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Las 130 descarnadas fotografías sobre 'vuelos de la muerte' y los documentos de inteligencia de Uruguay que le entregó días atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos al juez federal argentino Jorge Torres no fueron obra del azar. El material 'encontrado' por el secretario de la Corte, Santiago Cantón, existe porque hace 34 años el marino Daniel Rey Piuma desertó y denunció al mundo la verdad sobre los cuerpos que 'aparecían' a lo largo de la costa uruguaya.
ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodrigue@adinet.com.uy
Daniel Rey Piuma sigue aún hoy exiliado en Holanda. Sólo siete veces ha vuelto al país desde aquel octubre de 1980 en el que, con cientos de negativos cosidos a su ropa, cruzó la frontera hacia Brasil y dejó atrás una madre, una familia y una vida. Publicó su testimonio en el libro Un marino acusa, con el que conmovió a las organizaciones internacionales de derechos humanos con su documentada denuncia sobre lo que ocurría en el Río de la Plata.
En 2007 viajó a Montevideo para declarar ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze en la causa de los ‘terceros traslados’, que implicó el encarcelamiento del dictador Gregorio Álvarez y del capitán de navío Juan Carlos Larcebeau, y la fuga de Jorge Troccoli. En su testimonio judicial explicó la sistematización de la tortura en la Armada y señaló con nombre y apellido a los principales torturadores, quienes en mayoría aún no han sido juzgados.
Rey Piuma había trabajado entre 1977 y 1980 en la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval (Dipre) y fue acumulando documentos y pruebas sobre la verdad de aquellos cuerpos que el mar devolvía y que las autoridades de la dictadura uruguaya presentaban como de personas de origen asiático que habrían protagonizado algún motín en pesqueros de ultramar… Un motín que duró años.
En su denuncia, Rey Piuma acusa a los oficiales navales Eduardo Craigdallie, Ernesto Serrón, Álvaro Diez Olazábal, Nelson Sánchez, Jorge Fernández, Daniel Maiorano, Víctor da Silva, Aníbal del Río, Carlos Gamarra, Uruguay Sánchez, Juan Carlos Fernández y Jesús de Armas, además de personal subalterno. Todos ellos podrían verse implicados próximamente en una causa judicial por torturas que presentarían sus víctimas.
La denuncia también fue en parte recogida en los informes oficiales elaborados por el historiador Álvaro Rico en sus investigaciones sobre desaparecidos y sobre el terrorismo de Estado. En ambos trabajos se incluyen especificaciones sobre los cuerpos enterrados como 'NN' en cementerios de la costa de Río de la Plata. Algunos de esos cuerpos fueron finalmente entregados a Argentina para su identificación forense.
EN CONTACTO CON HOLANDA
La voz de Rey Piuma se oye angustiada. Habíamos intercambiado mensajes por internet y aceptó hacer público lo que sintió cuando los medios de comunicación internacionales mostraron las imágenes de la documentación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le entregó al juez Torres en Buenos Aires. Un poco de bronca por el desconocimiento del origen de ese material, más enojo por el tiempo en que se tardó cuando todo está archivado en Uruguay… y un poco de esperanza de que lo sufrido durante tantos años haya finalmente servido.
¿Cuánto hace que esperabas este momento?
Estoy en esto desde hace rato... Desde setiembre de 1977 sustrayendo y copiando documentos, registrando las torturas y a los torturadores, llevando una doble vida veinticuatro horas por día. En octubre de 1980 escapé del país. En Brasil estuve tres meses escapando de los servicios argentinos, brasileños y uruguayos. Llegué a Holanda el 22 de diciembre de 1980, invitado entonces por la corona holandesa.
¿Es de entonces tu denuncia ante la OEA de la que surgieron ahora las fotos que se entregaron a la justicia argentina?
En enero de 1981 me compré la primera máquina de escribir y empecé a redactar mi informe en un pueblo llamado Berg aan Zee, en el norte de Holanda. A partir de marzo de ese año trabajé con Amnistía Internacional, en la central de Londres, y con el Colarch en Bruselas. Mediante increíbles y complicadísimos tejes y manejes, presenté finalmente mi informe en noviembre de 1982 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
“PENSÉ QUE HABRÍA JUSTICIA”
Tu denuncia ya había provocado un impacto internacional entonces...
Antes de ese momento ya trabajaba también con el Sijau, la Liga de Juristas demócratas, el Iepala y otras… En aquel momento, el presidente de la CIDH dijo en el Pleno de la Comisión que mi reporte era la documentación más completa y minuciosa que alguna vez habían recibido. Pero al final de la sesión, en una rueda de prensa, aparecieron matones blandiendo armas y amenazándome de muerte...
Desde entonces has permanecido cuidándote las espaldas, casi como un prófugo…, incluso padeciendo enfermedades.
Pensé, incauto de mí, que al terminar la dictadura la maquinaria de la justicia se comenzaría a mover. En 1987, por intermedio de Raúl Sendic se publicó 'mi libro'. Nunca tuve otra intención en mi accionar que la de que se investigaran las torturas en la marina uruguaya y el origen de los cuerpos encontrados en las costas de nuestro país. Luego de una carrera profesional llena de sucesos –fui art-director en el estudio gráfico más grande de Ámsterdam y docente en la Facultad de Utrecht–, tuve que comenzar una terapia con diferentes psicólogos, que me han diagnosticado un PTSS [Post Traumatic Stress Sindrome]. Hasta ahora...
Tus regresos a Uruguay también han sido casi clandestinos.
En 34 años he viajado sólo siete veces a Uruguay, tres veces a través de otros países, y cada vez que estoy en mi país tengo que estar armado. Los compas siempre se han portado bien haciendo mi seguridad e incluso, en ocasión de una invitación que me cursó la llamada Comisión para la Paz, el entonces presidente Jorge Batlle dispuso que me fueran a recoger y a llevar al aeropuerto de Carrasco dos coroneles de la aviación, en tanto que ponía a mi disposición un coche escolta con guarda para trasladarme cada vez a la vieja casa presidencial.
“QUE TODAVÍA ES POSIBLE”
Hace unos años viajaste y testificaste ante la justicia uruguaya en la causa por la que está preso el Goyo Álvarez, ahora tu informe ante la CIDH llega finalmente a manos de la justicia argentina. ¿No eran ésos los objetivos?
Todo lo que ocurre en este momento me aturde un poco. Me da un poco de esperanza y, al mismo tiempo, me ciega de impotencia y de ira. Ninguna de las lágrimas que derramó mi madre tres días antes de mi partida, besándome los pies para que no partiera al exilio, vale la pena ante tanta desidia e indiferencia de aquellos que, conociendo estos documentos desde hace tanto, nunca hicieron nada con ellos. Lo he hecho por nuestros compañeros, por mi tío desaparecido, Carlos Arévalo, y también, ¿por qué no?, por mi propia madre.
¿Qué esperás que ocurra ahora?
Espero que los compañeros asesinados encuentren paz y sus familias también, si luego los pueden llegan a identificar. Espero que no me visiten con tanta frecuencia algunas noches en el cuarto de huéspedes donde me refugio cuando estoy fatigado de cargar tanta mochila y procuro descansar. Espero que luego de haberlos abrazado y cuidado durante tantos años –como un padre a sus hijos, como un hermano mayor a sus hermanos, como una madre celosa y rabiosa– los pueda dejar partir. Espero que también ellos me suelten para que pueda, por primera vez en mi vida, bailar. Nunca lo he hecho porque ellos no lo pudieron hacer nunca más. Espero poder creer que el hombre, el ser humano, es capaz de impartir justicia. Espero que podamos enseñarles, luego, a los niños que la justicia es posible si todos queremos. Que es posible... Espero que en los últimos cinco segundos de mi vida –si estoy consciente–, antes de mi muerte, crea, esté convencido de que todo lo vivido y todo lo perdido por esta causa valió la pena.
Un infiltrado en la marina 
Daniel Rey Piuma era un estudiante que había terminado preparatorios de Agronomía. Tenía 19 años y necesitaba trabajar. Había militado en 1973 en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) del Liceo Rodó, que funcionaba en Colonia y Río Branco. También había actuado en grupos religiosos, con el padre Lezama y la parroquia San Francisco, de la Ciudad Vieja. Allí conoció a alguien que le dijo que en el puerto había vacantes. No imaginaba que eso cambiaría radicalmente su vida.
Quiso presentarse para un cargo administrativo en la ANP (Administración Nacional de Puertos), pero en el viejo edificio de Aduanas llenó un formulario de la Prefectura Nacional Naval (PNN). Con su formación lo aceptaron de inmediato y lo citaron en la subprefectura de Trouville, donde terminó recibiendo instrucción militar por un mes y medio (“A mí me parecía raro, pero como era el puerto y recordaba la militarización de los bancarios, pensé que debía de ser así, que para trabajar como administrativo del puerto había que hacer la instrucción militar”, explicó alguna vez).
Cuando comprendió dónde se había metido, asumió su condición de “infiltrado”. Trabajó como fotógrafo en el Departamento Técnico de la Dipre, aprendió sobre peritaje criminal, detección de drogas, cerraduras y falsificación de documentos. A los cinco días de entrar, ya había “robado” los códigos de transmisiones radiales, que filtró a sus “compañeros” de la “orga”, a gente del entorno de Blanca Nilo de Artigas o con los que se reunía clandestinamente para entregar información militar que en más de una ocasión permitió advertir sobre operaciones represivas contra el Partido Comunista Revolucionario, el Partido por la Victoria del Pueblo o los Grupos de Acción Unificadora, entre otros.
Desde el primer día de su ingreso a la Armada, en setiembre de 1977, comprendió que aquellos 'chinos' que habían aparecido en la costa uruguaya tenían otro origen. Comenzó entonces a estudiar el material del archivo de la Dipre y a hacer copias que fue acumulando hasta que decidió su fuga, en octubre de 1980. Dos años después, elaboró su informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se incorporó a las carpetas de la misión que la CIDH había hecho sobre Argentina en 1979. Allí permaneció todo archivado hasta ahora que el material fue entregado a la justicia argentina
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Los retirados solicitarán ser recibidos por el presidente José Mujica
Piden anular decreto que abre casos de la dictadura
Los retirados militares pedirán una reunión al presidente José Mujica para solicitarle que anule el decreto que desarchivó 80 casos que estaban amparados en la ley de Caducidad. Estiman que unos 500 oficiales podrían ser convocados por la Justicia.
Los clubes de retirados militares se reunirán el martes para resolver las medidas a adoptar ante el decreto firmado por el presidente José Mujica, que desarchivó 80 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Ese día analizarán los detalles de un recurso administrativo que presentarán ante el Poder Ejecutivo. Si bien la decisión formal todavía no fue adoptada, los retirados comparten la idea de pedir una reunión a Mujica para plantear su preocupación por lo que consideran un “aceleramiento” de los juicios que los implican.
La inminencia de la prescripción de los delitos, que tendrá lugar el 30 de octubre, los lleva a pensar que los procesos judiciales se acelerarán. “El desarchivo de estos casos significa que entre 400 y 500 oficiales podrán ser llamados a declarar si se reabren las causas. Este decreto agrega una nueva inconstitucionalidad. Es una monstruosidad”, dijo a Ultimas Noticias un integrante del Foro Libertad y Concordia, quien prefirió no ser identificado porque “el clima está demasiado enrarecido”.
Cuando Mujica habilitó el desarchivo del caso del militante tupamaro Álvaro Balbi, los retirados presentaron un recurso administrativo pero todavía no obtuvieron respuesta. En este caso, proyectan apelar a los planteos efectuados por diversos constitucionalistas, entre ellos el catedrático Ruben Correa Freitas, quien ayer planteó su punto de vista en la publicación colorada “Correo de los Viernes”.
Para Correa Freitas, el decreto presidencial “está viciado de nulidad, siendo además inoportuno e inconveniente, al desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía en 1989 y en 2009, al rechazar el recurso de referéndum contra la Ley Nº 15.848 y al rechazar el proyecto de reforma constitucional que proponía la anulación de la Ley de Caducidad”. En ese sentido, advirtió que “en todas las causas penales en las cuales hubo una sentencia interlocutoria, se ha producido la “cosa juzgada”, por lo que las personas amparadas tienen un derecho adquirido en forma legítima, que un decreto posterior no puede desconocer”.
