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PUBLICADO EN CARAS&CARETAS
LA CASONA DE PUNTA GORDA: LOS FUSILADOS DE SOCA, LA OPERACIÓN MORGAN Y LOS VUELOS DE ORLETTI
La casa del Infierno
Tras ser requisado por la dictadura, un inmueble ubicado en la rambla de Punta Gorda se transformó en centro de torturas. Allí estuvieron los tupamaros secuestrados en Buenos Aires y que hace 37 años fueron fusilados en Soca; también pasaron los comunistas desaparecidos, víctimas de la Operación Morgan, cuyos sobrevivientes testifican hoy ante los juzgados de la calle Misiones. Tras sus paredes estuvieron los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo secuestrados en Orletti. Sin caducidades ni prescripciones, la justicia comienza a revelar las pesadillas sufridas en la llamada ‘curva del ensueño’.
ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
La amplia casona de dos plantas está ubicada en la rambla República de México al cinco mil, casi frente a la playa de los Ingleses, a una cuadra de donde la rambla O’Higgins se transforma en Coimbra para cortar la península de Punta Gorda. Es un predio de 608 m2, padrón Nº 95.308, carpeta catastral Nº 3.107, con salida de coches a la calle Mar Ártico, donde un alto muro da hoy intimidad al remodelado patio con barbacoa y piscina en forma de riñón.
A principios de los años setenta, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) adquirió aquella enorme construcción ubicada en un lugar donde nadie sospecharía de sus actividades. A su lado estaba el hotel Oceanía, en cuya planta baja funcionaba Chez Carlos, un boliche donde actuaban los principales artistas locales e internacionales de entonces. La publicidad radial de aquella ‘boite’ seducía con la frase “en la curva del ensueño”.
En mayo de 1974, en un violento operativo militar, la casa fue tomada por las Fuerzas Conjuntas. Después de que el dictador Juan María Bordaberry ordenó su expropiación, el inmueble se transformó en un centro clandestino de detención llamado 300 Carlos o Infierno Chico. Allí fueron torturados, muertos y desaparecidos militantes de diversos grupos políticos, hasta que en 1983 el Ministerio de Defensa Nacional vendió el inmueble en licitación pública.
Hoy propiedad de los dueños de un conocido frigorífico de chacinados, la casona de Punta Gorda comienza a revelar sus secretos ante los juzgados penales, donde ya han hecho juicio los sobrevivientes de Orletti, ha presentado testimonio el único sobreviviente de los fusilados de Soca y, en las últimas semanas, han comenzado a declarar las víctimas de la Operación Morgan, ejecutada en 1975 como un acto de “piratería” contra el aparato financiero del Partido Comunista
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LOS MÁS BUSCADOS
Investigadores e historiadores discrepan respecto del origen del nombre del centro de torturas. Para unos la denominación surgió de un operativo al que se llamó “300 Carlos Marx” y que en 1975 pretendía encarcelar a tres centenares de dirigentes y cuadros intermedios del Partido Comunista del Uruguay, pero otros consideran que hace alusión al “Carlos” del nombre del vecino local nocturno y la ‘R’ era por la Rambla, ya que el centro de torturas comenzó a funcionar a mediados de 1974 contra el propio MLN-T.
Cuando esta casona cayó en manos de las Fuerzas Conjuntas, el Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) habían terminado de implementar la represión contra los uruguayos opositores que se habían radicado en el Chile del derrocado Salvador Allende, y comenzaban a operar contra los ‘tupas’ que se trasladaron a Argentina.
La "bañera del submarino" para las victimas
Un documento fechado el 20 de noviembre de 1973 en Buenos Aires (un mes después de la asunción de Juan Domingo Perón) revela que el Servicio de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (Sipba) informaba a la dictadura uruguaya que el dirigente tupamaro Natalio Dergan se había asilado en la embajada argentina de Santiago de Chile y había solicitado salvoconducto para radicarse en ese país. Un año después sería desaparecido en la capital porteña.
Para los represores uruguayos, las ‘operaciones’ en Chile alentaban la acción en el nuevo escenario de Argentina. El tupamaro Antonio Viana Acosta sería secuestrado y trasladado ilegalmente a Montevideo en febrero de 1974. Natalio Dergan y Washington Barrios pasaron a ser los más buscados. La esposa de Barrios, Silvia Reyes, junto a sus amigas Diana Maidanik y Laura Raggio, fueron asesinadas en abril de aquel año, un mes antes de que cayera la casa de Punta Gorda en manos de la OCOA.
FUSILADOS EN SOCA
El OCOA de la Región I del Ejército, con jurisdicción en Montevideo y Canelones, centraba sus operaciones en el Batallón de Artillería Nº 1 del cuartel de La Paloma, en el Cerro, y tenía su ‘chupadero’ en la llamada “cárcel del pueblo” ubicada en la finca de la calle Juan Paullier 1190, que habían expropiado al propio MLN-T en mayo de 1972. La casona de Punta Gorda se transformaba entonces en un nuevo centro represivo, donde se coordinarían las operaciones con los ‘inteligentes’ del SID.
El 8 de noviembre de 1974, siete uruguayos fueron secuestrados en Buenos Aires. La familia de Floreal García y Mirtha Hernández con su hijo Amaral (de tres años), el matrimonio de Daniel Brum y María de los Ángeles Corbo, embarazada, Graciela Estefanel y Julio Abreu, quien no era militante político y terminó siendo testigo de la detención, la tortura en Argentina, el traslado en avión (“vuelo cero”), la reclusión en la casa de la rambla y la muerte de los otros cinco, fusilados cerca de la localidad de Soca aquel 20 de diciembre. El niño Amaral estuvo once años desaparecido. Abreu convivió 30 años con su silencio, hasta que salió públicamente a decir lo que bajo amenazas había callado.
Precisamente, mañana se realizará un acto recordatorio en el lugar donde fueron ejecutados, sobre la ruta 70 casi ruta 9 (km 75), hacia donde partirán vehículos desde la sede de Crysol (Joaquín Requena 1533). Los familiares aún recuerdan que sus cuerpos fueron arrojados detrás del cementerio de Soca, tapados con diarios, desnudos, con marcas de quemaduras en pies y manos, atados con alambres, acribillados y rematados con tiros en la cabeza. Pretendieron certificar las muertes por ‘causas naturales’ y las familias lograron que se pusiera en los documentos ‘heridas de bala’.
Abreu no dudó al identificar la casa de Punta Gorda y dijo: “Fue una noche. Sentíamos un ruido de armas, como que encasquillaban, trac trac, un ruido fuerte. Entraron y dijeron: ‘¡Levántense, tupamaros!’. Nosotros estábamos cubiertos con ponchos verdes del Ejército. Cuando yo me levanto, me dicen ‘¡Dije 'tupamaros', no 'tarados'!’... A ellos se los llevan y al otro día, de mañana, siento que sube el de la voz más fuerte, el que mandaba. Una voz dura, imperativa, enérgica... Dice: ‘Bueno, ya los matamos, están todos muertos estos comunistas’".
OPERACIÓN MORGAN
Los comunistas pasaron a ser las siguientes víctimas de la Casa de Punta Gorda. En octubre de 1975 se implementó la Operación Morgan, que abarcó a la dirección nacional del PCU, al área sindical y a la Unión de Juventudes Comunistas. La casa de la rambla habría estado a cargo del entonces capitán de navío Juan Carlos Volpe (Jeta), que ocupó una subdirección en el SID.
La represión contra el PCU fue inicialmente encargada a la policial Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), pero a fines de 1975 se le sumaron el OCOA y el SID. Es a partir de entonces que el edificio de la rambla vuelve a ser ocupado, al punto que la cantidad de detenidos obligó a pedir un galpón sin uso en la ‘pera’ del Servicio de Material y Armamento, a los fondos del Batallón 13 de Infantería de la avenida de las Instrucciones, donde quedó instalado el 300 Carlos (a secas), ‘Infierno Grande’ o ‘la fábrica’.
En el marco de esa primera 'oleada' represiva (1975-1976) desaparecen Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda, Carlos Arévalo Arispe, Julio Correa, Otermín Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla, Ubagesner Chaves Sosa, Julio Escudero Mattos, y fallecen como consecuencia de las torturas Carlos Curruchaga, Álvaro Balbi, Carlos María Argenta, Julián Basilicio López, Ivo Fernández Nieves, Óscar Olivera Rossano, Nuble Donato Yic, Humberto Pascaretta, Silvina Saldaña, Dante Porta y Saúl Facio Soto.
La represión contra el PCU continuó en otras ‘olas’ que se concretaron entre mayo y setiembre de 1977, de febrero a marzo de 1979 y entre fines de 1981 y mediados de 1983, como extensiones de la original Operación Morgan. En todo ese período, el PCU registra 23 desapariciones forzadas, 16 muertes en la tortura, un asesinato en el exterior, seis muertes en prisión y miles de detenidos, torturados, procesados y encarcelados.
VUELOS DE ORLETTI
A mediados de 1976, la casa de Punta Gorda volvió a ser el principal centro de operaciones represivas, con la llegada desde Buenos Aires del primer vuelo de Orletti, un grupo de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que había sido secuestrado y torturado en el pozo Automotores Orletti antes de ser trasladado en un avión del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) que piloteó el ex comandante de la aviación Ricardo Bonelli. Allí negociaron su ‘blanqueo’, traslado a la sede del SID y posterior encarcelamiento.
En uno de sus testimonios, Pilar Nores, detenida que terminó colaborando con los militares y tenía mayores posibilidades de movilidad en el recinto, describe la casa de la rambla en detalle. “Llegué a esa casa de noche, en invierno, en el mes de julio de 1976. Estaba vacía, excepto por la guardia. En la casa estuve alrededor de 20 días. No sé cuándo se produjo el traslado pero sé que el 4 de agosto (es el día de mi cumpleaños) todavía estaba en la rambla. Cuando llegué no había, según pude darme cuenta, ningún otro detenido. Había una guardia de pocas personas (no sé si tres o cuatro) y yo”.
“Una noche llegó la gente que traían de Buenos Aires. La mayor parte de estas personas eran los que habían caído en los operativos del 13 y 14 de julio. Del silencio y el vacío se pasó a la casa llena de gente, llena de gritos, llena de tortura y radios a máximo volumen. Tengo un recuerdo de caos y de encierro, porque yo pasé a estar encerrada en la pieza; me avisaban cuándo podía salir y me indicaban el camino exacto para ir al baño y alguna vez a la cocina; la mayor parte del tiempo no podía salir de la pieza”.
Los 23 sobrevivientes de aquel primer vuelo confirman las torturas sufridas antes de ser trasladados a la sede del SID en Bulevar Artigas y Palmar. Las víctimas identificaron a sus victimarios, que en su mayoría se encuentran detenidos en la cárcel especial de la calle Domingo Arena, procesados por la desaparición de otra veintena de uruguayos también detenidos en Argentina y traídos en un ‘segundo vuelo’ del que no se dejaron sobrevivientes. Se desconoce si estuvieron en la casa de la rambla, pero habrían pasado por el 300 Carlos, detrás del Batallón 13, antes de ser ejecutados y desaparecidos.
Las fotos del dolor
Clarel de los Santos, una de las víctimas de la Operación Morgan, detenido en la Casona de Punta Gorda y preso en el Penal de Libertad, llegó a ser luego secretario de redacción del diario cooperativo La Hora, que se imprimió aún en dictadura. Cuando se realizaron las elecciones de 1984, el matutino editó un suplemento especial sobre la represión en el que publicó la fachada de la casa de la rambla República de México.
Cuando preparaban el suplemento, De los Santos fue con el fotógrafo Freddy Navarro a hacer tomas del exterior de la casona, que entonces estaba deshabitada, y como vieron que había obreros trabajando pidieron para entrar a tomar fotos interiores. “Son fotos comunes, de puertas, paredes, escaleras, una bañera y un alambre, pero están cargadas de recuerdos y dolor”, explica Clarel.
“Es la puerta del garaje por donde nos metían tirados al piso del vehículo en que nos secuestraron, es la angosta escalera por la que nos subían del garaje a la planta alta de la casa, es la bañera donde nos hacían submarino (para el que también tenían un tacho en otra pieza), es el cable de acero del que nos colgaban en un pequeño patio con altos muros y donde el viento del mar que soplaba allá arriba me parecía el ruido de hojas de muchos árboles”.
