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LA PATOTA DEL SID:
Silveira apunta al desahuciado Gavazzo por el asesinato del maestro Julio Castro
Emplazó a los culpables a "dar la cara"."Que se hagan responsables los que mataron al maestro, porque no se interrogaba para matar a nadie. No se fusilaba a la gente. Esa intención no existía en las fuerzas", afirmó a LA REPÚBLICA el ex integrante de OCOA.
El hecho de que la causa de la muerte del maestro Julio Castro haya sido el ajusticiamiento a través de una bala, comenzó a generar las primeras reacciones entre los militares procesados por delitos de violación a los derechos humanos, que intentan deslindar responsabilidad del asesinato.
El primero en hablar fue el ex integrante de OCOA, coronel retirado Jorge Silveira, quien desde la Cárcel de Domingo Arena, voluntariamente se comunicó con los medios para asegurar que “el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, no ajusticiaban” a los detenidos.
“El método ordenado por los mandos para la lucha contra las organizaciones armadas período 1972-1975 consistía en investigar y detener a los terroristas, obtener en un tiempo sumamente acotado la información que permitiera el seguimiento de las operaciones para neutralizar y detener al enemigo.
El jefe o segundo jefe de unidad debían estar presentes en los interrogatorios, para pasar al detenido al juez sumariante y posteriormente el juez militar lo recluía en los penales correspondientes”, expresó Silveira.
“Los responsables de hechos como el caso Gelman y el maestro Julio Castro deben responsabilizarse y así comenzar a limpiar la imagen de las actuales fuerzas orientales”, señaló el militar tras calificar de “aberrantes” ambos hechos.Si bien el ex integrante de las fuerzas represivas de la dictadura se negó a explicitar a quién emplazaba “a dar la cara y asumir la responsabilidad”, por la muerte de Castro, otras fuentes indicaron que los dardos apuntan directamente a quienes integraban el Servicio de Información de Defensa (SID), sindicado por los propios retirados como el responsable de las dos operaciones.
El teniente coronel retirado José Gavazzo, quien era uno de los principales oficiales del SID, fue señalado ayer por el semanario Brecha como “pieza clave” en caso de Julio Castro y en filas de algunos retirados se cree que podría brindar información.Interrogado Silveira respecto a que si ni el Ejército, la Mariana y la Fuerza Aérea ajusticiaban a los opositores a la dictadura, cómo explicaba el hallazgo y la conclusión forense sobre Castro, dijo: “Será algún militar de otra dependencia”.
“Como ya declaré en el caso Gelman ante el señor juez (Pedro) Salazar las Fuerzas Armadas no secuestraban niños, mataban mujeres embarazadas y mucho menos mujeres que habían dado a luz, y agregué que repudiaba estos hechos aberrantes”, añadió.
Para tratar de justificar sus expresiones, Silveira destacó que “fue el Ejército el que capturó a (Julio) Marenales (al presidente José) Mujica y (ministro de Defensa, Eleuterio) Fernández Huidobro y no fueron fusilados, ajusticiados. Lo mismo pasó con (Raúl) Sendic, lo capturó la Marina y lo llevaron al Hospital Militar. No lo fusilaron”, precisó.
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ACELERADOR. ASPIRAN A QUE SE APRUEBE ANTES DEL 1º DE NOVIEMBRE
DDHH: nueva propuesta para evitar la prescripción
A 40 días de la posible prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, el PIT-CNT junto a organizaciones de derechos humanos, presentará hoy en el Parlamento un anteproyecto que apuesta a postergar el plazo.
Para acelerar la marcha, mañana inician una ronda de contactos con todos los partidos y el Poder Judicial. La secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Serpaj, Amnistía Internacional y la organización Madres y Familiares, presentarán hoy a las 11.00 horas en el Parlamento un nuevo anteproyecto de ley que tiene como objetivo lograr que los delitos cometidos durante la dictadura militar no prescriban el 1º de noviembre.
El dirigente de la central Washington Beltrán dijo a LA REPÚBLICA que tras la presentación iniciarán en forma inmediata una ronda con el presidente de la Asamblea General, Danilo Astori y todos los partidos políticos. Subrayó que remitieron solicitudes de entrevistas a todas las colectividades y que una de las primeras será con el Partido Independiente. Prevén además reunirse a partir de mañana con la Suprema Corte de Justicia. Añadió que la presentación del anteproyecto se realiza, luego de la serie de reuniones que tuvieron con los líderes y principales dirigentes de los partidos.Beltrán destacó que aguardan que la iniciativa sea avalada por los representantes de todo el sistema político.
Por su parte, el integrante de la organización Madres y Familiares, Oscar Urtasum expresó que la entidad respalda el anteproyecto y que "se agotarán todas las instancias posibles" para intentar que las causas no prescriban.El anteproyecto de ley, de artículo único, promueve que la Asamblea General reconozca el "valor obligatorio" de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en cuanto la Ley de Caducidad debe dejarse sin efecto y no aplicar ninguna norma análoga que exima de responsabilidad en casos de crímenes de lesa humanidad."El Estado deberá asegurar que aquella (la Ley de Caducidad) no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay", y deberá disponer "que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada", señala el fallo de la Corte IDH.
En este sentido, el anteproyecto de ley supone disponer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura cívico-militar, ante la eventual prescripción de dichos crímenes el próximo 1º de noviembre. La Suprema Corte de Justicia rechazó recientemente la tipificación del delito de "desaparición forzada", pero no declinó pronunciarse sobre la tesis de la imprescriptibilidad so pena de prejuzgar.
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LOS SOLDADOS COMIENZAN HABLAR...