En base a la doctrina planteada por los catedráticos Luis Arcos Ferrand, Justino Jiménez de Aréchaga, Enrique Sayagués Laso, Héctor Gros Espiell y Alberto Ramón Real, afirmó el “principio de la irretroactividad de los decretos del Poder Ejecutivo, que son normas generales y abstractas”.
Por su parte, el presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrés, dijo a Ultimas Noticias estar “totalmente en desacuerdo” con la intención de “retrotraer” la discusión de la dictadura. “Yo me afilio a la posición de 60% de los uruguayos, que piden terminar con el tema; pero considero que con esto el gobierno no termina con el tema”, agregó.
Cedrés informó que los abogados del Centro están a disposición de sus socios para asesorarlos, en caso de presentar recursos contra el desarchivo.
Mientras tanto, en el generalato del Ejército la noticia tampoco pasó inadvertida. Uno de los principales jerarcas aseguró a Ultimas Noticias que muchos de ellos solicitaron informes jurídicos a sus abogados para saber el alcance del decreto oficial. “Dicen que es una payasada, que cualquier juez, razonablemente, va a decir que es inconstitucional”, comentó el mismo general. “Pero todo el mundo sabe que el derecho lo ponen para el lado que quieren”, concluyó.
Veintiséis presos en Domingo Arena y Coraceros
Hasta el momento, 26 militares han sido procesados con prisión por diversos delitos cometidos durante la dictadura. El general Miguel Dalmao es el único que estaba en actividad en el momento de su procesamiento y fue el primero en ser remitido a la Guardia de Coraceros. Si bien en su caso la medida se adoptó por tratarse de un oficial en actividad, el siguiente procesado, que fue el coronel (r) Tranquilino Machado, también fue enviado a Coraceros porque ya no quedaba lugar en la cárcel de Domingo Arena. Fuentes castrenses dijeron a Ultimas Noticias que “está claro que vamos de mal en peor y sin perspectiva de mejorar”. Los militares temen que en los próximos meses, los procesamientos se multipliquen.
Aseguraron legalidad de la resolución
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo a Ultimas Noticias que el gobierno uruguayo no realizará “nada que pueda constituir un atisbo de violación a la ley y la Constitución”, al ser consultado sobre la posibilidad de atender la prescripción de los delitos cometidos en dictadura (1973-1985), previsto para noviembre de 2011.
“El Poder Ejecutivo tiene un deber ético de investigar para que se juzguen las violaciones a los derechos humanos. Tenemos un deber ético de respetar la Constitución, desde que el presidente y todos los jerarcas guardamos honor a la ley al ser investidos en el cargo”, agregó.
“Queremos ser enfáticos en no generar controversia. El gobierno no avala solución que tenga la posibilidad de ser controvertida, venga de quien venga, ya sea de la fuerza política como del Parlamento”, insistió el funcionario.
El gobierno, además, entiende que el decreto recientemente firmado por el presidente Mujica para desarchivar las 80 causas de violaciones a los derechos humanos es “legal y constitucional”. Si bien ningún familiar de detenidos desaparecidos se acercó al Poder Ejecutivo para solicitar el desarchivo del caso, el gobierno resolvió actuar en forma global para cerrar el tema. El Frente Amplio había reclamado una solución en ese sentido.
A diferencia del gobierno, los militares en actividad razonan que si los actos administrativos de gobiernos anteriores al de Tabaré Vázquez no tienen “legitimidad”, como asegura Presidencia, tampoco tendrán valor otros actos como entrega o venta de terrenos, por ejemplo.
A juicio de varios oficiales, con el decreto el gobierno sienta un precedente “peligroso”.
Gelman: “Es un paso importante”
Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, dijo a Ultimas Noticias que valora “mucho” la decisión del gobierno para desarchivar las 80 causas. “Me parece un paso muy importante”, aseguró, pero al mismo tiempo destacó que se trata del “principio”.
“A partir de ahora habrá que estar atentos a cualquier inconveniente que pueda surgir, y está pendiente de resolverse el tema de la pres- cripción, que de acuerdo a la sentencia (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) no debe ser un obstáculo”, comentó.
Por otra parte, el gobierno incluyó en el artículo 59 del proyecto de Rendición de Cuentas y Balance presupuestal del ejercicio 2010, la autorización para que el Ministerio de Economía y Finanzas pague las sentencias judiciales dictadas en países extranjeros contra el Estado uruguayo, que impliquen el pago de una cantidad de dinero líquida. En el fallo del caso Gelman, la Corte Interamericana obliga al Estado uruguayo a indemnizar a la familia.
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Julio A. Louis - Historiador
El deseo se ha vuelto consigna: "Nunca Más" golpe de Estado. No obstante, los deseos son solo deseos y no deben oscurecer el análisis concreto de la situación concreta.
Era una noche fría y lluviosa de invierno de 1973.
Salí a la medianoche de una reunión política en Sayago y me dirigí con rapidez a subirme al primer ómnibus que encontrara. Como tantos otros me daban vuelta en la cabeza los "versos" por si me paraban: ¿qué hacía?, ¿de dónde venía?, etc. En las cercanías de la Estación de Ferrocarril, hallé a un joven desconocido que también esperaba transporte conducido por algún carnero, difícil de conseguir en plena huelga general.
De pronto oímos el motor de uno que venía a toda velocidad, lo que motivó que gesticuláramos y corriéramos procurando detenerlo. Cuando el "210" (hoy "2") frenó, saltaron de su puerta delantera dos jóvenes portando ametralladoras y dándonos la voz de "¡alto!". Les expliqué convincentemente que pretendíamos subir y tras una rápida mirada accedieron. Los dos viajaban en el "asiento de los bobos" apoyando las ametralladoras contra el piso.
Quedamos frente a ellos e iniciamos un diálogo. El más locuaz dijo: "tuvieron suerte, estuvimos a punto de dispararles". "¿Por qué?" inquirí. Dirigiéndose a mi acompañante preguntó:"¿qué llevas en ese paquetito?" Éste lo mostró. Y siguió el militar o policía: "pero mientras corrías se te cayó, creímos que ibas a poner un miguelito y la orden es tirar".
Ramón Peré era otro de los cientos de miles que resistían al golpe militar. El alférez Tranquilino Machado también tenía orden de tirar. Y ya sea porque Ramón intentó huir o porque Tranquilino estaba nervioso, este se convirtió en un homicida sin atenuantes, baleándolo por la espalda. Sí, los golpistas usaban sus armas contra el pueblo desarmado.
Han pasado treinta y siete años pero este caso es de los pocos en que "la Verdad y la Justicia" han llegado y el alto oficial Machado ha sido condenado y enviado a una de las cárceles de lujo reservadas para los asesinos uniformados.
Si aquella muerte y resolución de tirar a matar era inadmisible, treinta y siete años después es inadmisible que ocho de los quince generales en actividad, con el apoyo de otros, hayan ido a solidarizarse con el homicida. Es revelador de su deformación que sigan justificando su accionar cumpliendo órdenes de los imperialistas norteamericanos y de sus socios locales, coautores de los golpes surgidos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que comienza en Brasil (1964) prosigue en Uruguay (febrero y junio de 1973), llega a Chile (11 de setiembre de 1973) y derriba al gobierno argentino (1976).
No les pasa por su cabeza que la hidalguía de Artigas vive -en Las Piedras por ejemplo- en el recuerdo de Fernando Díaz y de Pablo Errandonea, sus hijos entrañables, que aprendieron en sus escuelas y liceo el valor de la lucha libertaria identificada con las aspiraciones del pueblo. En esos jóvenes -arrojados al mar o fusilados al pisar suelo oriental tras los vuelos de la muerte-anida la rebeldía de nuestros antepasados.
En ellos y en sus padres, curtidos en el desafío a las dictaduras -la de Francisco Franco o la de los peleles uruguayos- está el coraje de los combatiente: el del "Gallego" Ramón Díaz, que enfrentó a los falangistas, el del Pepe Errandonea, que aprendió que sus compañeros del liceo tenían razón cuando resistían las Medidas de Seguridad del régimen pachequista y el de Quica Salvia, que luchó hasta su último día para conocer el destino de su hijo desaparecido.
El de 1973 es el mundo bipolar dominado por EEUU y la URSS, en el que el primero elabora la Doctrina de la Seguridad Nacional (el enemigo es "interno": obrero, cura, docente o militar que dude de las verdades occidentales defensoras del "mundo libre"); del capitalismo que desestructura las bases de las economías nacionales dependientes; de la ofensiva ideológica de extrema derecha dirigida especialmente hacia las Fuerzas Armadas, brazos ejecutores de la referida Doctrina; de sociedades en situaciones revolucionarias, en las que como sintetizan "Los Olimareños" tienen "el arriba nervioso y el abajo que se mueve".
Si a esos elementos se le suman gruesos errores ideológicos y políticos de algunas organizaciones populares (como creer que en esa realidad eran viables "los cambios" en paz, o que minorías podían hacer la revolución sin contar con apoyo popular), estaban dadas las condiciones para la más abyecta dictadura de la historia nacional.
El de 2011 es un mundo incierto, que se debate entre la unipolaridad reclamada por EEUU y la multipolaridad reclamada por China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, Brasil, Venezuela, Irán, etc; en que la potencia dominante militarmente se debilita económica, social, política y culturalmente, mientras la segunda potencia económica (la República Popular China) se fortalece y se dispone a disputar el control mundial.
En la región de nuestra América (indo-afro-latina) -especialmente en América del Sur- los pueblos han avanzado en conciencia y organización, lo que se refleja en que la mayoría de los gobiernos sudamericanos no estornudan ante el grave resfrío del gran vecino norteamericano; en que la mayoría de los países sudamericanos no aceptan en sus territorios bases militares extranjeras ni tratados de Libre Comercio; en que se afirma el liderazgo consentido de Brasil, que continuará siempre y cuando el gigante hermano mantenga una política comprensiva hacia sus vecinos; en que hay una polarización social extrema, en la que las clases y sectores populares no tienen fortaleza para erradicar las debilidades de los gobiernos progresistas del Cono Sur, que como "la ola marina" tienen "un motor que camina p' alante" y otro que "camina p'atrás".
Por eso son fuente de preocupación las Fuerzas Armadas, institución clave del Estado, sobre todo en tiempos de crisis; institución que puede jugarse junto a los pueblos en defensa de la soberanía, de la integridad territorial, de la democracia, de las necesidades de las mayorías, o reiterar el papel retrógrado del pasado. Por eso no son admisibles los mensajes amenazantes ante resoluciones del Poder Judicial, como el adoptado por la mayoría de los generales en actividad. Hubiera sido ejemplar que esos Generales fueran pasados a retiro, como ordenó Tabaré Vázquez con el general Díaz, por una falta que no fue mayor que la cometida ahora.
Por eso, el Poder Ejecutivo -que ha sido débil, timorato- tiene la obligación frente a su pueblo de saltearlos a todos para designar al sucesor del comandante Rosales. Por eso cabe el alerta máximo: estas Fuerzas Armadas no son confiables y siguen defendiendo su pasado de lacayos del imperialismo. Mientras no sean depuradas, la ciudadanía no vivirá tranquila. Los golpes de nuevo tipo, los "hondurazos" son merecedores de atención por el pueblo trabajador.
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Coronel (r) José Baudean
Declararon ex agentes del SID
Tres ex integrantes del Departamento III del Servicio de Información y Defensa (SID) comparecieron ayer ante la Justicia en el marco de la indagatoria penal por el secuestro y desaparición del maestro Julio Castro, en agosto de 1977.
El juez penal de 1er Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y la fiscal Mirtha Guianze interrogaron, en calidad de "indagados", a los oficiales José Baudean, Omar Lacasa Antelo y Alberto Gómez. Los tres ex integrantes del SID negaron tener conocimiento sobre el secuestro y desaparición de Castro, según indicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.
El magistrado y la representante del Ministerio Público tomaron declaración al maestro Miguel Soler, quien testimonió sobre la trayectoria militante en el ámbito gremial de su colega desaparecido, agregaron las fuentes.
En tanto, el juez Fernández Lecchini había dispuesto la convocatoria del ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez, los militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab y Luis Maurente, y el ex jerarca policial Ricardo "Conejo" Medina, todos recluidos en la Unidad Penitenciaria Nº 8. También compareció el inspector Zabala, quien fuera señalado como posible autor del secuestro. Ninguno de ellos pudo declarar, postergándose su testimonio para próximas instancias.
