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ACCIÓN CIUDADANA DE DENUNCIA MASIVA DE DELITOS
DE LESA HUMANIDAD
Propuesta
Convocamos a realizar una acción de denuncia de delitos cometidos en el marco del Terrorismo de Estado. Nos proponemos que cada ciudadano realice la denuncia de un delito que no haya sido previamente denunciado, y que no integre la lista de denuncias que distintas personas y colectivos realizarán antes del primero de noviembre.
Partimos de la idea de que cada ciudadano tiene el derecho de denunciar ante los representantes de la ley un acto delictivo del que tenga o haya tenido conocimiento, convicción suficiente de su veracidad y un mínimo de elementos que apoyen su convicción.
Nos proponemos articular una denuncia masiva de delitos de lesa humanidad:
- Robo de niños y niñas
- Desapariciones forzadas
- Asesinatos políticos
- Secuestros
- Torturas
- Violaciones
En nuestro país la enorme suma de personas que como víctimas o como familiares directos han sufrido estos crímenes en el marco del Terrorismo de Estado no se condice con el escaso número de denuncias efectuadas a la fecha. Las dificultades que la impunidad nos plantea ha implicado entre tantos perjuicios el desestímulo al derecho de presentar querella.
Nuestros objetivos son:
· Visibilizar el nivel masivo de delitos cometidos por el Terrorismo de Estado en nuestro país.
· Promover que las víctimas de estos delitos, o sus familiares y compañeros, en el caso de que a estas personas no le sea posible, denuncien los crímenes padecidos antes del 1º de noviembre.
· Exponer las profundas contradicciones que tienen el Ministerio del Interior y el Poder Judicial generando un acontecimiento político importante con las denuncias, al que deban dar respuesta.
· Si la acción fuera exitosa esperamos que se continúen sucediendo denuncias en los días posteriores y en todo el país.
Algunos fundamentos y amparos legales:
· Declaración de Inconstitucionalidad de la SCJ de la ley de Caducidad en el caso Nibia Sabalzagaray.
· Sentencia CIDH, donde se expresa claramente que no pueden haber obstáculos que impidan la búsqueda de justicia para estos delitos.
· Ley de Procedimiento Policial, donde se explicita que cualquier persona en cualquier sitio del país teniendo conocimiento de delito puede denunciar.
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Instrumentación de las denuncias:
Proponemos que las personas concurran a realizar la denuncia a una comisaría cercana, teniendo la misma escrita y firmada y su cédula de identidad o pasaporte vigente.
El día de la convocatoria general será el sábado 15 de octubre, pudiendo sucederse en los días posteriores.
Recomendamos realizar la denuncia en grupos de 5 personas (a coordinar), cada persona con su propia denuncia.
El caso de cada víctima puede tener distintas modalidades:
- Denuncia directa, por parte de quién ha sido víctima de un delito de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado.
- Denuncia indirecta por parte de un familiar que conoce y documenta el caso ante la imposibilidad física, fallecimiento o por estar fuera del país la víctima.
- Denuncia indirecta por parte de un ciudadano que sin tener un caso de involucramiento directo, manifieste su interés en representar como denunciante el caso documentado de una víctima del terrorismo de Estado (se viene realizando un estudio y selección de casos documentados y no judicializados para este fin).
Importante
1. TODOS los casos NO deben haber sido denunciados previamente. Hacemos uso del derecho de denuncia, como haría o debiera hacer un ciudadano cualquiera que padezca o conozca la existencia de un delito.
2. ESTAMOS teniendo contacto con tres reconocidos abogados de DDHH que nos asesoran sobre las formas y la oportunidad de realizar esta acción.
3. PARTIMOS de que es posible y además es un derecho, que cualquier ciudadano con conocimiento de la existencia de un delito puede ir a hacer una denuncia. El policía tiene la obligación de tomar la denuncia realizada en cualquier comisaría de cualquier lugar del país (incluso si es anónimo, ley de procedimiento policial).
4. LA SENTENCIA de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS dice claramente que no pueden haber leyes que obstaculicen la búsqueda de justicia de los delitos cometidos por el Terrorismo de Estado. Nos amparamos en esta sentencia para sostener la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y aspiramos a confrontar y exigir a las instituciones que tienen que cumplir con el fallo.
5. PREVIO A LA DENUNCIA MASIVA realizaremos un taller informativo para despejar dudas con todos y todas aquellas ciudadanas y ciudadanos dispuestos a participar. En dicha jornada nos acompañaran los abogados que nos asesoran para dar respuesta a situaciones puntuales y a otras dudas que puedan surgir.
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LEY Nº 18. 315 DE PROCEDIMIENTO POLICIAL
CAPÍTULO V – PROCEDIMIENTOS DE AVERIGUACIÓN DE DELITOS SECCIÓN I - DENUNCIA
Artículo 93. (Concepto de denuncia).- A los efectos de la presente ley, se entenderá por denuncia la mera toma de conocimiento por parte de la autoridad policial, a través de cualquier medio, de un hecho que determine su intervención, sin perjuicio de la actuación de oficio que procede en caso de in fraganti delito o toda vez que lo requieran las circunstancias del caso.
En caso de denuncia anónima, previo a cualquier tipo de actuación, la policía deberá ponderar razonablemente todos los elementos de juicio a su disposición sobre los hechos denunciados, a los efectos de no causar ningún tipo de perjuicio a las personas indebidamente involucradas en los mismos.
Artículo 94. (Carácter de denunciante).- Cualquier persona puede realizar una
denuncia, incluso si es menor de dieciocho años de edad o no es la persona damnificada.
Artículo 95. (Puesta en conocimiento).- Basta la simple mera puesta en conocimiento del hecho denunciado para que la policía deba actuar.
Artículo 96. (Formalidad administrativa).- La formalidad administrativa de la denuncia puede ser previa, simultánea o posterior a la misma, pero nunca será un
requisito imprescindible para la inmediata actuación policial.
La policía debe actuar en forma inmediata y con la mayor diligencia para impedir o
reprimir cualquier hecho ilícito, y luego proceder a la documentación de la denuncia. La información necesaria e imprescindible para fundamentar la actuación primaria no debe impedir, bajo ninguna circunstancia, la actuación policial.
Artículo 97. (Atención a la persona denunciante).- El personal policial no desestimará ninguna denuncia, aunque el hecho denunciado no pertenezca a su jurisdicción. En todo caso deberá atender correcta y respetuosamente al denunciante, tomando conocimiento del hecho y enterando a su superior, a los efectos que éste disponga el trámite que corresponda.
Artículo 98. (Denuncia escrita).- Si el compareciente presenta denuncia escrita, la
policía debe recibirla con las formalidades del caso y, oportunamente, enterar al Juez competente.
Artículo 99. (No exigencia de denuncia escrita).- El personal policial no puede exigir en ningún caso una denuncia escrita como requisito previo a su actuación. Ante alguna duda al respecto, el personal policial actuante enterará al superior a cargo del servicio, quien, en su caso, podrá enterar y/o consultar al Juez competente.
Artículo 100. (Resolución de situaciones).- De plantearse algún conflicto o
cuestionamiento con o por parte del denunciante, el personal policial actuante enterará de inmediato al superior a cargo del servicio, quien adoptará las decisiones pertinentes, previa comunicación al Juez competente, estándose a lo que éste resuelva en definitiva.
Artículo 101. (Abstención de comentarios).- El personal policial se abstendrá de hacer comentarios sobre aspectos de la denuncia, presuntos autores u otro tipo de información relativa a la misma.
Artículo 102. (Prioridades de actuación).- El personal policial no dispensará ningún tipo de tratamiento discriminatorio ni dará prioridad a los procedimientos sobre la base de la condición social, económica o de cualquier otra índole de la persona denunciante. El personal policial atenderá en forma inmediata los hechos denunciados que, por su gravedad, impliquen tomar medidas urgentes para asistir a la víctima, impedir la continuación de la actividad delictiva, preservar elementos probatorios o perseguir a los presuntos autores del ilícito.
Artículo 103. (Identificación del personal policial actuante).- El personal policial
actuante, a requerimiento de la persona denunciante, debe proceder a identificarse, proporcionando su grado, nombre y apellido y número de funcionario, así como exhibiendo la identificación que lo acredita como tal cuando le sea solicitada.
Artículo 104. (Constancia).- La policía debe extender a toda persona que realiza una denuncia una constancia escrita de la misma.
Artículo 105. (De la reserva de la denuncia).- La policía mantendrá absoluta reserva del desarrollo de la investigación a que diere lugar la denuncia y de la identidad de la persona denunciante, víctimas, testigos, y otras personas presuntamente involucradas en los hechos denunciados.
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EL ACTO EN EL DIA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO.
VIDEO. INSTITUCIONAL DE "HIJOS" DENOMINADO "A CONTRARRELOJ"
Referentes reclaman por verdad y justicia
"A contrarreloj", la organización "Hijos" está grabando un video que será presentado el 30 de agosto y muestra la preocupación por la falta de resolución en los temas de Derechos Humanos.
El sábado por la tarde el paisaje cotidiano de la Plaza Líber Seregni se vio alterado cuando decenas de personas se congregaron para participar de la grabación del video clip de la canción "A contrarreloj", compuesta por Ismael Collazo, pensado por las prescripciones de los delitos perpetrados en dictadura. La organización Hijos, hace una interpretación más genérica de su letra.
El integrante de esta organización, Valentín Enseñat, explicó que este video que será presentado el próximo día 30, en conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, tiene para ellos el sentido de que el tiempo está pasando y todas estas familias siguen sin saber qué pasó, y sin determinar quienes son los responsables. En la pieza aparecerán el ex basquetbolista Horacio "Tato" López, Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar, Pedro Dalton de Buenos Muchachos, "Pinocho" Rutín y "El Alemán", del ámbito del carnaval, y de la televisión el popular Jorge Piñeyrúa, y "Fito" Galli, los jerarcas departamentales, Pablo Anzalone, y hasta la propia intendenta de Montevideo, Ana Olivera.
Todos ellos con un cartel en la mano exhibiendo una palabra de las tantas que aparecieron en todos estos años de reclamo: como "justicia", "impunidad", "dictadura", "desaparecidos", o "dónde están... mi padre o mi abuelo". Esta semana se grabará con el ex futbolista y directivo de Peñarol, Fernando Morena, y por los integrantes del grupo La Vela Puerca. El video se presentará en el acto a desarrollarse el 30 a partir de las 18.30 horas en Plaza Libertad donde se instalará una pantalla gigante.
"El tiempo pasa. Las viejas siguen envejeciendo, nosotros tenemos incertidumbres sobre nuestros padres, como ahora nuestros hijos las tienen de sus abuelos. Las víctimas siguen creciendo", aclaró Enseñat. Precisó que si bien existe un Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "somos conscientes del peligro real de las prescripciones de los delitos el 1º de noviembre, y de la traba a investigar que se pueda suponer por algún juez
marcelo bustamante
Abogados buscan generar convocatoria masiva a declarar
Pretenden condenas por torturas cometidas en cuarteles de la dictadura
El doctor Pablo Chargoñia, vinculado a causas de Derechos Humanos, presentará denuncias por torturas vinculadas a determinados centros de reclusión en vez de asociadas a víctimas en particular. Con este método, “muchas personas podrán declarar”.
Chargoñia dijo ayer a Ultimas Noticias que "a nivel jurídico es lo mismo que presentar casos de víctimas particulares, pero tiene más fuerza en el sentido de que se explicará que se trata de un modelo sistemático de aplicación de una conducta", en referencia a las torturas cometidas en varios centros de reclusión durante la última dictadura militar. Además, con esta modalidad "muchas personas podrán declarar que estuvieron en tal lugar y en tal fecha", es decir, que fueron torturados en un mismo período y en un mismo centro. Para presentar las denuncias, se deberá identificar a los victimarios y a las víctimas de un mismo centro, si bien no es necesario que todas firmen para iniciar el proceso.
Por otra parte, el abogado aclaró que todavía no presentó ante la Justicia el caso de Alejandro Balbi, que fue desarchivado por el presidente José Mujica para permitir su investigación semanas atrás. Para hacerlo, todavía hacen falta "algunos datos sobre las personas que deberían ser indagadas", por lo que se demorará "unos días más".