Las imágenes, de las que quedan algunas copias, estuvieron traspapeladas durante mucho tiempo. Ahora se constituyen en testimonio y serán entregadas por el periodista y el fotógrafo al Museo de la Memoria. “Para los que estuvimos ahí, [las fotos] están llenas de rememoraciones impregnadas en nuestro ser para el resto de nuestras vidas. Las compartimos para que también formen parte de la memoria en construcción de nuestro tenebroso pasado reciente”.
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La (nueva) HORA DE LOS JUECES - Decreto contra la caducidad llega a las sedes penales - por WALTER PERNAS de "BRECHA"
La decisión sobre reabrir todos los casos vinculados a la violación de derechos humanos durante o a partir de la dictadura quedó en manos de los jueces penales. Este hecho parece redundante, puesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ordenó hace varios meses -en la sentencia del caso Gelman versus Estado- que los jueces uruguayos deben reabrir de oficio estos procesos. Sin embargo, el fallo internacional, que es vinculante para los tres poderes del Estado uruguayo, no ha sido acatado en tal extremo.
El poder Judicial esperó a que el Ejecutivo comunicara su resolución de revocar "por razones de legitimidad" los decretos que fueron adoptados por anteriores gobiernos a fin de amparar en la ley de caducidad delitos de la represión dictatorial, para difundir la información entre sus magistrados: "hágase saber a todos los juzgados con competencia en materia penal". señala la locación adoptada el martes 19 por la Suprema Corte de Justicia (SCJ),
Se entiende que ahora los jueces de tales sedes deben resolver si desarchivan o no los casos, haciendo uso de su independencia técnica: se trata de unos 88 casos, varios de los cuales pueden encontrarse en un mismo expediente.
La decisión del Poder ejecutivo juega un papel importante desde el punto de vista político, como una especie de impulso para un lánguido comportamiento judicial.
Lo atinado sería que cada juez o jueza revisara si en su sede existen casos de esta naturaleza archivados y los reabriera. Pero no es seguro que esto suceda; por ello varías organizaciones de derechos humanos o grupos de la-militares de victimas de la dictadura jugarán un rol fundamental para verificar, y reclamar llegado el caso, que las investigaciones se retomen. Aun así, puede haber jueces que decidan no re abrirlos al entender que operó alguno de los institutos del proceso penal
que favorecen al reo o indagado. De suceder esto el magistrado estará violentando nuevamente la sentencia de la Corte Interamericana, en tanto este organismo internacional -intérprete natural de la Convención Americana de Derechos Humanos- sostuvo que no se puede anteponer el principio de "irretroactividad" de la ley penal, "cosa juzgada " o ne bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito), entre otros.
La actuación de la SCI al emitir una sentencia que, en vez tipificar el delito de desaparición forzada -tal como lo exigió la Corte Interamericana-, dispuso que se trata de casos de homicidios, aunque no hayan aparecido los cuerpos de las víctimas, también debe señalarse como un incumplimiento.
En entrevista con Brecha, el presidente de la Corte Interamericana, Diego García-Sayán, dijo sobre este punto que las sentencias del organismo internacional que preside "son vinculantes, obligan al conjunto de los aparatos de Estado, y eso incluye al sistema judicial"
A pesar de las aclaraciones sobre la sentencia realizadas por Grecía-Sayán, las declaraciones del ministro de la SCJ Jorge Chediak reafirman que la corporación omitió cumplir con lo dispuesto en el fallo de la Corte Interamericana: "lo que señaló la mayoría de la (Suprema) Corte, con el voto discorde de su presidente Leslie van Rompaey, fue que recién en 2006 se incorporó a la legislación uruguaya el concepto de desaparición forzada, su vigencia no puede retrotraerse a los años setenta o a los años ochenta, que es cuando se registran los hechos pasibles de sanción penal" (La República, martes 19).
Brecha le había planteado este tema al presidente de la Corte, de la siguiente manera: "En el derecho interno uruguayo existe la figura de la desaparición forzada desde 2006. Pero el Poder Judicial ha entendido que la ley vale hacia el futuro, pero no para los crímenes cometidos durante la dictadura o a partir de la dictadura. Esto no parece remitirse a la sentencia contra el Estado uruguayo ni a la jurisprudencia de la Corte Interamericana... ".
Y García-Sayán respondió: "No, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dicho lo que también han señalado muchos tribunales internacionales como la Corte colombiana o la Corte de Perú: que las desapariciones forzadas son delitos permanentes y continuados, y que su prolongación en el tiempo, con posterioridad a la fecha de la creación de la figura delictiva en el derecho interno de los países, permite que y aplique la tipificación de la desaparición forzuda. Ya hay sentencias firmes, personas condenas por la justicia por ejemplo se ha aplicado la figura en Perú, en el caso de desaparición del estudiante (Exnesto) Castillo Páez, por la que oficiales de la policía fueron condenados apenas de más de 30 años en base a una tipificación dictada con posterioridad al inicio de la desaparición. Pero como el hecho se mantendría en el presente, se aplicó la figura".
IDEOLOGIA....
En política, ciertas palabras tienen una música hipnótica. Siempre suenan bien. Una de ellas es “renovación”. Otra es “debate”. Otra, “discusión”. Es preciso traducirlas, encontrar el conflicto detrás de ellas. Identificar al contrincante (o rival, o enemigo) en ese debate o discusión, al que reivindica lo “antiguo” frente a lo “nuevo”.
El vicepresidente Danilo Astori viene proponiendo desde comienzos de este siglo, cuando todavía aspiraba a la presidencia, la “renovación ideológica” del Frente Amplio.
Los conflictos que ahora lo enfrentan con el Partido Comunista lo motivan a reiterar su iniciativa.La principal “obligación” del Frente Amplio es procesar “una profunda discusión ideológica” sin transformarlo “en un partido de unanimidades” sino de “grandes lineamientos” definidos “con precisión”, dijo la semana pasada por AM Libre.
Al día siguiente, involucró a José Mujica al afirmar por Radio Sarandí que “tanto para el presidente” como para él los conflictos actuales “son de carácter ideológico”.Estas declaraciones se refieren a los vaivenes de los dos legisladores comunistas, el senador Eduardo Lorier y el diputado Hugo Dávila, en torno de la flamante Ley de Participación Público-Privada, pero tampoco son ajenos a la situación los planteos del sector sobre la reactivación del transporte ferroviario, la distribución de la riqueza y la creación de un frigorífico y una flota pesquera estatales.
En junio, Astori había declarado a La República que a la “renovación ideológica” del Frente Amplio debía seguir “una democratización” de la fuerza política, en alusión al poder del Partido Comunista en la organización interna, desproporcionada con sus votos, dada su participación en los comités de base. Antes, en diciembre, había atribuido los conflictos iniciados por sindicatos con gran incidencia comunista a choques “de tipo ideológico” dentro del oficialismo.
Eso indicaba, según él, que “el Frente Amplio se debe a sí mismo una discusión” en la materia.A Astori no se le puede achacar incoherencia: en 2002, todavía en la oposición y enfrentado con Mujica y con Tabaré Vázquez, pedía el voto en las elecciones internas para Asamblea Uruguay esgrimiendo su “convicción” en la necesidad de una “imprescindible renovación ideológica y programática”. La propuesta incluía “la discusión profunda, la resolución democrática y, naturalmente, el acatamiento disciplinado de lo que se resuelva, nos guste o no”
.La iniciativa vicepresidencial, apoyada por Mujica (quien no lo negó ni lo confirmó) y, con matices, por Vázquez, contradice algunas características que se dieron en el Frente Amplio desde su fundación, en 1971. Implementarla supondría un cambio radical del mandato original de esta fuerza política, que carece de definiciones ideológicas fundamentales con el fin de facilitar la unidad de acción. Tiene, sí, bases programáticas, pero de ideología, poco.
Esta prescindencia es explícita. La “Declaración constitutiva” de 1971 postula la “unidad política” de “hombres y mujeres de ideologías, concepciones religiosas y filosofías diferentes”. El texto incluye bajadas de línea bien imprecisas (“la construcción de una sociedad justa, con un sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial, es imposible en los esquemas de un régimen dominado por el gran capital”, por ejemplo).
El “Compromiso político” de 1972 aclara que su formulación no implica “mengua alguna a la independencia y autonomía de las fuerzas que componen el Frente en materia de ideología, objetivos finales, estrategia, línea política, organización y disciplina”, siempre “que no contradigan los documentos y resoluciones básicas” comunes.O sea que el Frente que surgiría del proceso propuesto por Astori sería muy, pero muy diferente al que se creó en 1971 con la participación del propio Astori. Es previsible que la ya temblequeante unidad se resienta, a menos que el “debate” no apunte a definición alguna, lo cual lo alejaría de cualquier propósito de “renovación”. Sería bien al cuete.Es posible que el vicepresidente dé por cierta la muerte de ciertos principios ideológicos tras la caída de los regímenes del denominado “socialismo real” a fines de los años 80 y principios de los 90. Si es así, se equivoca. En los últimos dos decenios lo que murió fue la muerte de las ideologías, cuya mamarrachesca partida de defunción firmó el ideólogo neoconservador Francis Fukuyama.
Estaban hibernando, y ahora se despiertan en las urnas de América Latina y en las calles de Europa y el mundo árabe. Por otra parte, el Partido Comunista del Uruguay, que si se caracteriza por algo es por la coherencia de sus fundamentos (compartibles o no), tiene mucho para ganar en tal debate.Astori también da por sentada la solidez de su alianza con Mujica y con Vázquez.
Se confía demasiado. Un líder como él, que fue derrotado en tantas batallas internas y que llegó a la vicepresidencia dando un paso adelante y dos al costado, debería haber aprendido a ser más cauto.
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DE "LA DIARIA"- 18/07/2011
ARCHIVESE
A los 83 años y habiendo cumplido cuatro años de su condena murió ayer el dictador Juan María Bordaberry.El velorio y entierro fueron rápidos. El dictador murió en la madrugada de ayer, pasadas las 5.00, en su casa en Carrasco, donde desde 2007 cumplía su condena a 30 años de prisión por razones de salud. Según se informó ayer, a los 83 años Bordaberry tuvo un paro cardiorrespiratorio. El velorio se realizó en su casa y el entierro, 12 horas después de su muerte, en el cementerio privado Parque Martinelli, en el kilómetro 24 de la ruta 102.Pese al frío, unos 20 militantes de Plenaria Memoria y Justicia fueron hasta la puerta del Parque Martinelli, cerca del aeropuerto.
Bajo los gritos de "se murió, se murió, la puta que los parió" entró el féretro que llevaba a Bordaberry padre, seguido de los autos que conducían, entre otros familiares, a uno de sus hijos, el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado).Desde los parlantes que instalaron los activistas se escuchaba "La Memoria", de León Gieco, y audios que nombraban uno por uno a los civiles que fueron funcionarios del gobierno dictatorial. "El dictador no se debía ir en silencio, algo teníamos que decir. Él se fue viviendo en total privilegio, no pagó por lo que le hizo al pueblo y se fue llevando una cantidad de verdades", explicó Irma Leites, militante de Plenaria, que aclaró que la organización no llegó a convocar la movilización por falta de tiempo.Alrededor de 300 personas concurrieron al entierro, gran parte, familiares y amigos.
Fueron pocas las figuras del ámbito público que asistieron, en su mayoría integrantes del sector que lidera el senador Bordaberry, Vamos Uruguay (VU). Algunos de los que estuvieron presentes fueron el senador Alfredo Solari (VU, PC) y los diputados, también de VU, Walter Verry, José Amy, Aníbal Gloodtdofsky, Juan Manuel Garino y Nicolás Ortiz. Estuvieron el intendente de Salto, Germán Coutinho (VU, PC), el ex ministro de Economía Isaac Alfie (Propuesta Batllista, PC), el compañero de fórmula de Pedro Bordaberry en 2009, Hugo de León, el ex presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Alfonso Varela, la viuda de Jorge Pacheco, Graciela Rompani, y el periodista deportivo y empresario Julio Sánchez Padilla.