El maestro Julio Castro fue detenido el 1º de agosto de 1977 por efectivos del Servicio de Información y Defensa (SID), siendo trasladado a un centro clandestino de detención, donde falleció dos días más tarde, a raíz de las lesiones recibidas.
La indagatoria judicial se reinició en 2010, tras la decisión del actual Poder Ejecutivo de excluir su caso del amparo de Ley Nº 15.848.
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 CASO PERE - REPERCUSIONES
Intensas gestiones emprendió el comandante en jefe del Ejército Jorge Rosales para evitar que el coronel retirado Tranquilino Machado fuera alojado en la cárcel de Domingo Arena, admitieron fuentes militares. La eventual "presión de los generales", fue el factor para tratar de impedir que fuera trasladado a la prisión militar. La intención es que Machado cumpla su detención en Coraceros, al igual que el general Miguel Dalmao. Según las fuentes, la presunta vinculación de Machado con la masonería, incidiría en la gestión. Los distintos criterios para determinar los lugares de reclusión, donde los oficiales del Ejército deben cumplir sus penas, genera malestar en filas militares y también en Domingo Arena.

Entre tanto, el procesamiento agudizó la "preocupación" que existe entre los uniformados por el tema derechos humanos, por entender que el caso de Machado, representa "un punto de inflexión". Horas de malestar vivió ayer el Ejército al conocer la noticia. El lunes, la sensación fue de nerviosismo, luego que Interpol procuró sin éxito ubicar a Machado. La falta de pistas sobre el paradero, llevó a Interpol a comunicarse con el general Jorge Bonilla, responsable del Estado Mayor de Defensa, fiador de Machado. El ex comandante de la Fuerza Aérea procuró encontrar a Machado, quien estaba en el domicilio de una hija embarazada. Tras el contacto, el oficial se presentó ayer a primera hora en Interpol. Bonilla ofició de fiador, luego que el procesado por la muerte de Peré no logró que Rosales fuera su garantía en diciembre.
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INAUDITO: En el marco de un almuerzo de ADM hubo apoyo a las declaraciones del ex presidente. Batlle calificó a Mota de “autoritaria” y “fascista”
El ex presidente Jorge Batlle calificó la sentencia de la jueza Mariana Mota como "fascista" y "autoritaria". Julio María Sanguinetti, por su parte, considera que la discusión por la Caducidad debilitó la imagen internacional del Uruguay.
El ex presidente Jorge Batlle criticó a la jueza penal Mariana Mota y declaró que "la sentencia de Mota es fascismo puro y autoritarismo. La rechazamos". Esto fue en relación a la ratificación del procesamiento con prisión del coronel retirado Carlos Calcagno por la desaparición forzada de Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde.
En este caso, el militar negó su participación en los hechos pero las pruebas fueron suficientes para procesarlo por desaparición forzada en setiembre de 2010.
Allí, la jueza penal expresó que el principio que prueba que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario es un concepto caído en desuso. Esto generó duras críticas del ex presidente y del ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, así como del Colegio de Abogados del Uruguay, que a través de un comunicado declaró no estar de acuerdo con la postura de la jueza. Batlle fustigó a la magistrada y la acusó de aplicar "recursos hitlerianos", así como resolver fallos "injustos".
Batlle realizó su disertación en el marco de los almuerzos realizados por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), donde comenzó su charla refiriéndose a la importancia de ser libres, y luego procedió a hacer referencia sobre las actuaciones de la jueza.
"La libertad política y la libertad jurídica son necesarias para convivir y sin eso la República no existe. Necesitamos además la seguridad en el cumplimiento de la ley lo que nos permite saber que somos libres. La libertad jurídica no siempre existe, por ejemplo recientemente la jueza Mota dictó una sentencia descabellada", dijo el ex presidente.
En tanto, el también ex presidente Julio María Sanguinetti expresó que el tema Caducidad afectó al país en cuanto a la imagen que tiene Uruguay en el mundo ya que se demostró la voluntad del gobierno actual por violar las normas aprobadas por votación popular. Esto generó una ovación de aplausos por parte del público que demostró el apoyo hacia el ex mandatario, algo que ocurrió de forma similar con las declaraciones de Batlle.
"Yo ando bastante por el mundo y les diría que todo este debate sobre la Caducidad nos ha hecho mucho más daño del que parece, no por el tema en sí, sino por lo que generó en todas partes del mundo. Todos vieron y escucharon que el Estado uruguayo, que siempre respetó la Constitución y las leyes, se aproximaba con el gobierno de turno a violar las normas. Hay que redoblar los esfuerzos para que se respete la voluntad popular", expresó Sanguinetti.
También hizo referencia a los estudiantes de las Fuerzas Armadas en relación a la ardua discusión sobre la anulación de la Ley de Caducidad. Al respecto, puso especial énfasis en el "mal momento" que atraviesan los estudiantes, ya que poseen "una visión disminuida de la Institución por la Caducidad".
También marcó la gran influencia que tiene esto y cómo repercutiría en el futuro, ya que quienes hoy ingresan a estudiar en la escuela de oficiales se convertirán en generales dentro de treinta años, y "la educación es fundamental" para estos jóvenes que en un futuro serán autoridades de un organismo estatal.
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 AL ELIMINAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNOS
ANTERIORES SE REABREN LAS INVESTIGACIONES Mujica decidido a desarchivar causas de DDHH
El presidente José Mujica pretender comunicar la próxima semana qué camino tomará para concretar el desarchivo de 88 causas sobre violaciones a los derechos humanos, cometidas durante la última dictadura en Uruguay (1973-1985) y, de esa forma, contribuir a eliminar los efectos de la Caducidad.
El mandatario dijo ayer a Ultimas Noticias que sigue analizando el camino a tomar, pero reafirmó: "Muy posiblemente lo vamos hacer".
Las dos opciones que maneja el gobierno consisten en desarchivar una a una las causas o, por medio de una resolución única, proceder a la eliminación conjunta de los 88 actos administrativos. Esa salida jurídica fue encargada por Mujica a abogados, y fue conducida por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.
El tema será discutido el lunes de 9 a 11 en Consejo de Ministros y resuelto por Mujica en las horas siguientes, dijo ayer a Ultimas Noticias una fuente de la Torre Ejecutiva.
Los actos administrativos que impidieron habilitar la investigación de violaciones a los derechos humanos se repartieron en los gobiernos del colorado Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), el blanco Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y el también colorado Jorge Batlle (2000-2005). Los mismos fueron resueltos en el marco del artículo cuarto de la ley de Caducidad, que otorga al presidente la facultad de determinar si la denuncia es procedente o está comprendida dentro de la amnistía a los militares.
Mujica reconoció estar "preocupado" por la interpretación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que recomendó a Uruguay quitar la norma por considerarla un obstáculo para las investigaciones y, en declaraciones el miércoles 25 de mayo al semanario Búsqueda, agregó: "Corresponde al Poder Ejecutivo viabilizar la investigación de todo eso que no se investigó".
La medida había sido reclamada por el Frente Amplio (FA) y los promotores de anular los efectos de la ley de Caducidad, que amnistió a militares de delitos cometidos en dictadura.
"Como nación, estamos con muchos problemas en esta materia. Prefiero hablar con interlocutores, sé que hay propuestas por ahí, y no quiero torpedear a ninguna", dijo Mujica a Telenoche, al ser consultado por la propuesta del ex presidente Vázquez, para lograr un acuerdo y derogar la Caducidad. .
El presidente firmó el 12 de mayo una resolución que dejó sin efecto una tomada por Sanguinetti, por la cual se amparó el caso de la desaparición del ex militante comunista Álvaro Balbi en la ley de Caducidad. Esa medida de Mujica habilitó al Poder Judicial a reabrir la investigación.
La resolución del presidente se fundamentó en el numeral 11 de la sentencia del 24 de marzo de la Cidh referida a la desaparición en Uruguay de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García.
La posibilidad jurídica había sido sugerida por el catedrático Martín Risso al asistir a una comisión del Parlamento, cuando se estudió la anulación de la Caducidad.
La eliminación de los actos administrativos, en cambio, ofrece el derecho a los involucrados a recurrirlos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que, en todo caso, no suspende la investigación judicial.
Oficiales estudian hoy reestructura de FF.AA.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), José Bonilla, se reunirá hoy con los generales de las tres armas para entregarles un documento denominado "Bases para una Política de Defensa Nacional", que resume el plan de reestructura para las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Será la primera vez que la oficialidad realiza una reunión conjunta de trabajo desde la salida de la dictadura (1973-1985. El documento ya fue entregado a la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes e implicará cambios teóricos y prácticos. El diseño de un plan de respuesta ante posibles ataques, el combate al narcotráfico y la reforma en las leyes orgánicas de las tres fuerzas estarán sobre la mesa.
Desde su rol como jefe del Esmade, Bonilla no solo coordina el desarrollo de las tres fuerzas sino que mantiene de manera constante su trabajo de "sondeo" a nivel militar para intentar esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos. En ese sentido, señaló que si bien el proyecto de ley interpretativa de la Caducidad provocó un fuerte debate en el gobierno y el Frente Amplio (FA), el mismo "no entorpeció los sondeos" realizados para aclarar el tema.
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LEY DE CADUCIDAD Piden copia de casos archivados
Varios senadores del Frente Amplio elevaron un pedido de informes a Presidencia de la República solicitando copia de los 88 casos amparados en la Ley de Caducidad desde diciembre de 1986. Los senadores Constanza Moreira, Daniel Martínez, Alberto Couriel, Mónica Xavier y Rafael Michelini señalaron que en la edición del 15 de junio del diario LA REPÚBLICA, el secretario de Prensa de la Presidencia, Alberto Breccia, sostuvo que desde la aprobación de la Ley de Caducidad en diciembre de 1986, en 88 casos el Poder Ejecutivo, en diferentes administraciones, interpuso la Ley de Caducidad en diferentes procesos judiciales.
Los senadores sostienen en su pedido de informes, que siendo esas resoluciones de carácter público, solicitan "una copia de cada uno de los 88 casos".
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LA JUEZA MARIANA MOTTA EN LA MIRA - UN PLAN COORDENADO PARA DESPRESTIGIAR LA JUSTICIA
la consigna - Escrito por: Walter Pernas
Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado” o “Mentira e injusticia. Nadie tiene derecho a la verdad ni a la justicia. El Estado no es responsable de garantizar esos derechos.” ¿A cuál consigna debería adherir un juez? ¿Un legislador? ¿Un presidente? ¿Un periodista?
Tomar partido por el respeto a los derechos humanos y aceptar que el Estado es responsable de ofrecer las garantías para su cumplimiento es un acto que se debería saludar, sobre todo cuando la postura la asume alguien que representa al propio Estado.
Eso fue lo que hizo la jueza Mariana Mota si concurrió a la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo. Ya otros integrantes del sistema judicial –jueces, fiscales, además de abogados– han concurrido. ¿Por qué se da a entender de soslayo que en esta actitud humana, responsable, transparente, hay un acto de pérdida de la imparcialidad?
El hecho de concurrir a la marcha convocada por los familiares de detenidos desaparecidos, que aún buscan explicaciones, restos de sus hijos, padres, nietos, abuelos, y que se juzgue a los responsables, no implica que los jueces corran luego a su despacho, saquen del cajón de su escritorio una venda, se la pongan sobre los ojos y alcen una espada filosa contra el primer denunciado por violaciones a los derechos humanos que aparezca. Implica, en todo caso, una muestra de responsabilidad, una señal de probidad: como representante del Poder Judicial hará todo lo que esté a su alcance para reunir indicios que le acerquen a la verdad, pruebas que le permitan juzgar y eventualmente condenar a quienes hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad, como deberían ser considerados los asesinatos políticos, la desaparición forzada, la tortura, cometidos en cualquier tiempo.
El semanario Búsqueda no se sorprende si un juez y el abogado de un narcotraficante conversan o intercambian ideas caminando por la calle Misiones o incluso en el bar de la esquina. ¿O es que nunca se ha visto una escena de ese tipo? ¿Nadie vio jamás a través de los ventanales del bar Misiones a abogados y jueces compartiendo un café, debatiendo, sonriendo ante alguna ocurrencia de uno u otro?