El abogado aclaró que no se reunió con la comisión del Frente Amplio (FA) que trabaja en los posibles mecanismos para anular la ley de Caducidad y que prefiere mantenerse con la "mayor independencia posible" del sistema político porque considera que en todos los partidos políticos siempre se manejan "otros intereses" y que operan distinto a los familiares de víctimas de la dictadura con los que él trabaja.
Chargoñia participó junto a los abogados Juan Errandonea y Federico Álvarez Petraglia de un debate en la Intendencia de Montevideo sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Macarena Gelman. Durante la exposición, los abogados fueron muy críticos con los tres poderes del Estado por la gestión "insuficiente" en materia de Derechos Humanos.
Ninguno de los tres planteó sus ideas a Mujica. Errandonea, el abogado de la familia Sabalsagaray, consideró por ejemplo que no sabía con qué presidente se iba a encontrar si le iba a hablar, en referencia a declaraciones contradictorias de Mujica sobre el tema Caducidad.
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LA MEMORIA EN URUGUAY NO CADUCA - Organizaciones de derechos humanos insisten en la vías internacional y jurídica tras la negativa parlamentaria a derogar la ley de amnistía en Uruguay“Es una responsabilidad hacia los demás para crear una conciencia colectiva que nos ayude a mejorar el presente”
El silencio no suena siempre igual. La Marcha del Silencio recorrió a finales del pasado mayo las calles de Montevideo envuelta en un mutismo diferente a las quince ediciones anteriores convocadas por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos bajo el lema Verdad, justicia, memoria y nunca más. “Siempre se mantiene el silencio, pero esta vez fue un silencio angustiado y con bronca”, resume Elena Zaffaroni, miembro de la organización humanitaria y víctima de la última dictadura cívico-militar (1973-85) en Uruguay. No en vano, la Cámara de Representantes se opuso el 20 de mayo, justo en la madrugada de la jornada de protesta tras un intenso y extenso debate parlamentario, a la derogación de la Ley 15.848, oficialmente denominada como de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado y también conocida como ley de amnistía o de impunidad por someter las investigaciones del poder judicial a las decisiones del ejecutivo. De este modo, la norma impide en la práctica el juicio de los delitos perpetrados por militares y policías durante el régimen autoritario.
Aunque surgió de sus propias filas, la reciente iniciativa de anulación fracturó al izquierdista Frente Amplio y, de hecho, no prosperó en sede legislativa al empatar la votación a causa de la ausencia intencionada de un diputado del mismo partido gobernante. Tampoco el actual presidente del país y preso durante la dictadura como guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, José Mujica, se mostró a favor de la propuesta, aunque aseguró que acataría una eventual derogación por disciplina partidaria y no ejercería su derecho de veto. Más allá de las meras contradicciones internas, la fuerza progresista evidenció el cisma de la población uruguaya entorno a la Ley de Caducidad, pues el texto se mantuvo en el ordenamiento jurídico después de someterse a dos referendos populares convocados por iniciativa ciudadana en 1989, apenas cuatro años después del retorno a la democracia, y en 2009, en coincidencia con las elecciones presidenciales.
Tras diversas polémicas por su planteamiento, las consultas no superaron el 48% de apoyo ciudadano. “Nos cuesta aceptar que la sociedad uruguaya esté tan dividida, pero hay mucha gente indiferente por el distanciamiento del pasado con respecto a lo cotidiano”, lamenta Zaffaroni, detenida a finales de 1974 en el cuarto mes de embarazo de su primer hijo junto a su esposo y militante del Partido Comunista Revolucionario.
Aunque ella y su hijo recuperaron la libertad más de tres años después, nunca apareció el cuerpo de su pareja, el estudiante de Medicina de 22 años Luis Eduardo González.Según la Comisión de la Paz, impulsada por la Presidencia de la República desde 2000, alrededor de 200 personas desaparecidas y casi 6.000 presos políticos sufrieron la represión durante doce años en 50 centros de detención oficiales y 9 clandestinos en Uruguay, aunque los crímenes también se extendieron a otros países del entorno mediante la coordinación militar ejecutada a lo largo de las décadas de los 70 y 80 por las dictaduras de Chile, Paraguay, Argentina y Brasil bajo la denominación de Operación Cóndor.
A juicio de Elena Zaffaroni, fisioterapeuta retirada de 62 años y madre de dos hijos más con su segundo marido, “la impunidad parecía una secuela del terrorismo de Estado, pero se ha quedado como estructural. Hay miedo y amenazas, además de tradición de clientelismo y caudillismo político”. En definitiva, desde Familiares observan una ausencia de “voluntad clara”, incluso tras dos gabinetes de izquierdas consecutivos, para lograr una “necesaria solución política” al conflicto. “Tratamos de desmarcarnos de la última propuesta, porque tenía muchos puntos débiles, y no alentamos ese camino, pero sí la discusión. Sin embargo, ni siquiera se discutió el tema de fondo en el Parlamento, la necesidad de que no haya impunidad”, lamenta Elena Zaffaroni.
Fallo internacional a favor del poeta Juan Gelman
Por ello, desde las organizaciones de derechos humanitarios depositan “mayores expectativas en otras vías” como la presión internacional y los procesos judiciales, instancias que ya se pronunciaron en contra de la Ley de Amnistía y anticipan su caducidad. Desde su aprobación en 1986, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) insistió en la presentación de diversos recursos de inconstitucionalidad contra el texto sin obtener resultados positivos en la Corte Suprema de Justicia. “Un caso solo se puede presentar una vez y no abarca a los demás, una de tantas perversidades del sistema jurídico, igual que dejar durante casi 30 años que una ley quite independencia y autonomía al poder judicial”, detalla el abogado y presidente de Ielsur, Jorge Pan.
Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró en 1993 la Ley de Caducidad “incompatible” con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Uruguay en 1968 en el denominado Pacto de San José de Costa Rica, y las víctimas iniciaron la reapertura de los casos hasta que, finalmente, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la norma en 2009 para el proceso por el asesinato de joven profesora comunista Nibia Sabalsagaray, una decisión que admitió la incoherencia con el ordenamiento jurídico internacional y repitió después para más de una veintena de casos.
Y más contundente todavía fue el fallo emitido el pasado febrero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay en la denuncia interpuesta por el poeta y premio Cervantes 2007, Juan Gelman, a causa de la desaparición forzada de su nuera y el secuestro con cambio de identidad de su nieta al subrayar que diversos artículos de la Ley de Caducidad “carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos (…), identificación y el castigo de los responsables”.
"Angustia y bronca" durante la XVI Marcha del Silencio. (Andrés Landinelli Oroño)
Tras los avances logrados, la reciente decisión parlamentaria resultó, según Amnistía Internacional, “una oportunidad histórica perdida de hacer justicia”, y supuso, en opinión de Pan, “un nuevo golpe” para las víctimas, “aunque ya se veía venir y se estudiaron vías alternativas para que fuera menos duro”.
De hecho, Ielsur presentó antes de la votación en sede legislativa un recurso de petición ante la Presidencia de la República con el objetivo de que notifique la sentencia del caso Gelman a la Suprema Corte para su “cumplimiento en forma inmediata” mediante la reapertura de “todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos que fueran oportunamente archivadas por las disposiciones de la Ley 15.848” y, de este modo, “evitar una sanción por incumplimiento” al Estado desde las instituciones transnacionales.
A juicio del presidente de Ielsur, “el recurso es una vía más aséptica que da aire, porque debe resolverse ante la Suprema Corte y está fuera del juego y los avatares políticos, que pueden darte un revolcón. Aunque nunca se detuvo y con el tiempo se van logrando pequeños objetivos, todo este camino causa irritación y no queremos dar pasos que comprometan a los familiares, hay que tener mucho cuidado porque tienen una carga emocional muy grande”.
De hecho, Zaffaroni admite que resulta “difícil mantener la esperanza y doloroso volver a vivirlo todo con el propio relato. Llevamos 26 años de un camino lento con pequeños pasos y un proceso tan, tan largo nos va desgastando mucho, porque denunciar el pasado va perdiendo el sentido con la distancia, manosea la temática y quita expectativas o posibilidades concretas”. En cualquier caso, ella, con el apoyo de su segunda familia, y su anterior suegra, María Amalia González, ya presentaron a mediados de junio una petición ante la Suprema Corte para la reapertura urgente de la investigación archivada en la denuncia por la desaparición forzada de Luis Eduardo González González con el argumento del precedente jurídico establecido por el caso Gelman en la CIDH. “En absoluto el centro de la satisfacción está en verlos presos”, sentencia Elena Zaffaroni.
“Más que un fin es un camino, una lucha que atraviesa una sociedad y una responsabilidad hacia los demás. Es crear una conciencia colectiva que nos ayude a mejorar el presente”.
Encuentro latinoamericano en cada aniversario golpista
El 27 de junio de 2011 se cumplen 38 años de la disolución de las Cámaras de Senadores y Representantes por parte del entonces presidente de la República de Uruguay, Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para crear un Consejo de Estado con funciones legislativas y administrativas. Ante la conmemoración, justo una jornada antes, del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, un grupo de organizaciones no gubernamentales se reúnen del 24 al 26 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo para celebrar II Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia con el objetivo de vincular las dos efemérides y, de este modo, denunciar un crimen no tipificado como de lesa humanidad en la mayoría de los países de la región.
La reunión impulsada por Familiares, el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj), las fundaciones Mario Benedetti y Zelmar Michelini o la Asociación de ex presos políticos del Uruguay (Crysol) se produce como resultado del acuerdo alcanzado en la primera edición, desarrollada a finales del pasado marzo en Argentina con motivo del 35 aniversario del inicio de la última dictadura en el país (1976-83), para conmemorar mediante encuentros internacionales los diferentes golpes de Estado sufridos en Latinoamérica y, por ello, ya se trabaja también en una cita similar el 11 de septiembre en Santiago de Chile.
Además de analizar la coordinación represora de la Operación Cóndor, el primer encuentro se saldó con la aprobación del Compromiso de Buenos Aires: “Coincidimos que nuestros países siguen siendo víctimas de la impunidad instaurada para ocultar los crímenes de lesa humanidad que sufrieron nuestros pueblos, y proteger a los violadores de los derechos humanos de aquellas dictaduras”.
Bajo esta premisa, los firmantes de la declaración porteña se comprometieron con la verdad (apertura de archivos secretos sobre el terrorismo de Estado y exclusión de represores y cómplices de la función pública), la justicia (fortalecimiento del presupuesto y aplicación de la jurisprudencia internacional sin presiones), la ética (eliminación de toda norma de impunidad resabio de la doctrina de la seguridad nacional, tipificación de los delitos de lesa humanidad y reparación a las víctimas) y la memoria (respeto a los derechos humanos y ejercicio de los derechos civiles).
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LA OFENSIVA CONTRA LOS JUECES EN CASOS DE DERECHOS HUMANOS
Disparan sobre la jueza Mota
El ataque político, técnico-profesional y personal contra la jueza penal de 7º turno, doctora Mariana Mota, promete llegar a niveles extremos. Como ocurrió con los magistrados Alberto Reyes, Alejandro Recarey y Gustavo Mirabal, desde distintos flancos se busca deteriorar la imagen de la jueza que condenó al dictador Juan María Bordaberry y a varios militares por delitos que no dudó en tipificar como crímenes de lesa humanidad. En tiempos de impunidad, el sistema judicial desnuda su fragilidad cuando gobierno y parlamento no le dan apoyo para su mejor funcionamiento.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Pocos imaginaron que esa mujer delgada, de pelo corto, casi tímida y de voz suave podría llegar a ser temida por los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura. Sus antecedentes en el juzgado penal de 3º turno en la ciudad de la costa adelantaban su coraje para enfrentar a toda una mafia del contrabando que llevó a una serie de procesamientos en la Aduana del Aeropuerto de Carrasco. Pero, cuando la doctora Mariana Mota fue designada en el juzgado penal de 7º turno, muchos impunes suspiraban de alivio, por el traslado a los juzgados especial sobre ilícitos económicos de la jueza Graciela Gatti, quien había abierto la causa y ordenado el procesamiento con prisión del dictador Juan María Bordaberry.