Artículo aparecidoe en"Caras y Caretas - 5/08/2011
CINCO PROCESAMIENTOS Y UNA REQUISITORIA POR GELÓS BONILLA
Cinco oficiales del Ejército son acusados por el delito de desaparición forzada contra el edil frenteamplista Horacio Gelós Bonilla en 1976. Otro es requerido internacionalmente. La fiscal Tellechea pidió el procesamiento con prisión luego de una indagatoria en la que, por primera vez, subalternos contradijeron a sus oficiales, admitieron la tortura y señalaron los nombres de quienes lo mataron. La acusación fiscal por un crimen de lesa humanidad coincide con un reciente pronunciamiento de un tribunal de apelaciones.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
La fiscal Ana María Tellechea solicitó el martes 2 de agosto a la jueza penal de 7º turno, Mariana Mota, el procesamiento con prisión de cinco militares y la captura internacional de un oficial radicado en el extranjero, a quienes solicita enjuiciar como coautores de un delito de desaparición forzada, tipificado como crimen de lesa humanidad en la ley 18.026, contra Horacio Gelós Bonilla en enero de 1976.
El pronunciamiento del ministerio público, al que accedió Caras&Caretas, implica al entonces teniente coronel Aquiles Ulises Moraes Rocha, jefe del Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce, y a sus subalternos, los mayores Juan Antonio Tucci Sebastiani y Julio Antonio Techera Sánchez, el capitán Eduardo Juan Giordano D’Amato y el médico José Luis Braga Rosado.
La doctora Tellechea también pidió el arresto a nivel internacional del entonces teniente Dardo Víctor Barrios Hernández, encargado de los interrogatorios en la unidad militar y una ampliación de legajos de otros ochos militares que cumplían funciones en la dependencia militar donde, según los testimonios recabados en la instrucción judicial, Gelós Bonilla fue muerto por torturas.
La causa Gelós Bonilla, que derivó al juzgado penal de séptimo turno en el marco de la “megacausa” contra el fallecido dictador Juan María Bordaberry, se había iniciado en 1985 el Juzgado de Maldonado que declinó competencia. El caso había sido amparado en la Ley de Caducidad por el presidente Julio María Sanguinetti en diciembre de 1988 y fue reabierto en 2005.
La nueva tipificación de un delito por “desaparición forzada” se propone a pocos días que un tribunal de apelaciones ratificara un procesamiento que por el mismo crimen de lesa humanidad había ordenado la fiscal Mirtha Guianze contra el coronel Carlos Calcagno por la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay en 1977.
La resolución de Tribunal de Apelaciones de 1º Turno, integrado por los magistrados Alberto Reyes, Anabella Damasco y Sergio Torres, es el primero que convalida la aplicación de la Ley 18.026 donde se tipifican los crímenes de lesa humanidad, a pesar de sentencias anteriores de la Suprema Corte de Justicia en las que casos de desaparición se tipificaron como homicidios.
La muerte de Gelós Bonilla
En la solicitud de la fiscal Tellechea se alega que surge probado que Gelós Bonilla fue secuestrado en el 2 de enero de 1976 en la plaza de la ciudad de Maldonado e introducido en un automóvil propiedad de un militar perteneciente a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la División de Ejército IV, con asiento en Minas, departamento de Lavalleja.
En el proceso de instrucción, declararon familiares de la víctima, personas que fueron detenidos con él y que escucharon cómo era sometido a la tortura hasta que dejaron de escuchar sus gritos, y militares que –por primera vez- aportaron los nombres de los oficiales a cargo de los “interrogatorios” y admitieron que Gelós Bonilla murió en la unidad militar.
“Le tiraban agua en la cara que no podía respirar, golpes en la cara y por todos lados, incluso uno que dijo dejalo que yo te lo ablando. Se escuchaban sus quejidos hasta que ya no se pudo quejar más. Yo me di cuenta por el silencio que se produjo por parte de él. A nosotros enseguida nos sacaron de ahí en una camioneta ya que se daban cuenta que si nosotros salíamos en libertad y veíamos lo que pasaba lo íbamos a conta”, narró uno de los testigos..
Varios de los indagados negaron haber visto o conocido a Gelós Bonilla y llegaron a contradecir las fechas de sus propios legajos personales, proporcionados al juzgado por el Ejército, en lo que la fiscalía califica como “declaración mendaz”, Sin embargo, en el testimonio tomado al personal subalterno se pudo confirmar quiénes eran los oficiales que torturaban a los detenidos y detalles de las torturas que se practicaban.
Uno de los soldados, que estaba encargado de la custodia de los detenidos, admitió el uso de picana eléctrica, la aplicación de torturas en una cama con elástico metálico y un poncho húmedo colocada sobre los prisioneros encapuchados y desnudos. “Luego lo vi a ese detenidos en la carpa que estaba mal, que no reaccionaba en forma correcta, estaba acostado, y creo que murió en la noche”, dijo el subalterno sobre un caso ocurrido en enero de 1976.
Su testimonio fue ratificado por otro soldado quien recuerda que uno de los detenidos le dijo que Gelós Bonilla se sentía mal. Narra que le quitó la capucha “y tenía la cara desfigurada de los golpes y hematomas”. Llamó a un enfermero y comunicó la situación al oficial de servicio que ordenó que un médico lo viera. Trasladaron al prisionero a una camilla de enfermería donde falleció. El soldado señaló el nombre de los torturadores del edil frenteamplista.
Crimen de lesa humanidad
En su acusación, la fiscal Tellechea enmarca la muerte y desaparición de Gelós Bonilla en la denominada Operación Morgan contra militantes del Partido Comunista y subraya las características de la represión militar “destinadas a la destrucción total de ciertos grupos de personas pertenecientes a determinados sectores políticos en un contexto regional”.