Pues, esas charlas se dan –porque “el Uruguay es muy chico y nos conocemos todos”– y Búsqueda no se inmuta por eso. Los hechos ocurren a la luz pública, sin ánimos de ocultamiento. No hay por qué perturbarse. Salvo que se tengan sospechas…
Uno de los que siendo fiscal del Estado en lo Contencioso Administrativo compartió más de una vez una mesa de bar, una charla en medio de la calle, con abogados que demandaban al Estado por diferentes razones, a la vista de quién quisiera verlo, fue el jurista y ahora defensor de represores Miguel Langón. Ya lo hacía cuando era fiscal penal y se mostraba –¿por qué no?– charlando en lugares públicos con abogados que defendían a indagados en casos en que Langón actuaba como acusador. ¿Alguien hizo una noticia de esos encuentros públicos? No recuerdo haberlo leído en Búsqueda.
¿Entonces, por qué es motivo de alerta que la jueza Mota haya conversado en la marcha del 20 de mayo, ante la mirada de decenas de miles de personas, con el abogado patrocinante de casos de derechos humanos y legislador frenteamplista, Óscar López Goldaracena?
Si un periodista tuviera sospechas, indicios, datos, de que en las charlas de bar o de calle entre jueces y abogados se estuviera “arreglando” algún caso, debería investigar y publicar, si confirma los hechos. Dejar caer una sospecha, una más, contra la jueza sobre cuya cabeza Búsqueda sí ha puesto una espada y pedido a gritos que alguien, quien sea, baje el filo hasta decapitarla, parece confirmar la existencia de una campaña contra la magistrada.
Casualmente es una jueza que tiene a cargo varios expedientes de derechos humanos –en los que actúan Langón y otros abogados defensores– y la única que ha aplicado la ley de crímenes de lesa humanidad, en consonancia con la opinión del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Quién se beneficiaría si a Mota la removieran del juzgado penal? Si pasara, seguramente llegarían decenas de cartas de felicitaciones para ser publicadas en las páginas finales del semanario de los jueves, entre ellas las que suelen enviar los hospedados en la cárcel de Domingo Arena y sus allegados –algunos que quizá teman ser procesados–, quienes se han vuelto grandes colaboradores de tan reconocida sección.
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La jueza Mariana Mota está en la mira de muchos. No es difícil entenderlo si se consideran, entre otras, sus decisiones relacionadas con los hermanos Peirano y con Juan María Bordaberry, o con la tipificación de delitos de lesa humanidad en la que sus colegas han aplicado otras figuras penales que prescriben.
En los últimos tiempos se han sucedido las acusaciones contra la magistrada, que tiene en su agenda varios asuntos políticamente delicados, y se ha pretendido descalificarla como si se tratara de una fanática ignorante. Las críticas más recientes se centraron en su opinión de que es "obsoleto y profundamente injusto" el precepto de que nadie está obligado a presentar prueba en su contra, una opinión criticada en términos muy duros sin que, curiosamente, los detractores mencionaran en qué especialista se apoyó la jueza para sostenerla.
El jueves, en la primera página de la sección Política de Búsqueda, se dio a conocer que Mota, "a cargo de varias causas vinculadas al pasado reciente, estuvo en la 'marcha' de familiares de desaparecidos" realizada el viernes 20 (por qué la palabra "marcha" se puso entre comillas es un misterio), y que eso fue tema de conversación entre jueces y abogados. Éstos se habrían enterado -de algún modo sobre el cual el artículo no informa- de esa presunta participación de la magistrada en la marcha y habrían discutido si era o no conveniente para preservar su imagen de imparcialidad.
Rápidamente, la Suprema Corte de Justicia dio a conocer que consultaría a Mota para que dijera si estuvo en la manifestación, y -en el caso de que la respuesta sea afirmativa- diera sus razones para ello. Según pudo saber ayer la diaria, la jueza pensaba contestar este lunes, pero sólo se le concedió plazo hasta hoy, viernes.
El abajo firmante ignora si Mota, como muchos otros miles, caminó en silencio por 18 de Julio, y cantó el himno nacional, expresando así su respaldo a la consigna de la marcha: "Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado". Pero si así fue, le cuesta hallar en esas nueve palabras algún concepto que no sea compartible -algo que no deba ser compartido- por cualquier persona encargada de un juzgado.
Los fallos de Mota pueden, naturalmente, ser discutidos, por quienes saben de derecho y por cualquier otra persona (aunque es más útil, por supuesto, que se discutan con algún conocimiento de causa). Lo que sería lamentable es que se la linche por no disimular su adhesión a principios básicos del estado de derecho.
Marcelo Pereira
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Abogados de militares indagados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura interpondrán varios recursos de recusación contra la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, por su presunta participación el pasado viernes 20, en la "16ª Marcha del Silencio".
El abogado Edgardo Mikolic, miembro de la Asesoría Jurídica del Centro Militar, aseguró que la recusación de la jueza Mota "es un hecho", en virtud de la "incompatibilidad" de su presencia en la "Marcha del Silencio", con su función como magistrada en dichas causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. "Por una cuestión de garantías, vamos a recusar", dijo Mikolic a LA REPÚBLICA.
En tanto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) libró un pedido de informes a la magistrada para que, en un plazo de 48 horas, aporte su versión sobre la polémica desatada por su presunta participación en la marcha convocada por "Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos".
Los ministros de la Corte pretenden escuchar la posición de la jueza, para determinar los pasos a seguir tras la divulgación pública, por intermedio del semanario "Búsqueda", de su presunta presencia en la marcha. Fuentes de la Corte no descartaron el inicio de una "investigación administrativa", aunque minimizaron la posibilidad de una sanción, en virtud de no tratarse de una actividad "político partidaria". La magistrada ya contestó el pedido de informe. La jueza, quien tiene bajo su órbita la investigación de una veintena de crímenes perpetrados durante la dictadura, dispuso además la condena de Juan María Bordaberry y el procesamiento de tres militares. Personas vinculadas con organizaciones defensoras de DDHH sospechan que dichas acciones mediáticas contra la jueza forman parte de una "persecución".
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 Silveira quiere reunirse con Mariana Zaffaroni en la cárcel de Domingo Arena - Traslado. El ex integrante de la OCOA está dispuesto a pagar los gastos de traslado y el alojamiento para concretar el encuentro
El coronel retirado Jorge Silveira, procesado por violaciones a los derechos humanos, quiere reunirse con Mariana Zaffaroni para expresarle su verdad sobre los hechos ocurridos en 1976, que terminaron con la desaparición y muerte de sus padres.uiere reunirse con Mariana Zaffaroni en la Carcel de Domingo Arena
El ex integrante de OCOA, a través de su familia, está dispuesto a financiar el traslado y la estadía de Zaffaroni en Montevideo, para que se concrete el encuentro en la cárcel de Domingo Arena.
Aunque fue procesado por la desaparición de más de veinte ciudadanos uruguayos, trasladados clandestinamente desde Argentina en el llamado "segundo vuelo", Silveira quiere presentarle a Zaffaroni su versión, en un diálogo privado en el que estaría presente una periodista de LA REPUBLICA.
Mediante una llamada telefónica realizada a la Redacción, Silveira le leyó a la periodista una carta que remitirá por escrito en la que solicita se gestione la entrevista a través de este medio.
La propuesta del ex represor surgió luego de conocer las declaraciones que la nieta de María Esther Gatti de Islas le formuló a Canal 12 en Buenos Aires, en las que narró que está en la búsqueda de un posible hermano, nacido durante el cautiverio de su madre, María Emilia Islas; también quiere saber qué les paso a sus padres, dónde están, y dejó traslucir la posibilidad de hablar con los ex represores.
"Soy de la idea de que si algún día se puede saber, me encantaría saber dónde están, qué les pasó. Creo saber lo que les pasó. Pero no sé si me gustaría saber cómo les pasó lo que les pasó. Pero, por supuesto que me gustaría saber dónde están para, no sé, ir a llevarles una flor. Ir a hablar con ellos, o lo que sea", afirmó.
Encuentro
"A raíz de las declaraciones de la señora Mariana Zaffaroni a Canal 12, quien suscribe, Jorge Silveira Quesada, coronel del Arma de Artillería en retiro, condenado a 25 años de prisión por la muerte, entre otros, de los padres de Mariana Zaffaroni, (le solicita) tenga a bien gestionar una entrevista personal con la mencionada señora y el suscrito", expresa la carta leída por Silveira. Señaló que el encuentro se realizaría "en el establecimiento de reclusión Nº 8, en horario de visita y con la mayor intimidad del caso para no violentar más a la señora Mariana". Silveira subrayó que Zaffaroni "podría concurrir con su esposo y solo la periodista de LA REPUBLICA, para asegurar la reserva necesaria". "Es importante destacar que he declarado ante la Justicia mi inocencia al respecto de la falsedad del señor juez, la fiscal y también de los testigos", agregó. Tras recordar que ha solicitado sin éxito someterse al "suero de la verdad, el polígrafo o cualquier medio para llegar a la verdad, mi verdad", Silveira consideró que se puede plantear la interrogante: "¿Y entonces para qué la entrevista?". Según el militar retirado, a través de la conversación Zaffaroni en el marco de las investigaciones que lleva adelante sobre los hechos del pasado podría excluirlo de la lista de los victimarios. "Me borre de los aberrantes hechos", indicó. En su carta, el militar retirado sostuvo que la "única condición" que plantea es que la familia Silveira "se encargue de pagar el traslado, alojamiento y la estadía" de Zaffaroni. "Esto es una decisión personal y desconozco si una vez que se tome conocimiento llamará a otros actores a seguir mi camino", opinó, para luego formalizar la solicitud de que este medio gestione la entrevista.
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MARIANA
Mariana Zaffaroni es hija de María Emilia Islas de Zaffaroni, detenida en Automotora Orletti, en Buenos Aires, y trasladada al Servicio de Información y Defensa (SID) en Montevideo, donde fue asesinada, según algunos testimonios, después de dar a luz a un segundo hijo.
Mariana Zaffaroni tenía un año y medio cuando sucedieron estos hechos y según el testimonio de Miguel Furci, ex agente de la SIDE, María Emilia Islas de Zaffaroni le entrega a Mariana en la escalerilla del avión, cuando está a punto de ser trasladada en el segundo vuelo a Montevideo, y le pide "que la cuide bien". Desde entonces Furci se apropió de la niña. A mediados de los 80, ya terminadas las dictaduras en Argentina y Uruguay, se descubre la apropiación, y Furci huye a Paraguay con la joven, que no aceptaba entonces la situación.
En 1992 el ex represor es detectado en Paraguay y extraditado a Argentina, y la Justicia procede a restituirle la identidad a Mariana. Tiempo después inicia sus primeros contactos con su abuela materna, María Esther Gatti de Islas.
Poco a poco Mariana comenzó a aceptar su realidad, interesarse por sus padres biológicos y a buscar la verdad. Participó junto a otros jóvenes recuperados en la convocatoria para anular la Ley de Caducidad en el plebiscito de octubre de 2009.
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"PAJARITO"
Jorge Silveira, alias "Pajarito", "Siete Sierras", "Chimichurri", "Oscar 7", integró los grupos represivos de la Organización y Comando de las Operaciones Antisubversivas (OCOA) y se lo ubica en todos los principales centros de tortura: el "Infierno Grande" del Batallón 13 de Infantería, La Tablada, que lo sustituyó a partir de 1977, el Infierno Chico de Punta Gorda, Artillería 1 de La Paloma, en el Servicio de Información y Defensa y realizando viajes constantes a Buenos Aires, donde continuó con su labor, fundamentalmente en Automotores Orletti.
También fue, en 1977, jefe de celdario del campo de concentración femenino de Punta Rieles, oficialmente denominado Establecimiento Militar de Reclusión N° 2 (EMR2).
Desde 1980 Silveira revistó en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Conjuntas (Esmaco). Fue jefe de administrativos en el Palacio Legislativo, donde operaba el Consejo de Estado, farsa de Parlamento montada por la dictadura.
Tras el retorno a la democracia y pese a ser mencionado en múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, Silveira permaneció en servicio activo e incluso logró ascender dentro del Ejército.
Silveira nació el 20 de setiembre de 1945 e ingresó al Ejército en 1965; pasó a retiro como coronel en el año 2000.