La jueza Mota heredó un juzgado “caliente”, donde la causa Bordaberry no parecía una prioridad. En sus manos había quedado el caso de los hermanos José, Jorge y Juan Peirano Facio y el incidente de espionaje del ex agente del SIDE argentino, Iván Velázquez, un hacker que había perfeccionado un programa a través de Internet con el que se infiltró en documentos y secretos de autoridades, dirigentes políticos y periodistas de ambas márgenes del Río de la Plata. Mota tuvo que otorgarles la libertad a José y Jorge Peirano porque el Parlamento derogó una ley que los mantenía presos, pero a la vez mantuvo encarcelado a Juan Peirano tras su extradición desde Estados Unidos. Velázquez también fue procesado con prisión luego de espiar a la propia policía uruguaya que le pidió “ayuda” en la instalación de un software.
Desde que llegó al juzgado, Mariana Mota estudió detenidamente el voluminoso expediente contra Bordaberry, donde la denuncia original interpuesta por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, habían permitido recabar testimonios y pruebas sobre decenas de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el mandato del dictador que el ministerio público a cargo de la doctora Ana María Telechea fue “acordonando” como causas a profundizar. Mota modificó la carátula de homicidios con que Gatti había encausado a Bordaberry por los casos de desaparecidos y los tipificó como desapariciones forzadas, a la vez que admitió que el presidente que disolvió el parlamento en 1973 había atentado contra la Constitución. Por primera vez un dictador fue condenado como tal.
La jueza Mota y la fiscal Telechea avanzaron sobre los casos “acordonados” y coincidieron en encarcelar a los oficiales aeronáuticos José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, cuyo cuerpo desaparecido había sido ubicado en una chacra de Pando en el informe que la propia Fuerza Aérea entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005. Paralelamente, se planteó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad sobre 19 casos de muertes por tortura durante el ese período de la dictadura y otro similar por el caso del fusilamiento sumario de cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina y cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados cerca de la localidad de Soca, como supuesta represalia ante el homicidio del coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de 1974.
En el juzgado de 7º turno también se resolvió el procesamiento del coronel Carlos Calcagno por la desaparición de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay en 1977 y se reinició la investigación sobre la desaparición en Maldonado del dirigente frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, que el presidente José Mujica excluyó de la Ley de Caducidad. El trabajo de Mota se amplió cuando la Suprema Corte de Justicia –como lo había hecho con la muerte de Nybia Sabalsagaray- consideró inconstitucional la polémica Ley 15.848 en los 19 casos de muerte por tortura y en los fusilamientos de Soca, sobre los que había recurrido la fiscal Telechea. Desde entonces, también pasaron a instruir el caso de desaparición del maestro Julio Castro y recibieron nuevas denuncias por torturas en Bosio Lanza y sobre el caso de Antonio Viana Acosta.

El protagonismo adquirido por la jueza Mota (de bajo perfil mediático y a quien no le gusta salir ni en fotografías) y la fiscal Telechea (que seguía los pasos de la fiscal Mirtha Guianze), no tardó en ser atacado por los sectores y estructuras que defienden a los militares encausados por violaciones a los derechos humanos. Adelantando una estrategia que a principios de este año se hizo expresa con la creación del denominado Foro Libertad y Concordia, desde un par de importantes estudios de abogados se comenzó a diseñar una ofensiva que viene disparando sobre la representante del ministerio público y contra la propia jueza en el debate jurídico y a través de una serie de “chicanas” y recursos administrativos que han logrado enlentecer los procesos para llegar a noviembre próximo, fecha prevista para la prescripción de los delitos.Esa molesta justicia
No es la primera vez que jueces que intentaron avanzar en la investigación de violaciones a los derechos humanos terminan siendo cuestionados. En 1997 el juez Alberto Reyes quiso iniciar las excavaciones en los Batallones 13 y 14 en busca de los desaparecidos y chocó con una resolución del presidente Julio María Sanguinetti quien “estiró” la Ley de Caducidad para impedirlo. En 2003, el juez Gustavo Mirabal impulsó la investigación sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman y en tres oportunidades fue detenido por el fiscal Enrique Moller. Mirabal terminó pidiendo su traslado a un juzgado de lo contencioso administrativo y Moller pasó a comisión en el Parlamento como asesor del diputado blanco Sergio Botana. Aquel año, cuando el juez Alejandro Recarey sustituyó por enfermedad al titular Eduardo Cavalli en la causa sobre desaparición de la maestra Elena Quinteros, intentó acelerar la indagatoria y terminó cuestionado por su condición de magistrado suplente. Pese a su estado de salud, Cavalli reasumió en el juzgado.
La embestida contra jueces y fiscales que procuraban esclarecer las violaciones a los derechos humanos también tuvo como víctima a la fiscal Mirtha Guianze, impedida de ascender al cargo de Fiscal de Corte y atacada por la condición de preso político que tuvo su marido. También la fiscal Ana María Telechea fue cuestionada y denunciada ante sus superiores, en el marco de la estrategia desplegada por los abogados de los criminales de lesa humanidad, que cuentan con el asesoramiento y experiencia de sus colegas argentinos especializados en la defensa de estos casos, quienes les han facilitado el acceso a seminarios internacionales y un lobby regional financiado por poderosos grupos económicos que apoyan a partidos políticos conservadores en contra de los gobiernos progresistas existentes en la región.
Mariana Mota terminó siendo blanco de un ataque del ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre por su sentencia contra el coronel Carlos Calcagno. La jueza se vio obligada a hacer una aclaración pública ante un programa de radio El Espectador donde se le cuestionaba sin fundamentos. Hasta la actual directiva del propio Colegio de Abogados del Uruguay llegó a difundir una crítica declaración que motivó días atrás el pedido de desafiliación gremial por parte de la fiscal Telechea. Ahora, la jueza también pasaría a ser investigada por su eventual participación como ciudadana en una marcha de silencio en la que cien mil uruguayos reclamaron el pasado 20 de mayo por verdad, justicia y la vigencia de los derechos humanos en Uruguay.
La situación termina por revelar la dificultad que fiscales y jueces tienen para realizar su trabajo en las causas de derechos humanos, ante la falta de apoyo de los poderes del Estado que no les facilitan la infraestructura necesaria y donde no hubo voluntad política para crear un par de juzgados especiales en la materia (similares a los de la lucha contra los delitos económicos) como había propuesto el senador Oscar López Goldaracena durante la discusión del presupuesto quinquenal. Similar indefensión sufren los propios testigos y víctimas de las causas por violaciones a los derechos humanos, quienes tienen que compartir sala de espera con los posibles indagados (en ocasiones sus propios torturadores) o declarar en pequeños despachos donde la víctima y el victimario prácticamente se tocan, como le ocurrió a Sara Méndez en un careo con el policía Ricardo Conejo Medina.
El grupo de abogados que defiende a los criminales de lesa humanidad, aparece hoy encabezado por el ex fiscal de Corte, Miguel Langón, que utiliza como sede el Estudio del abogado Carlos Curbelo Tammaro, ubicado junto al edificio de los juzgados de la calle Misiones. Langón, quien asesora directamente al Foro Libertad y Concordia y a varios de los militares retirados que están presos en la cárcel de Domingo Arena, maneja los contactos con los abogados argentinos que defienden a los golpistas del vecino país. En forma paralela se mueve el estudio Bordaberry-Viana, donde el abogado Gastón Chaves Sosa se ocupa de la defensa del dictador Bordaberry junto al doctor Gustavo Bordes. En varias causas ambos grupos de abogados han manejado estrategias en común, como en el caso Luzardo, donde el abogado Pedro Montano (que junto a Curbelo Tammaro fue codefensor de Gregorio Alvarez) recusó al juez Juan Carlos Fernandez Lecchini
Entre las maniobras impulsadas por los defensores se encuentra la de impedir que los testigos sean acompañados por un abogado (como establece la ley 18.026), mientras que los acusados se presentan con un ejército de profesionales que llegan a destratar a las víctimas e interponen sucesivos recursos para dilatar el proceso (aunque saben que serán desestimados), como ha ocurrido en la causa Gelós Bonilla. También ha existido una directa intimidación sobre personal subalterno que podía proporcionar información, a quienes abogados impuestos por los clubes militares les advirtieron que habían llegado como testigos pero podían terminar siendo imputados si hablaban. En la causa Sabalsagaray, la citación a los testigos militares se hizo desde el propio Ministerio de Defensa, con un papel grapado donde aparecía el teléfono de un coronel del despacho del Comandante del Ejército, con quien debían comunicarse antes de ir a declarar.
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Defensas de militares recusarán a la jueza Mota
Los abogados defensores de los militares indagados por violaciones a los derechos humanos cuyos casos están a cargo de la jueza Mariana Mota, recusarán a la magistrada, luego de conocerse públicamente que participó en la "Marcha del Silencio" el pasado viernes 20.
Mota tramita varios expedientes por crímenes de la dictadura, como por ejemplo el juicio contra el ex dictador Juan María Bordaberry. También procesó al coronel (r) Carlos Calcagno por la desaparición de dos uruguayos en Paraguay, y a los oficiales (r) de la Fuerza Aérea Enrique Rivero y José Araújo por el homicidio de Ubagesner Chaves Sosa.
A su vez, la jueza tiene a su cargo una denuncia por torturas presentada por un grupo de 13 ex presos políticos de la base de Boiso Lanza, por la que serán indagados varios efectivos de la Fuerza Aérea.
La magistrada estuvo en la última edición de la "Marcha del Silencio", que tuvo lugar por la avenida 18 de Julio en reclamo de información sobre el destino de los desaparecidos, así como castigo para los responsables de esos hechos.
"No tengo por qué decir si estuve o no estuve, es mi vida", dijo Mota al semanario Búsqueda, que el miércoles informó sobre la presencia de Mota en la "Marcha del Silencio".
"Yo estuve... estuve en la calle", expresó la jueza, quien reconoció que en el lugar dialogó con el senador suplente y abogado denunciante en varias causas Óscar López Goldaracena. El País intentó ayer comunicarse con Mota, pero la magistrada no respondió las llamadas en su teléfono celular.
El miércoles, la Suprema Corte de Justicia envió un pedido de información a la jueza para que confirme oficialmente "la versión divulgada por la prensa y recién entonces se resolverá qué se hace", dijo el ministro Jorge Ruibal Pino.
Por ahora, solamente "hay una aparente denuncia de la prensa sobre la concurrencia de una jueza a un aparente acto político", señaló Ruibal Pino al ser consultado por El País.
RECUSACIÓN. La Ley de la Judicatura (15.750) establece en su artículo 94 que los jueces se abstendrán de "expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite".
En el mismo sentido, el ar- tículo 77 de la Constitución de la República establece que los jueces "deberán abstenerse" de "formar parte de comisiones o clubes políticos".
En función de estas disposiciones, los abogados de varios de los militares indagados en causas a su cargo, recusarán a Mota al entender que la magistrada "está demostrando una ideología que no le permite ser imparcial", dijo un defensor.
"Si Mota fuera jueza de familia no tendría importancia, pero en estos casos es importante que no demuestre cuál es su ideología política", agregó uno de los abogados, que prefirió no ser identificado.
Por su parte, el abogado Emilio Mikolic, quien representa a varios militares que están siendo indagados por Mota por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, adelantó a El País que recusará a la jueza.
"Esto deja en clara evidencia que la jueza Mota no está en condiciones de resolver en estos casos de acuerdo a Derecho", sostuvo Mikolic.
El País Digital
Forjando la Memoria: Luis Roberto Luzardo
Roberto Luzardo nació en el Departamento de Durazno en enero de 1943. Integraba el MLN-T. Es detenido el 17 de agosto de 1972 por las Fuerzas Conjuntas de Inteligencia y Enlace en el “Bar Asturias” en la calle 8 de Octubre junto a Henry Engler y José Serrano.