“De manera que se asistió a un exterminio sistemático de un grupo con una parte de la población civil sirviéndose del aparato del Estado para dicha tarea en un contexto regional en el cual ninguna registró a ninguna de las personas que fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas. De ahí que la reunir las pruebas suficientes para el castigo de los culpables resulte una tarea nada sencilla”, explica el ministerio público.
Sin embargo, Tellechea considera que la muerte y desaparición de Gelós Bonilla no es un hecho aislado sino que forma parte de la política represora del Estado, por lo que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 18.026 en cuando dice que “El superior jerárquico, funcionario civil o militar, cualquiera sea su cargo oficial o de gobierno, será penalmente responsable por los crímenes establecidos en los Títulos I y II de la Parte II de la presente ley que fuesen cometidos por quienes estén bajo su autoridad, mando o control efectivo, cuando en razón de su investidura, cargo o función, hubiere sabido que estaban participando de cualquier manera en la comisión de los crímenes o delitos referidos y no hubiere adoptado, estando posibilitado para ello, todas las medidas razonables y necesarias a su alcance para impedir, denunciar o reprimir la comisión de dichos crímenes o delitos”. Concluye que se trata de un delito de desaparición forzada, establecido en el Art. 21 de la Ley 18.026 y por consiguiente un delito de lesa humanidad.
La tipificación del delito de desaparición forzada previsto en la Ley 18.026, fue expresamente admitida en la resolución del Tribunal de Apelaciones de 1º Turno que se pronunció en el Caso Santana-Inzaurralde. “El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procediere a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad; o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, será castigado con dos a veinticinco años de penitenciaría”, dice el Artículo 21 de la Ley que agrega: “El delito de desaparición forzada será considerado como delito permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”
HORACIO GELOS
Horacio Gelós Bonilla había nacido en Maldonado el 8 de marzo de 1944. Era hijo de Horacio Justiniano Gelós y de Natividad Bonilla. Con cinco hermanos, creció en un hogar humilde. Repartió diarios y lustró zapatos, hasta que ingresó a trabajar en la construcción. Se especializó en hacer “planchadas”
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Un perfil biográfico elaborado por el profesor Andrés Noguéz Reyes, explica que no tardó mucho en sumarse al sindicato de la construcción, donde lo integraron otros trabajadores a los que conocía como amigos de un pueblo donde aún sobrevivían los picados de fútbol y la amistad de vecinos.
Lo recuerdan como un hombre humilde y trabajador, de tez morocha que en los veranos trabajaba de salvavidas. Tímido, bohemio, se le veía con su ropa de obra tomando mate.
En el Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA) llegó a desempeñarse como secretario sindical de Maldonado.
Se movilizó en los setenta para lograr la sanción de la Ley de unificación de aportes sociales. Aunque no había terminado liceo, se instruyó en normas laborales. Se transformó en la cara visible del Sunca en el departamento e incursionó en la militancia política tras afiliarse al PCU en 1968.
Participó en la fundación del Frente Amplio fernandino, donde fue elegido como edil suplente de la Junta Departamental de Maldonado. Militaba en el Frente Izquierda de Liberación (FIDEL) cuando fue detenido el 2 de enero de 1976. Lo mataron con torturas en el Batallón de Ingenieros 4. Sigue desaparecido.
CONFIRMACIÓN DETERMINANTE EN EL CASO JULIO CASTRO
OPERACION PECERA
Militares admiten plan contra Óscar Lebel, enmarcado en la desarticulación de un grupo integrado por el maestro desaparecido, que ayudaba a escapar a la gente hacia México: además de Gavazzo (ya preso), resultan implicados los militares Baudean, Gómez, Zabala y Lacasa, entre otros. La primera edición de La Lupa (1985), configura prueba relevante para la investigación.
Los ex integrantes del Servicio de Información de Defensa (SID) José Baudean y Alberto Gómez admitieron ante la justicia haber participado en 1977 de la denominada “Operación Pecera”, cuyo cometido era perseguir –según el testimonio– a un marino sospechado de pertenecer al KGB (servicios secretos de la Unión Soviética).
El marino en cuestión era el entonces capitán Óscar Lebel y, según surge de la acumulación de elementos probatorios, la operación buscaba desarticular al grupo que a través de la Embajada de México lograba hacer salir del país a perseguidos por la dictadura uruguaya, según supo Brecha de fuentes vinculadas al caso.
Coronel Baudeau Coronel L.Tabaré Pérez
En ese grupo al que pertenecía Lebel se encontraba el agregado cultural de la Embajada de México, Cuauhtémoc Arroyo Parra, el corresponsal en Montevideo de la agencia IPS y del New York Times, Efraín Quesada, y el maestro y periodista Julio Castro, detenido el 1 de agosto de aquel año por agentes del SID, torturado y desaparecido.
Lebel se enteró varios años después del nombre de esta operación, y así lo informó al juez Juan Carlos Fernández Lecchini, cuando testimonió en la indagatoria por la desaparición de Castro.
La pregunta sobre la existencia de la Operación Pecera pareció “descolocar” al militar Gómez –según las fuentes consultadas–, quien sin embargo terminó por admitir el hecho. Lo mismo hizo Baudean, aunque en todo momento trataron de desvincular la operación con el caso del maestro desaparecido.
No obstante, el círculo cierra con una pieza clave: la detención en Montevideo del periodista brasileño Flavio Tabares, corresponsal del Excélsior de México y de O Estado de São Paulo, que el 12 de julio de 1977 había llegado a Uruguay desde Buenos Aires.
Coronel R. Burgueño Coronel W.Miralles
Tabares viajó a Montevideo para tratar de liberar –con abogados y todos los medios que tuviera a su alcance– a su colega y colaborador del Excélsior Graziano Pascale, detenido por escribir un artículo que la dictadura consideró ofensivo para el gobierno de la época. Tabares logró esta liberación, pero antes de trasladarse al aeropuerto para retornar a Buenos Aires mantuvo encuentros con Lebel y Arroyo Parra, y telefoneó a Quesada.