En 1968, como cadete realizó estudios en la Escuela de las Américas, donde se formaron todos los torturadores del continente.
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Heber pedirá entrevista a Mujica y Almagro ante revelación de Wikileaks
El senador Luis Alberto Heber (Herrerismo) solicitará una entrevista en el mes de febrero al canciller Luis Almagro y eventualmente al presidente de la República, José Mujica "para pedir el desarchivo" de lo referente al caso de los vinos envenenados que le costó la vida a su madre, Cecilia Fontana. La petición será impulsada por Heber al constatarse nuevos elementos en virtud de las revelaciones de "Wikileaks", por lo cual, la intención del parlamentario es que el propio gobierno oficialmente pida a Estados Unidos que se desclasifiquen los archivos secretos en poder de la CIA sobre este triste suceso que impactó a la sociedad uruguaya en 1978.
Uno de los cables diplomáticos revelados por Wikileaks que se le atribuye a la encargada de Negocios Robin Matthewman, alude al malestar del gobierno de Tabaré Vázquez por la negativa del entonces mandatario estadounidense George W. Bush de proceder a desclasificar los archivos que tienen que ver con la muerte de Cecilia Fontana de Heber. También se menciona la desconfianza de parte del primer gobierno de izquierda como del Partido Nacional, en función de los escasos datos aportados por los que sí fueron desclasificados.
"Yo voy a solicitar una entrevista con el canciller Almagro y eventualmente con el Presidente para pedir el desarchivo del asunto que involucró a mi madre", indicó ayer Heber a LA REPUBLICA. Como se recordará este tema está siendo investigado en el ámbito de la Justicia Penal. En diciembre pasado, Heber había expresado que la nueva documentación "evidencia que existe información no desclasificada por el gobierno estadounidense", que sólo entregó catorce documentos censurados sobre el tema. A su entender, "el caso debería considerarse una cuestión de Estado".
En dicha ocasión, Heber se mostró sorprendido por el contenido del mencionado cable, que confirma que la Central de Inteligencia Americana (CIA) se negó a desclasificar documentos sobre los vinos envenenados.
Sospechosa
En la edición del pasado 25 de octubre, el diario LA REPUBLICA daba cuenta que "sospechan de 'RL', otra ex policía, como autora de las esquelas de los vinos envenenados". Una ex policía de iniciales RL, que revistó en los cuadros de la institución policial durante la dictadura con el grado de sargento 1º, es ahora la principal sospechosa de haber escrito las esquelas que llevaban los vinos envenenados en 1978.
Fuertes indicios sobre la participación de la CIA, expresaba el artículo.
Otro ex integrante de la Policía, un oficial principal de iniciales HF sería quien los habría enviado a los domicilios de los dirigentes nacionalistas Luis Alberto Lacalle, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber.
Fuentes consultadas por LA REPUBLICA aportaron información sobre este hecho que aún sigue siendo indagado por la Justicia. En estos días se supo que una junta de peritos determinó que una policía retirada de iniciales ML no fue la autora de las esquelas entregadas con los vinos envenenados enviados y que causaron la muerte de Cecilia Fontana de Heber, madre del senador Luis Alberto Heber.
LA REPUBLICA lo reportó
El 30 de enero de 2007, LA REPUBLICA reportó que ex agentes de Inteligencia acusaban del crimen a dos policías de iniciales HF y RL y denunciaban una conexión con la Embajada de Estados Unidos coincidente con los nuevos testimonios que no provienen de las mismas fuentes.
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Entrevistas a los testigos claves
“Ramírez sabía quiénes enseñaban a torturar”
(Semanario "Brecha" - 7/01/2011)
Juan Carlos Pérez Quiñones abordó una lancha y fue a la Isla del Sauce a ver al ex soldado Julio Ramírez, el mismo que el 21 de diciembre de 2010 aparecería muerto en las aguas del río Uruguay. En esa visita Ramírez le contó que había integrado un grupo antiterrorista desde el año 69 hasta el 70 y que se retiró porque, según le habría dicho un oficial: “Si usted no sirve para torturar, no sirve para nada”. Pérez Quiñones también fue militar, y en la entrevista con Brecha aporta datos sobre los tormentos en el cuartel de Mercedes durante la dictadura y sobre la sospechosa construcción a fines de los noventa –y bajo guardia militar– de la terminal de ómnibus de la ciudad en un predio que pertenecía a ese batallón.
—Usted fue militar. ¿Cuándo y dónde comenzó su carrera?
—En 1972 entré al Batallón 5º de Infantería, de Mercedes, tenía 26 años.
—¿Cuáles eran sus tareas respecto de los detenidos de la época?
—Les daba de comer, los llevaba al baño. Cuando pasaban a la carpa grande, pedía permiso al jefe de la guardia para asistirlos un poco…
—¿Eso sucedía después de la tortura? ¿Usted supo, estuvo de alguna manera a la hora de la tortura?
—Mire, yo vi que a los detenidos los tenían de plantón varios días, luego había golpes de todo tipo…, y sí, los torturaban… Primero a los tupamaros, luego empezaron a caer los del Partido Comunista Revolucionario de Mercedes, los llamados maoístas…
—¿Y lo dejaban asistir a los detenidos?
—Algunos jefes sí, no todos eran iguales. Los que estaban detenidos eran todos conocidos, muchos de ellos jugaban al fútbol conmigo, eran amigos…
—Todos se conocían, entonces…
—Todos nos conocemos en Mercedes: había revolucionarios, pero también muchos estudiantes, sindicalistas…
—Entonces usted sabe quiénes eran los torturadores…
—Todo el mundo sabe…
—¿Y quiénes eran? ¿Viven en Mercedes?
—Algunos aún viven acá, pero no voy a dar los nombres. La mayoría se fue a vivir a Buenos Aires apenas volvió la democracia.
—No va a decir ningún nombre…
—Mire, el que más torturaba era Sergio Magallanes, el “Pájaro”; era uno del S2. Acá todo el mundo lo sabe. Era un soldado, luego habrá ascendido a cabo…
—¿Y dónde está ese hombre? ¿Vive?
—Se fue a Buenos Aires, sé que es remisero, pero nada más…
—¿Cuántos integraban el S2 (Inteligencia) del Batallón 5º?
—Eran unos diez, y casi todos se jubilaron y cruzaron el río para vivir en Argentina.
—¿Hubo algún detenido muerto en el batallón?
—Que yo sepa no, pero yo estuve sólo 17 meses… Pero hay gente que dice que sí había restos cuando demolieron el batallón para construir la terminal…
—¿La terminal de Mercedes fue construida en el predio del batallón?
—Sí, y cuando estaban haciendo las excavaciones para los cimientos se hundió una máquina retroexcavadora y quedó la bóveda a la luz…
—¿Qué bóveda?
—Había un túnel por el que pasaban los detenidos para ser torturados. Empezaba justo en la esquina del cuartel que da a Colón y Don Bosco (hoy una esquina aún en construcción dentro de la terminal de ómnibus, a la que no se puede acceder). Los hacían bajar unos escalones y luego recorrían el túnel, que cruzaba la calle, y debajo de una de las casas antiguas que aún existen se encontraba el lugar de torturas. Ahí trabajaba el S2: ponían la radio alta arriba y bajo el piso torturaban.
—¿Y quiénes vieron esos restos?
—Lo sé por terceras personas, pero en las que confío. Uno de los que trabajaban allí del que no conozco el nombre –pero sí a un allegado que habló conmigo– vio restos humanos y avisó al capataz de la obra. Fue cuando la máquina se hundió. El capataz mandó parar la obra: “Paren, paren muchachos, que se nos acaba la changa”, dijo, según me contó esta persona. Inmediatamente llegó una guardia militar a vigilar que nadie se acercara. Y se tapó todo.
—¿Y cuándo ocurrió eso?
—A fines de los años noventa. En el 98 o 99…
—Fue en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. ¿Quién era el intendente de Soriano?
—Todavía estaba Gustavo La Paz.
—¿Y esas personas que fueron testigos o protagonistas, viven, pueden hablar?
—Mire, acá en Mercedes no hay voluntad de investigar nada. El capataz trabaja en Nueva Palmira y a los periodistas del Eco de Palmira que lo fueron a buscar los sacó prácticamente a patadas. Los demás tampoco quieren hablar…
—Pero debe haber detenidos políticos que aún viven y pueden dar su testimonio…
—Haber, hay, algunos tienen familiares desaparecidos, pero en general nadie quiere hablar...
—¿Al batallón de Mercedes llevaban detenidos de otras partes del país o de Argentina?
—Llegaban de otras partes. El doctor Martínez Platero fue detenido en Colonia y lo trajeron para acá, y como él otros…* Los que llegaban desde Argentina eran militares, y también venían de Perú, Bolivia, Chile y algunos con acento yanqui, todos los de la Escuela de las Américas de Panamá. Llegaban para ver cómo estaban los detenidos, cómo eran las torturas, y para aprender otras cosas: les construimos una tatucera en el cuartel para que supieran cómo era y para que la detectaran, pero no pudieron…
—¿Pero usted participaba de ese grupo?
—No, yo era albañil, y nunca salí a detener a nadie. Veía que torturaban, veía que entraban a los calabozos a violar a las muchachas detenidas, pero jamás participé de la tortura. Tanto, que pedí la baja y me la dieron, pero me dijeron que me fuera del país…
—¿Cuándo fue eso? ¿A dónde fue?
—A fines del 73 me fui a Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Me detuvieron en el 75 y me quebraron la mandíbula. Luego me fui a San Justo: caí en un lugar donde actuaba la brigada más asesina de la represión en Argentina. Allí fui detenido decenas de veces por no tener el certificado de buena conducta. Hice por lo menos siete veces la cola para que me lo dieran, pero al llegar al mostrador me sacaban la huellas dactilares y después se reían de mí: “Qué te vamos a dar si vos sos un tupamaro chorro”, me decían.
—En ese tiempo desapareció su hermano, Modesto Quiñones.
—El 24 de junio de 1977 desapareció mi hermano, que también era albañil y dirigente del sunca. Lo buscamos durante 30 años, hasta que sus restos fueron encontrados en 2008 por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el cementerio de Villegas, en San Justo.
EL CASO RAMÍREZ
—Su lucha por la búsqueda de desaparecidos continuó incluso después del hallazgo del cuerpo de su hermano.
—Claro, mi compromiso sigue y seguirá.
—Imagino que por eso hace unos meses fue a hablar con Julio Ramírez, el ex soldado del Batallón 13 que apareció muerto en diciembre.
—Sí, todo el mundo hablaba de ese testigo pero nadie lo iba a buscar. Así que conseguí que una lancha me llevara** y fui hasta la Isla del Sauce, que queda a diez minutos de Nueva Palmira.
—¿Y qué pasó?
—Entramos por el Arroyo del Sauce y llegamos a la isla. Amarramos contra la costa, porque no hay muelle, y caminamos unos cincuenta metros. El hombre estaba ahí, solo, en una casillita hecha sobre postes, con pedazos de tablas.
—¿Y qué información le dio?
—Él me dijo que toda la vida había trabajado en los montes de Nueva Palmira y en la pesca, y que al quedarse sin trabajo se fue a Montevideo y se metió de milico…
—¿En qué año?
—Ramírez me dijo que fue militar entre el 69 y el 70, y que había ingresado al Batallón 13.
—Otras informaciones señalan que fue militar durante toda la dictadura, por eso pudo colaborar con croquis de los batallones donde se buscan restos de desaparecidos.
—No, no es así. Él me contó que no estuvo más de dos años: en el Batallón 13 le ordenaron que pasara a la Escuela Naval del Cerro, donde se estaba formando un grupo de tareas antiterroristas.
—¿Qué hizo en ese lugar?
—Ramírez me contó que vio cómo torturaban a las personas, que allí se enseñaba a torturar. Y que cuando le tocó el turno, él no se animó.
—¿Qué pasó con él?
—Me dijo que estuvo un tiempo preparándose para todo tipo de tareas antiterroristas, pero que se negó a torturar. Me dijo que se apersonó a un capitán del Batallón 13 para decirle que él no servía para torturar, y que ese oficial le dijo que si no servía para torturar no servía para nada.
—¿Le dieron la baja?
—Sí, se fue.
—Pero entonces este hombre conocía a todos los que enseñaban a torturar y a los que torturaban en aquellos años…
—Claro que los conocía a todos.