Las declaraciones que surgen de autos evidencian que los tres se encontraban sentados en el bar aguardando la llegada de otros dos compañeros, cuando inesperadamente ingresan varios policías de civil. Uno de ellos dispara a menos de medio metro de distancia a Roberto, quien estando desarmado, se levanta de la silla.
Es trasladado al Batallón Nº 9 donde permanece durante la noche herido de gravedad hasta el día siguiente en que lo internan en la sala 8 del Hospital Militar. La herida provocada por el disparo dañó la médula cervical, lo que provocó una parálisis casi total.
Hasta fines de enero de 1973 recibió una atención más que deficitaria, negándosele posteriormente todo tipo de asistencia. Fallece el 12 de junio de 1973, luego de varios meses de agonía, a consecuencia de una infección generalizada.
La denuncia penal original fue presentada en 2002 por su madre (ficha 2-42-386/2006) contra los mandos civiles, militares y policiales del gobierno cívico militar comprendido entre el 16 de agosto de 1972 y el 12 de diciembre de 1973 y demás responsables, por la comisión de los delitos: detención ilegal, reclusión ilegal, lesiones graves, torturas, omisión de asistencia y muerte. Una nueva denuncia se incorpora a la anterior, esta vez enmarcada como homicidio político y como parte del plan de exterminio de opositores, acusando a represores civiles y militares en carácter de autores de crímenes de lesa humanidad.
El Juez Dr. Fernández Lecchini y la fiscal Adriana Acosta, tomaron declaraciones a testigos, médicos y militares, entre otros integrantes de la OCOA.
Se realizó una inspección ocular en el H. Militar en salas similares a la que falleció Luzardo porque que las originales ya no existen.
En febrero del 2009 fue interrogado el ex dictador Gregorio Álvarez, quien negó tener conocimiento de los hechos (como siempre). En la audiencia del año 2010, el Goyo Álvarez reconoce haber estado en la sala 8 poco antes del fallecimiento, hecho que había negado en el careo realizado con Zulma Beatriz Luzardo.
En agosto de 2010, el juez Lecchini dio por finalizadas las actuaciones enviando el expediente a la fiscal Costa para que se expida, quien declaró a los familiares que necesitaría de mucho tiempo para el examen del mismo.
Información tomada del informe anual de SERPAJ 2010
Diciembre 2010: Otro pedido de procesamiento para el Goyo, Caso Luzardo
La fiscal Adriana Costa solicitó, el pasado miércoles, el procesamiento con prisión del dictador Gregorio "Goyo" Alvarez, por la muerte en junio de 1973, en el Hospital Militar, del integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Roberto Luzardo.
La representante del Ministerio Público requirió al juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, el enjuiciamiento de Alvarez por "un delito de homicidio muy especialmente agravado, en grado de coautoría", por su presunta implicancia en la muerte de Luzardo, según indicaron fuentes judiciales a La República.
La requisitoria de la Fiscalía se sustancia tras un "pormenorizado" análisis del expediente judicial referido a la muerte de Luzardo en el Hospital Militar, en el cual concluyó la existencia de elementos probatorios para solicitar su enjuiciamiento. En tanto, la fiscal Costa solicitó proseguir la indagatoria para determinar la posible responsabilidad de los médicos del nosocomio en su muerte, agregaron las fuentes.
Luzardo recibió una importante herida de bala en la médula durante un violento procedimiento en el "Bar Asturias", en agosto de 1972. El militante fue derivado a la Brigada de Caballería Nº 9, donde no recibió atención médica, para ser posteriormente trasladado al Hospital Militar. El militante del MLN-T falleció el 12 de junio de 1973, dos semanas antes del golpe de Estado, en la Sala 8 del nosocomio castrense al no recibir el tratamiento necesario, acusado de participar en el operativo por el cual se ajustició al coronel Artigas Alvarez, hermano de Gregorio "Goyo" Alvarez.
Alvarez, entonces director del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), habría sido el promotor de la orden por la cual el militante tupamaro no recibió la asistencia médica adecuada, según se desprende del expediente judicial. En este sentido, la imputación de la Fiscalía sustancia la tesis de la "omisión de asistencia" en el informe de una Junta Médica Forense designada por la Sede, por la cual se analizó el certificado de defunción de Luzardo y el acta de reconocimiento de cadáver.
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Uruguay: asesinos y torturadores, de pajarracos a pajarones...
"EL PAJARITO NO QUIERE COMER
TRANQUILO, QUE LA JAULA ESTÁ RECIÉN PINTADA"
Procesado por la desaparición de Adalberto Soba en 1976, el coronel (r) Jorge Silveira vuelve a protestar con un ayuno. Ya confesado por monseñor Nicolás Cotugno, tendrá tiempo de reflexionar cuando se lo condene por todos sus otros delitos: el ataque al Senado en 1973, la tortura y violación de detenidos en centros de torturas, el traslado de Elena Quinteros, la desaparición de nueve personas en el 300 Carlos, su participación en chantajes económicos, su presencia en Automotores Orletti y el caso Gelman, para luego enfrentar sus requisitorias desde la justicia de Argentina, España e Italia.
A Jorge Alberto Silveira Quesada lo parieron (ése es el verbo) el 20 de setiembre de 1945. Veinte años después ingresó al Ejército, al arma de Artillería, donde conoció a otros represores como Tabaré Acuña, Roberto Botti Porras, Manuel Cordero, José Nino Gavazzo, Mario Mouriño, Juan José Pomoli, Ruben Atilio Sosa y Gustavo Taramasco, algunos de los cuales ya han sido condenados por crímenes de lesa humanidad.
En 1968, siendo cadete, realizó el curso de Special Cadet Course en la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos instruyó a buena parte de los torturadores de las dictaduras de la región. Eran sus compañeros de generación algunos militares que también se destacarían por unos u otros motivos: Armando Méndez, Pedro Cardelliac, Juan Delpino, Walter Díaz Tito y Heber Figoli.
A partir de 1971, cuando las Fuerzas Armadas se suman a la Policía y surgen las Fuerzas Conjuntas para reprimir a la insurgente guerrilla, Silveira pasa a desempeñarse en el Grupo de Artillería Nº 1 en La Paloma, detrás del Cerro, donde funcionaba la sede de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Allí operó con el grado de teniente en el equipo del S2 (inteligencia), que comandaba el mayor Gavazzo.
Sus víctimas lo recuerdan entonces bajo el seudónimo de ‘Chimichurri'. En 1972 ‘interrogó' en el Batallón de Infantería Nº 8 de Paysandú a María Elia Topolansky, hermana de Lucía, la hoy senadora y primera dama. Quienes lo sufrieron destacan su sadismo, especialmente las mujeres, ante quienes lucía, orgulloso, el mote de ‘Isidorito Cañones', por su parecido al personaje de historieta argentino.
Pájaro dictatorial
Silveira se sintió importante la noche del golpe de Estado de 1973. Horacio Catalurda, funcionario del Legislativo, reseña tras la última sesión del Senado... "Me acuerdo de que [Jorge] ‘Pajarito' Silveira fue el que comandó la tropa que invadió el Palacio aquella noche [...] Al primer lugar que fueron a revolver todo fue al despacho del senador Zelmar Michelini. Fueron derecho para allí diciendo que lo allanaban en la búsqueda de armas que nunca encontraron".
El legislador Víctor Semproni fue una de sus víctimas en Artillería Nº 1 en 1974 y en su testimonio señala a Silveira como uno de los torturadores del desaparecido Eduardo Pérez (el gordo Marcos) y como quien le confesó que habían ejecutado a los fusilados de Soca: "A esos cinco los limpiamos nosotros, y la próxima vez que caiga uno de los nuestros [en alusión a la muerte del coronel Ramón Trabal, en París] van a ser diez... Estás autorizado a decirlo en la visita como advertencia para los de afuera", le dijo Silveira.
Para 1975, en el Año de la Orientalidad, Silveira es asignado directamente en la OCOA de la División de Ejército I y participa de un intento de chantaje a militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) a quienes torturan para que sus compañeros exiliados en Buenos Aires entreguen la bandera de los 33 Orientales que la OPR-33 había secuestrado en 1969 y el dinero que luego les quitarían en Orletti.
A partir de 1976, Silveira ya era capitán y bajo su alias de ‘Oscar 7' o ‘Siete Sierras' se había transformado en un maniático torturador del 300 Carlos, el centro de torturas conocido como el "infierno grande", ubicado en un galpón del Servicio de Material y Armamentos, a los fondos del Batallón de Infantería Nº 13. Allí desaparecieron Carlos Arévalo, Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Julio Correa, Julio Escudero, Fernando Miranda y Laureano Montes de Oca.
Pájaro coordinado
Silveira niega haber viajado a Buenos Aires o participado en el ‘pozo' Automotores Orletti; sin embargo, una de las sobrevivientes, Ana María Salvo, lo recuerda en su primer día en aquel centro de torturas: "El primero en hablar es el oficial Juan Manuel Cordero, quien me conocía por haber allanado varias veces mi casa en Montevideo durante el año 72. También estaban Jorge Silveira y Nino Gavazzo, que me habían interrogado y torturado en Montevideo, en el cuartel de La Paloma, en febrero de 1974".
Las víctimas de Orletti siguieron sufriendo al ‘Pajarito' Silveira tras su traslado ilegal a Montevideo en el "primer vuelo". Era uno de los que las interrogaban en el "infierno chico", como llamaban a la casona que utilizaban en Punta Gorda.
También lo identifican como un visitante continuo cuando las trasladan a la sede del Servicio de Información y Defensa (SID), en Bulevar Artigas y Palmar, donde ya estaba la nuera del poeta argentino Juan Gelman. "Silveira siempre llegaba en su VW blanco", atestiguan.
A principios de 1977, Silveira y el policía Ricardo ‘Conejo' Medina son los que dejan en la puerta de la casa del comisario Ángel Touriño una canastita en la que se encontraba Macarena, la hija que María Claudia García de Gelman, había tenido en el Hospital Militar. Fuentes militares señalan a Silveira, junto a Medina y los coroneles Juan Rodríguez Buratti y Ricardo Arab, como los asesinos de María Claudia, a quien enterraron en el Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo.
Cuando en enero de 1977 el "infierno grande" se traslada a La Tablada, Silveira y otros miembros de la OCOA (Victoriano Vázquez, Roberto Echavarría y José Luis Parisi) son derivados al Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2, en Punta de Rieles, pero en realidad ‘Pajarito' seguía operando para la OCOA en los interrogatorios en La Tablada. Por ese centro de detención clandestino pasaron varios de los desaparecidos traídos de Argentina en 1978.
Pájaro sádico
En una entrevista publicada en la revista Posdata, dos colaboradores del FUSNA narran: "Llegó un capitán de OCOA un día que había uno en la ‘máquina' colgado. ‘¿Lo puedo interrogar?', preguntó al teniente Juan Carlos Larcebeau. ‘Bueno', le dijo. Lo conecta y se afirma en el ‘teléfono' y empieza a darle y darle... y el otro empieza a cimbrarse y largar espuma por la boca y le dio un ataque. Llamamos al médico. Quedó duro. Larcebeau se calienta, saca al capitán y le dice: ‘¿Qué hacés? ¿sos tarado? Le estás dando y no le preguntás nada. ¡Vas a matar al tipo!'... Y el capitán respondió: ‘No, si cuando se mueren hacen crick' (e hizo un gesto)". El capitán era Jorge Silveira.
A partir de 1980, ‘Pajarito' pasó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Conjuntas (Esmaco), que desde la casona donde hoy funciona el Ministerio de Defensa Nacional, en 8 de Octubre, encabezaba unas frustradas conversaciones con los partidos políticos que llevaron al plebiscito por la reforma de la Constitución. Silveira también fungía como jefe de administrativos del Palacio Legislativo, donde actuaba el Consejo de Estado.
En 1981 Silveira vuelve a ser protagonista de uno de los más sanguinarios episodios de violación a los derechos humanos sufridos durante la dictadura. Ocurrió seis meses después de la derrota del plebiscito del 80, en la madrugada del 27 de junio, octavo aniversario del golpe de Estado, cuando 20 adolescentes fueron detenidos en la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), en la calle Maldonado.