“Pascale trajo a Tabares a mi casa para hacerle ver que no todos los militares de este país eran trogloditas”, declaró Lebel a Brecha para la primera edición de La Lupa (11-X-1985), dedicada al caso de Julio Castro. Esa separata, firmada por Hugo Alfaro, Mónica Bottero y Ernesto González Bermejo, fue adjuntada como prueba en el expediente judicial, según supo Brecha.
Quesada, hoy fallecido, también había brindado su testimonio a La Lupa: “Con Tabares teníamos una buena relación de trabajo; cuando venía a Montevideo me llamaba y nos encontrábamos; esa vez también me llamó pero no llegamos a vernos”.
En la cena que Tabares mantuvo con Arroyo Parra, éste le entregó un casete que contenía una grabación con denuncias sobre la dictadura, para que el periodista las diera a conocer fuera del país.
La grabación había sido realizada por Lebel, deformando la voz –como si hablara un español–, luego de acceder a un boletín reservado del Ministerio de Defensa:
Mayor Menotti Ortiz Mayor Ricardo Arab
“Eran casos tratados por el Tribunal de Honor. Estaba la condena del general Liber Seregni, con todos los absurdos argumentos que se usaron contra él, y los casos de dos oficiales condenados a la pena más severa por haberse negado a torturar”, dijo Lebel a Brecha en aquel momento.
Y cuando se le preguntó si Julio Castro conocía la grabación, Lebel respondió
: “Sí, porque una vez que lo encontré me dijo con una mirada picarona que Arroyo le había hecho escuchar ‘un casete muy jugoso que habla del caso Seregni y otros oficiales’. Le devolví la mirada pero no le dije nada. Julio se quedó sin saber que había sido yo quien había grabado el casete”.
A Tabares lo detuvieron en el Aeropuerto de Carrasco la noche del 14 de julio de 1977, en la escalerilla del avión que pensaba abordar rumbo a Buenos Aires. Lo subieron a un Ford Falcon, lo vendaron, esposaron, y lo tiraron al piso del auto para viajar bajo los zapatos de sus secuestradores rumbo a un centro clandestino de detención, donde permanecerá detenido y será torturado hasta el 3 de agosto de aquel año.
La noche del 2 de agosto –un día antes de su traslado–, cuando Tabares dormía con los ojos vendados sobre un colchón tirado en el piso del living de la casa, escuchó la llegada de otro detenido, al que tiraron sobre otro colchón.
“A la mañana siguiente me doy cuenta de que efectivamente hay otra persona conmigo. Tiene la voz cascada, de viejo. Está muy lejos de mí. Comprendo que es otro detenido por el trato que le dan: lo llaman ‘el veterano’. Es un hombre que camina despacio, casi arrastrando los pies. Lo guían: ‘Cuidado con los escalones, veterano’”, declaró Tabares a La Lupa
“Sos, claro que sos.” Julio Castro tenía 68 años y había sido maestro de muchos niños, entre ellos uno llamado Gregorio Álvarez, que concurría a la escuela Sanguinetti.
Castro no tenía miedo, pensaba que sus alumnos
–También había sido maestro de otros que después fueron militares– le guardaban respeto. O por lo menos eso le decía a Zaira, su esposa, para tranquilizarla antes de subir a su camioneta Indio y partir rumbo a reuniones clandestinas con Arroyo, Lebel y Quesada, en las que procuraría salvarle la vida a otras personas acosadas por la dictadura.
El 1 de agosto de 1977 fue a visitar a Quesada. Se reunieron en el living de la casa, cuya fachada aún conservaba las cicatrices del atentado con bomba que había sufrido casi tres años antes. El encuentro duró sólo unos minutos, hacía mucho frío cuando se despidió de su amigo y salió por la calle Llambí, rumbo a la avenida Rivera. Tenía que caminar 20 metros para llegar a la avenida y abordar su camioneta.
Detrás de la Indio había estacionado un auto que pertenecía al SID. En su interior estaban el oficial principal Alberto Zabala, policía de los servicios de inteligencia de la dictadura, el soldado agente del SID Julio César Barboza, y otro militar.
“Zabala y el otro se bajaron del auto y me dijeron que hiciera lo mismo.
Los sigo con la mirada y veo que se dirigen hacia un señor mayor –unos 60 años tendría–, de lentes, creo que le faltaba algo de pelo, canoso, estatura mediana.
Tenía un sobretodo algo así como marrón y una bufanda, no me acuerdo de qué color”, contó Barboza a La Lupa.
Luego recordó que “el hombre al principio se sorprendió pero no opuso ningún tipo de resistencia.
Lo trajeron al auto y lo metieron atrás, a mi lado. Adelante iba Zabala, manejando.
El soldado se subió a la Indio y arrancamos detrás de él. Zabala me gritaba: ‘Hacelo agachar, imbécil, hacelo agachar’.
A mí me parecía que nos miraba todo el mundo y eso que todavía no sabía que estábamos secuestrando a Julio Castro”.
Barboza contó luego que trasladaron al maestro a la casona de Millán 4269, casi Loreto Gomensoro. El agente del SID arrepentido ratificó su testimonio ante el juez Fernández Lecchini.
El periodista Tabares llegó a Montevideo hace dos semanas para presentar también su testimonio ante la sede penal. Relató y profundizó todo lo que había contado para la edición de La Lupa.
Declaró que al “veterano” lo habían torturado como a él, y que escuchó al jefe del lugar –al que llamaban Julio César, seguramente como alias– cuando lo interrogaba: “le dice algo borroso y ‘Fidel Castro’. Se ve que el veterano niega porque Julio César insiste: ‘Sos, claro que sos’.
