, ¿qué iban a decir?
¿Que Bordaberry no disolvió las Cámaras con el Dto. 464/1973? ¿Puede serle beneficioso que esos legisladores vengan a relatar en el proceso cómo fueron expulsados de sus lugares legítimamente obtenidos?", se pregunta la fiscal.
Argentina. Los secretos bien guardados de la última dictadura
Revelan listas secretas de
espías civiles que actuaron
en Uruguay
La revista Veintitrés de Argentina publicó las listas del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601, de la Fuerza Aérea y ahora la del poderoso Servicio de Inteligencia Naval (SIN) que cumplió tareas entre 1976 y 1983. Muchos de esos agentes tuvieron actuación en Uruguay en diversos operativos clandestinos.
Tristemente célebre ESCUELA MECANICA DE LA ARMADA-
Esta última lista de la marina revela quiénes fueron sus espías durante el terrorismo de Estado. La lista, que fue remitida al Ministerio de Defensa por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Jorge Omar Godoy, contiene más de 700 nombres.
En un artículo firmado por Franco Mizrahi se señala que la información era secreta y fue desclasificada por la presidenta Cristina Fernández a través del decreto 4/2010. Si bien se trata de personal de inteligencia, el hecho de aparecer en la lista no implica que las personas allí mencionadas estén involucradas en delitos de lesa humanidad.
En la ESMA estuvieron secuestrados la fundadora de Montoneros Norma Arrostito, Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo y Jaime Dri, cuyo paso y huida de ese centro clandestino de detención fue relatado por Miguel Bonasso en el libro "Recuerdo de la muerte".
Junto a ellos hubo unos cinco mil secuestrados en el establecimiento ubicado sobre la Avenida del Libertador, en el límite de la Capital Federal con la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos fueron sedados y arrojados al Río de la Plata, en lo que se conoció como los "vuelos de la muerte".
En ese mítico centro clandestino había un altillo llamado "Capuchita" que, según consta en el libro "Nunca más" "fue utilizado por los miembros del SIN para torturar y mantener a sus secuestrados separados de los de la ESMA. 'Capuchita' se prestaba a la Fuerza Aérea, al Ejército y al SIN para llevar a sus detenidos allí. El piso era de color rojo y tenía ventiluces siempre cerrados'".
Detenidos en Uruguay
El diputado justicialista entrerriano Jaime Dri fue capturado y herido en Uruguay en diciembre de 1977 y luego pasó por un periplo que lo llevó a varios centros de detención clandestina, entre ellos la ESMA y la Quinta de Funes, donde encontró a 14 detenidos hoy desaparecidos y a agentes de inteligencia que forzaron a algunos a viajar a México.
El National Security Archive (NSA) reveló el martes 8 de diciembre del año pasado una serie de documentos que comprueban la detención y fuga de Jaime Dri, detenido durante la última dictadura militar argentina, y sobre la Operación México, que forzó a desaparecidos detenidos en Rosario a participar en un escuadrón de la muerte para infiltrar a la dirección de Montoneros en Ciudad de México en enero de 1978.
El 19 de julio de 1978 Dri se escapó a Asunción, Paraguay. Sus captores clandestinos, enviaron desesperadas peticiones a sus pares en Paraguay y dejaron pistas sobre lo que vio Dri durante esos ocho meses. Luego de escapar a Paraguay, Dri se refugió en la Embajada de Panamá, país de origen de su esposa, donde finalmente se radicó.
La NSA publicó en su sitio de Internet los documentos centrales provenientes del Archivo del Terror acompañados de otros 12 de Estados Unidos, Argentina y México, que verifican la solidez de la historia aparecida en el libro "Recuerdo de la Muerte".
En la redada realizada en nuestro país en diciembre de 1977 también fue detenido el famoso pianista argentino, Miguel Angel Estrella que estuvo detenido durante años en el Penal de Libertad.