El escalofriante relato de lo ocurrido fue denunciado por el senador José Germán Araújo en el Parlamento y relatado por Samuel Blixen en Brecha. "Yo soy el jefe, soy el que mando. Yo hago lo que quiero. Los cojo, los mato", fueron las primeras palabras de quien llamaban ‘Chimichurri', que en los 41 días siguientes torturaría a todos, sodomizaría a los varones y violaría a las mujeres. Prefería a las vírgenes.
Pájaro impune
Miembro de la logia militar Chucrut, Silveira fue ascendido a coronel tras la reinstitucionalización del país. Estaba conectado con el Partido Colorado, con el sector del propio presidente Julio María Sanguinetti. Y aunque fue desplazado durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, resurgió con el segundo mandato de Sanguinetti en el Estado Mayor Personal del comandante en jefe, Fernán Amado, en 1996.
El 16 de diciembre de 1988, Silveira fue uno de los militares a los que el fiscal militar, coronel José Sambucetti, "interrogó", por orden de Sanguinetti, en "cumplimiento" del artículo 4º de la Ley de Caducidad.
Se le preguntó si estuvo en Buenos Aires, si conocía a varios desaparecidos, entre ellos Gerardo Gatti y León Duarte. Todas sus respuestas fueron una breve frase que resumía su impunidad: "Que no".
La carrera militar de ‘Pajarito' Silveira finalizó en el año 2000, cuando en una de sus primeras decisiones el nuevo comandante en jefe, Juan Geymonat, lo relevó de su cargo y lo dejó sin destino.
En setiembre de ese año pasó a retiro y fue homenajeado por sus pares en el Círculo Militar, que aquella noche también celebraron que el presidente Jorge Batlle negara información a la justicia argentina sobre ocho militares denunciados por violaciones a los derechos humanos. Silveira era uno de ellos.
El miércoles 5 de setiembre de 2001, en el Día del Retirado del Ejército, el coronel Jorge Silveira fue uno de los condecorados por el comandante en jefe Carlos Daners, quien le entregó una medalla de agradecimiento "por los servicios prestados" y lo señaló como "un ejemplo a seguir". Pero a partir de su retiro, ‘Pajarito' perdió su poder en el ámbito militar, en el político y aun en el empresarial.
Pájaro escrachado
Tras el hallazgo de Macarena Gelman, Silveira sumó su preocupación a la de otros represores conocidos como el "Grupo del Aquelarre" que habían sido denunciados internacionalmente y requeridos desde Argentina, España e Italia. Para colmo también fue implicado desde Brasil en el asesinato del ex presidente João Goulart.
Sus problemas comenzaron a agravarse el lunes 27 de octubre de 2003 cuando el diario La República publicó por primera vez su rostro gracias a una foto tomada por el reportero gráfico Sandro Pereyra en la puerta del Círculo Militar. "La puta que los parió, me estaban esperando y me sacaron fotos", estalló aquel día en el que, desesperado, volvió a refugiarse en el club castrense, al perder la impunidad de su anonimato público.
En diciembre de 2003 se acuarteló en una unidad militar para no concurrir a una citación del juez Alejandro Recarey, que había procesado al ex canciller Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros. ‘Pajarito' fue ‘escrachado' por la organización Plenaria, Memoria y Justicia en la propia puerta de la base de Artillería Nº 1 donde se había refugiado.
En enero de 2004 volvió a ser ‘escrachado' cuando en el balneario Aguas Dulces fue reconocido y se colgaron carteles advirtiendo sobre su presencia. El propio Silveira, posiblemente armado, y acompañado por otra persona, desafió a los veraneantes y sacó a plena luz del día los carteles que lo señalaban como violador de derechos humanos. Aún mantenía su impunidad.
Pájaro enjaulado
En mayo de 2006, Silveira y otros cinco represores fueron encarcelados en forma preventiva ante un pedido de extradición solicitado por la justicia argentina. Finalmente, Silveira y sus compinches terminaron procesados el 11 de setiembre de 2006 por la desaparición en Argentina, en 1976, del uruguayo Adalberto Soba. Desde entonces se encuentra en la cárcel construida en una unidad militar de la calle Domingo Arena.
El presidio no le ha sido fácil a Silveira. Desde un principio quedó distanciado del resto de los militares y policías encarcelados. Terminó compartiendo celda con el dictador Gregorio Álvarez, tras su procesamiento en diciembre de 2007, y sufrió un ataque de depresión que lo llevó a realizar una mediática huelga de hambre en febrero de 2008, para no ir a declarar ante la justicia por el caso Elena Quinteros.
El episodio finalizó cuando el propio arzobispo, monseñor Nicolás Cotugno -quien había sido presidente de la Comisión para la Paz-, aceptó recibir su confesión en la capilla del Hospital Militar donde Silveira había sido internado. En abril de ese año fue interrogado por el juez Juan Fernández Lecchini, ante quien negó haber dicho que el destino de Elena había sido responsabilidad de Gavazzo, quien lo acusó de traidor.
Ahora, ‘Pajarito' Silveira vuelve a reincidir en el ayuno como protesta, porque se dice inocente de los cargos que se le imputan. Abandonado por su esposa y su familia, Silveira otorgó una entrevista telefónica a Canal 12 en la que sostuvo que reclama someterse a un polígrafo para probar sus dichos. Quizás habría que concedérselo, para preguntarle sobre todos sus otros crímenes una vez que quede sin efecto la Ley de Caducidad.-
Caras y Caretas. 22 /10. ROGER RODRÍGUEZ-
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El abogado y senador (suplente) Oscar López Goldaracena aseguró que "la lucha contra la impunidad está llegando a su fin", por cuanto el Parlamento se apresta a sancionar una ley interpretativa de la Constitución de la República, mediante la cual quedaría "sin efecto" la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
López Goldaracena encabezó el pasado jueves la jornada "Puesta al Día en Derechos Humanos", organizada por el Espacio por los Pueblos Libres-Independientes por Derechos Humanos, ante la inminente aprobación de una ley interpretativa de la Constitución de la República, por la cual quedaría "sin efecto" la Ley de Caducidad.
La aprobación del proyecto "permitirá afianzar, definitivamente, un Estado de Derecho alineado con los derechos humanos, al declarar con rango constitucional el derecho a no ser desaparecido, el derecho a no ser torturado, y el derecho y deber (del Estado) de investigar, juzgar y castigar los crímenes de lesa humanidad", expresó el abogado.
"En virtud de dicha interpretación, la Ley de Caducidad será inaplicable y nadie podrá invocar su validez para impedir u obstaculizar el juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Todas las causas archivadas deberán ser abiertas y se podrán presentar nuevas, por tratarse de crímenes imprescriptibles". "La ley de caducidad pasará a ser letra muerta", vaticinó."La lucha contra la impunidad está llegando a su fin en los próximos días, para recuperar los valores perdidos.
Luchar contra la impunidad es rechazar la violencia que lleva implícita la injusticia. Es volver a creer en una cultura de derechos humanos, en una cultura de paz; porque no hay paz, sin verdad y justicia", afirmó el abogado.La erradicación definitiva de la Ley de Caducidad del orden jurídico uruguayo "es terminar con la perversión en el derecho, lo que generó descrédito y contaminó los valores sociales.
En pocos días estaremos finalizando la etapa de transición pos-dictadura, la que deberá complementarse con la reparación integral (de las víctimas), la creación de Juzgados y Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, un departamento de ayuda y protección para víctimas y testigos y un departamento especial a nivel policial para investigar sobre el destino de los desaparecidos", dijo."Cuando en las próximas semanas levantemos la mano para votar el fin de la Ley de Caducidad, será la mano de todos, especialmente se alzará la mano de nuestros desaparecidos", expresó López Goldaracena. En este sentido, el abogado anunció que en octubre ingresará nuevamente al Senado para defender en sala el proyecto.
El evento se desarrolló en el "Teatro Astral" y contó con la participación del intendente de Canelones, Marcos Carámbula, y el dirigente colorado Diego Fau, así como de diversos militantes sociales contrarios a la vigencia de la Ley de Caducidad.
 El adiós a Marcos Velazquez, al pie de la página....
MACARENA GELMAN DEMANDA AL ESTADO
URUGUAYO: 
La presentación de la demanda se hará la semana que viene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el principal argumento será la vigencia de la Ley de Caducidad, que aún garantiza la impunidad de los militares y policías.
Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, presentará una demanda contra el Estado uruguayo por el secuestro y muerte de su madre durante la última dictadura militar. La presentación de la demanda se hará la semana que viene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el principal argumento será la vigencia de la Ley de Caducidad, que aún garantiza la impunidad de los militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos en el país vecino.
El pedido de Gelman coincide con los renovados intentos en Uruguay por anular la amnistía, aprobada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos, el último en octubre del año pasado. “Buscamos que se condene al Estado uruguayo y que la Corte Interamericana sugiera la forma de erradicar esa norma”, aseguró ayer en declaraciones radiales el abogado de la familia, José Luis González.
El caso llegó al tribunal asociado a la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la presentación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un suborganismo de la OEA, en enero pasado. Según explicó el letrado, lo que se busca es que el tribunal se pronuncie sobre la Ley de Caducidad ya que, según la querella, viola las obligaciones del Uruguay con las normas internacionales que impiden aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.
Tras varios años de lucha, la CIDH habilitó la posibilidad de presentar un escrito con la demanda de la familia Gelman y ahora se espera que el desenlace derive en una condena contra el Estado uruguayo que deberá finalmente definirse en su posición sobre la ley.
Según informó el diario "El País" de Montevideo, Macarena mantuvo esta semana una reunión con el canciller uruguayo Luis Almagro para analizar la causa, pero en el encuentro el ministro no adelantó cuál será la posición del gobierno ante la Corte de la OEA. El presidente José Mujica se expresó públicamente contra la amnistía, pero reconoció que no puede avanzar con la anulación, luego de la derrota en las urnas, en octubre pasado.
El matutino pronosticó que el gobierno de Mujica podría asumir su defensa dando la razón a Gelman y reconociendo que la Ley de Caducidad contradice la normativa internacional ratificada por su país. La otra postura que podría tomar el ex tupamaro sería recordarle a la CIDH que aún bajo el régimen de la amnistía, los dos gobiernos del Frente Amplio pudieron avanzar en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura, aprovechando las pocas excepciones que permite la Ley de Caducidad, por ejemplo, los crímenes cometidos fuera de las fronteras uruguayas o cuyos responsables fueron civiles.
Una condena de la Corte Interamericana siempre está dirigida a un Estado y no contra particulares. Por lo tanto, no implica sanciones penales, pero sí económicas en forma de indemnizaciones para las víctimas, y también de descrédito y desprestigio para los gobiernos. “Mi objetivo no es que se condene al Estado uruguayo, mi aspiración es que el Estado haga lo que debe hacer. Quiero llegar a conocer la verdad, que se pueda hacer justicia, que los sospechosos tengan un juicio justo”, dijo recientemente la joven de 33 años. María Claudia García, madre de Macarena y nuera del poeta y periodista Juan Gelman, fue secuestrada en Buenos Aires cuando se encontraba embarazada el día 24 de agosto de 1976.
En el marco del violento "Plan Cóndor" de la década del ’70, la mujer fue transportada ilegalmente a Montevideo donde dio a luz bajo cautiverio a su hija. Luego, fue ejecutada. Sus restos permanecen hasta hoy desaparecidos mientras que el padre de Macarena y marido de María Claudia, Marcelo Gelman, también fue asesinado en Buenos Aires Sus restos fueron identificados en 1989 en la capital porteña.
La desaparición forzada de García y la sustracción de su hija recién nacida fue tomada por la Comisión de Derechos Humanos y presentada a la Corte Interamericana, pidiendo que se ordene al Estado uruguayo determinar la responsabilidad de los responsables “mediante el debido proceso de la ley y con una investigación judicial completa e imparcial de los hechos para que los involucrados puedan ser debidamente sancionados”.
El documento de la Comisión solicitó además el otorgamiento de una reparación plena para los familiares de las víctimas, no sólo en forma de indemnización, sino también a través de actos de importancia simbólica que garanticen que no se reiterarán este tipo de delitos. La noticia de la demanda contra el Estado uruguayo llegó en medio de una fuerte discusión en el seno de la mesa política del partido gobernante, el Frente Amplio, para desterrar la Ley de Caducidad, vigente desde el año 1986.