—Le dio algunos nombres.
—No.
—Luis Ramírez ha dicho que su hermano Julio estaba dispuesto a declarar ante la justicia.
—Sí, pero Julio Ramírez apareció asesinado. Bah, algunos dicen que murió porque se cayó del bote, pero no sé cómo explican los tajos que tenía el cuerpo. Acá en el pueblo se sabe que cuando a alguien se le abre el pecho es para que el cuerpo se hunda, pero éste flotó y ahora debe investigarse el homicidio.
—Usted desconfiaba de que Ramírez fuera un testigo clave.
—Sí, porque no estuvo tanto tiempo en las Fuerzas Armadas como para saber sobre enterramientos de cuerpos. Él me hizo un croquis muy rudimentario del Batallón 13 (véase foto), porque mi interés era saber cómo estaba ubicado el frontón y la cancha antes de los cambios de ubicación.
—¿Pero sabía algo importante?
—Sí, ahora me doy cuenta de que lo importante que este hombre podía aportar eran los nombres de todos los torturadores que conoció entre el 69 y el 70. Pero ya es tarde.??
* Respecto de otros detenidos y los modos de tortura, entre otros aspectos, véase La República, 8-I-08.
** Su acompañante fue Rubí Veliz, que en 2007 brindó testimonio ante la justicia sobre traslados clandestinos desde Argentina a las costas de Soriano
Rubí Véliz, ex marinero de prefectura naval, testigo del traslado ilegal de prisioneros desde Argentina en 1978. Treinta años más tarde Véliz recorrió la costa de Nueva Palmira intentando identificar el lugar exacto donde, durante una procedimiento de rutina, se topó con cuatro personas encapuchadas en la ribera del río de la Plata. Nueva Palmira, enero de 2008.
Testimonio. Habla el ex marinero que en febrero de 1978 vio llegar a Uruguay uno de los traslados ilegales "Vi bajar a cuatro encapuchados"
Se llama Rubí Veliz. Su testimonio se manejó bajo reserva en la causa por la que fue procesado el ex dictador Gregorio Alvarez. Junto al subprefecto de Nueva Palmira presenció el desembarco de una lancha en la que traían secuestrados de Argentina.
En las costas del río Uruguay. Cerca del Arroyo de las Víboras, el marinero Rubí Veliz vio llegar en febrero de 1978 una lancha civil con gente encapuchada. En esa zona, el cruce desde Argentina sólo demora diez minutos.
El ex marinero de la Sub prefectura Naval de Nueva Palmira Rubí Baltasar Veliz es uno de los testigos reservados que los denunciantes de los traslados de uruguayos desaparecidos en 1978 presentaron al juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze, en la causa por la que fue procesado el ex dictador Gregorio Alvarez.
Radicado en Nueva Palmira, departamento de Colonia, Veliz (61 años, divorciado, dos hijos, seis nietos), se desempeñó entre 1965 y 1993 en esa Subprefectura y fue testigo del traslado de cuatro personas encapuchadas en febrero de 1978, cuando con el subprefecto Heber Martínez Siboldi salió de recorrida por las orillas del río Uruguay.
La Subprefectura de Nueva Palmira depende de la Prefectura Nacional Naval de Colonia, a cuyo cargo estaba el entonces mayor Alvaro Diez Olazábal, denunciado en el libro "Un marino acusa", del desertor Daniel Rey Piuma, quien lo acusa de haber sido un torturador en la jefatura de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura (Dipre).
--¿Usted fue testigo del traslado de prisioneros en esos años?
--Sí, yo vi cuando llegó uno de los viajes. Corría el año 1978. Era febrero. Nosotros hacíamos un enlace con la gente de la Subprefectura de Carmelo. Ese día, salimos de recorrida y pasamos por los senderos por los que pasamos siempre controlando el contrabando, cuando entre unos sarandíes alcancé a ver una lancha.
--¿Qué tipo de lancha?
--Aquellas, tipo la Cacciola.
--¿Civil o militar?
--Civil, de esas tipo argentinas, de pasaje... y cuando nos fuimos acercando, lo que me quedó grabado siempre fue que llegué a escuchar el llanto de una mujer. De la lancha ya habían bajado a cuatro encapuchados, No sé si eran mujeres o varones. Una mujer había.
--¿El llanto de la mujer se escuchaba adentro de la lancha?
--No. Estaba ahí, era uno de los cuatro que vi. Cuando nos fuimos aproximando más, salió un oficial de dentro del monte y le dijo al prefecto que se retirara que estaban haciendo un procedimiento.
--¿Quién era el prefecto?
--Heber Martínez Siboldi... que le dijo que no, que estaban bajo jurisdicción de él, pero el otro le dijo "haga el informe correspondiente"... lo que no me puedo acordar bien es si le dijo al Esmaco o algo así... Así que nos tuvimos que ir.
--¿Cuánta gente era la que estaba haciendo aquel procedimiento?
--Yo llegué a ver al oficial y a los cuatro que estaban bajando.
--¿No vio a nadie custodiando?
--Debían estar en el monte.
--¿El prefecto Martínez Siboldi qué hizo luego?
--Acató lo que le dijeron, pero no sé qué hizo después. Yo era marinero, no sé si hizo informe, porque eso lo manejaba inteligencia con el jefe... Éramos tres, pero no me recuerdo quién era el chofer de la camioneta en la que íbamos.
--¿Por qué no contó esto que había visto, antes?
--No hubo medios. En algún momento lo conversé con gente pero no se llegó a nada. Y luego, por circunstancias de la vida, pasaron los años y uno se va mentalizando de otra manera, va ganando experiencia y ve las cosas de otra manera. Ahora se dio, me contacté con gente y está. Me dijeron si me animaba a declarar y dije que sí, cómo no.
--¿Alguna vez habló con Martínez Siboldi del tema?
--No. Ellos son pasajeros en las unidades, vienen, pasan y se van y yo seguí allí hasta 1993.
--¿Cómo vivió aquellos años de represión en la dictadura?
--Nada especial, porque por allí no se hacían procedimientos. No se mandó ir a buscar a nadie. Era una simple unidad. Dependíamos de Colonia.
--¿Y quién era el mando en Colonia?
--En esa época era el capitán Alvaro Diez.
Confirma a Gallero
La declaración judicial de Rubí Veliz, confirma lo dicho a LA REPUBLICA por Angel Gallero, secuestrado en enero de 1978 en Montevideo, quien pudo ver como torturaban en el centro clandestino de detención de La Tablada a su compañero Carlos Cabezudo, que había sido secuestrado en Argentina en diciembre de 1977 y está desaparecido.
Cabezudo, Célica Gómez, ambos del Partido Comunista Revolucionario (PCR), y Eduardo Gallo, del Movimiento de Liberación Nacional (Peludos), junto a uno o más secuestrados en Argentina (posiblemente Miguel Angel Ríos Casas y quizás Julio César D'Elía Pallares) fueron trasladados entonces del pozo de Banfield de Buenos Aires.
Por razones de seguridad personal, Veliz decidió ayer hacer público el testimonio que había dado a la Justicia, que contradice lo que declaró el ex subprefecto Heber Martínez Siboldi, al ser interrogado por el juez Charles en la causa por la que también se procesó al capitán de navío Juan Larcebeau y se pidió la captura de Jorge Tróccoli.
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acciones por nuevos hechos:
Indagan asesinato. Julio Ramírez halló horrible muerte en Argentina Crimen del ex soldado: aún no autorizan entierro - Testigo clave. Habría denunciado enterramientos clandestinos.
La doctora Graciela Gatti, una médica forense argentina, de Paranacito, no autorizó el entierro del ex soldado uruguayo Julio Ruperto Ramírez, por el estado de su cuerpo. Por encontrarse de ferias en la vecina República Argentina hasta el 15 de enero, el Poder Judicial demorará unos días la autopsia de Ramírez, que trabajaba en una explotación agropecuaria en la isla del Río Uruguay, El Sauce, frente a Nueva Palmira y fue encontrado con la cara y el pecho destrozados, sin un brazo y con una puñalada en el abdomen, según relataron sus hermanos.
LA REPUBLICA se contactó ayer con Daniel Gómez, el patrón de Ramírez en la isla, quien dijo que éste hacía unas changas en su explotación agropecuaria. Gómez dijo no saber nada sobre su empleado asesinado y que fue informado por uno de sus hermanos sobre su muerte.
A Gómez aún no le han tomado declaración sobre el caso, según dijo a LA REPUBLICA y aseguró que en el correr de la semana entrante viajará a Argentina para ponerse a disposición de la Justicia y poder saber algo más sobre las condiciones del asesinato.Después de haber sido ferozmente asesinado, el cadáver de Ramírez fue tirado al mar. El asesinato se habría producido entre el 12 y el 13 de diciembre pasado y el cuerpo se habría encontrado alrededor del pasado martes 21 de diciembre en aguas del río Uruguay. Sin embargo, la Prefectura argentina, responsable del hallazgo no permitió a los hermanos de Julio Ruperto Ramírez realizar el reconocimiento porque según argumentaron podría "impactarles demasiado".
De todas maneras no quedan dudas de que Julio Ruperto Ramírez fue asesinado y según fuentes muy allegadas, la causa es que aportó datos sobre enterramientos de desaparecidos en Uruguay, vinculados a los establecimientos militares en donde trabajó, en los batallones 13 y 14 del Ejército donde se conoce que hubo torturas contra presos políticos y se presume que pueda haber enterramientos. En los próximos días se reiniciarán excavaciones en el Batallón 14 de Toledo donde se estima se encontraría el llamado "Arlington" (un cementerio de desaparecidos).
Julio Ruperto Ramírez trabajaba legalmente en el establecimiento de Diego Gómez y su causa se halla actualmente en el juzgado argentino de Paranacito, aunque los familiares fueron llevados hasta Gualeguaychú.El ex soldado habría portado datos y hasta un croquis que aún se conserva sobre enterramientos de desaparecidos en la cancha de fútbol del Batallón 13, conocido como "el Infierno" (para los presos) o el "300 Carlos" (según la jerga militar).
Hacía pocos días, Ramírez se habría reunido con dos conocidos, uno de los cuales se ubica actualmente en la ciudad de Mercedes, y fue citado para declarar sobre el caso de desaparecidos recientemente encontrados en el departamento de Soriano. Ramírez también prestó servicios como soldado en el Batallón 14 de Toledo, donde hay pistas sobre la existencia de un cementerio clandestino de desaparecidos, llamado "Arlington" y donde próximamente se reanudarán las excavaciones para encontrar cuerpos de desaparecidos.
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Papeles que persisten
Entregarán a López Mazz croquis realizado por soldado asesinado sobre enterramientos en batallones 13 y 14.
La Prefectura argentina halló el 21 de diciembre en el río Uruguay el cuerpo de Julio Ramírez, un ex soldado uruguayo que actuó en los batallones 13 y 14 durante la dictadura, informó ayer La República. Tres meses antes, Ramírez se había reunido en Nueva Palmira con representantes de organizaciones de derechos humanos y les había entregado croquis de ambos batallones que permanecen en poder de los activistas, indicaron a la diaria fuentes de las organizaciones.
El 1º de febrero el equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República, encabezado por José López Mazz, retomará las excavaciones en el batallón 14 de Toledo. Mazz había declarado ante el juez penal de 2º Turno, Pedro Salazar, que hay indicios de la existencia de un cementerio clandestino -al que los militares denominaban "Arlington"- en ese predio militar, donde podrían estar los restos de María Claudia García de Gelman. También habría indicios de remoción de tierra en el marco de la denominada Operación Zanahoria. Salazar ordenó que se retomaran las excavaciones allí, y el equipo iniciará su trabajo en febrero en base a información proporcionada por militares. "Hay huellas, y la información que tenemos concuerda con esas huellas", explicó López Mazz a la diaria.
Ramírez, quien revistó como soldado en el batallón 14, trabajaba antes de su muerte en un establecimiento agrícola en la isla El Sauce, en el río Uruguay. Tres meses atrás se había reunido con integrantes de organizaciones de derechos humanos en Nueva Palmira -Ramírez era oriundo de Colonia- y les había entregado un croquis del batallón 14 y otro del batallón 13, señalando zonas de presuntos enterramientos clandestinos. Esos croquis están en poder de los activistas, que los entregarán a López Mazz y evalúan enviarlos también a la Justicia. El antropólogo aclaró a la diaria que nunca escuchó hablar de Ramírez y que no conoce la existencia de los croquis.