La Embajada de EEUU en Uruguay informó, en diciembre de 1977, que el arresto del pianista argentino refugiado en Uruguay, Miguel Ángel Estrella, era parte de una serie de redadas llevadas a cabo entre el 15 y 16 de diciembre donde fueron capturados ocho Montoneros. Estos últimos "se encuentran esperando ser extraditados a Argentina", decía el informe de la Embajada de EEUU en Uruguay. Los prisioneros fueron trasladados ilegalmente por una fuerza de seguridad uruguaya a una fuerza de seguridad argentina.
Al menos tres de los montoneros detenidos en Uruguay, en los operativos realizados en Montevideo y en balnearios de la Costa de Oro, fueron interrogados en el Fusna y después trasladados clandestinamente a Buenos Aires. Los tres figuran como desaparecidos.
Jorge Tróccoli, entonces jefe de Inteligencia, participó directamente en la captura, en los interrogatorios y en los traslados. Su presencia en los sótanos de la ESMA fue comprobada y se presume que también participó en los operativos de Orletti.
Los operativos contra los montoneros permitieron a la Inteligencia del Fusna desmantelar la estructura clandestina de los GAU (Grupos de Acción Unificadora).
La acción contra los GAU comenzó con una coincidencia: uno de los montoneros capturados en Uruguay tenía una cédula de identidad uruguaya. Al allanar el domicilio de la persona a quien correspondía el documento, fue incautado material que permitió desmantelar la estructura. La represión de los GAU fue dirigida por Tróccoli, que será juzgado en Italia y por ella también fue procesado el marino uruguayo Juan Carlos Larcebeau.
Desde setiembre de 1977 hasta 1980, Larcebeau cumplió funciones como oficial de Inteligencia del Estado Mayor del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna). Según su testimonio se desempeñó en esta dependencia desde 1972, llegando en 1977 a ser director de Inteligencia.
El juez Charles indicó, en ocasión del procesamiento de Laarcebeau, en base a las declaraciones del capitán (r) de la Armada Eduardo Laffitte, que el oficial de la Armada viajaba a Argentina en su condición de jefe de Inteligencia del Fusna, "a los efectos de la coordinación con grupos como el de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)".
Una investigación de LA REPUBLICA realizada por Roger Rodríguez señaló la participación de la Armada en la coordinación represiva.
En torno a Larcebeau, el fallo judicial agregó según el testimonio brindado por el almirante (r) Jorge Saravia Briazo que "había viajado posteriormente al envío del ciudadano argentino detenido en Colonia (Oscar) De Gregorio en compañía de un oficial del Ejército uruguayo y que está convencido de la participación en territorio argentino de Larcebeau porque se lo dijo y de Tróccoli".
Decenas de militantes fueron detenidos y torturados en las dependencias del Fusna. También hubo detenciones en Buenos Aires, que según Posdata fueron realizadas por comandos de la ESMA; cuando Tróccoli se trasladó a Buenos Aires para interrogarlos se encontró con que según esa versión los uruguayos ya habían sido "desaparecidos".
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Caso Ramón Peré
El presidente del Frente Amplio ingeniero Jorge Brovetto declaró en el mes de junio como testigo en la causa que investiga el asesinato del estudiante Ramón Peré durante la huelga general de 1973. Brovetto era en aquel momento profesor de la Facultad de Veterinaria y estuvo con Peré y sus compañeros, ocupando la facultad, momentos antes de que Peré saliera la tarde en que fue asesinado.
Ramón Roberto Peré Bardier nació en el Departamento de Soriano el 16 de marzo de 1944. Casado, padre de dos hijos de 4 y 2 años. Estudiante de la Facultad de Veterinaria, ayudante de profesor de Histología y docente de Química en el liceo de Tarariras. Militante del Partido Comunista y de la Asociación de Estudiantes de Veterinaria (AEV), Federación de Estudiantes del Uruguay (FEUU).