MANTENIENDO NUESTRA LUCHA CONTRA LA LEY DE CADUCIDAD
nuestra memoria
NO OLVIDA 
La derrota sufrida el 25 de octubre en el plebiscito por la anulación de la ley de caducidad constituye, para aquellos que no vivimos la imposición de la dictadura ni el referéndum del voto verde en 1989, el golpe más doloroso y profundo que hayamos sentido. En ese momento, la impotencia y la tristeza parecían empañar la mirada e impedían vislumbrar por qué pasó lo que pasó y como seguir. En ese momento, parecía que todas las puertas estaban cerradas. Era mucho lo que se jugaba y era mucho también lo que habíamos puesto en esta campaña. Sabíamos que la lucha por la justicia no termina con la anulación de la ley de caducidad, pero estábamos convencidos de que una victoria en el plebiscito podía significar un nuevo marco para saber qué pasó y alcanzar la justicia. Sin embargo, el paso del tiempo permite aclarar el pensamiento. Hoy, desde la reflexión colectiva, compartimos con ustedes estas valoraciones.
¿CÓMO LLEGAMOS A ESTE RESULTADO?
La campaña por el SÍ demostró, desde el inicio, el peso del vacío de los sectores partidarios y la debilidad de las organizaciones sociales que la impulsaron. Las organizaciones nucleadas en la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, impulsaron esta iniciativa pero no apostaron a movilizar a sus bases para desarrollar una campaña de propaganda fuerte, que cubriera cada muro en cada barrio con una pintada por el SÍ, que llenara de volantes cada feria vecinal. En el momento en que más tendrían que haber trabajado, se descansaron apostando a que el FA tomara partido y se pusiera al hombro la campaña. Priorizaron la contienda electoral, relegando la lucha por la justicia a un segundo plano.
La falta de presencia de esta campaña en la calle hizo que cientos de militantes de base empezáramos a organizarnos en forma espontánea para darle el impulso necesario en la recta final. Sin embargo, el esfuerzo fue insuficiente. Llegamos tarde y la escasez de recursos hizo que fuera imposible competir con el protagonismo de la contienda electoral, que opacó la importancia de una pelea que va más allá de los 5 años que dura un período de gobierno, y que trasciende los colores partidarios y los candidatos.
Sumado a esto, el papel de los medios masivos de comunicación permitió ver una vez más el poder que tienen y cómo lo usan: la campaña por el SÍ no existió en los medios masivos. Durante meses todos los programas y periodistas nos bombardearon con las elecciones nacionales, pero ninguno de ellos levantó la campaña por el SÍ. Se olvidaron de informar que el 20 de octubre hubo una marcha de 200 mil personas contra la impunidad, se olvidaron que tenían que emitir la cadena nacional… Desde las filas de todos los partidos políticos, la respuesta fue el silencio.
La dirigencia del FA, el único partido que decidió apoyar esta campaña, buscó expresamente no quedar alineada a la campaña por el SÍ. Optó por medir costos políticos en lugar de apoyar la lucha por la justicia. Y no sólo no se comprometió con el tema sino que además generó confusión.
Porque cuando un integrante de la fórmula sale a decir que la justicia tiene olor a venganza, o que esto se va a terminar cuando se mueran algunos viejos, confunde.El silencio por parte del FA y de los medios de comunicación, sumado al hecho de que no existiera una papeleta del NO, hicieron que la derecha no tuviera que salir a expresarse. No tuvieron la necesidad de salir a defender su posición, no intervinieron en la campaña porque a nivel mediático no había campaña por el SÍ.
Tal vez el escenario hubiera sido otro si la derecha hubiera expresado posiciones fuertes, porque esto permitiría colocar la campaña a nivel mediático y visibilizar las posiciones más fascistas de quienes aún hoy siguen defendiendo a los asesinos.
¿QUÉ SIGNIFICA ESE 48%?
El hecho de que un 52% de la población no se haya expresado por el SÍ no legitima la ley de caducidad, y no significa que el pueblo uruguayo la haya respaldado. Este resultado debe ser interpretado de forma correcta: hubo un 48% de la población que se expresó a favor de la anulación de esta ley, y el 52% restante incluye a quienes no votaron en SÍ por falta de interés o por no estar informados, y a quienes entendían que la ley no debía anularse. Los días previos a la consulta las encuestas señalaban que solamente un 35% de los votantes estaba decidido a no apoyar la anulación de la ley con conocimiento del tema.
El 48% alcanzado por la papeleta rosada del SÍ implica un nivel de acumulación importantísimo en lo que refiere a información y generación de conciencia. Si bien no se llegó a los votos necesarios, el hecho de que una campaña que se hizo sin apoyo político alguno y sin recursos haya alcanzado este porcentaje refleja el trabajo de militantes que desde hace meses recorren cada rincón del país, y expresa el grado de deslegitimación que esta ley tiene.
Hoy nadie cree que la lucha por verdad y justicia es una cuestión de quienes tienen los ojos en la nuca y no hacen más que mirar al pasado.
¿CÓMO SEGUIR?
Hoy el desafío más importante es mantener la lucha por verdad y justicia en la agenda, mantener la memoria. Después la derrota del referéndum del 89 la lucha por los derechos humanos quedó en el olvido durante años, sobrevino prácticamente una década de silencio. Pero hoy estamos en otro contexto, en el que la información y la conciencia en torno al tema son mucho mayores, y la falta de legitimidad de la ley de impunidad, que ha sido condenada tanto a nivel social como en el plano legal, permite redimensionar esta pelea.
Es necesario trabajar en la condena legal de esta ley y fortalecer el plano de las denuncias internacionales; y por otro lado generar actividades de información, concientización y movilización, a fin de ir generando una sensibilidad que refuerce la condena social a esta ley y se plantee la alternativa de la anulación parlamentaria.
Porque sigue siendo injusta, porque nació nula y sigue siendo nula. Ampara a los militares y policías que violaron los DDHH durante la dictadura, responsables de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones. Protege a quienes utilizaron el aparato estatal para reprimir a la sociedad, estableciendo privilegios para asesinos y torturadores. Viola tratados del Derecho Internacional ratificados por el Estado uruguayo, y ha sido declarada inconstitucional por los tres Poderes.
El parlamento puede anularla y para eso necesita únicamente la mayoría simple. Hoy es necesario darle continuidad a la lucha por verdad y justicia, redefiniendo las formas para desarrollar esta lucha pero manteniendo los ejes centrales de la misma.
El desafío que tenemos es combatir el olvido, seguir luchando contra la impunidad, seguir trabajando en la reconstrucción de nuestra memoria.
Frente por Verdad y Justicia
Y POR CIERTO QUE HAY "testimonios escritos" QUE TAMPOCO SE HAN DE OLVIDAR....
Sanguinetti:
"En Uruguay no desapareció ningún niño"
El presidente Julio María Sanguinetti insistió ayer con que "en los hechos" en Uruguay "no desapareció ningún niño" durante la dictadura militar y que las sustracciones de hijos a parejas uruguayas ocurrieron en la República Argentina, al responder a una carta suscrita por el escritor alemán Günter Grass, Premio Nobel de Literatura, y por otros veinte mil intelectuales en la que le requirieron investigar la suerte de los familiares del poeta argentino Juan Gelman.
En la misiva, Sanguinetti enfatizó que "no está en sus manos, ni en las de nadie, la capacidad milagrosa de dar una inmediata respuesta a la demanda del escritor", y recordó que tiempo atrás ordenó una "minuciosa" revisión de los antecedentes judiciales del caso y que "en ninguno de ellos aparecen nuevos elementos de juicio que aporten algún indicio sobre la presencia de la nuera de Gelman en Uruguay".
Señaló también que: "Nadie sería más feliz que el suscrito --conductor de una salida democrática en la que se buscó reparar todo lo reparable entre todos los daños causados por el gobierno de facto-- en el caso de que el testimonio de alguno de los protagonistas de esos dolorosos sucesos permitiera ubicar al nieto de Gelman".
El mandatario reivindicó a su vez su condición de "demócrata que se opuso tenazmente a la dictadura", y advirtió que existe una "campaña política y períodística de desprestigio" en su contra para crear confusión y hacer aparecer que él "tiene alguna responsabilidad en el caso o es insensible frente a tamaña atrocidad".
El pasado 18 de enero, Sanguinetti recibió en su despacho del Edificio Libertad la carta suscrita por Günter Grass, y otros miles de intelectuales, alemanes, suizos y austríacos en la que reclamaron una "verdadera investigación a fondo" para esclarecer los hechos.
Es la segunda vez que el mandatario hace referencia al tema a través de una carta pública.
El pasado 5 de noviembre, Sanguinetti --en carta dirigida a Gelman-- reconoció por primera vez que el tema de los detenidos desaparecidos no estaba cerrado y manifestó ser partidario de que los familiares de las víctimas "encuentren la información que reclaman y se dé un paso más para cerrar este triste capítulo de nuestra historia".
El pedido de Gelman al gobierno uruguayo para que investigue la suerte de sus familiares, dio lugar a una intensa movilización internacional en solidaridad con el escritor argentino.
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 caradurismo?
Reproducimos a continuación la carta del Presidente uruguayo:
"Señor Günter Grass
Presente
De mi consideración:
Hago referencia a la carta que usted me ha dirigido junto a otros varios intelectuales alemanes, en relación al esfuerzo por ubicar a un nieto del poeta argentino Juan Gelman.
En tal sentido, me permito subrayar aquí algunos hechos que contribuyen a colocar esta situación en la perspectiva correcta, especialmente habida cuenta de que no siempre se dispone en Europa de información abundante sobre la historia reciente de nuestros países.
Hace unos 24 años, cuando se registraron los sucesos investigados, Uruguay, Argentina y muchos otros países latinoamericanos eran gobernados por dictaduras. Por entonces quien suscribe tenía proscriptos sus derechos políticos y prohibido ejercer su profesión de periodista.
En la medida de lo posible, desarrolló una clara militancia en favor del restablecimiento de la democracia, algo que posteriormente fue reconocido por el pueblo uruguayo al confiarle la presidencia, en 1984, del primer gobierno que superó esta situación. se enfrentó a quienes querían perpetuar el gobierno de facto, que incluso distinguieron con un grave atentado contra su estudio en el centro de Montevideo.
Los hechos conocidos sobre este tema son que el hijo y la nuera de Gelman fueron detenidos en Argentina por argentinos.
El infortunado destino de su hijo pudo comprobarse: fue asesinado en Argentina.
De su nuera se sabe que estuvo recluida en un lugar clandestino de detención de Buenos Aires, junto a muchas otras víctimas de esos años, entre ellas un grupo de uruguayos que habían sido detenidos en el vecino país.
Estos ciudadanos uruguayos, trasladados clandestinamente a Uruguay, fueron de los pocos detenidos en ese "pozo" que sobrevivieron.
Juan Gelman, en base a un testimonio que no se ha logrado aún corroborar con otra fuente, alude a la posibilidad de que su nuera pudiera haber acompañado al grupo de uruguayos que fueron trasladados a Montevideo.
El caso sería entonces enteramente excepcional, en tanto los trasladados a Montevideo eran todos uruguayos. Y doblemente excepcional, en cuanto no se ha denunciado en Uruguay la sustracción de ningún niño nacido en cautiverio, práctica que en cambio fue usual en Argentina.
En los hechos, no desapareció ningún niño en territorio uruguayo y los hijos de parejas uruguayas a los que se les sustrajo la identidad en ese triste período fueron en todos los casos víctimas de sucesos ocurridos en Argentina.
Ocurre asimismo que este episodio aparece como excepcional en la historia de la dictadura uruguaya, en tanto fue minuciosamente investigado por la justicia civil y resultó en el pago de muy cuantiosas indemnizaciones económicas a varios de los detenidos clandestinos que fueron trasladados desde Buenos Aires.
Esas actuaciones judiciales recogieron numerosos testimonios de víctimas y testigos.