Me ha pasado mil veces ese fragmento de conversación por la cabeza y creo comprender que Julio César había dicho al veterano:
‘¿Sos algo de Fidel Castro?’, que el veterano negó y el otro reiteró: ‘Sos, claro que sos’”
Ante la justicia, Tabares ratificó que al volver de una sesión de tortura escuchó que el “veterano” se quejaba, gemía, respiraba con dificultad, y que al marcharse del lugar, el 3 de agosto, volvió a escuchar sus quejidos y ayes de dolor, mientras dos soldados comentaban, en tono burlón, que el “veterano” había empeorado, que estaba “jodido”.
Zabala deberá declarar en los próximos días ante el juez Fernández Lecchini y la fiscal Mirtha Guianze. Este ex policía, Baudean (apodado el “Francés”), Gómez y otros ex integrantes del SID, como el entonces mayor Omar Lacasa Antelo (“Óscar” o el “Alemán”), aparecen como los principales indagados.
Naturalmente, José “Nino” Gavazzo –ya preso por otras causas–, quien dirigía el Departamento III del SID, también se encuentra involucrado en tanto jefe de todos los que participaron del secuestro.
Su departamento se encargaba de las operaciones especiales en Uruguay y Argentina, y bajo su mando se realizó la Operación Pecera:
Se secuestró e hizo desaparecer a Julio Castro, se detuvo, torturó y expulsó a Tabares, quien ya no podría usar la cinta grabada, se logró que México cambiara al embajador Muñiz –quien apoyaba las acciones de Arroyo Parra– por un coronel retirado de apellido Cervantes.
Quesada sobrevivió a los embates de la represión, pero ya no pudo operar para sacar gente del país; como Lebel, que aquel 1 de agosto de 1977 esperó infructuosamente en su casa a Julio Castro.
La coordinación salvadora con la Embajada de México se había terminado, y Lebel –ya expulsado de la Armada por la dictadura– debió embarcarse como marino mercante.
Hay sin embargo una duda:
Tabares declaró que la presencia del “jefe”, a quien le decían “Julio César”, se olía desde lejos por el fuerte perfume que usaba. Ésta no era una particularidad de Gavazzo, sino del militar Jorge “Pajarito” Silveira y del policía Jorge Guldenzoph, más conocido como “Charleta”, quienes por entonces también integraban la coordinación represiva del SID con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
Con la confirmación de la Operación Pecera se abre una etapa de interrogatorios que posiblemente culmine con procesamientos por la desaparición de un maestro que ya de viejo enseñaba a saltar los muros de la Embajada de México rumbo a la libertad.
Walter Pernas -
BRECHA -
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En "Boiso Lanza" reconocen el lugar donde torturaron a Chaves-Sosa hasta la muerte - leer testimonios al pie de la página...
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"LOS DESAPARECIDOS"
"NO AL OLVIDO"
Argentina: 3 expedientes claves !!!
La ubicación de tres expedientes en Argentina reactivó la investigación de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Se trata de retomar los indicios aportados fundamentalmente por Wilson Ferreira Aldunate sobre la responsabilidad de las autoridades uruguayas en esos crímenes y la coordinación ejercida entre cancillerías y organismos de inteligencia. Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco están seriamente comprometidos.
Samuel Blixen
BRECHA
 Michelini- Gutierrez Ruiz
Hace 20 años Wilson Ferreira Aldunate sintetizaba para los diputados integrantes de la comisión especial investigadora de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz su íntima convicción: "Ustedes comprenderán que aquello era una condena de muerte; en momentos en que en Argentina se asesinaba a la gente por causas baladíes, simplemente por sospecha o parentesco… decir en Argentina que alguien era dirigente tupamaro era hacerlo morir".
El dirigente blanco se refería a los dos expedientes que el doctor Raúl Alfonsín vio en el despacho del ministro del Interior de la dictadura argentina, el general Albano Harguindeguy, cuando el 19 de mayo de 1976 pidió por la liberación de Michelini y Gutiérrez Ruiz, secuestrados horas antes. Esos expedientes resumían la información que el gobierno dictatorial de Juan María Bordaberry había entregado a los servicios de inteligencia argentinos y que hacían referencia a la condición de tupamaros de los dos notables políticos asesinados.
Aquellos expedientes eran, según Ferreira, un elemento más de prueba de la autoría uruguaya en los asesinatos, y porque éstos se habían sustentado en una infame mentira para encubrir los verdaderos móviles fue que en 1996, al impulsar la ley de caducidad como forma de superar la crisis institucional provocada por la insubordinación de los mandos militares, expresamente excluyó de los beneficios a los responsables de secuestrar y matar a Michelini y Gutiérrez Ruiz.
Fueron otros blancos, capitaneados por el entonces senador Luis Alberto Lacalle, quienes aceptaron, en el momento de votar, suprimir de la ley la excepción para los casos de Michelini y Gutiérrez Ruiz; y le tocó al colorado Julio María Sanguinetti decretar desde la Presidencia la impunidad para los asesinos, como forma de lapidar aquello que motivó la clausura de las investigaciones parlamentarias: la identidad de los autores intelectuales.
En los primeros meses de 1976 los instigadores civiles y militares de los asesinatos coincidían, por razones diferentes, en la postergación de cualquier salida de reinstitucionalización que pivoteaba en torno de las tres figuras más prominentes del exilio, Ferreira, Gutiérrez Ruiz y Michelini.