El único dirigente político no colorado que concurrió al entierro fue el diputado Carmelo Vidalín (Soplan Vientos Nuevos, Partido Nacional), ex intendente de Durazno.En silencio
A todos los presidentes o vicepresidentes de la República se les rinde honores de Estado cuando mueren, pero desde 2006 la ley 18.023, promovida por legisladores frenteamplistas, exceptúa de ese reconocimiento a quienes ocuparon dichos cargos durante la dictadura cívico-militar (1973-1984), por lo que Bordaberry quedó excluido de los homenajes.
En el PC, partido por el cual fue electo presidente en 1971, los dirigentes históricos Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle y el senador de Proba José Amorín no quisieron manifestarse sobre su muerte, y no se espera ninguna actividad a raíz de su fallecimiento.
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Las causas
El Código Penal, en su artículo 107, establece que “la muerte del reo, sobreviniendo con anterioridad a la condena, extingue el delito y, si ocurriera después de ella, hace cesar sus efectos”. Bordaberry, junto con el ex canciller Juan Carlos Blanco, fue procesado en primera instancia en diciembre de 2006, a pedido de la fiscal Mirtha Guianze, por la coautoría de los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. En febrero de 2010, en el marco de otra causa, fue procesado por el delito de “atentado a la Constitución” que desencadenó la “desaparición forzada” de nueve personas y el “homicidio político” de dos. En ambos expedientes Bordaberry fue condenado en primera instancia por parte de los jueces Roberto Timbal y Mariana Motta, respectivamente.El Tribunal de Apelaciones no alcanzó a pronunciarse sobre las condenas, ni tampoco la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo que significa que las instancias judiciales no se agotaron cuando Bordaberry murió y que, por tanto, las causas siguen abiertas. Según explicaron a la diaria fuentes judiciales, en función del citado artículo del Código Penal, el Tribunal de Apelaciones deberá expedirse por la condena de Blanco en el caso de los cuatro homicidios, pero no por Bordaberry. El otro expediente, en cambio, se archivará, porque Bordaberry era el único imputado. Por esa razón, no se conocerá la opinión del Tribunal de Apelaciones ni de la SCJ sobre la tipificación de "atentado a la Constitución", aplicada por primera y única vez en este marco.
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El presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, tampoco quiso hacer declaraciones al respecto.
El presidente del directorio del PN, el senador Luis Alberto Heber, dijo ayer en radio Carve que con la muerte de Bordaberry se está "terminando una generación que generó enfrentamientos y radicalización de ideas en Uruguay".
Cronología
1928 - Nace el 17 de mayo.
1959 - Presidente de la Junta Cárnica Nacional.1960 - Designado miembro honorario del Comité del Plan de Desarrollo Agrícola.
1962 - Presidente de la Comisión contra Enfermedades Bucopédicas.1
960-62 - Integró el Consejo Lanero Nacional y presidió la Comisión contra Enfermedades Bucopédicas
.1963-65 - La Liga se alió con el Partido Nacional (PN).1967 - Con la llegada del Partido Colorado (PC) al poder se pasó a sus filas por considerarlo la mejor garantía para un poder fuerte.1969 - En octubre, el presidente Jorge Pacheco Areco lo designó ministro de Agricultura.
1971 - Presentó su candidatura por partida doble para los comicios del 28 de noviembre: a la presidencia y a la vicepresidencia de Jorge Pacheco.
1972 - El 15 de febrero fue declarado vencedor sobre Wilson Ferreira Aldunate (PN) y Líber Seregni (Frente Amplio).
1º de marzo - Asumió sus funciones para un período de cinco años. Ese día, en la Asamblea General, fue interrumpido por el senador Enrique Erro: "¡Con su estilo, usted es un peligro para la paz de la nación! ¡Usted es un futuro prototipo dictatorial!", advirtió el parlamentario.
15 de abril - Impulsó el "estado de guerra interno" que acotó las garantías constitucionales.
1973 - El 25 de junio, anunció la disolución del Congreso, consumando, un día después, el golpe de Estado.
1976 -El 12 de junio, a pocos meses de que terminaran los cinco años para los que había sido electo, abandonó el cargo tras un desencuentro con los militares por diferencias en la normalización constitucional, que Bordaberry no quería.
2006 - El 16 de noviembre, es procesado por el delito de "homicidio muy especialmente agravado".
2007 - En enero, pasó a cumplir su pena con arresto domiciliario, debido a su estado de salud.
2010 - En febrero, es procesado por el delito de “atentado a la Constitución”.
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vamos a festejarlo
Vamos a festejarlo
> vengan todos
> los inocentes
> los damnificados
> los que gritan de noche
> los que sueñan de día
> los que sufren el cuerpo
> los que alojan fantasmas
> los que pisan descalzos
> los que blasfeman y arden
> los pobres congelados
> los que quieren a alguien
> los que nunca se olvidan
> vamos a festejarlo
> vengan todos
> el crápula se ha muerto
> se acabó el alma negra
> el ladrón
> el cochino
> se acabó para siempre
> hurra
> que vengan todos
> vamos a festejarlo
> a no decir
> la muerte
> siempre lo borra todo
> todo lo purifica
> cualquier día
> la muerte
> no borra nada
> quedan
> siempre las cicatrices
> hurra
> murió el cretino
> vamos a festejarlo
> a no llorar de vicio
> que lloren sus iguales
> y se traguen sus lágrimas
> se acabó el monstruo prócer
> se acabó para siempre
> vamos a festejarlo
> a no ponernos tibios
> a no creer que éste
> es un muerto cualquiera
> vamos a festejarlo
> a no volvernos flojos
> a no olvidar que éste
> es un muerto de mierda.
MARIO BENEDETTI
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DEL SEMANARAIO "BRECHA"
A contramano - Escrito por: Álvaro Pérez García
Hace años que vamos a la marcha contra la impunidad, o por los desaparecidos, o por la verdad, o por la justicia y la memoria. Hace años que transitamos serena y reflexivamente por esa avenida (la más triste del mundo en estas ocasiones) con la esperanza de que algún día será.
No es que nos complazca o nos regodeemos en el dolor, no somos sádicos ni orgullosos sufridores.Hace años que el tema nos agobia y nos cansa, que sentimos que queremos dejar verdaderamente atrás ese simulacro de un entierro.
Pero no nos dejan, porque primero un plebiscito y luego otro y ahora el finísimo entramado jurídico y legal siempre dejaron a salvo, contradicción profunda si las hay, la aplicación ilegal de la norma más penosa con que cuenta Uruguay. Este 20 de mayo caminamos heridos, casi derrotados, porque nos dimos cuenta de que justo el Frente Amplio se embarcó desde que gobierna en 2005 en la aplicación del resquicio de toda una ley inaplicable.
Usando una metáfora que a Tabaré Vázquez no le desagradaría, mantuvimos con vida un cuerpo casi muerto con la ayuda de un inhalador. Se encontraron unos restos (o las Fuerzas Armadas lo permitieron), fueron presos unos militares, se jugó hasta el hartazgo con Macarena Gelman, que le sigue poniendo el cuerpo a la búsqueda de sus padres muertos. ***
Se pretendió que la población entrara en la retórica minuciosa de los términos legalistas: derogación, anulación, revocación, impugnación, prescripción; términos todos que al fin y al cabo no hicieron más que confundir y alejar de la sustancia del asunto a miles de uruguayos, y que enrollaron por años a constitucionalistas y políticos: a aquellos a quienes les servía la confusión y a aquellos que mientras se iban enroscando en su propia trampa olvidaban, otra vez, la sustancia del asunto (el Frente Amplio, como partido, más que nadie).
La sustancia del asunto son las viejas que se van muriendo sin poder enterrar a sus hijos y los hijos a los que se les va la vida sin conocer el paradero de sus padres. Y comenzaron a sucederse declaraciones, marchas y contramarchas y actos y omisiones: el Frente Amplio que en pos de la campaña electoral se olvidó de miles que gestaron su nacimiento y que veían como compromiso ineludible de esa fuerza política que se terminara (como un asunto de ética humanista fundamental) con la ley de impunidad.
La asunción de que al soberano hay que respetarlo a rajatabla (aunque hubiese instalado la pena de muerte, que de hecho, con esta ley, más o menos la legalizó para aquellos años). Las idas y venidas de la fuerza de izquierda en relación a la ley: el canciller presenta el proyecto, el presidente lo desautoriza; el presidente le pide a la fuerza política que no vote para cuidar el plebiscito y luego le pide a Semproni que sí vote para cuidar la unidad de la coalición; algunos senadores o diputados que no votan porque no es el camino luego reculan porque la fuerza política los mandata, que no porque es convicción personal.
Sólo una imagen siniestra se le viene a uno a la cabeza: parece que la izquierda estuviese jugando a la taba con los huesos de los desaparecidos. Pero luego de no aprobarse la interpretativa la izquierda vuelve a confundir: que no estamos de acuerdo con la impunidad, que seguiremos luchando.
¿Cuándo?
¿Cuando las Fuerzas Armadas hablen pero a cambio de la impunidad, como lo insinuó el comandante Bonilla por televisión? ¿Cuando se mueran todos, como lo ha sugerido miles de veces el propio Mujica? Sabido es que los muertos no hablan, salvo en las fantasías de los locos o los supersticiosos, o a través de algunos sueños. Y entonces se empezó a embarrar la cancha y resurgieron desde las cenizas (con un empujón bien fuerte del Ejecutivo) viejos temores y posibles pactos: los tupas y los militares (y supuestas amenazas de éstos).
Y Mujica que quiere quedar bien con todo el mundo, buscando desesperadamente su ansiada reconciliación nacional pero poniendo el eje, otra vez, en la teoría de los dos demonios y en la lógica de los combatientes cuando ya habíamos superado esa discusión y habíamos llegado a lo irrefutable: que lo que ocurrió en el país entre 1973 y 1984 fue terrorismo de Estado. Pero no, sale el viejo, justo el día en que se “conmemora” el nacimiento del Ejército (otra mentira), invocando sus cananas y salvando a las futuras generaciones… de militares.
Mientras, las viejas allí, calladitas, con los rostros de sus hijos sonrientes o pensativos perpetuados en la muerte para siempre. *** Cosa extraña la de la hermandad y la unidad de un pueblo en temas como éste, como si de pronto se pudieran borrar las fronteras políticas e ideológicas, o una concepción del mundo (de eso se trataba ser de derecha o de izquierda, pensábamos). Se suponía que aquí no había negociación posible y se supone que cualquier fuerza política dispuesta debe echar por tierra (con el apoyo de los sufragantes que votaron un programa que incluía desterrar la ley) un panorama injusto, inconstitucional o directamente contra natura de lo estrictamente humano.
Seguramente lo estrictamente humano no se correspondía con el aparataje jurídico que finamente se tejió por años y la ley interpretativa que la semana pasada no se votó era imperfecta y sería denunciada, interpelada, apelada, declarada (o no) inconstitucional, pero el Frente Amplio se perdió la oportunidad de darles a sus votantes un elemento simbólico del que agarrarse, una señal.
Esa que los más “puros” (uy, qué demodée la palabra ante la real politik) esperaban, y no la que el presidente, siempre yendo y viniendo, confundiendo a propios y ajenos, les espetó en sus caras: los únicos derechos humanos que importan son los que se garantizan mediante la continuidad electoral del Frente Amplio. Se intuye y se siente en la calle que miles de los más fieles, hasta ahora, piensan lo contrario: no vale ningún partido si pasa por encima de convicciones filosóficas muy profundamente arraigadas. Pero empiezan otros cálculos, los político-electorales.
Ya piensan muchos de izquierda: qué hacer ante la posibilidad de un otro (¿Bordaberry?) o el Frente Amplio. Finalmente terminaremos votando al Frente, piensan resignados algunos. Otros no (tal vez miles): ésta no la llevo, no puedo llevarla. ***
Los que abogan por cerrar páginas y heridas podrían mirar más allá de sus propias chacras y ver, por ejemplo, cómo es que ahora, después de 40 años de dictadura de Franco en España y otras décadas de democracia, son los nietos o los bisnietos quienes buscan la verdad.
La verdad no como término hueco o manido sino como una cicatriz que supura muchísimos años después a través de los familiares directos o de una generación que quiere saber qué paso y dónde están los republicanos asesinados. O más cerca aun: se puede mirar al otro lado del río y ver que sin proclamarse directamente de izquierda, uno de los primeros actos de Néstor Kirchner fue descolgar de la Casa Rosada el retrato de Videla y anular, sin permiso y en contra de una fuerza militar feroz y una derecha mucho más poderosa que la nuestra, las leyes de obediencia debida y de punto final.