Al recibirse el pedido de Gelman ordené --entre otras muchas actuaciones-- una minuciosa revisión de todos estos antecedentes judiciales.
En ninguno de ellos aparecen nuevos elementos de juicio que aporten algún indicio sobre la presencia de la nuera de Gelman en Uruguay.
Estos hechos inclinarían a descartar esa posibilidad.
No obstante, se ha continuado con la búsqueda de nuevas informaciones sobre el tema.
Sepa usted que nadie sería más feliz que el suscrito --conductor de una salida democrática en la que se buscó reparar todo lo reparable entre todos los daños causados por el gobierno de facto-- en el caso de que el testimonio de alguno de los protagonistas de esos dolorosos sucesos permitiera ubicar al nieto de Gelman o a cualquiera de los niños desaparecidos en Argentina.
Pero no está en sus manos, ni en las de nadie, la capacidad milagrosa de dar una inmediata respuesta a la demanda del escritor, cuando no aparece nueva evidencia alguna y los hechos comprobados que se conocen se desarrollaron todos en otro país y tuvieron por protagonistas a argentinos, no a uruguayos.
Comprenderá entonces que el pedido que usted me hace no puede promover más esfuerzos que los que ya se han hecho y se siguen haciendo por tratar de arrojar luz sobre este caso.
Y debiera también usted tener en cuenta que este pedido confunde, porque un lector distraído o desinformado puede pensar que Sanguinetti, un demócrata que se opuso tenazmente a la dictadura, tiene alguna responsabilidad en el caso o es insensible frente a tamaña atrocidad. De este modo gente respetable, con las mejores intenciones, termina convirtiéndose en instrumento de una campaña política y periodística de desprestigio dentro de Uruguay y que en su momento tuvo inmediatas finalidades electorales y que hoy continúa, con metas a más largo plazo.
Sepa usted entonces, que el Presidente democrático de Uruguay ha hecho y seguirá haciendo cuanto está a su alcance para esclarecer este hecho.
Le saluda atentamente
Julio María Sanguinetti"
Recuerdos de combatientes:
Juan Rosendo Facchinelli 
Juan Rosendo Facchinelli es un estudiante de la Facultad de
Arquitectura y profesor del liceo 14
Es oriundo de la ciudad de Mercedes donde participa de las luchas
sociales y demuestra su preocupación por todos los temas que afectaban
nuestra sociedad
En Montevideo se integra al MLN Tupamaros .Por su carácter confiable y
reservado es el encargado de diseñar y hacer muchos de los
"berretines" o escondites del MLN
Es detenido el dia 27 de junio y muere producto de la brutal golpiza a
que es sometido.Los torturadores sabían que el conocía la ubicación de
los lugares donde se ocultaba lo que quedaba de su organizacion
Hoy muchos compañeros lo recuerdan con respeto y reconocen que estan
vivos gracias a su comportamiento
Este 27 de junio los homenajes a la lucha contra el golpe de estado y
la impunidad hay que unirlo al homenaje al compañero Juan Facchinelli
Es detenido y torturado en el Batallon Florida por los capitanes Luis
Ivan Aguirregaray,Carlos Calcaño Gorlero,Tabare Camacho y los
tenientes Grignoli,Armando Mendez y Sergio Caubarrere
Varios de estos oficiales estan implicados en asesinatos y
desapariciones de compañeros aca en Uruguay,en Argentina y Paraguay
La versión oficial es Suicidio
La causa de la muerte Traumatismo cráneo encefálico
En ese momento en el Batallon Florida se encontraban numerosos
compañeros detenidos con diferentes grados de movilidad
Necesitamos sus testimonios para la reapertura de la causa judicial y
el de todos los que lo conocieron para rendirle el homenaje que se
merece.
Celebrando la Democracia o reescribiendo la Historia
Un grupo de trabajadores, estudiantes, artistas e intelectuales, frente a la celebración de los 25 años de retorno de la Democracia del Uruguay realizada por el Partido Colorado, declararon su “repudio a todo intento de reescribir la historia soslayando el papel del movimiento popular en la reconquista de la democracia”.
A continuación reproducimos la nota que hicieron pública.
El Partido Colorado conmemoró los 25 años del retorno de la democracia en Uruguay con un acto al queconcurrieron representantes de diferentes partidos políticos. Los organizadores y la mayor parte de la prensa celebraron el “clima de pluralismo” reinante. Entre los presentes, además de Pedro Bordaberry, coincidieron Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, junto al compañero Tabaré Vázquez y al actual Presidente de la República compañero José Mujica.
El senador Bordaberry destacó el éxito del “Cambio en paz”, impulsado por el ex presidente Julio Sanguinetti en 1985. Luego todo fueron reconocimientos y aplausos mutuos.
Celebramos el entusiasmo del Partido Colorado y de su secretario general el Senador Bordaberry en cuanto a la valoración de la democracia y lo entendemos como un compromiso bienvenido con todos los uruguayos. Valoramos asímismo la presencia allí de los partidos políticos, que cada uno en su medida fue parte de la lucha del pueblo uruguayo por la reconquista de las libertades.
Pero lamentamos el ocultamiento y la negación de la historia que supone pretender que la recuperación de la democracia fue solo producto de las negociaciones políticas, de las acciones de las cúpulas dirigentes o de la – así llamada – clase política.
Comprendemos el entusiasmo de los principales referentes de la coalición blanquicolorada en desconocer el papel del movimiento obrero y estudiantil, el de la cultura y el de los movimientos sociales, en la caída de la dictadura. Con todos los respetos, lo comprendemos porque otro comportamiento no sería coherente con la conducción de unos partidos que han tenido como representantes a dirigentes como el doctor Julio María Sanguinetti, ministro del Pachecato previo al atentado contra las instituciones de junio de 1973.
Lo comprendemos proviniendo de partidos como los llamados tradicionales, que a la vez que dignamente a través de algunas de sus principales figuras: Wilson Ferreira Aldunate o Manuel Flores Mora, a vía de ejemplo, ocupaban puestos en la primera línea de batalla por las libertades, o como Héctor Gutiérrez Ruiz, a quién su compromiso democrático le costó la vida, al mismo tiempo representantes de esos partidos se sentaban indignamente en los Consejos de Estado u organismos de conducción del estado dictatorial.
A vía de ejemplo el herrerista Martín Recaredo Echegoyen, presidente en 1973 del primer Consejo de Estado de la dictadura, el propio padre del Senador Bordaberry, Juan María Bordaberry, hoy procesado por atentado contra la Constitución y coautoría de delitos de desaparición forzada y dos homicidios, o Jorge Pacheco Areco, embajador ante España en los tiempos de oprobio.
Pretender que todo el mérito de la recuperación democrática es de las cúpulas blanquicoloradas, o de estrategias del “cambio en paz”, es desconocer la memoria y el reconocimiento que como pueblo uruguayo debemos a los miles de obreros y obreras, estudiantes, docentes, artistas e intelectuales que año tras año iban siendo arrojados a las cárceles del régimen o al exilio político, como testimonio vivo y brutal de la heroica lucha popular por las libertades.
Es desconocer hitos fundamentales de ese recorrido histórico, como la Huelga General decretada el mismo 27 de junio de 1973, la conmemoración del 1º de mayo de 1980, ante una dictadura que pretendió borrar de la historia la celebración del día de los trabajadores. Es desconocer el plebiscito del 80 donde el NO marcó el principio del fin de la dictadura.
Es olvidar el formidable 1º de mayo de 1983, y a partir de allí la sucesión de acciones populares, apagones, cacerolazos, la Huelga de Hambre de Luis Pérez Aguirre y otros dos religiosos, la de GermánAraujo ante la clausura de CX30, la marcha de los estudiantes en setiembre, acontecimientos que desembocaron en el memorable Río de la Libertad del 30 de noviembre de ese año donde todos estuvimos representados en el Obelisco.
La movilización obrera y estudiantil, la vitalidad de la resistencia cultural, la memoria democrática y vareliana de nuestro pueblo, fueron junto a las reservas democráticas de los partidos fundacionales y del Frente Amplio los actores protagónicos de una gesta de la que fuimos parte los uruguayos.
Es desconocer a miles y miles de uruguayos expulsados del país pero que generaron una memorable ola de solidaridad y denuncia internacional que fue imprescindible para el aislamiento y condena de la dictadura.
Es desconocer los cientos de desaparecidos por los cuales los ex presidentes, Batlle, Sanguinetti y Lacalle, durante sus respectivos mandatos no hicieron más que proteger a sus asesinos.
Aunque sea funcional al interés de algunas cúpulas políticas actuales, es lastimoso que ciertos dirigentes pretendan apropiarse de la memoria y contarla a su modo.
Y es una falta de respeto a la valentía y compromiso de miles de uruguayos a lo largo de más de onceaños de dictadura que lucharon día a día por la democracia.
Y es también – justo es decirlo – no poner en su sitio el rol que en la lucha por la democracia lecorrespondió al Frente Amplio: con orgullo podemos afirmar que ningún dirigente frenteamplista recorrió el camino de sumarse a la dictadura. Y con emoción podemos brindar homenaje al compañero General Liber Seregni quién por diez años fue junto a otros militares patriotas preso por el régimen cuartelero.
Celebraciones de este tipo, que no trascienden la dimensión de una buena operación de marketing político, no contribuyen a la construcción democrática y fundamentalmente significan escamotear a lasnuevas generaciones la posibilidad de formarse juicios veraces acerca de los hechos históricos.
Los abajo firmantes, trabajadores, estudiantes, artistas e intelectuales, declaramos nuestro repudio a todo intento de reescribir la historia soslayando el papel del movimiento popular en la reconquista de lademocracia.
La construcción de la memoria histórica es una tarea de indudable contenido democrático. El Nunca Más Dictadura no se puede construir sino es desde la verdad histórica. La causa de la democracia sigue siendo nuestra causa.
Ademar Olivera
Alfredo Fressia
Betty Chiz
Corina Gaso
Diego Rodríguez Cubelli
Eduardo Miguel Cruz Estévez
Eduardo Nogareda
Francisco Alejandro Ribeiro
Gonzalo Alsina
Héctor Gómez
Héctor Ramón Rodríguez
Ignacio Martínez
Jacqueline Ponzo
Jorge Erramouspe
Lauro Marauda
Lilián Abracinskas
Lucio Ornstein
Luis Pereira .... siguen firmas..
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Falleció ayer a los 71 años de edad. Autor de La rastrojera, Nuestro camino, El tero tero y El diccionario
Compañero, poeta, cantor
Marcos Velásquez - Con su deceso ocurrido ayer, el canto y la poesía pierden a uno de sus más grandes creadores e intérpretes, surgido en la década de los años 60.
Miguel Aguirre BayleyDesde muy joven, Marcos Velásquez comenzó a interesarse por el folclore uruguayo. Su gran maestro, Lauro Ayestarán, le hizo escuchar las grabaciones que había realizado en todo el país, luego de varios años de estudio e investigación sobre el folclore, su raíz y proyección. "El folclore es lo que se trasmite de generación en generación; no lo que se hace moda un tiempo y luego pasa.
Es un fenómeno funcional, vital y plástico, que los pueblos necesitan, enriquecen y renuevan permanentemente", ha expresado en más de una oportunidad Marcos Velásquez.En 1964 inició su carrera profesional y obtuvo el primer premio al mejor intérprete en el concurso nacional organizado por el canal oficial de Tv
Al año siguiente, en el Primer Festival de Folclore realizado en Salto, ganó el premio a la mejor canción con su polca criolla "La rastrojera", desde entonces un clásico del canto popular que ha sido interpretado por varios artistas compatriotas y de otros países dentro y fuera de Uruguay.Marcos Velásquez ha sido también un profundo investigador de la música popular latinoamericana que entronca con las añejas raíces del folclore uruguayo. Es autor de más de cien temas, muchos de los cuales se han convertido en clásicos del cancionero popular. Es el caso de "La rastrojera", "Nuestro camino", "El tero tero" y "El diccionario", que han sido grabados por intérpretes de la jerarquía de Alfredo Zitarrosa, Santiago Chalar, "Los Olimareños" y José Carbajal, entre otros muchos cantores de renombre.