Los expedientes que Alfonsín dijo haber visto en el despacho de Harguindeguy y cuya existencia comentó Ferreira a los diputados en 1985 han salido a luz en Buenos Aires para confirmar la responsabilidad uruguaya en aquella condena de muerte para los dos exiliados. No es casualidad que los archivos del aparato del Estado se desempolven justo ahora, cuando el presidente de los argentinos, desde el mismo lugar donde más de 4 mil prisioneros fueron desaparecidos, pide públicamente perdón por el silencio que durante 20 años mantuvo la democracia sobre esos crímenes aberrantes; y cuando un magistrado anula los perdones y los indultos concedidos a los criminales con un argumento tan simple como demoledor: el terrorismo de Estado de las dictaduras, la forma más grave de terrorismo, encontró en la impunidad otorgada por la democracia su mejor aliado.
En Uruguay nadie pide perdón, todavía, por una caducidad que ampara a un puñado de oficiales que, además de torturadores y asesinos, fueron también ladrones de bebés o violadores de jovencitos y jovencitas. Pero es posible que la determinación argentina acorrale a la impunidad por lo menos en dos casos emblemáticos: el de María Claudia García de Gelman y el de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
Es posible que el ejemplo argentino obligue a encontrar, en los archivos del Estado uruguayo, los expedientes que completan la historia contenida en los expedientes argentinos. Porque algo es evidente: nadie ha destruido papeles; las complicidades cruzadas no eliminan archivos, los multiplican. Sólo hace falta un acto de sinceramiento y el coraje para asumir lo que señalan los indicios, lo que era la convicción de Ferreira: la orden de matar a Michelini y Gutiérrez Ruiz partió de las más altas esferas del poder en Uruguay.
El cerco de la muerte. La aparición de tres expedientes -el de Policía Federal, número 24507/73, caratulado "Michelini Guarch, Zelmar Raúl, asilo político"; el de Migraciones, número 748/74; y el del Ministerio del Interior, número 138/74, caratulado como "Reservado"- es una consecuencia directa de las gestiones realizadas en Buenos Aires por los abogados de la familia Michelini, que se apresta a replantear, en los primeros días de abril, la reapertura de las indagaciones judiciales por los asesinatos de mayo de 1976. Los documentos ubicados tienen un correlato casi lineal con el conjunto de informaciones y apreciaciones que Wilson Ferreira Aldunate aportó a la comisión investigadora en la sesión del 11 de junio de 1985.

El primero de los expedientes contiene todas las comunicaciones entre Policía Federal, cancillería y Migraciones por el estatuto de asilado político que Michelini solicitó a fines de junio de 1973. En la foja 52 de este expediente aparece el primer registro de la intervención uruguaya: el encargado consular de la representación uruguaya en Buenos Aires, Gastón Sciarra Rebollo, comunicó a las autoridades argentinas que Uruguay invalidaba el pasaporte de Michelini, primer paso de un círculo que se iría cerrando para concluir en el asesinato.
Para entonces, el canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, por intermedio de la embajada en Buenos Aires, acumulaba las protestas por lo que calificaba de "actividades políticas" de Michelini y de Enrique Erro. Accediendo a las protestas, el entonces subdirector de Migraciones y actual titular del Indec, Lelio Mármora, prohibió a Erro residir en la Capital, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Tucumán o Mendoza; el expediente 748/74 incluye una nota del 29 de abril de 1974, firmada por un funcionario de la cancillería, con rango de embajador, incorporando informes uruguayos sobre las actividades de Michelini y Erro.
La preocupación del gobierno de Bordaberry por las actividades de prominentes asilados uruguayos en Buenos Aires motivó el despliegue de un ejército de espías que, según el testimonio de Wilson Ferreira, concurrían habitualmente al lobby del hotel Liberty, donde Michelini recibía a los compatriotas, y a los salones del café Tortoni, donde el propio Ferreira y Gutiérrez Ruiz encabezaban las habituales reuniones de los refugiados uruguayos.
En 1985 Ferreira recomendaba a los diputados de la comisión investigadora obtener las versiones taquigráficas de los cursos que se dictaban en la Esedena, donde, para ejemplificar la importancia y utilidad del espionaje, se brindaban detalles de las reuniones de Buenos Aires. "En el curso que brindó un coronel se repetían, con detalles cuidadosos, cosas exactas", dijo Ferreira, quien había accedido a las versiones taquigráficas de la Esedena que le había proporcionado el capitán de navío Bernardo Piñeyrúa.
Según surge del expediente de Migraciones, el 15 de mayo de 1975 el gobierno argentino resolvió negar a Michelini el ingreso y la permanencia en el país. Semanas después, el 10 de junio de 1975, ordenó su expulsión del territorio nacional, medida que debería concretarse en 30 días. Inmediatamente Michelini interpuso un recurso de apelación revocatorio. Según el testimonio de Wilson Ferreira, "acompañado del juez Losada, magistrado muy conocido y muy prestigioso en la República Argentina", Michelini se entrevistó con el director de Migraciones, quien adujo que había firmado el decreto de expulsión sin leer el expediente. "Losada replicó que nadie expulsaba a una figura política tan conocida, además periodista de nota ahora también en Buenos Aires, sin leer el expediente", y el jerarca admitió entonces, según la versión que recibió Ferreira: "Yo debo confesarles que, en realidad, firmé el decreto de expulsión porque el expediente venía muy 'pesado', viene del Servicio de Información del Estado, el side.
Cuando viene de ahí en estos tiempos, usted sabe que la cosa es muy dura", y mandó pedir el expediente. Michelini y Losada pudieron confirmar (y así lo consignó Ferreira Aldunate) que "en ese expediente se indicaba que Zelmar Michelini era importante dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Pero -y esto es lo que agrega un dato importante a esta referencia- en el expediente figuraba no solamente esta información que elevaba directamente el Servicio de Inteligencia, sino también otra elevada por el gobierno uruguayo por todos los canales correspondientes, es decir, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia de la República, Presidencia de la Nación Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siguiendo todo el trámite administrativo. Y en esta comunicación oficial, que llega a través de los servicios del gobierno uruguayo, se repite la misma información".