Y sanseacabó: se comenzó a enjuiciar a los responsables (a troche y moche), a recuperar la memoria, a saber la verdad. Y desde ahí comenzaron (más allá del estilo: populismo, peronismo, cientos de zapatos de la presidenta o lo que quieras) a bregar por otros derechos y otras causas, seguramente emparentadas con la memoria de los desaparecidos: se opusieron a los poderosos del campo (a los más ricos, muchos emparentados con la dictadura), crearon una ley de medios (se opusieron entonces también a los poderosos de la prensa: Clarín, por ejemplo, también parientes del terrorismo de Estado), aprobaron el matrimonio homosexual (contra la Iglesia de punta, tan emparentada también).
Realizaron o lo intentaron, sin vociferar ideología (o vociferándola, da igual) cambios profundos en cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos y las luchas sociales: se pusieron, en muchos aspectos, de un lado, tomaron partido, jugaron en serio.
Escuchar a los jóvenes, sugeríamos la semana pasada en una nota en Brecha. Pero los viejos “combatientes” parecen estar pensando sólo en ellos. No todos los jóvenes, claro, ni todo el país, mucho menos, están atentos a los devenires de la ley de caducidad. Pero sí una buena porción que mañana, o ya hoy, son los que están trabajando inteligentemente por el país, los que encontraron una causa con la que arroparse, los que dicen sin pudor la palabra “justicia”.
“Sólo se trata de justicia”, dijo un muchacho en medio de la marcha, mientras un veterano enojado gritaba “¿Dónde estás, Pepe? Escuchá a tu pueblo” y otro lo mandaba a callar porque “no es el momento”.En la cobertura referida una muchacha de nombre Clara hablaba provocativamente de que los de-saparecidos (o los encarcelados, o los exiliados, que no sólo fueron los “combatientes” tupamaros, recordémoslo todos) se han transformado en un ícono, que ya nadie habla de por qué lucharon o más bien que ya nadie recuerda esas palabras perdidas: sueños, transformación, reparto de riquezas, justicia.
Y a uno se le antoja entonces pensar en por qué el silencio justo ahora, o por qué no el derecho a gritar después de tantos años de silencio y de algunos de un gobierno de izquierda. Por qué no decir en voz alta, como dijeron tantos en la marcha o en las mesas familiares y de amigos, que se sienten traicionados, “llenos de rencor”, asqueados de tanta vuelta jurídica, decididos algunos de los más viejos (de esos que fundaron el Frente Amplio) a abandonar la fuerza partidaria que apoyaron durante 40 años y decepcionados muchísimos de los más jóvenes que creyeron que la justicia y la política podían ir de la mano. Un golpe fuerte para ambas inocencias, para dos poesías confluyentes, para un reclamo esencial.
Tan esencial que un muchacho de 20 años puede definirlo en un enunciado acorde con la historia: “acá hubo golpe de Estado, desapariciones, la gente iba presa por ser sindicalista o por lo que fuera. Torturaron, violaron mujeres, le dieron palos a todo el mundo.
Todo cuando los tupas ya no existían. No me importan los tupas ni los militares ni las miles de vueltas con las leyes, lo único que me importa es sentir que vivo en un país en el que se hizo justicia. Y eso sólo se logra si los responsables pagan por los crímenes”.Ahora la cosa va a seguir y aparecerán de nuevo las palabras que enredan: derogación, pronta prescripción, incompatibilidad, ilegalidad; palabras que se leerán según cada biblioteca.
Mientras tanto, las viejas se nos morirán, miles de jóvenes y militantes de toda la vida habrán sufrido el golpe de una gran desilusión y los desaparecidos continuarán siendo la verdadera mochila que habrá que seguir cargando. ?
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TESTIMONIAN DESPUES DE 37 años-
La memoria del horror subió a la superficie, en el juzgado de la calle Misiones, acá en Montevideo- Uruguay.
Ellos son mujeres y hombres que pasaron la barrera de los 50 años de vida.
Llegaron en grupo acompañados por otros compañeros- CRYSOL y el gremio de –Suntma -para mencionar.
Fueron citados por la jueza Mariana Motta, y la fiscal Ana María Telechea, por el inicio de la causa presentada por torturas, en esa unidad de la fuerza aérea llamada: Boiso Lanza.
El disparador de esta causa fue el hallazgo de los restos del militante Chávez Sosa- en la chacra de Pando y la búsqueda infructuosa de los militantes Arpino Vega y Abel Ayala, que permanecen desaparecidos y que también estuvieron detenidos y torturados en esa unidad aérea.
Hoy.
Se los vio emocionados, sensibles; un golpe a la emoción, pero esta vez sanadora.
“Tantos años para poder contarle a la justicia todo lo que pasamos; es un privilegio”
Dijo un hombre que ya anda por los 60 años.
Ayer.
La tortura configura un cuadro de alto impacto emocional con derivaciones fisiológicas y psíquicas.
Significa que se pone en juego todo un universo de efectos químicos y emocionales en el cuerpo.
“en los primeros momentos en que éramos capturados pasábamos al estado de amenaza permanente a nuestra integridad física y psíquica. Desde el primer momento nuestros cuerpos eran sometidos a salvajes torturas".
Los primeros minutos del secuestro: La indefensión de no saber que va a pasarme.
Allí comienza a funcionar el cuerpo como primera forma de defensa.
Aumenta la fuerza muscular y arterial. La respiración se torna agitada en extremo, corta, alta. La actividad cardiaca en paroxismo: taquicardias. Las descargas internas, corporales de las llamadas “hormonas del estrés”, adrenalina, cortisona, serotonina, endorfina en forma continua.
Y en el plano psicológico:
La atención activada en estado de alerta, los gritos, los ruidos se amplificaban a nuestro alrededor
. Se producía embotamiento de la emoción, disociación interna: replegado en sí mismo.
Al dolor del cuerpo se sumaba el dolor del espíritu, con aquellas torturas que no dejaban huellas visibles como las violaciones a mujeres y hombres por igual.
Pero a su vez se volvían a amplificar los dolores, el miedo, el terror de sentir los gritos de los otros/as, de familiares, hijos, hermanos.
Esto nos dejaba en la incertidumbre e impotencia de no saber si tuviese un fin inmediato, certero. Permanecíamos por días, meses viviendo de esa forma. Era estar a disposición de ellos: los torturadores.
Los cuerpos cimbraban, sudaban de miedo, se erizaba la piel como primera alarma de peligro.
Y el cuerpo psíquico respondía tratando en céntimas de segundos, elaborar y volver a codificar nuevas alternativas de contrarrestar los peligros descargando más y más hormonas del estrés invadiendo todo el cuerpo, todos los cuerpos. Sintiendo el propio dolor y el ajeno.
. “Llovían de todos lados los golpes”. Siento la carrera de pasos de botas, llegan más. Más golpes de karate, y patadas, yo también me defiendo y grito. . Los cables estaban pelados en las puntas y los pasaban por mi cuerpo de 19 años. Yo seguía gritando pidiendo auxilio. Insisten con agua, me tiran un balde con agua sobre el cuerpo. Así siguen un rato más. Sigo sintiendo los gritos desgarradores de los otros compañeros.
"me bajaron la escalera de arrastro no podía caminar, y me dejaron tirada en un calabozo.”
Son infinidad los relatos del horror vivido.
Hay responsables de todo esto: de las muertes por torturas, de los daños que persisten hasta hoy en muchos que aún no pueden relatar.
Hay culpables de estos delitos de Lesa Humanidad.
Hoy se depositó en la justicia la verdad, para que se logre la sanción a quienes ejercieron desde el estado estos delitos que aún siguen impunes con una ley que los ampara.
¡Por Verdad y Justicia Nunca Más!
robaron la laptop de la fiscal Guianze con archivo del caso
"Gregorio Alvarez"
Después de haber trabajado hasta altas horas de la noche en el caso de casación del dictador Gregorio Alvarez, sólo la laptop de la fiscal Mirtha Guianze fue robada de su casa de vacaciones en Punta Rubia, departamento de Rocha.
Es la segunda vez que el hecho se repite y que los "ladrones" sólo se interesan por la computadora de la fiscal. En marzo de 2010 también le robaron la computadora de su casa en Las Piedras, donde reside, a pesar de que según se informó tuvieron a su alcance otros objetos de valor y no los llevaron.
La fiscal dijo a LA REPUBLICA que anoche, cuando estaban durmiendo, le robaron su laptop en la cual trabajó en el caso del dictador Gregorio Alvarez y que los ladrones dejaron un celular "blackberry" y dinero en efectivo que había en el mismo lugar. La billetera de su marido estaba cerca de la laptop pero los "ladrones" la dejaron allí con todo su dinero. "Además dejaron el cargador de la computadora que estaba conectado al aparato", dijo.Alrededor de la casa de la fiscal en Punta Rubia no hay nada, sólo baldíos y campos con maleza, según indicó Guianze a LA REPUBLICA. Recordó que instalaron su casa de vacaciones en el departamento de Rocha desde 1986 pero que nunca había sucedido una cosa similar.
La fiscal Guianze dijo tener respaldo de sus archivos aunque lo que había escrito anoche sobre el caso del dictador Gregorio Alvarez iba a tener que reconstruirlo, lo cual no es muy difícil, indicó."La computadora es la segunda vez que me la roban", contó la fiscal al programa del Sodre, De Diez a Doce y agregó que Punta Rubia es un lugar muy tranquilo, donde no es frecuente que ocurran hechos como éste."Estuve trabajando hasta tarde. El cargador estaba en el piso y no se lo llevaron.
Llama la atención porque en la mesa había dinero y un celular y no se llevaron nada", dijo.Guianze agregó que "cada vez que trabajo en eso me pasan cosas raras. No sé, hay o no hay (espionaje) pero tengo que hacerle más caso a alguna gente que me impulsa a tomar precauciones", concluyó.Hace pocos días, la fiscal insistió en la importancia que se tipifique "desaparición forzada" para muchos casos de personas desaparecidas por la dictadura cívico militar uruguaya.
"Si se considera que es desaparición forzada, se entiende que es un delito permanente, que no prescribe hasta que no se encuentra a la víctima o se tiene la certeza de que falleció de alguna manera fehaciente, no como hasta ahora que tenemos presunciones. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
En Argentina, Perú, Chile, en las sentencias a las que he tenido acceso, está aceptado que lo que se cometió en el marco de las dictaduras del Cono Sur es lesa humanidad", señaló.Recordó también que "desde Nuremberg para acá, con todas las elaboraciones doctrinarias que se fueron haciendo".
Y "establece que hay determinados delitos que tienen una gravedad tal que la humanidad tiene la obligación de perseguirlos, por eso son de lesa humanidad.
El Estatuto de Roma es posterior, por eso acá no vamos a considerar la ley que lo implementó, la 18.026".Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, afirmó, en cambio, que esa norma, que prevé la figura de desaparición forzada, es la que impide tipificar ese delito porque rige desde 2006 y tiene vigencia para los crímenes que ocurran después de ese año.
La fiscal Guianze sostuvo que "la SCJ no se ha expedido todavía sobre mis expedientes. Por lo tanto entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento"
.Según la representante del Ministerio Público, "la Ley de Caducidad lo que hizo fue retardar las investigaciones. Si los casos hubieran sido juzgados en su debido momento no estaríamos planteando ahora estos problemas de prescriptibilidad. La interpretación de la Corte IDH es obligatoria porque es la intérprete última de la convención y Uruguay aceptó su competencia desde abril de 1985.
La ratificó por ley.
Si hay una convención o tratado que va en contra de una legislación interna, todos los países pueden depositar las observaciones y reservas que entiendan necesario.
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EL TIEMPO NO PARA
Ex presas en el Penal de Punta Rieles visitaron el establecimiento, que hoy vuelve a ser cárcel.
El establecimiento de Punta de Rieles que hoy será inaugurado por el Ministerio del Interior (MI) como centro penitenciario alojó durante la dictadura a centenares de presas políticas. Ana Demarco y Anahit Aharonian sostienen que la nueva etapa que comienza significa “la pérdida de un símbolo”. Para ese lugar tenían otro proyecto: la construcción de un centro cultural para el barrio. Ayer la diaria las acompañó en su despedida, una recorrida por los rincones de un pasado que se resiste al olvido.Antes de la hora acordada Demarco y Aharonian aguardaban el encuentro en el punto establecido: Camino Maldonado y Aries, a escasos metros de donde será construida la Plaza de la Memoria.