En base al estado del cuerpo -tenía un brazo mutilado, la cara destrozada y una puñalada en el abdomen- se concluyó que Ramírez murió en tierra, no en el río, entre el 12 y el 13 de diciembre. Su hermanos aún no pudieron ver el cuerpo porque Prefectura argumentó que "podría impactarles demasiado", según publicó La República. Recién podrán hacer la autopsia cuando el juez de la causa se reintegre de su licencia, el 15 de enero. El caso se investiga en el juzgado argentino de Paranacito.
Gente de la zona sospecha que los autores del crimen fueron militares argentinos, alertados por sus pares uruguayos del alcance de los testimonios de Ramírez.
Autoridades del Ministerio de Defensa no quisieron hacer comentarios sobre el caso hasta no disponer de información directa sobre lo sucedido. En forma similar se pronunciaron integrantes de la comisión de Defensa del Senado. "Habría que ver qué fue lo que pasó", se limitó a señalar el frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro. "Son trascendidos de prensa, esperemos las informaciones que provienen de la investigación. Es grave que cualquier persona aparezca asesinada y más si tiene estos antecedentes, pero vamos a esperar", indicó por su parte el colorado Tabaré Viera.
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Asesinato de "Chiquito"
Perrini a la Justicia 
ilustraciones de Guayasamin
Piero Perrini y el abogado Oscar López Goldaracena presentaron en el Juzgado de 7mo. Turno de Montevideo la denuncia penal para conocer cómo y quiénes asesinaron a Aldo Chiquito Perrini en el año 1974. El escrito señala tanto la búsqueda de los responsables como investigar el Cuartel Nº 4 de Infantería de Colonia.
A partir del jueves pasado se comenzó a develar el homicidio de Aldo Chiquito Perrini; en la ciudad de Carmelo existía un manto de impunidad y de rabia contenida ante aquel asesinato atroz perpetrado en el lejano 4 de marzo de 1974, cuando en el Cuartel de Colonia Chiquito dejó de vivir bajo los tormentos de los militares.
Mucha agua ha pasado bajo el puente. En aquellos días en que los militares secuestraron de su domicilio a Aldo Perrini en la ciudad de Carmelo hubo arrases y detenciones como en pocas ciudades del interior.
Aquí los soplones locales hicieron muy bien el trabajo, y personas como Chiquito que sólo era “adherente al Frente Amplio, sin militancia activa”, como dice la denuncia, terminaron en los cuarteles, sometidos a torturas y también encontraron la muerte
.En la esencia misma de EL ECO está la búsqueda de los desaparecidos, saber la verdad de todos los casos y que los responsables paguen por sus delitos. Desde antes que se restableció la democracia (marzo de 1985) éste ha sido un camino y un horizonte; el Caso Chiquito Perrini era un misterio a develar, estaba ahí, con más o menos detalles pero faltaba la denuncia oficial.
Años atrás EL ECO tuvo encuentros con la familia, intensos, pero respetó el deseo de mantener el silencio y dejar que la historia continuara, con un velo que impedía la luz, sabiendo que el momento llegaría y el momento llegó.
De la mano de Nino Piero Perrini Santamaría, Pepe para todos, que comenzó a desandar un camino doloroso, de testigos y documentos, de tener que enfrentar y ver con ojos de hijo y ojos de querellante, la violencia y el sadismo militar de la dictadura.
Supo de golpes al “heladero”, de ensañarse con su padre, de que la muerte de su papá detuvo en parte el sadismo, de médicos que certificaron “muerte por edema pulmonar”, de la ironía y conoció más que nunca el sufrimiento de su propia familia.
Con Pepe Perrini 
Pepe Perrini, el hijo menor de Chiquito, hace muchos meses que comenzó en la búsqueda de la verdad sobre la muerte de su padre. EL ECO sabía que este jueves 11 de noviembre, histórico para la democracia y para la justicia en nuestro departamento de Colonia, junto al doctor Oscar López Goldaracena, Perrini presentaba la denuncia para saber “lo qué paso, cómo mataron a mi padre, y por eso comencé a andar”.
Y lo primero que hizo fue hablar con su mamá, y ella le dijo lo siguiente: “Si vos querés hacelo Pepe, estás en todo tu derecho de saber cómo murió tu papá”. Y aquí, en todas las charlas que EL ECO mantuvo con Pepe en este proceso, se llenaban los ojos de lágrimas porque sentía en lo más profundo la valentía y el sufrimiento de su mamá. “Yo quiero saber, quiero saber, pero también tengo que cuidarla, por eso hicimos todo despacio”, dijo Perrini a EL ECO en la tarde del miércoles.
Pepe Perrini recuerda que él supo de la verdad de cómo había fallecido su papá cuando tenía 11 años. Con ese dolor atravesó su adolescencia y su juventud. Hasta que llegó el momento de enfrentar y conocer la verdad. Y aquí fue muy enfático: “Esto es un hijo que está buscando justicia, que no haya más impunidad, y queremos que se conozca la historia”.
También Perrini indicó a EL ECO que ha tenido todo el apoyo de todas las personas que ha convocado y conversado sobre el esclarecimiento de la muerte de Chiquito. “Te diría que el cien por cien, todos me han dado su apoyo, me han dicho ‘estamos con vos Pepe’”. Y preguntado por qué recibió esta solidaridad, señaló porque “muchos pasaron lo mismo que mi padre, pero ellos por suerte pudieron contarla, y también porque quiero que paguen los que mataron a mi padre”.
Con López Goldaracena 
Ahora ya la denuncia fue presentada, sólo resta esperar los pasos y plazos que demandará el expediente. Por ello EL ECO dialogó con el doctor Oscar López Goldaracena, el abogado querellante y quien tiene una vasta trayectoria en estas denuncias y juicios de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
“El caso fue presentado al Juzgado Penal de 7mo. Turno, de Montevideo a cargo de la doctora Mariana Mota y de la fiscal Ana María Telechea, en virtud de su conexión con los crímenes cometidos en el año 1974 en la época del dictador (Juan María) Bordaberry”, señaló el abogado.
También agregó que “ya se le tomó declaración al denunciante, Piero Perrini. Estuvo declarando por más de dos horas y media”.El abogado indicó que ya hay audiencias fijadas, con fechas incluso, para los testigos, en los meses de noviembre y diciembre. “El fundamento de la denuncia se basa en la tortura y en el homicidio político, como crimen de lesa humanidad, y por lo tanto indescriptible”.
Y que no se aplica la ley de caducidad porque este caso fue excluído por considerarse la ley inconstitucional, especialmente para el caso Perrini.Por lo tanto el Poder Ejecutivo no tiene incidencia, “pero lo que sí puede hacer es colaborar con la Justicia y brindar, como lo ha hecho hasta ahora, toda la información que obre en sus registros, como por ejemplo los legajos de todos los militares que estuvieron en el batallón de Colonia en febrero y marzo de 1974. Lo mismo que los médicos militares que participaron”.Y al final dijo que “este caso va a ser rápido y una vez que se diligencie la prueba pedida, a los diferentes organismos del Estado, ya se estaría en condiciones de indagar a militares que estaban en el Cuartel de Colonia en 1974”.
Caso Chiquito Perrini. El escrito 
“Vengo a presentar denuncia”EL ECO expone textualmente lo que Pepe Perrini, junto al doctor Oscar López Goldaracena, presentaron ante la Justicia. Son los primeros capítulos de la denuncia presentada ante la sede judicial. Dice así:“Nino Piero PERRINI SANTAMARÍA, C.I. 3.575.837-3, domiciliado en Sarandí 513, Carmelo, Colonia, tel 45425909, constituyendo domicilio en MISIONES 1321 Of. 002 a la Sra. Juez DIGO:
Que vengo a formular denuncia contra los involucrados que a cualquier título, tengan responsabilidad por acción u omisión, ya sea en calidad de autores mediatos o de coautores, en el CRIMEN DE LESA HUMANIDAD del HOMICIDIO POLÍTICO bajo TORTURAS de mi padre ALDO PERRINI GUALA, todo en mérito a las consideraciones y fundamentos que se expondrán.
A.- Sobre la competencia de la Sede y Fiscalía
Que se tendrá presente que esta denuncia se presenta ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7º Turno correspondiendo la Fiscalía Letrada en lo Penal de 5º Turno, en virtud de su conexión con los hechos que se investigan en la causa antecedente ante dicho Juzgado Exp. IUE 2-21986/2006 y especialmente porque en dicha causa recayó sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 1525 del 29 de octubre de 2010 por la cual se declara inconstitucional la ley de caducidad relacionada con la muerte de la víctima que se denuncia en el presente, ALDO PERRINI GUALA.
I.- MUERTE POR TORTURAS DE ALDO PERRINI
1.- Aldo Perrini Guala, C.I. 22.377 (Colonia), Credencial Cívica NHB 11.484, nació en Carmelo y al momento en que ocurrieron los hechos que se narrarán y su homicidio, en 1974, tenía 34 años de edad. Se adjunta foto numerada A
Por entonces vivía en Carmelo, calle Sarandí 513, trabajaba como comerciante en el ramo de venta de helados (Heladería Perrini, ubicada en el centro de Carmelo) y era el sostén de una familia con tres hijos menores. Estaba casado con Amada Susana Santamaría Galeano desde hacía 9 años (contrajeron matrimonio el 25 de mayo de 1965) y tenía tres hijos Aldo, Dino y Piero (el denunciante), de 5, 6 y 1 año de edad, respectivamente (adjunto testimonios de partida de nacimiento de la víctima, copia de cédula de identidad, copia de credencial cívica, copia de libreta de matrimonio y testimonios de partidas de nacimiento de sus hijos, todo numerado numerados 1 a 5).
En su actividad política destaca haber sido frenteamplista, sin militancia política activa.
2.- Luego del golpe de estado, en el año 1974, en la ciudad de Carmelo, hubo una especial represalia de la dictadura contra opositores a la misma, especialmente contra jóvenes de ideología política de izquierda que se les sabía identificados con el Frente Amplio.
Tenga especialmente presente la Sede y la Fiscalía que tanto el Frente Amplio como los sectores que lo integraban (que luego fueron ilegalizados por la dictadura) habían participado en las elecciones nacionales y departamentales de 1971 y, tratándose Carmelo de una ciudad "chica" donde "todos se conocían", luego del golpe de estado sus simpatizantes quedaron "expuestos" a la persecución política.
3.- Aldo "Chiquito" Perrini fue detenido de su domicilio en Carmelo, donde ingresó personal militar y lo retiró esposado, el 26 de febrero de 1974. Fue trasladado con otras personas detenidas al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, con frente a la avenida Baltasar Brum.
Entre las personas que también fueron detenidas junto con Perrini o en igual contexto represivo, pueden identificarse a Jorge Raúl Ferrari Silva, José Antonio Valente, Román Chipolini, Carlos Pereira Bozzino, Margarita Castillos Luzardo, Ruth Castillos Luzardo, Daniel Gastón Conde, Abraham Alfredo Bermúdez Buela, Graciela Castillo Sallé, Roberto Melo Rodríguez y Ana Telma Delpratti (entre otros que se aportarán llegado el caso), todos los cuales serán llamados a declarar como testigos.
4.- Todos los detenidos fueron encapuchados, esposados y brutalmente torturados mediante la práctica sistemática de la época: picana eléctrica, submarino mojado en tacho; potro o caballete; plantones y amenaza sicológica permanente cuando sentían los gritos y el pedido de clemencia de las compañeras para que no fueran llevadas nuevamente a salas de tortura o de que no fueran violadas.
Narran los sobrevivientes que los torturadores se ensañaron particularmente con ALDO "Chiquito" PERRINI, hasta que cayó muerto por la tortura.
Especialmente señalan –y lo corroborarán a la Sede – que los torturadores se habrían ensañado particularmente con dos personas: Aldo Perrini (el Chiquito) y Pacheco Oroná. El mencionado Pacheco Oroná era un contrabandista de botellas de ginebra y los militares lo habrían confundido con otra persona del mismo apellido que, en su versión, habría ayudado a escapar a la Argentina a perseguidos políticos, desde Carmelo, por el río.