El trámite de revocación se prolongó durante casi un año. Pero el 29 de abril de 1976, un mes después del golpe de Estado del 24 de marzo, Migraciones decidió "no hacer lugar al pedido" y ordenaba, según consta en el expediente, proceder a la expulsión. Sin embargo, la expulsión nunca fue comunicada a Michelini, ni siquiera se le notificó del resultado de su apelación. Por el contrario, el 7 de mayo, el canciller Juan Carlos Blanco viajó a Buenos Aires y se entrevistó con su par argentino, contralmirante César Augusto Guzetti. Al parecer, algunos de los expedientes que Blanco llevó consigo a Buenos Aires aparecieron después en el despacho del ministro Harguindeguy, cuando ya los dos parlamentarios uruguayos habían sido secuestrados y Alfonsín inició las gestiones para ubicarlos.

En el relato de Ferreira Aldunate aparecen detalles que hoy cobran mayor significación. Harguindeguy, en un comienzo, pretendió desconocer quiénes eran los secuestrados: "Recuerdo que Alfonsín me contó que le dijo: 'Pero, Flaco, estoy muy preocupado por la desaparición de estos distinguidos políticos uruguayos', etcétera. El general Harguindeguy le habría dicho: 'No tengo ninguna información y no pueden ser mis servicios, porque si fueran yo estaría enterado. Esto deben ser cosas entre ellos'. Alfonsín le expresó: 'No, hombre, no. Se trata de dos figuras muy distinguidas, demócratas', y cuando dijo 'demócratas', el general Harguindeguy exclamó: '¿Cómo demócratas? Tupamaros'. Con esto se vino abajo la afirmación inicial de que no sabía de qué se trataba. Y luego, ustedes conocen la culminación de este triste episodio". Harguindeguy habría exclamado: "¿Por quién me pides?, ¿por dos cabecillas tupamaros?", y habría exhibido un expediente en cuya carátula lucía el escudo nacional uruguayo.
Esta actitud de Harguindeguy, y la que asumió el brigadier Klix (quien aseguró a dos corresponsales, del diario Le Monde y de la agencia Asociated Press, que el secuestro de Michelini y Gutiérrez Ruiz era "un operativo uruguayo"), confirmaron en Ferreira Aldunate su convicción sobre la participación uruguaya en los asesinatos; el contenido de los expedientes ahora ubicados lo ratifica: la orden de expulsión de Michelini no fue cumplida, a los efectos de facilitar los planes uruguayos de secuestro. En los otros dos expedientes, el de la Policía Federal y el del Ministerio del Interior, aparecen dos notas del side, una "reservada" y otra "estrictamente confidencial". La primera alude a "los antecedentes desfavorables" de Michelini y Enrique Erro; y la segunda pone "a disposición, para consulta" las informaciones brindadas por los servicios de inteligencia uruguayos sobre "los antecedentes desfavorables de Michelini". Todo indica que el objetivo de secuestrar a Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira venía siendo planificado por lo menos desde mediados de 1975. La eventual expulsión de Michelini complicaba los planes. La suspensión de la medida los precipitó. Quizás debido a la urgencia, el operativo contra Ferreira fracasó. Cuando el destacamento militar, apoyado por un helicóptero artillado, llegó a la estancia de Wilson, en la localidad de Pardo, provincia de Buenos Aires, el dirigente blanco ya había sido alertado y había abandonado el lugar. "No tengo la más mínima duda de que en el equipo iban uruguayos", afirmó Ferreira en la comisión investigadora
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La investigación en Uruguay. Existe la duda de si el plan inicial consistía en el secuestro de los exiliados y su traslado a Montevideo, o si, como creía Ferreira, el asesinato estaba definido desde el comienzo. Otras versiones indican que la decisión se cambió sobre la marcha: el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), integrado por el presidente Bordaberry, los ministros de Interior, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores y los comandantes en jefe de las tres armas, se habría reunido en forma extraordinaria y urgente, entre el 18 y el 20 de mayo de 1976, para decidir la suerte de los dos secuestrados. Según la versión que recibieron en su momento el arzobispo de Montevideo, monseñor Carlos Parteli, y el dirigente blanco Alberto Zumarán, la decisión de asesinato se aprobó, en esa reunión del Cosena, por mayoría de votos.
La versión, comunicada por Parteli y Zumarán a los diputados de la comisión investigadora, será el punto de arranque de las indagaciones judiciales que emprenderán la fiscal Mirtha Guianze y el juez penal Roberto Timbal, en cuya sede quedó radicada una acción solicitada por la familia Michelini. Según trascendió, serían citados a declarar, en una primera instancia, Alberto Zumarán y Juan Raúl Ferreira.
La aparición en Buenos Aires de los expedientes habría estimulado a la fiscal Guianze a pedir su incorporación y a solicitarlos formalmente.
Los magistrados podrán acceder a su contenido una vez que las familias de Michelini y Gutiérrez Ruiz formalicen la querella en Argentina y accedan a los documentos. Pero también es posible que la fiscal y el juez se propongan recolectar toda la documentación que exista en nuestro país sobre el intenso intercambio de información entre la cancillería y organismos estatales, tal como surge de la documentación argentina. Fuentes judiciales admitieron que "es posible que se solicite a la cancillería y al Ministerio del Interior todo lo referente a Michelini y Gutiérrez Ruiz en el período de 1975-1976".