A dos kilómetros de allí está ubicado el cuartel que en marzo de 1985 vio salir a las últimas presas políticas y recuperó su estatus netamente militar. “Este camino lo hacían caminando nuestros familiares cuando iban a visitarnos”, señaló Aharonian durante el viaje en auto por la calle que desembocaría en el establecimiento y que también le da el nombre: Punta de Rieles.“Quiero despedirme”, afirmó Demarco al llegar.
Los portones de alambres estaban cerrados cuidadosamente con candados. Durante algunos instantes imaginaron varias formas clandestinas de atravesarlos con la ilusión de entrar. Eso era lo que querían, pero en realidad no esperaban poder hacerlo. “Esto es para que veas que conservamos nuestro espíritu transgresor”, ironizaron. Miraban hacia adentro como quien mira sin ver y repentinamente comenzaron a contar cómo debían colgar su ropa interior debajo de las toallas para “no exacerbar” a los militares.
En eso estaban cuando se asomaron dos policías. “¡Guardia, guardia!”, les gritaron. Los hombres se acercaron, uno de ellos era el encargado.“Soy una ex habitante de aquí. Soy de la casa”. Así se presentó Aharonian y después les pidió para pasar. Néstor Rodríguez, quien será el jefe de reclusión del nuevo centro, abrió las puertas. Dejó en claro que se trataba de una “excepción”. “Reacondicionamiento. Establecimiento Punta de Rieles” se leía en el cartel que el MI colocó a la entrada del predio que tiene como edificio central la cárcel, lo único que, según las ex presas, permanece “igual” desde la dictadura.Las anécdotas comenzaron a brotar ni bien las ex presas decidieron dedicar el domingo a una última recorrida.
Pero una vez adentro se multiplicaron. El lugar, distribuido en sectores, está prolijamente pintado de blanco y azul, iluminado con luz natural. Las instalaciones eléctricas y sanitarias, a estrenar. Demarco y Aharonian daban indicaciones sobre qué había antes en cada lugar, qué les había pasado en cada uno de ellos y cuáles les habían estado prohibidos. El guardia, interesado, quería saber más y además de escuchar hacía preguntas.
Volver
Luego quisieron ir a las celdas en las que habían estado recluidas. La de Demarco era la 12 del sector C, aunque para ella fue la 2 del sector E. Lo que había sido una celda compartida por seis personas, ahora son dos y pensada para cuatro. En la pieza hay dos cuchetas con sus colchones y almohadas ubicadas de frente a la ventana, una mesa de madera recién construida, banquetas para cuatro personas y una pequeña repisa colgada en la pared.
“En proporción me da la sensación de que estarán más cómodos que nosotras”, comparó Demarco, quien, junto con Aharonian, intentaba dimensionar el tamaño de las camas de ahora con las que supieron usar. La de Aharonian, que estaba ubicada en el mismo sector, era idéntica.Al salir del edificio principal las ex presas se detuvieron en la puerta de salida. “Por acá salimos cuando recuperamos la libertad”, revivieron.
El guardia les preguntó “qué sensación” les daba “todo esto”. Ellas relataron que la primera vez que ingresaron luego de haber recuperado su libertad estaban nerviosas desde la noche anterior. Fue en junio de este año junto al historiador chileno Jorge Montealegre, pero aquel día no estuvo permitido el ingreso a la prensa.“Fue diferente porque ya lo habían cambiado. Igual una se encuentra como maravillada, pero está más en la búsqueda de ‘acá era esto, acá era lo otro’ que en lo afectivo”, señaló Demarco. “Vinimos acompañadas de alguien que nos preguntaba; nuestra preocupación por transmitir a veces no da lugar a lo que vos sentís”, completó Aharonian. “Igual, para nosotras esto es muy sanador, hay que trabajar lo que una vivió”, concretó su compañera.
IRSE
Las ex presas pidieron para ir “a los calabozos”. Estaban en un edificio contiguo. También allí está todo modificado, aunque algunas huellas de aquellas celdas de aislamiento se mantienen intactas. La pared, si bien estaba pintada de blanco, revela lo que fue la pequeñísima ventana por la que eran vigiladas.Ya hacía más de una hora desde que, por última vez, habían ingresado a las instalaciones y los recuerdos parecían inagotables.
Estaban satisfechas y al mismo tiempo lamentaban la pérdida de un símbolo. “No es que no nos preocupa la situación de los presos, pero ¿por qué se insistió en este lugar habiendo tantos? Estuvimos trabajando en el Espacio Memorias para la Paz desde hace ocho años, en un proyecto social y cultural para el barrio. Yo siento que esto [la inauguración de hoy] es un atropello”, cuestionó Aharonian, ya de regreso.“Es un atropello a la memoria.
Este lugar es un símbolo. Si no se podía hacer un centro cultural, podrían haber hecho antes un acto de homenaje… Es lo menos. Porque a partir de ahí decís ‘el destino que queremos es posible o no’. Si alguien nos hubiera dicho ‘bueno, no hay más remedio’... pero nadie nos dijo nada”, reflexionó Demarco mientras la calle Punta de Rieles les cerraba el paso.
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CUATRO ERRORES SOBRE LA SOBERANÍA POPULAR CUATRO ERRORES SOBRE LA SOBERANÍA POPULAR - Por Constanza Moreira - "Brecha" 6/11/2010
La ley de caducidad tuvo como único objetivo impedir la punición de los delitos cometidos durante la dictadura por policías y militares. Para ello declara, simplemente, que el Estado no puede castigarlos, aunque asume que son delitos. Para terminar de cerrar esta declaración de imposibilidad de ejercer su función primordial (la que da legitimidad y eficacia a la existencia del Estado como institución) tiene que negar a la justicia la capacidad de juzgar.
Sin esto, no es completo el argumento. Para que el Estado no pueda castigar, tampoco la justicia puede operar. Y es por ello que la ley necesitaba “atar” la justicia al dictamen del Poder Ejecutivo. Esta es la ley, y este es su contenido. Si alguien quiere defenderla, defenderá este contenido.
Por ejemplo, diciendo que aún el Estado sigue siendo demasiado débil como para castigar estos delitos (un argumento de facto). O bien, que sin esta ley no hubiera sido posible la transición, y después de todo, que los delitos ya prescribieron (un argumento de derecho). En cambio, difícilmente se pueda sostener que las acciones de los militares cometidas durante la “guerra” (la teoría de los dos demonios) no configuran delito alguno, porque son, justamente, acciones “de guerra”, ya que la misma ley dice que es delito matar, torturar, secuestrar o violar. Sólo declara que ha “caducado” la pretensión de juzgar y castigar esos delitos.
Y eso por una sola razón; la de que los militares no iban a presentarse a declarar en los juzgados. Y era en efecto así; cuando comenzaron a llegar las primeras citaciones a los militares para declarar ante la justicia, la corporación se cerró sobre sí misma y amenazó con desacato. Algunos sintieron, entonces, que nuestra recién recuperada democracia corría riesgo, ya que no podría tolerarse, sin más, el desacato de las armas. Mucha agua ha corrido desde allí hasta acá. Y desde la aprobación misma de la ley, el impulso contrario a su vigencia ha estado presente y ha conquistado el esfuerzo de muchos, durante muchos años. En estos días, el principal argumento que aparece es el del “respeto al soberano”.
Extraño mensaje proferido, en general, por quienes nunca han visto con muy buenos ojos la democracia directa. Pero no importa el talante de quienes dicen defender al “soberano”: juzgamos argumentos, y no la bondad de quien los profiere. Y los argumentos sobre la “soberanía popular” adolecen de al menos cuatro errores, tanto sustanciales como de forma.
UNO. El primer error consiste en afirmar que la soberanía (o el cuerpo electoral) ratificó ya dos veces la ley de caducidad. Esta afirmación, que aparece como una evidencia insoslayable, es errónea tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista sustancial.
En primer lugar, la votación negativa en el referéndum de 1989 no implica ratificación, ya que la ciudadanía entendió, en esa ocasión, que no correspondía revocar la norma en cuestión.
No la ratificó, porque no estaba en juego su ratificación, y la interpretación a contrario sensu no corresponde (sobre esto ya hay una extensa literatura jurídica).Las razones para volver a consultar a la ciudadanía veinte años después, en 2009, fueron al corazón mismo de la teoría de la soberanía. Ésta indica que el soberano puede pronunciarse cuantas veces sea preciso sobre los asuntos a los que se lo somete.
Así, el pronunciamiento de 1989 no era obstáculo para solicitar un nuevo pronunciamiento, cuando ya la democracia no estaba “amenazada”. Es por ello que llama la atención que muchos de quienes hoy defienden “al soberano” eran quienes manifiestamente descartaban la oportunidad de una nueva consulta en 2009. Ya el pueblo se había pronunciado en 1989, decían.
Pero, ¿qué comprensión es esta de la soberanía popular? ¡El pueblo puede volver a decidir todas las veces que quiera, sobre todo tipo de asuntos! Es para ello que se consagran los mecanismos de democracia directa.
Porque, ¿cómo podría, en nombre de la defensa de la soberanía, limitarse la consulta al soberano sólo porque “sobre esto ya se pronunció”? Más aun cuando el principal argumento para defender la ley de caducidad era que el Estado no podía castigar los delitos cometidos en dictadura, y esto ya no era sostenible, dados los procesamientos realizados por la aplicación del artículo 4 durante la administración del doctor Tabaré Vázquez.
Ellos mostraban, de manera evidente, que al Estado ya le habían sido restauradas todas sus facultades para juzgar y castigar.Al plebiscito de 2009 también le competen los mismos argumentos sobre la falacia de interpretar que la norma se “ratificó”. La iniciativa no prosperó porque faltó un 2 por ciento de los votos requeridos (obtuvo 48 por ciento) para incorporar a la Constitución una disposición para anular los artículos 1 a 4 de la ley de caducidad.
Pero ello no quiere decir que el 52 por ciento estaba “a favor” de mantener la norma. Esto es sobreinterpretar el comportamiento de la gente. Y claro está que es una interpretación sesgada.Tres meses antes de la consulta, la consultora Factum arrojaba un dato revelador: 42 por ciento estaba a favor de la anulación, 32 por ciento estaba en contra. Pero más del 20 por ciento no sabía qué hacer.
La diferencia de diez puntos entre una opción (a favor de la anulación) y la otra (en contra), a tres meses de las elecciones, difícilmente hubiera podido revertirse al punto de dar un resultado opuesto. Lo más probable, en una lectura “política” del plebiscito, es que muchos se hubieran olvidado, hubieran continuado indecisos, o no hubieran querido tomar partido en esta decisión.
Algo bien distinto a un “acuerdo” con el mantenimiento de la ley de caducidad. Para testear esto, la opción del No debería haber estado presente. Pero el artículo 331 de la Constitución y la reglamentación de la Corte Electoral no obligaban a que hubiera pronunciamiento por el Sí y el No: sólo contaba el Sí.
El Sí a la reforma no tuvo baja votación: de hecho obtuvo el mismo porcentaje de votos que tuvo el Frente Amplio en esas mismas elecciones en las que ganó la mayoría parlamentaria. Y cabe consignar que la principal mayoría en octubre de 2009 fue la que obtuvo el Frente Amplio, que luego ratificó en noviembre. Y este partido ya había sancionado en su Congreso que debía buscarse la erradicación de la ley de caducidad del ordenamiento jurídico.
Las urnas dijeron, entonces, otra cosa: que le daban el gobierno al Frente Amplio, un partido que en su programa se había comprometido a eliminar la ley de caducidad. ¿Cómo interpretar este pronunciamiento de la soberanía, el de votar a un partido comprometido con la eliminación de la ley de caducidad, con el de que la soberanía la ratificaba?
¿Acaso el soberano es esquizofrénico? Entre dos tesis, decía un filósofo, lo más probable es que la más verdadera sea la más simple. Es más simple interpretar que ese mismo soberano que le dio el gobierno al Frente Amplio confiando en que llevaría adelante su programa no llegó a anular la ley, pero su manifestación más amplia (el 48 por ciento de los votos emitidos) fue a favor de su erradicación.