Después de grabar para los sellos Philips y Orfeo, integró en 1967 la delegación de nuestro país que participó en el Festival Mundial de la Canción en Varadero, Cuba. En 1969, tras presentar su larga duración "Raíz y Copa" en Uruguay, viajó a Chile contratado por el compositor y músico trasandino "Payo" Grondona para actuar en el Canal 4 de Tv de Valparaíso.
Su incursión profesional en ese país abarcó recitales y conferencias académicas en centros culturales y presentaciones en vivo en los Canales 9 y 13 de Santiago.Luego de realizar una gira por el norte chileno, viajó a Perú contratado por el Canal 4 de Tv de Lima, donde alternó charlas, canto y guitarra en la Universidad de San Marcos. El renombrado escritor incaico José María Arguedas, profesor de Etnología en esa universidad, presentó a Marcos Velásquez en oportunidad de una de sus exposiciones en ese recinto universitario.
Finalizada una gira por Piura y Talara en el norte peruano, regresó a Chile donde vivió hasta setiembre de 1973.Detenido en Arica por las fuerzas fascistas que dieron el golpe de Estado en Chile, que derrocó al presidente Salvador Allende, salvó su vida al ser enviado a Francia por la intervención solidaria de la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional.
Radicado en París, realizó innumerables giras por Francia, España, Alemania, Holanda, Suecia, Checoslovaquia (actualmente República Checa), Bélgica, Suiza, Austria, Polonia, Cuba, Argelia, Australia y la ex Yugoslavia. En esos países brindó cientos de charlas sobre la historia de la ciencia del folclore y como ésta se inscribe en la antropología cultural. Pero supo ser, asimismo, un dignísimo militante de todas las horas que denunció con firmeza y sin ambages a la dictadura en Uruguay, en actos y reuniones convocados por exiliados y expatriados, a lo largo y ancho del mundo.Tras dieciocho años de ausencia en el país, regresó a Uruguay.
El 17 de junio de 1987, con entradas agotadas, se reencontró con su público en el emblemático teatro El Galpón, donde artistas compatriotas le dieron la bienvenida recreando varias de sus obras más famosas.
En los años siguientes, Marcos ofreció recitales en Montevideo y en el interior del país. En 2006, Ayuí Tacuabé editó el CD "Marcos Velásquez, Nuestro Camino/antología" en la Serie de los Pájaros Pintados.-
Escribió varios libros de poemas como "La cuarta patria", "Guitarra y lanza" y "Proa a la aurora". A estas obras, se agrega su trabajo "El folclore como ciencia" escrito en francés y su creación humorística "Tintoreto", maestro "filopomúsico" inspirado en el ingenio e inventiva de su hacedor.
En charlas que compartíamos con Marcos y Héctor Numa Moraes, más de una vez Marcos nos comentó que "los temas que más me identifican y que aún mantienen vigencia en la aceptación del público son "La rastrojera", "Nuestro camino" y "El tero tero". Pero de todas mis composiciones, la que prefiero es "La lluvia", compuesta en el exilio en París. Don Lauro Ayestarán fue un gran maestro para mí, en tanto Alberto Moreno y Oscar Villanueva, fueron los mejores cantores criollos que conocí. El payador más completo de la historia uruguaya ha sido Carlos Molina".
Sus claros y comprometidos mensajes a través de sus imperdibles fábulas y moralejas "El tero tero", "El gallo pato", "El sapo y la comadreja", "El gallo cantor" y "El sapo de otro pozo", al estilo de Jean de La Fontaine, mantienen inalterables su calidez, frescura y lozanía.Cuarenta y cinco años han transcurrido desde que un joven y entusiasta Marcos Velásquez, se presentó y ganó con su polca "La rastrojera" el Primer Festival de Folclore llevado a cabo en la ciudad de los naranjales del litoral uruguayo.
Su estupenda obra nos deja un importantísimo legado artístico. Sus temas "Compañero", "Nuestro camino", "El diccionario", "Aquilino y su acordeón", "Juan", "Polca infantil" y "El burgués", son algunos de sus ejemplos más genuinos y representativos. Marcos había nacido el 3 de junio de 1939 en Montevideo.
La rastrojera
(Marcos Velásquez)
Unos muchos y otros nada
y eso no es casualidá';
si el maíz crece desparejo
alguna razón habrá.
Que venga el trigo,
que venga el maíz,
que venga el choclo
pa' deschalar.
La crisis en Uruguay
tiene dos explicaciones:
cuando no es por la sequía
es por las inundaciones.
Anteanoche tuve un sueño
pa' morirse de la risa:
que los curas gobernaban
y el gobierno daba misa.
Un ladrón me robó todo
y al verme tan mal después,
me está haciendo unos empréstitos
y cobrándome interés.
Hoy escuché por la radio
que dieron la información,
que Superman ya no vuela
y a Tarzán lo comió un león.
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Legado. "El folclore es un un fenómeno funcional, vital y plástico, que los pueblos necesitan".
Una acongojada multitud brindó ayer
su último adiós
al cantor y poeta Marcos Velásquez 
Fueron sepultados ayer en el panteón de Agadu del Cementerio del Norte, los restos de Marcos Velásquez. Al sepelio concurrieron el presidente de la República José Mujica, el ex presidente Julio María Sanguinetti, el ministro de Educación y Cultura Ricardo Ehrlich, músicos, artistas, familiares y gente anónima, quienes brindaron su homenaje póstumo al cantor popular.
Ha dejado un legado de canciones que ya pertenecen al acervo popular, como la conocida "La rastrojera" (Que venga el trigo, que venga el maíz) , "Nuestro camino, Tero Tero, La polca Infantil, Aquilino y su acordeón", El sapo y la comadreja" y "El diccionario", entre otras.
Sus temas fueron grabados dentro y fuera de fronteras, por Amparo Ochoa, Inti Illimani, Alfredo Zitarrosa, Los Olimareños, Jose Carbajal, Los que iban cantando, Pablo Estramin, Santiago Chalar, Washington Carrasco y Cristina Fernández, Los Caminantes y el dúo Araza, entre otros.
Ayer, un nutrido conjunto de colegas le brindaron su último adiós, entre ellos Daniel Viglietti, Héctor Numa Moraes, Mario Carrero, Washington y Cristina quienes ofrecieron sus condolencias al también cantor popular Jorge Velásquez, hermano menor de Marcos.Con su deceso, el canto y la poesía pierden a uno de sus más grandes creadores e intérpretes, surgido en la década de los años sesenta.
Tal como lo recordó ayer en LA REPUBLICA su amigo Miguel Aguirre Bayley, Marcos comenzó a interesarse por el folclore uruguayo siendo muy joven."El folclore es lo que se trasmite de generación en generación; no lo que se hace moda un tiempo y luego pasa.
Es un fenómeno funcional, vital y plástico, que los pueblos necesitan, enriquecen y renuevan permanentemente", ha expresado en más de una oportunidad Marcos, quién además fue también un profundo investigador de la música popular latinoamericana que entronca con las añejas raíces del folclore uruguayo.
Antes de retirar el cuerpo del la sala velatoria, los cantores amigos y discípulos tomaron la guitarra y, acompañados por los asistentes, cantaron una de sus canciones que dice "Compañero tero tero" y termina "MUY BIEN POR EL COMPAÑERO".
NOTA: Como saludo al gran cantante, compañero y amigo Marquitos, en proximas paginas, iremos entregando una cantidad de sus escritos, que dejó en Francia, así como canciones, y grabaciones efectuadas en recitales, que él dió, llevando siempre adelante, su condición de URUGUAYO, folklorista, y HOMBRE DE IZQUIERDA!!.
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ahora SI !!
LA ANULACION YA
Al tener la noticia, que la mesa Política del Frente Amplio, en acuerdo con los cabezas de lista que forman la unidad de ese Partido, y tomando la resolución de que teniendo la mayoría de 16 Senadores, y 50 diputados, la Ley de Caducidad será anulada en el Palacio de las Leyes.
La Asociación "Donde Están?" - Francia - se felicita por ese acuerdo histórico, y envía su saludo fraterno a todas las Organizaciones, que han luchado para que la Ley de Caducidad sea anulada. Un saludo en especial a CRYSOL y sus directivos como a la Central Obrera PIT-CNT, como a sus adherentes. Esta es una verdadera victoria popular y de la constancia de mantener en alto los principios esenciales de VERDAD Y JUSTICIA.
También enviamos nuestro saludo a los miles, cientos de miles de uruguayos, que supieron mantenerse firmes, y en una militancia sin fallas para que llegara esta definición.
La emoción de recordar a los caidos en la dictadura, aquellos que aún son "desaparecidos", y aquellos que no podrán estar presentes en el acto de la ANULACION, pero que están presentes en nuestra MEMORIA y la del pueblo uruguayo.
Es una victoria de todos los uruguayos, de todos los sectores de la sociedad uruguaya que por fin tendrán el mayor deseo de una Nación libre y Soberana, la recuperación de su MEMORIA, clave esencial para este PRSENTE Y EL FUTURO de los uruguayos.
Francia - marzo 18 del 2011.-
DECLARACION
La Asociación Donde Están que opera en, Francia desde hace 15 años en la lucha contra la IMPUNIDAD, por la JUSTICIA, la VERDAD y el NUNCA MÁS solicita:
Que las recientes intervenciones declarativas publicas vía la prensa, del Senador de la Republica Señor Eleuterio Fernández Huidobro sean corroboradas, por el propio Senador ante un Juzgado competente. La desaparición forzada de Nibia Sababalzagaray lo exige. Si este acto, tuvo ya lugar que lo haga público, porque la palabra de un Senador en actividad, de renombre político como el suyo, puede transformarse en índice de extrema importancia en la búsqueda de la verdad, tan anhelada después de tantos años por sus familiares, compañeros, y la inmensa mayoría de los orientales.
Que sus declaraciones, que inocentarian al Grl. Dalmao (sin quitarle responsabilidad), seria un gesto de JUSTICIA., que permitiría de avanzar en la búsqueda de la verdad para terminar con tanto sufrimiento para todos. Lo invitamos a ser consecuente con su trajectoire.Que sea consecuente con la confianza que le ha otorgado el partido y los votos que le permiten representarlos en el Senado.
Que en el caso contrario, seria de una extrema gravedad, la falta de consciencia de sus obligaciones y rol historico de las ireversibles cosecuencias que tomarian sus actos.
La direccion "Donde Están?" de Francia.
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Communiqué :
Paris le 29 mars 2011
L’Association « DONDE ESTAN », agissant en France depuis 15 années contre l’IMPUNITE, pour la JUSTICE, la VERITE, et le PLUS JAMAIS AU TERRORISME D’ ETAT déclare :
Que les dernières interventions dans les medias du Sénateur de la République
Mr. Euleterio Fernandez Huidobro, soient faites devant un juge compétent.
Cela dans les plus brefs délais car la mort sous la torture de Mme.Nibia Sabalsagaray l’exige.
Si cela a déjà été fait, que ce soit publié, car la « parole donnée »d’un Sénateur en activité, de renom politique , comme cela est le cas,peut se transformer en indice d’extrême importance dans la recherche de la vérité tant attendue par sa famille , ses camarades, la grande majorité des uruguayens.
Ses déclarations, qui laissent entrevoir une éventuelle innocence du Grl. Dalmao (mis en examen par un juge), pourraient apporter de nouveaux éléments fondamentaux, dans la perspective de connaître une vérité qui mettrait fin à tant de souffrances.
Nous invitons Mr. le Sénateur à être conséquent avec sa longue trajectoire militante.
Qu’il soit redevable de la confiance que son Parti (le Parti du gouvernement) et que son électorat lui a attribuée.
Qu’il n’oublie pas qu’il n’est que leur représentant. Dans le cas contraire, le manque de conscience de ses obligations, de son rôle historique, serait d’une extrême gravité, avec des conséquences irréversibles sur le plan éthique d’abord, et politique ensuite pour lui, son parti, les victimes du terrorisme d’ETAT, et toute la société uruguayenne.
Héctor Cardoso-Rodríguez. Président de « DONDE ESTAN »
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