5.- Si bien todos los detenidos estaban encapuchados y esposados, pueden reconocer que Aldo Perrini estaba siendo torturado porque sentían sus gritos. Perrini era dueño de la heladería más popular de Carmelo y entonces, para identificarse, gritaba "¡Helados, helados!". Los testigos narran que estaba totalmente quebrado, golpeado y seguían torturándolo. Asimismo señalan que "un día no lo escucharon más".
Algunos sobrevivientes lo ubican tirado en el suelo a raíz de los golpes recibidos en la tortura, quejándose de un dolor agudo en la zona ventral y gritando sobre "la venta de helados", para que de esa manera los compañeros lo identificaran.
6.- Cuando se produjo la muerte de Perrini por torturas, el Cuartel del Ejército de Colonia del Sacramento estaba a cargo en su mando, del Comandante Boscan Hontou.
Según trascendidos de la época, se comentó que a Perrini lo habrían matado de noche y que en dicho momento la unidad militar estaba a cargo del coronel Boscan Hontou quien, cuando se produjo el hecho, estaba en un domicilio particular, compartiendo un asado con un grupo de civiles. Lo habría ido a buscar un soldado que pidió hablar con Hontou, con quien se reunió en un aparte.
Al cabo de unos minutos el Coronel Hontou habría regresado al Salón y dicho: "Voy a tener que retirarme, se armó problema allá (en el cuartel)". Se comenta que habrían llevado el cuerpo de PERRINI a Montevideo, al Hospital Militar, pero luego lo tuvieron que regresar a Carmelo porque en Montevideo no quisieron hacerse cargo. (Ver ejemplar del Diario La República, domingo 16 de julio de 2000,
7.- En su afán por ocultar la causa del fallecimiento, el médico militar Dr. Solano habría firmado un certificado por el cual PERRINI habría ingresado herido al Batallón y que habría sido derivado al Hospital Militar de Montevideo, a fin de presentar su muerte como acaecida en la sala de operaciones. En el Hospital se habrían negado a darle entrada al cadáver y el médico habría renunciado en "Muertes en Prisiones Uruguayas", Serpaj, noviembre de 1984. en http://www.scribd.com/doc/28615170/Muertes-en-las-prisiones-uruguayas.
Los represores pretendieron justificar su muerte diciendo que "por culpa del cigarrillo", Perrini había sufrido una afección cardiaca, pero sucede que Aldo Perrini nunca fumó. El 4 de marzo de 1974, los militares devolvieron el cadáver a su familia. El velatorio y su sepelio fueron multitudinarios (el cajón, cuando se cerró, estaba lleno de tarjetas de condolencias), en señal de lo querido que era Perrini, en repudio a su homicidio y a la dictadura militar. Tanto el velorio como el sepelio transcurrieron bajo fuerte vigilancia militar en actitud intimidatoria. El hecho fue una verdadera conmoción para la ciudad de Carmelo.
8.- La partida de defunción de la víctima que se adjunta numerada B da cuenta que el fallecimiento habría ocurrido 4 de marzo de 1974 en el Hospital Militar (8 de octubre 3020) como consecuencia de “edema agudo de pulmón” basándose en un certificado del Dr. José Cambón.
Estando a la información recabada de testigos su muerte habría ocurrido en el Batallón y no el Hospital Militar. El hecho de que se haya estampado como causa “edema agudo de pulmón” estaría indicando que podría haber sido asesinado con la práctica del “submarino”. Será parte de la indagatoria
Es de destacar el involucramiento de médicos militares en la tortura (Comisión de Ética Médica del Colegio de Abogados del Uruguay y del Sindicato Médico del Uruguay), siendo común la práctica de médicos militares supervisando la tortura. Hay testigos que señalan que, en el caso del cuartel de Colonia, existieron dos médicos militares de Colonia supervisando la tortura y un testigo afirma que “cuando estaba en enfermería porque por la tortura le habían fracturado tres costillas, dicen que lo fajaron y que luego el médico –a quien puede identificar- dijo "ya pueden seguir".
9.- El caso de homicidio político de ALDO PERRINI fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (caso 2524).
La respuesta oficial del gobierno uruguayo de la época a los requerimientos del organismo internacional admite que se practicó autopsia y que la causa de la muerte sería "Edema agudo de pulmón y Stress."
10 La muerte de ALDO PERRINI GUALA fue un homicidio político por torturas que, como se verá, califica de crimen de lesa humanidad y deberá ser indagada y determinadas las responsabilidades penales de sus autores, coautores y cómplices”.
Mujica: El caso Perrini: “es de la Justicia” 
“Le corresponde a la Justicia” proceder en el caso del asesinato de Aldo Chiquito Perrini, ocurrido durante la dictadura en una sesión de tortura, en el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia del Sacramento. Así lo dijo el presidente José Mujica a EL ECO el jueves pasado cuando estuvo en el departamento de Soriano, en la inauguración de una planta industrial cercana a Nueva Palmira.
Al citarle EL ECO que el caso Perrini fue presentado esta semana por el abogado Oscar López Goldaracena a la Justicia, el presidente de la República, José Mujica, reafirmó: “con más razón le corresponde a la Justicia”.
Y agregó: “En el mundo hubo revolución hace mucho tiempo que dejó a los tres poderes separados y yo no quiero que quede la impresión que me entrometo en algo que le corresponde a la Justicia”.
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Los crimenes del garaje ORLETTI
Juicio de Orletti
Comienza este juicio donde están vinculados varios casos de uruguayos desaparecidos. Hay 6 detenidos en la causa y 8 en Montevideo
Causa argentina. Hay ocho represores uruguayos condenados, implicados con este centro clandestinoComienza juicio por Orletti con varios uruguayos denunciantes
La Justicia argentina iniciará el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", uno de los más emblemáticos centros de detención de la dictadura argentina. Varios uruguayos declararán como testigos.El Tribunal Oral Federal Nº1 de la Capital Federal comenzará hoy el proceso oral contra seis agentes de la dictadura argentina, por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por los servicios represivos de la época, en el centro clandestino de detención, "Automotores Orletti".

La causa es un desprendimiento de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.Los ex agente Néstor Guillamondegui, Rubén Visuara, Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo, deberán responder por los crímenes perpetrados en dicho centro, entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976, según informó el pasado domingo Página/12.
El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral el caso de "Automotores Orletti", tras el procesamiento de los seis represores por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos, en perjuicio de más de 60 personas, en su mayoría uruguayos, brasileros, chilenos y cubanos.Además, el juez Rafecas acusó a los detenidos por el homicidio de seis personas, entre ellas Marcelo Gelman, hijo del poeta argentino Juan Gelman, y esposo de la hoy desaparecida María Claudia García."Automotores Orletti", un centro clandestino de detención emplazado en medio del barrio de Floresta, fue utilizado por los servicios represivos uruguayos para la persecución de los exiliados políticos en la República Argentina, durante la concertación represiva denominada "Plan Cóndor".

Por el accionar represivo en dicho centro, fueron condenados en Uruguay ocho militares y policías uruguayos.El centro estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cargo entonces del también fallecido Otto Paladino.Unos 200 detenidos, entre uruguayos, argentinos, brasileros, chilenos y cubanos pasaron por las entrañas de "Automotores Orletti", entre ellos, la veintena de militantes del PVP trasladados en forma clandestina hacia Uruguay entre el 24 de julio y el 5 de octubre de 1976, el cual se conociera como "segundo vuelo".

El centro de detención fue el último lugar de detención antes de su traslado clandestino al Uruguay de Adalberto Soba Fernández, Alberto Mechoso, Juan Pablo Recagno, María Emilia Islas, Jorge Zaffaroni, Victoria Grisonas, Roger Julien, León Duarte y Gerardo Gatti.Además, en dicho centro estuvo detenida María Claudia García y los niños recuperados Anatole y Victoria Julien, así como los sobrevivientes Sergio López Burgos y Sara Méndez, dos de los testigos uruguayos que brindarán su testimonio en la causa.Uno de los represores argentinos imputados, Eduardo Ruffo, sería uno de los autores de la sustracción del niño Simón Riquelo, de sólo 20 días de vida, de los brazos de su madre Sara Méndez.
El niño fue entregado a un matrimonio de policías bonaerenses y permaneció desaparecido hasta marzo de 2002 cuando una investigación del hoy senador Rafael Michelini y del periodista Roger Rodríguez permitió encontrarlo.
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Procesaron al raptor de Mariana Zaffaroni; fiscal comparó a Automotores Orletti con los "campos de concentración nazis
"Cultura de la crueldad". Empezó ayer el juicio oral y público sobre Orletti. Fiscal argumentó: "Era un enclave del terror, que no lo conducía una horda desbocada, sino algo calculado y planificado que convertía a todos a condenados a muerte donde reinaba la cultura de la crueldad, la corrupción degradante del poder sin límites".
Comenzó juicio en Buenos AiresFiscal calificó a Orletti
como un "enclave del terror"
El Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF1) inició ayer el proceso oral contra seis agentes de la Dictadura argentina, por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por los servicios represivos de la época, en el centro clandestino de detención, "Automotores Orletti".
El proceso comenzó con la lectura del requerimiento del fiscal Federal, Federico Delgado, de elevar el caso a juicio oral. El representante de la Fiscalía catalogó al centro clandestino de detención como un "enclave del terror que no lo conducía una horda desbocada, sino algo calculado y planificado que convertía a todos (los prisioneros) en condenados a muerte, donde reinaba la cultura de la crueldad, la corrupción degradante de poder sin límites", según informó ayer, en su portal de internet, Página/12.
En este sentido, el pedido de la Fiscalía coincide con lo manifestado por el juez Federal Daniel Rafecas, encargado de instruir la causa en primera instancia. La instrucción del magistrado culminó con el procesamiento de los represores Néstor Guillamondegui, Rubén Visuara, Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo, quien sería uno de los autores de la sustracción del niño Simón Riquelo, de sólo 20 días de vida, de los brazos de su madre Sara Méndez.
El juez Rafecas dispuso la elevación de la causa a juicio oral tras disponer el procesamiento de los seis represores por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos, en perjuicio de más de 60 personas, en su mayoría uruguayos, brasileros, chilenos y cubanos.
Asimismo, el magistrado tipificó a los represores seis delitos de homicidio, entre ellos el de Marcelo Gelman, hijo del poeta argentino Juan Gelman, y esposo de la hoy desaparecida Maria Claudia García. Incluso, Rafecas comparó "Automotores Orletti" con los "campos de concentración del nazismo".El TOF1 instruirá el caso todos los jueves y viernes, agregándose un miércoles cada dos semanas, hasta la culminación de la extensa lista de testigos propuestos por las partes para prestar declaración durante el proceso.
Las misma incluye a varios ciudadanos uruguayos, entre ellos, los ex presos políticos Sergio López Burgos y Sara Méndez, y Macarena Gelman, quien ayer presenció el inició del proceso oral en los propios Tribunales. Aún no hay fecha prevista para el inicio de la comparecencia de testigos.
En este sentido, Macarena Gelman manifestó a Página/12 su "gran ansiedad" y "angustia" al solo imaginar el momento de prestar declaración en la causa, además de su conformidad con la labor desarrollada por el juez Rafecas. La joven aseguró que el juicio oral será "un buen cierre". "Orletti fue el comienzo de esta historia", afirmó."Automotores Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cargo entonces del también fallecido Otto Paladino, siendo uno de los centros de operaciones de los servicios represivos uruguayos para la persecusión de los exiliados políticos en la República Argentina, durante la concertación represiva denominada "Plan Cóndor".
Unos 200 detenidos, entre uruguayos, argentinos, brasileros, chilenos y cubanos pasaron por las entrañas de "Automotores Orletti", entre ellos, la veintena de militantes del PVP trasladados en forma clandestina hacia Uruguay entre el 24 de julio y el 5 de octubre de 1976, el cual se conociera como "Segundo Vuelo".
La Justicia uruguaya dispuso la condena de ocho militares y policías uruguayos por el traslado clandestino hacia Uruguay y posterior desaparición de una veintena de militantes detenidos en dicho centro.
El juez Penal de 19º Turno, Luis Charles, condenó a penas de 20 y 25 años de penitenciaría a los represores uruguayos, entre ellos, el teniente coronel (r) José Nino Gavazzo.
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