DOS. El segundo error refiere a la forma en que se pretende oponer no sólo al “soberano” contra sus representantes, sino también a éstos contra la justicia. En este momento histórico el Parlamento devuelve a la justicia su rol esencial y primordial, y es por ello por lo que la iniciativa de interpretación de la ley de caducidad, que está a consideración del Parlamento, va de la mano con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, que acaba de fallar nuevamente a favor de una sentencia de inconstitucionalidad en veinte casos de delitos de lesa humanidad.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la declaración de inconstitucionalidad en el caso de Nibia Sabalsagaray es clara: “el rechazo de la derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar una cobertura de constitucionalidad en una norma legal viciada ab origine por transgredir principios consagrados en la Carta constitucional”.
La Suprema Corte de Justicia es clara con respecto a ambos aspectos de la ley de caducidad. Por un lado se declara inconstitucional una ley que consagra la pena de muerte (esto refiere a lo que el Estado hizo al asesinar individuos durante la dictadura, incluyendo ejecuciones en masa). Por otro, se declara inconstitucional una ley que “desplaza hacia el Poder Ejecutivo el ejercicio de la función jurisdiccional que le compete exclusivamente al Poder Judicial”, refiriéndose a la obligación que los jueces tienen, mientras impere la ley, de pedir al Poder Ejecutivo que informe sobre si la denuncia a su consideración cae dentro de lo que compete a la ley de caducidad.
TRES. El tercer error es pensar que votamos una y otra vez la misma cosa, cuando hemos hecho cosas bien distintas. En 1989 se buscó derogar la ley aprobada por el Parlamento, justificada en el Pacto del Club Naval, y justificada por la incapacidad que el poder político evidenciaba de someter a militares y policías al Poder Judicial.
En 2009 se buscó anular la ley, a través de la incorporación a la Constitución de una disposición por la que se anulaban y declaraban inexistentes los artículos de la esa ley. Ahora, en 2010, se trata de votar una ley que declara como interpretación obligatoria que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de caducidad son violatorios de la Constitución de la República, e incorpora al ordenamiento jurídico nacional las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República. ¿Pueden los legisladores hacer una ley interpretativa de otra ley?
Por supuesto.
El artículo 12 del Código Civil dice: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley, de un modo generalmente obligatorio”. Y si el Parlamento no puede hacer ley interpretativa, ¿cómo se explica que se encuentre a consideración del Senado una ley interpretativa de la derogación del famoso artículo 76 que permitió la clausura de los antecedentes de los Peirano?
CUATRO. El cuarto error sobre la “soberanía popular” viene de un cierto sentido oportunista en la forma en que se usa el término. Y para ello voy a citar otra supuesta “violación” de la soberanía popular que no despertó escándalo alguno, y fue aceptada muy pacíficamente: la llamada “minirreforma” sometida luego a la consulta popular en 1994.
Esta reforma, votada por más de dos tercios de los parlamentarios, obtuvo sólo el 28,46 por ciento de los votos del soberano. Eso sí, ahí hubo dos papeletas: una por Sí y una por No (en esta instancia, entonces, sí se pudieron diferenciar los votos en blanco y los anulados, de los votos por No). Sin embargo, algunas de las cosas que allí fueron rechazadas, el Parlamento las votó poco tiempo después.
La primera y más importante era la separación de las elecciones nacionales y departamentales.
En 1996 el Parlamento votó una reforma constitucional que las habilitaba. ¿No estaba yendo contra la manifestación expresa de la ciudadanía? Es más, el rechazo a la minirreforma estuvo en buena medida vehiculizado a través de los jubilados que entendían que una normativa relativa al bps incluida en la misma terminaría con la privatización de la seguridad social. Sin embargo, poco tiempo después, se aprobó en el Parlamento la reforma de la seguridad social.
¿Debía esto ser entendido como violatorio de la soberanía, manifestada por ese gran margen (¡63,11 por ciento!) en el plebiscito del 94? Nadie lo entendió así, sin embargo. Me consta que la diferencia entre la derogación de 1989, la anulación de 2009 y la ley interpretativa ahora a consideración del Parlamento puede ser demasiado sutil a simple vista, y se me dirá: ¡pero la intención es la misma!
Sí, es verdad, la intención es la misma, pero los tres instrumentos jurídicos son absolutamente distintos. Y se los hizo distintos justamente para no violentar la soberanía popular. Para que cada vez, la iniciativa sometida a la consideración política fuera de una índole distinta.
Y de la primera derogación a la iniciativa parlamentaria hoy a consideración del Parlamento media una distancia tan grande como grande ha sido el avance en materia de derechos humanos en la región y en el mundo.
Para alumbrar un Uruguay sin Caducidad
y profundizar la democracia
Nuestra organización fue una de las promotoras de la convocatoria al plebiscito de reforma constitucional que se llevó a cabo en octubre del año pasado para anular la ley de caducidad.
En la actualidad, Crysol, aboga por lograr que el Parlamento deje sin efecto dicha norma. La Suprema Corte de Justicia, en su pronunciamiento unánime del 19 de octubre de 2009, para el caso Nibia Sabalzagaray, ya la definió como inconstitucional, violatoria de las disposiciones contenidas en la Carta Magna.
El actual Comandante en Jefe del Ejército, general Jorge Rosales, ha señalado públicamente que quienes mantenemos esta posición no respetamos los pronunciamientos populares, dando a entender que agraviamos al ciudadano pues pretendemos desconocer la voluntad popular.
El comandante del Ejército está profundamente equivocado, nos agravia gratuitamente.
La única consulta al conjunto del cuerpo electoral que reconocemos al respecto fue la que se llevó a cabo en abril de 1989, hace más de 20 años, en los prolegómenos de la transición democrática tutelada.
En esa oportunidad, la ciudadanía en su conjunto, de acuerdo a las disposiciones vigentes, se pronunció a favor de mantener vigente la ley de Caducidad, aunque es pública y notoria, según el libro del ex militante del Partido Colorado, José Luis Guntín, la manipulación de los medios de comunicación que, desde el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, se realizó para impedir que la ciudadanía se expresara libremente.
Recordamos, además, que dicho plebiscito se llevó a cabo, en el contexto de fuerzas armadas amenazando con su retorno si la misma se derogaba, que negaban enfáticamente haber realizado los crímenes aberrantes que hoy son de público conocimiento, que la justicia ha constatado y, en algunos pocos casos, juzgado y condenado.
Debido a una interpretación controversial de la Corte Electoral, en octubre del año pasado no se realizó una auténtica consulta al cuerpo electoral, verdadero soberano, como era nuestra intención cuando juntamos las firmas para convocar el plebiscito destinado a reformar la constitución y anular la Ley de Impunidad.
Violentando las disposiciones del Artículo 331 de la Constitución, no hubo en dicha instancia una papeleta que identificara a quienes se oponían a la iniciativa de reforma. La iniciativa logró un clarísimo pronunciamiento popular: 1.105.000 uruguayos manifestaron su disposición a anular la Ley de impunidad. La iniciativa como tal fracasó ya que no logró más del 50% de los votos emitidos para que la misma se aprobara.
El cuerpo electoral en su conjunto, se vio impedido de expresar su opinión, ya que la Corte no habilitó la existencia de una papeleta para el NO. Tampoco hubo un pronunciamiento expreso del conjunto del cuerpo electoral para mantener la ley de Caducidad aunque el comandante en jefe del ejército que revistó a las órdenes de Vadora, Gregorio Alvarez y Luis Queirolo, entre otros, de a entender lo contrario,
Respetar un pronunciamiento del cuerpo electoral que no existió explícitamente en octubre del año pasado, es el pretexto invocado por quienes, por razones que no explicitan, aunque imaginamos, desean mantener a toda costa vigente la impunidad para los criminales del Terrorismo de Estado.
La ley de Caducidad violenta las disposiciones constitucionales, invalida el principio de la separación de poderes, somete al Poder Judicial a los designios del Poder Ejecutivo, es contradictoria con los compromisos asumidos libremente por el Estado uruguayo ante los organismos internacionales, avasalla el derecho de quienes sufrieron atroces violaciones a sus derechos humanos a la justicia y, sobre todas las cosas, amnistía delitos que por su propia naturaleza son gravísimos, imprescriptibles e inamnistiables, para la sociedad internacional y para el país.

El Estado uruguayo en primer término y sus fuerzas armadas tienen una deuda histórica con la sociedad uruguaya: asumir su responsabilidad institucional por las graves y atroces violaciones a los derechos humanos cometidas dentro y fuera de las fronteras nacionales al amparo del Plan Cóndor y pedir disculpas a las víctimas, al conjunto de la sociedad, como lo establecen las normas de Derechos Humanos que empecinadamente siguen desconociendo e ignorando hasta el día de hoy.
Mientras la Ley de Caducidad siga vigente todos los integrantes de las fuerzas armadas seguirán siendo, a los ojos de la inmensa mayoría de los ciudadanos, los sospechosos de siempre, rechazados y repudiados con la misma intensidad puesta de manifiesto el 30 de noviembre de 1980 cuando el pueblo uruguayo les dijo NO a los militares y a los civiles cómplices de ellos como el hoy condenado Juan Carlos Blanco.
Por reclamar justicia, por reclamar que todos seamos iguales ante la ley, nos acusan de querer venganza, como si reclamáramos el derecho de hacer justicia con mano propia.
Pero jamás renunciaremos a nuestro legítimo derecho a la justicia, a que los criminales sean juzgados como lo disponen las normas legales vigentes, con todas las garantías del debido proceso. Como debe ser.
Por eso abogamos y seguiremos abogando, transitando todos los caminos que haya que recorrer, por lograr la anulación de los efectos de la ley de caducidad.
En nombre de los miles de luchadores, vivos y fallecidos, que nuestra organización tiene el honor de representar pues son quienes han escrito las mejores páginas en la lucha por la libertad en el Uruguay, exhortamos a todos los Senadores de la República a avanzar en el proyecto de ley que ya aprobó la Cámara de Diputados.
Los exhortamos a terminar con la Ley de Caducidad: vergüenza nacional.
Para que haya Verdad. Para que haya justicia. Para avanzar en la transición democrática. Para afirmar los principios y las normas de DDHH. Para que nunca más haya terrorismo de Estado en nuestro país.
Montevideo, 1º de noviembre de 2010
manifestacion en
Montevideo en el día del DESAPARECIDO
leer el llamamiento y reportage gráfico al pie de la página
109 aniversario del nacimiento de ENRIQUE SANTOS DISCEPOLO
Penúltima charla del ciclo que originalmente se llamára "Pienso y digo lo que pienso" y que Enrique Santos Discépolo rebautizára "¿A mí me la vas a contar?".
Le cadeau Chávez à Obama
secoue les Etats-Unis
(Tiré de La Jornada du Mexique- 22-avr-09)
Pour les hommes politiques et les analystes, Les veines ouvertes d'Amérique Latine, de Galeano, est un livre “dangereux”.
David Brooks
New York, 21 abril. Un livre est parfois plus puissant qu'un pays impérial ou un sommet de présidents.
Apparemment, Les veines ouvertes d'Amérique Latine, d'Eduardo Galeano, fait encore trembler quelques puissants ici, puisque, d'après eux, c'est un livre “très dangereux” qui peut aller jusqu'à mettre en danger la Maison Blanche.
En effet, le geste d'Hugo Chávez, d'offrir à Barack Obama le livre de l'écrivain uruguayen a provoqué plus de réactions ici, tout comme la photo de la salutation des deux mandataires, qui a été presque tout ce qui s'est dit au Sommet des Amériques.
Bien entendu, ceci a également beaucoup plu à un large secteur de la population qui se considère progressiste, mais les meilleures recommandations du livre de Galeano, collaborateur de La Jornada, procèdent de l'autre bord, ce qui renforce le fait que ce livre possède un pouvoir qui effraie beaucoup de personnes.
Otto Reich, ex-ambassadeur au Vénézuéla, haut fonctionnaire diplomatique sous le gouvernement de Ronald Reagan et de Bush père et fils, et ancien conseiller sur des sujets d'Amérique Latine pour la campagne présidentielle de John McCain, affirma que “ce fut une erreur” d'Obama de recevoir le livre des mains de Chávez.