Una misma línea de acción debería tratar de ubicar los registros de la Esedena para determinar a qué clase de espionaje estaban sometidos los dirigentes exiliados y cuál era la identidad de esos espías. Por lo pronto, no sería muy difícil ubicar al coronel que brindó los cursos y que utilizó información certera sobre los movimientos de Michelini, Gutiérrez y Ferreira. Según el semanario Búsqueda, "fuentes judiciales dijeron que la justicia uruguaya reabrió la investigación sobre el asesinato de los ex legisladores luego de que surgieron elementos que podrían involucrar al ex presidente Juan María Bordaberry y al ex canciller Juan Carlos Blanco".
El ex canciller enfrenta, a pesar de estar en libertad, una acusación por homicidio en el caso de Elena Quinteros; y Bordaberry deberá finalmente responder ante el juez Hackembruch por la violación a la Constitución al ordenar la disolución de las cámaras en junio de 1973. Ninguno de los dos ha sido indagado judicialmente por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz
Nada impide que la justicia solicite los antecedentes sobre espionaje en Argentina y sobre las comunicaciones oficiales; cabe, en cambio, la posibilidad de que tal información sea negada apelando a la ley de caducidad, en cuyo caso se admitiría expresamente que los asesinatos del 20 de mayo del 76 fueron ordenados por los mandos militares. Pero, en todo caso, e independientemente del curso que asuman las acciones judiciales en Argentina, los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz serían definitivamente investigados si Tabaré Vázquez accede a la Presidencia de la República.
En Durazno, en ocasión de un acto electoral, el candidato del Encuentro Progresista dijo a los periodistas que si es presidente ordenaría la ubicación de expedientes uruguayos. Y ello en función de su compromiso inicial en el sentido de que, en su opinión, los casos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de María Claudia García de Gelman, no están comprendidos en la ley de caducidad.
Tres testigos reconocieron en Boiso Lanza donde fue torturado y asesinado Chaves Sosa
Inspección ocular. Le decían "La Perrera";
allí fue "torturado" hasta morir
Tres ex presos políticos reconocieron el lugar donde fue asesinado Chaves SosaLa Base Aérea de Boiso Lanza fue el centro de una nueva instancia judicial en la causa por el homicidio del militante del PCU, Ubagesner Chaves Sosa.
La Justicia concretó una "inspección ocular" del recinto; pese a las reformas, tres testigos reconocieron el lugar donde Chaves Sosa fue torturado.
La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea ingresaron ayer a la Base Aérea de Boiso Lanza para concretar una "inspección ocular" del establecimiento, en el marco de la indagatoria judicial por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa.La audiencia contó con la participación de Isidora Musco y Valentina Chaves (viuda e hija de Chaves Sosa, respectivamente), del abogado querellante Oscar López Goldaracena, y de tres ex detenidos políticos en dicha Base en 1976. No comparecieron los representantes legales de los militares presuntamente involucrados en el homicidio del militante comunista.En este sentido, los tres ex presos políticos pudieron reconocer "física y espacialmente" los principales lugares de reclusión del predio militar, entre ellos, "La Perrera", lugar donde fue "torturado y asesinado" Ubagesner Chaves Sosa, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.Los tres testigos también identificaron "claramente" la ubicación del celdario y otros lugares donde fueron recluidos presos políticos durante esos años, además de brindar detalles exactos sobre los lugares de acceso a "las catacumbas" y las salas de tortura. Incluso, los tres coincidieron sobre la ubicación de los instrumentos utilizados por los militares para torturar a los detenidos (caballete, tachos y ganchos) dentro de las propias salas de tortura, señalaron las fuentes.

"El ingreso a Boiso Lanza fue muy removedor para los testigos y la familia de Chaves Sosa, pero es un hecho muy importante porque la Justicia es sanadora. A nuestro juicio se están reuniendo los elementos de convicción suficiente para poder proceder al encausamiento de los implicados, quienes obviamente deberán ser determinados por la Fiscalía y la sede. Sin embargo, estamos a la espera de complementos, entre ellos la posible citación de nuevos testigos para seguir ahondando en la investigación", señaló López Goldaracena a LA REPUBLICA.El proceso judicial por el homicidio de Chaves Sosa implicó la comparecencia ante la Sede de tres ex oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), con activa participación en Boiso Lanza.
Los oficiales, entre ellos, el capitán (r) Uruguay Araújo Umpiérrez, fueron identificados como parte de la oficialidad operativa en Boiso Lanza cuando en mayo de 1976 se produjo la detención, el sometimiento a torturas y finalmente la desaparición forzada de Chaves Sosa, por el ex preso político Guillermo Gómez.Gómez declaró que Boiso Lanza era un centro de operaciones del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del S2, y que al frente de esa unidad estaba el capitán (r) Araújo Umpiérrez.
"Los milicos nos decían que Araújo Umpiérrez era el jefe del S2 de Boiso Lanza, es decir del servicio de inteligencia. El OCOA operaba en la base aérea", explicó Gómez en una entrevista con LA REPUBLICA publicada el pasado 31 de julio de 2008.Chaves Sosa, militante sindical y del PCU, fue detenido el 28 de mayo de 1976 y derivado a la Base Aérea de Boiso Lanza, donde fue interrogado y torturado, falleciendo horas más tarde. El caso se tornó emblemático, por cuanto significó el primer cuerpo de un detenido-desaparecido recuperado desde la reapertura democrática en 1985. Los restos de Chaves Sosa reaparecieron el 29 de noviembre de 2006 en una chacra de Pando, tras los trabajos del equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República, en base a información brindada por la FAU.
"Ocurrido el hecho (la muerte de Chaves Sosa) la intención fue entregar el cuerpo a los familiares, pero al no poder presentar un certificado de defunción se procedió a montar un operativo simulando su fuga y sepultando el cadáver con cal en una chacra, próxima a la ciudad de Pando; predio que estaba en custodia de la Fuerza Aérea", detalla el informe de la FAU.
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