Murió a los 29 años de edad. Su asesinato se produce el 6 de julio de 1973, tres días antes del asesinato del estudiante del liceo Nº 17, poeta e integrante de la Juventud Socialista, Walter Eduardo Medina Delgado (9 de julio), en el contexto de la represión a las acciones de resistencia durante la huelga general de 15 días declarada por la CNT contra el golpe de Estado
Es el primer asesinado del período de facto.
Ramón se encontraba ocupando el local del centro de estudios en el marco de la huelga general decretada por la CNT contra el golpe de Estado del 27 de junio de ese año.
Caso Peré: exhumaron restos de
militante de la UJC caído en 1973
Fue el primer muerto de la dictadura.
La Justicia dispuso la exhumación de los restos del militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), Ramón Peré, fallecido en julio de 1973, tras recibir un disparo efectuado por un oficial de policía. Asimismo, hoy habrá una instancia clave en la causa por cuanto dos de los partícipes del hecho dirimirán versiones contradictorias durante un careo.
El juez Penal de 3º Turno, Sergio Torres, dispuso la exhumación de los restos del militante de la UJC, Ramón Peré, con el objetivo de profundizar la indagatoria judicial por la muerte del joven militante comunista, mediante una autopsia directa de los restos, según indicaron fuentes del caso a LA REPUBLICA.
La resolución fue adoptada de "oficio" por el juez Torres. Los restos fueron exhumados y entregados en forma inmediata al Instituto Técnico Forense (ITF) para el inicio de los análisis periciales por parte de los peritos forenses, señalaron las fuentes.
En este sentido, el abogado Oscar López Goldaracena, representante de la familia Peré en la causa, manifestó su "sorpresa" por la decisión judicial. El abogado afirmó haber sido notificado "en forma verbal" de la decisión cuando los restos ya habían sido exhumados. "La decisión nos tomó por sorpresa porque pensábamos que se realizaría únicamente una autopsia histórica, como se hiciera en otras causas, y también por qué no con un poco de desazón porque ni la familia ni en mi caso, como abogado patrocinante, fuimos notificados con antelación de la decisión judicial", expresó López Goldaracena a este medio.
Instancia crucial
En tanto, la causa por la muerte del militante de la UJC, Ramón Peré, tendrá hoy una instancia "clave" para la dilucidación del proceso, por cuanto estarán "frente a frente" ante el juez Torres el compañero de Peré al momento del incidente y uno de los policías partícipes del operativo en el cual fue asesinado el joven militante comunista. Ramón Peré, estudiante de la Facultad de Veterinaria y militante de la FEUU, se encontraba ocupando el local del centro de estudios y durante una recorrida con un compañero, nueve días después de iniciada la huelga general en protesta por el Golpe de Estado, fueron seguidos por dos agentes de policía vestidos de civil. Los jóvenes corrieron, y los agentes hicieron fuego.
Una de las balas alcanzó a Peré y le produjo la muerte. En este sentido, el juez Torres y el fiscal Juan Gómez pretenden dilucidar mediante el careo las versiones contradictorias aportadas por ambas personas durante el transcurso de la indagatoria, sobre los hechos que rodearon al incidente, explicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
El compañero de Peré negó la existencia de enfrentamiento entre ellos y los policías, y aseguró que se trató "casi de un ajusticiamiento", por cuanto los dos efectivos los persiguieron y les dispararon por la espalda. Por su parte, el efectivo policial reconoció su participación en los hechos y haber efectuado los disparos, pero afirmó que los mismos fueron realizados en el marco de un enfrentamiento y en una acción de servicio.
"El policía admite haber disparado, por lo cual la indagatoria se centra en los hechos que rodearon la muerte y determinar si existió responsabilidad del agente involucrado", expresaron las fuentes. Recientemente, el presidente del Frente Amplio (FA) Jorge Brovetto, entonces rector de la Universidad de la República, reafirmó la tesis del compañero de Peré. Brovetto declaró ante la Justicia que los jóvenes estaban desarmados. Peré fue el primer muerto de la dictadura cívico-militar uruguaya.
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