“Ce fut aussi, honnêtement, une erreur de son équipe. Ils auraient dû éviter cela. J'ai travaillé pour trois présidents. Je ne crois pas que cela aurait survenu à Reagan ou aux deux Bush. Ils n'auraient pas dû mettre le président Obama dans cette situation humiliante, car ce livre est contre les Etats-Unis et contre l'Europe aussi”, observa-t-il lors d'une interview avec Newsmax TV.
Et d'ajouter: “C'est un livre qui a une trentaine d'années, écrit par un latino-américain d'extrême-gauche, un auteur très peu connu (sic). Et maintenant, (avec son cadeau), Chávez a placé ce livre, me dit-on parmi les plus vendus d'Amazon”.
Pour Andrés Oppenheimer, chroniqueur du Miami Herald, ce geste a été presque insupportable, à peu près comparable à la pire offense imaginable. “Quand Chávez remit un exemplaire en espagnol du livre de l'auteur uruguayen Eduardo Galeano, Les veines ouvertes d'Amérique Latine, une diatribe basée sur le postulat que la pauvreté latino-américaine est causée par l'impérialisme des Etats-Unis, Obama l'accepta avec le sourire. Lorsque, plus tard, les reporters lui demandèrent ce qu'il pensait du cadeau de Chávez, il sourit et dit que ‘c'était un joli geste… je suis un lecteur’. Ce fut une réponse curieuse, étant donné que le geste de Chávez était l'équivalent d'offrir Mein Kampf, d'Adolf Hitler, à un président israélien”.
L'incident atteint les monologues comiques des programmes nocturnes des chaînes nationales de télévision. Par exemple, David Letterman, dans son programme Late Night, de CBS, observa que “il y a actuellement un sommet à Trinidad, avec le malveillant Hugo Chávez. Le but, c'est de lancer des pistes de communication. Ce malin Chávez a donné un livre au président Obama –en espagnol. Obama ne lit pas dans cette langue. C'est comme si on donnait à George W. Bush… enfin, n'importe quel livre”.
La photo
Pendant ce temps, les hommes politiques conservateurs ont immédiatement mis en cause la photo où apparaissent Obama et Chávez en se serrant la main. Newt Gingrich , ex-président républicain de la Chambre des Représentants, dit que c'était soutenir “les ennemis des Etats-Unis”. Au moins trois sénateurs, aussi républicains, ont critiqué le président, en qualifiant son geste d'acte “irresponsable”, ce qui reflétait peut-être sa “courte expérience” dans les affaires internationales, et insinuant même que ce geste avait affaibli la super-puissance.
Lors d'une interview avec le commentateur conservateur Sean Hannity, sur Fox News, l'ex vice-président Dick Cheney exprima également sa déception concernant la photo d'Obama avec Chávez. “Bon, je ne crois pas que cela joue en notre faveur… Il y a des millions de personnes dans toute l'Amérique du Sud qui observent nos actes, et s'ils voient un président des Etats-Unis s'approcher de quelqu'un comme Daniel Ortega ou Chávez, je ne crois pas que cela joue en notre faveur, je crois que cela dégage une image erronée”. Il n'a pas non plus apprécié que le mandataire s'excuse autant au nom des Etats-Unis. “Ce qui me paraît préoccupant, c'est qu'il est allé en Europe, par exemple, où il a semblé s'excuser de façon excessive, et ensuite au Mexique, et là aussi présenter ses excuses, etc. … Il faut être très vigilant. Le monde, tant nos amis que nos ennemis, prendront vite le dessus s'ils voient qu'ils doivent négocier avec un président faible ou qui ne défendra pas de manière agressive les intérêts des Etats-Unis”.
Obama s'attendait déjà à des critiques et observa même auprès de journalistes que “il est très peu probable qu'à la suite d'une poignée de main et d'un échange aimable avec Chávez on mette en danger les intérêts stratégiques des Etats-Unis”. Il ajouta que ce débat avait déjà eu lieu lors du face-à-face électoral de l'année dernière, où “si, d'une quelconque façon, nous faisions preuve de politesse ou nous entamions un dialogue avec des gouvernements ayant été précédemment hostiles à nous, c'était un signe de faiblesse. La population des Etats-Unis n'a pas accepté cela, pour la bonne raison que cela n'a pas de sens”.
Un livre et une photo d'une poignée de mains cordiale semblent avoir provoqué l'hystérie et la panique parmi certains d'ici. Apparemment, parfois les paroles d'un journaliste à la recherche de la vérité et une photo sont plus puissantes que des épées.
Pendant ce temps, le livre circule partout – il est toujours parmi les plus vendu sur Amazon et autre vendeurs– contaminant avec des idées dangereuses toute une autre génération aux Etats-Unis et provoquant, visiblement, beaucoup de crainte parmi certains qui s'auto-proclament gardiens de l'histoire officielle.
Del Dr.Héctor Vernengo:
Una decision trascendente
La Suprema Corte de Justicia resolvió considerar inconstitucional la ya famosa Ley de Caducidad, e increíblemente no sólo lo hizo con el dictamen favorable del Fiscal de Corte, sino que además lo hizo por cinco votos, la unanimidad del máximo órgano de nuestro ordenamiento judicial.
Yo no soy avezado ni especialista en Derecho, pero el dictamen, por su respaldo, impacta. Nuestros representantes, en todos los foros, han tenido que avergonzarse de esa Ley, aprobada legislativamente, e incluso respaldada por el voto mayoritario de la ciudadanía. Pero convengamos también, y fundamentalmente, una Ley teñida por el miedo, por un miedo estimulado por el gobierno de turno, viciada entonces en su consentimiento.
Recordemos.
La Ley se dictó con un apuro inusual, y que en el fondo, debe haber avergonzado a muchos de sus autores. La Justicia había determinado varias citaciones de militares, y el Tte. Gral. Medina resolvió por sí y ante sí, sucuchar esas citaciones en una supuesta caja fuerte.
El gobierno del Dr. Sanguinetti, trémulo, tuvo que recurrir a la oposición y fundamentalmente al hombre político más importante, a Wilson, que fue el que le sacó las castañas del fuego. Y las castañas se estaban recalentando de miedo. Dictaron una ley para proteger en su impunidad a violadores y asesinos, porque las cosas tenían nombres propios.
Rompieron con la independencia de poderes y, en el futuro, vergonzosamente, los jueces le tenían que pedir permiso al sargento de guardia, en este caso el Ejecutivo, para saber si podían proceder o no. Algo que si ocurriera en la Venezuela de hoy merecería el llanto de tantos y tantos demócratas de pacotilla.
En aquella oportunidad, también dos grandes magistrados, dos magistrados con mayúscula, la Dra. Jacinta Balbela y el Dr. Nelson García Otero, se pronunciaron en minoría contra la constitucionalidad de esa Ley.
Y destaquemos, los jueces de hoy no fueron designados por el Frente, y el nombramiento del fiscal de Corte fue casi una nominación de la oposición.
Confiemos que ahora no salga un extenso y enjundioso comunicado público de los notables de siempre, que quieran enmendarle la plana a estos seis magistrados.
Recapitulemos, fue tanto el imperio del miedo, cuando aprobaron la Ley a tambor batiente, que hasta en los casos en que la Ley permitía la investigación, los ejecutivos de turno se refugiaron en la negativa.
Yo no soy pitoniso, pero me animo a afirmar que si algún Medina se hubiera enfrentado a don Pepe o a Luis Batlle terminaba en las guascas.
Al principio de autoridad no hay que lacallizarlo cuando es para sancionar a carteristas o descuidistas, hay que hacerlo valer cuando se trata de violadores con armas del Estado en las manos. No es más de lo que pasó cuando el famoso caso del chileno Berríos, donde dos o tres oficiales del Ejército, en actividad, lo secuestraron de una comisaría, para volverlo al cautiverio que nadie sabe quien ordenó, aunque todos lo imaginan.
Se fueron campantes, rompieron el libro de novedades. ¿Y qué les pasó?, no les pasó nada
, porque los hoy campeones del principio de autoridad estaban distraídos. Y no lo olvidemos, fue un episodio que terminó en homicidio sin homicidas.
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Los puntos sobre las ies
José Mujica es un hombre con cabeza propia, y que conmueve con sus iniciativas y sus planteos.
Uno puede compartir y elogiar muchas, muchísimas de sus actitudes, como debemos marcar nuestras diferencias cuando éstas se plantean.
La afirmación de que las Fuerzas Armadas no fueron las responsables del golpe de estado es discutida y discutible. Las Fuerzas Armadas quizás no fueran las únicas responsables del golpe de estado, pero de ahí a exculparlas hay un gran trecho.
Es cierto que los golpes de estado en todos los países del cono sur obedecieron a una estrategia imprescindible de un modelo de explotación, que habría sido imposible en cualquier marco democrático.
Es cierto también que hubo sectores civiles que trabajaron de tiempo a favor del golpe, un golpe previsible ya desde el gobierno de Pacheco Areco.
Pero en la cúpula de las Fuerzas Armadas -fundamentalmente en el Ejército- había oficiales con formación ideológica golpista, nazis hasta desde sus ADN, que además influyeron en todas las jerarquías, y en todas las actitudes.
Las Fuerzas Armadas no sólo participaron activa y fervientemente en el golpe, sino que en su aplicación y ejecución mostraron una militancia tan fervorosa como cruel.
Una soberbia y crueldad con la que arremetieron contra la mayoría del pueblo uruguayo, en una tarea de amedrentamiento que no tuvo parangón.
Lo que no quiere decir que no haya que pasar raya, y no marcar a las nuevas generaciones, que llegan recién a los cargos de mayor responsabilidad.
Pero no confundir, no se trata de no ser piadosos, se trata de marcar afuego a los Alvarez y sus iguales, para que la historia no vuelva a repetirse.
Y deben marcarse a fuego las responsabilidades en un proceso que nos golpeó, nos empobreció, y nos dejó tristezas, que muchos todavía están tratando de digerir.
No se trata de ser malos o buenos.
Se trata de ser justos.
Y Mujica no es ni malo ni injusto, pero su juicio es para muchos, como para mí, equivocado.
Hector Vernengo.-
Entrevista a Lucia Topolansky, senadora por el Frente Amplio en Uruguay.
"La izquierda uruguaya tuvo la genialidad de juntarse"
Por Ana Delicado. (*)
Uruguay celebró el lunes el 25 aniversario del fin de la dictadura. La senadora por el Frente Amplio Lucía Topolansky (Montevideo, 1944) fue guerrillera de los Tupamaros durante el régimen (1973-1985) y pasó 13 años en la cárcel. Es la única mujer que ha presidido el Senado de su país y está casada con el actual presidente José Mujica, a quien conoció durante los años de lucha armada.
En un despacho sobrio, con sólo una foto del Che Guevara a sus espaldas, Topolansky describe la experiencia del Gobierno de coalición encabezado por el Frente Amplio, que llegó al poder en 2004.
Uruguay es un pequeño país entre dos gigantes, Brasil y Argentina. ¿Cómo se reconoce a sí mismo?
Es uno de los países con instituciones más fuertes de América Latina, si bien tuvo dos dictaduras, de tres y 12 años de duración, respectivamente. Al uruguayo le gusta expresarse y votar, es parte de su idiosincrasia. A principios del siglo XX se introdujeron una cantidad de reformas sociales vanguardistas que dieron una impronta distinta a Uruguay. Estas leyes trajeron a un país altamente alfabetizado la ley laboral de ocho horas, la protección sindical, el divorcio y el voto de la mujer.
¿Cómo se abrió paso la izquierda?
La izquierda uruguaya tuvo la genialidad en 1971 de juntarse en el Frente Amplio (FA) y entonces empezó a incidir en la realidad.
Con éxito. Ya van por su segundo Gobierno.
Sí. Tenemos una forma diferente de gobernar. En el periodo del anterior presidente, Tabaré Vázquez, se hicieron 38 leyes laborales. Ello permitió que se sindicalizaran cantidad de trabajadores que antes eran perseguidos. La central obrera creció en sus afiliados tres veces y media. También se reguló por ley el trabajo doméstico que incluye salario, protección social y seguro de desempleo.
¿Qué otros resultados ha dado la gestión anterior del FA?
La pobreza ha bajado un tercio y la indigencia la mitad. Nosotros veníamos de una crisis terrible en 2002 que nos había dejado en el suelo. Ahora esperamos eliminar la indigencia y bajar la pobreza otro tanto.
¿Y en política económica?
Se han hecho dos reformas de fondo. Una es la tributaria, aún en proceso. En Uruguay se pagaban impuestos de manera muy injusta. Con la reforma tributaria, mucha gente que pagaba impuestos dejó de pagar, y otra, que pagaba muy poco, pasó a pagar un poco más. La segunda reforma fue sobre el organismo recaudador para darle más eficiencia contra la evasión. La recaudación ha subido muchísimo y eso permite desarrollar una política pública que necesita dinero.
El Frente Amplio aglutina fuerzas muy diversas.
Es un frente policlasista, no un partido. Tiene la virtud de reunir a toda la izquierda, desde el Partido Comunista hasta sectores que son sólo progresistas. Pero el hecho de estar todos juntos nos permitió llegar al poder. De otro modo hubiéramos sido sólo testimoniales. En el mundo fracasaron todos los sistemas: el capitalista porque la gente muere de hambre, y el socialista aplicado en Europa oriental. No es sencillo reconocer que la teoría del socialismo real no tuvo éxito en su práctica, aunque dejó cosas positivas que debemos rescatar. Si los de izquierda no vemos esto con honestidad, no vamos a avanzar nunca.
¿Qué impronta le han dejado los 13 años que pasó en la cárcel por su militancia en la guerrilla?
De mi paso por la cárcel sólo puedo dar gracias a la vida porque estoy acá. Trato de mirarlo en positivo. Aquellos años que estuvimos presas, tratamos de ilustrarnos unas con otras, vivir lo mejor que podíamos como la mejor defensa que teníamos, para poder salir con la cabeza lúcida y el compromiso entero. Así la cárcel no podía destruirnos como personas.
¿Y cómo contempla ahora su pasado tupamaro?
La guerrilla tiene que ver con un momento de la historia de América Latina y un contexto. Si esto no se tiene en cuenta, no se entiende nada. En América Latina tuvo un gran impacto en los años sesenta la revolución cubana, y la región tuvo en todos sus países movimientos armados que pensaban que era el camino más eficiente para llegar al poder. Nosotros éramos parte de eso, pero con nuestra impronta uruguaya. Perdimos, porque triunfó la dictadura, y del mismo modo perdió toda la sociedad. A la salida de la represión, el mundo, América Latina y el país eran otros, así que decidimos hacer trabajo político legal, y sumarnos al Frente Amplio.
¿Era concebible que ex guerrilleros entraran en el Gobierno?
Hace 25 años era impensable que alguien que había sido tupamaro, como Mújica o como yo, pudiera tentar la responsabilidad que hoy tenemos. Cuando hace un cuarto de siglo tomaba posesión el Gobierno democrático, nosotros todavía estábamos en la cárcel, porque la Ley de Amnistía se aprobó 14 días después. El pueblo uruguayo siempre peleó por la amnistía para los presos políticos. Ese pueblo nos fue a recibir a la salida de las cárceles. No a todas las guerrillas latinoamericanas les ha pasado eso. Fuimos una guerrilla con guante blanco que trató de hacer el menor daño posible a la población, y denunciar las cuestiones del sistema que estaban en juego. Y la gente nos aceptó. No se explica de otro modo que Pepe [Mujica] sea hoy presidente de la República.
¿Qué opina de la Ley de Amnistía española de 1977?
Hay responsabilidades que deben ser asumidas. En un momento de transición de una realidad a otra, el pueblo vota leyes de amnistía para generar situaciones de unidad. Pero están también las víctimas de esas realidades. En Uruguay nos pasa lo mismo. Tenemos la Ley de Caducidad [que protege a los militares de la dictadura].
¿Y cómo ve lo ocurrido en España con las víctimas de la dictadura franquista?
Algunos siempre nos habíamos preguntado por qué el juez Baltasar Garzón perseguía a represores del extranjero y no miraba lo que había pasado en España. Ahora vemos la respuesta. Hasta que todas esas cosas no se salden, van a estar. La memoria no se borra por decretos o por voluntad de gobernantes. En ese sentido, España todavía tiene un largo camino que recorrer.
(*) Publicado por el IADEG (Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos) de Argentina.
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Texto de la proclama que
fuera leida por parte de
Todos y Todas contra la IMPUNIDAD
La lucha contra la impunidad nos convoca hoy nuevamente, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, frente a este local de las Fuerzas Armadas, hoy llamado CALEN pero que supo ser el tristemente célebre SID de los años 70. La lucha contra la impunidad nos convoca hoy nuevamente, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, frente a este local de las Fuerzas Armadas, hoy llamado CALEN pero que supo ser el tristemente célebre SID de los años 70.
Durante la dictadura militar, el edificio en el cual actualmente funciona el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, fue la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) de las Fuerzas Armadas, verdadera coordinación represiva de las tres armas : ejército, marina y aviación. En este lugar, altamente simbólico, fue donde a partir de 1970, durante el gobierno de Pacheco Areco, se recolectaba información con métodos ilegales de escuchas, y se planificaba la represión contra nuestro pueblo.
Poco a poco se convirtió en uno de los centros neurálgicos de los equipos de inteligencia vinculado directamente a Orletti, destinados a la represión donde se ejecutaba el mismo Plan Cóndor. En dictadura, esta casona, fue un lugar de transito permanente de detenidos y de tortura sistemática. Fue depósito de ciudadanos traídos ilegalmente al país.
En dicho lugar estuvieron los uruguayos trasladados en el Primer Vuelo y en el Segundo Vuelo, entre otros, nuestros compañeros que permanecen desaparecidos hasta el día de hoy. En dicho lugar también estuvo recluida María Claudia García de Gelman antes de dar a luz a Macarena y ser trasladada con destino desconocido. También pasaron por aquí niños como los hermanos Julien.
Uruguay fue un activo participante del Plan Cóndor, dicho plan coordinaba las acciones de los servicios represivos. Las autoridades uruguayas enviaban por vía diplomática la lista de uruguayos “requeridos por su militancia política en Uruguay”, verdaderas “condenas a muerte”, resultado de las cuales es la desaparición de 200 uruguayos que se encontraban mayormente en la Argentina, pero también en Chile y en Paraguay. Durante mucho tiempo se creyó que esos uruguayos habían sido ejecutados y desaparecidos en la Argentina.
Hoy sabemos que fueron secuestrados en la Argentina con la participación de militares y policías uruguayos actuando en forma encubierta, trasladados clandestinamente a Uruguay, torturados, asesinados y sus cuerpos desaparecidos hasta el momento actual. EL ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Enrique Bonelli, confirmó, por primera vez oficialmente en un informe, la participación de esa fuerza en los traslados clandestinos llevados a cabo durante la dictadura en forma conjunta con el Ejército.
También está documentado que la Armada Nacional estuvo activamente involucrada en el secuestro, torturas, traslados clandestinos y desaparición de militantes opositores. Hoy ya nadie puede negar ni ignorar los traslados y las ejecuciones!Hoy la tierra ya habló, devolviendo al pueblo los huesos de algunos de sus mejores hijos!Recientemente descubierto el cuerpo de Roberto Gomensoro Josman es un ejemplo paradigmático de la crueldad y la saña: le cortaron los testículos y lo dejaron desangrarse!Ocho militares y policías fueron condenados, a 20 y 25 años de prisión, como autores responsables de veintiocho (28) delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real por el secuestro y traslado clandestino al Uruguay en la causa conocida como "Segundo Vuelo".
Todos los uruguayos conocemos sus nombres: José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima, y Manuel Cordero quien fuera extradito a la Argentina, entre los más de 400 torturadores denunciados.Pero no se les imputó el delito de “desaparición forzada” que correspondería para dicho casos y que se ignora en los juzgados uruguayos.
La Desaparición Forzada es un crimen complejo, imprescriptible e inamnistiable, que supone la violación de múltiples derechos humanos, un crimen de lesa humanidad : - la privación de la libertad del militante - la negativa a reconocer su detención, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. - la víctima es torturada en un paradero oculto, para que el crimen y sus responsables no se puedan identificar y denunciar. - se busca intimidar o aterrorizar a la comunidad - los efectos de la desaparición forzada perduran y se van prolongando y amplificando en el tiempo.
En Uruguay ni uno solo de los encauzados recibe esta condena, así la justicia de nuestro país sigue siendo omisa frente a los tratados firmados por el país.Al día de hoy, en nuestro país, los tres poderes del Estado son omisos: - los jueces se niegan a aplicar la normativa vigente y siguen tipificando como “homicidios especialmente agravados” lo que en realidad son Crímenes de Lesa Humanidad - el Parlamento aún no ha anulado la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado como se reclama - el Poder Ejecutivo no establece las herramientas que permitan investigar y destruir el “pacto de silencio” de los represores para llegar a la verdad: pedido de desclasificación de archivos y respaldo total a las víctimas aportando todo el apoyo del Estado para llegar a la verdad.
El desconocimiento de lo ocurrido con los Detenidos Desaparecidos uruguayos obedece, sin duda, a la vigencia en Uruguay de la Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado que fuera aprobada por el Parlamento a fines de 1986. Desde su aprobación se suspendieran todas las investigaciones frente a las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas. La interpretación del Artículo 4º que realizara el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez permitió comenzar a investigar algunos casos y condujo a la prisión a algunos de los principales involucrados en dichos crímenes.
El “pacto de silencio” y la “obediencia debida” de los torturadores y asesinos y la absoluta falta de colaboración han impedido dilucidar las circunstancias de los mismos. Queda mucho por hacer. No fueron ocho, ni diez, ni doce los militares involucrados en la represión. Hoy hay mas de 400 denuncias. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia declaró en octubre 2009 que la misma es inconstitucional y violatoria de las disposiciones legales, y también el Poder Ejecutivo y el Legislativo declararon la inconstitucionalidad de dicha ley, la Ley de Caducidad sigue vigente.
Nosotros decimos que es una vergüenza que aún tengamos vigente la Ley de Caducidad y exigimos que se la erradique de nuestro ordenamiento jurídico, porque sigue siendo una ley inmoral e injusta Mientras Uruguay no anule la Ley de Caducidad será imposible seguir avanzando en la construcción de un país democrático con pleno funcionamiento institucional con tres poderes independientes tal como lo establecido por las disposiciones constitucionales.
Por eso hoy, las organizaciones sociales, culturales, sindicales y de defensa de derechos humanos organizadas en Todas y todos contra la Impunidad seguimos exigiendo acabar con la ley de Caducidad y dar un paso más en erradicar la Impunidad.
POR VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA Y NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO!!! BASTA DE IMPUNIDAD! ANULAR YA LA LEY DE CADUCIDAD!
TODAS Y TODOS CONTRA LA IMPUNIDAD SE DECLARA EN EN ESTADO DE ALERTA Y DE ASAMBLEA PERMANENTE ANTE EL IMMINENTE INGRESO DE LA LEY INTERPRETATIVA AL PARLAMENTO!!!
LLAMAMOS A RODEAR EL PALACIO LEGISLATIVO EN EL MOMENTO EN QUE SE VOTE DICHO PROYECTO!!!
Acto frente al ex SID. Fue el día Internacional del Detenido Desaparecido
La memoria ayer tuvo lugar; la Caducidad sus horas contadas
Será Museo de la Memoria. La sede de Bulevar Artigas y Palmar, uno de los principales centros de torturas durante la dictadura, será Museo de la Memoria, según el ministro Rosadilla, quien se hizo presente. Uno de los oradores, el ex preso López Burgos, denunció que el coronel Rama nunca pisó la cárcel de Domingo Arena, y vive en el lujo del Hospital Militar, con DVD, bicicleta ergométrica y sillones de cuero.
EL ACTO EN MONTEVIDEO:
Con la presencia de varios centenares de personas se llevó a cabo en la noche de ayer la concentración convocada por Todos y Todas contra la Impunidad para conmemorar El Día Internacional del Detenido Desaparecido frente al Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) dependiente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Rosita Fuentes y Luisa Cuestas (de izquierda a derecha)
Ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, conversando con integrantes de Crysol
Dra. Hebe Martínez Burlé, Senador Rafael Michelini, ex Subsecretaria
del Ministerio de RREE, Belela Herrera y Marisa Ruiz de
Amnistía Internacional (Sección Uruguay)
Presidente de Crysol, Baldemar Taroco, Valentín Arismendi de Aute y
Diputado Luis Puig (de izquierda a derecha)
Oscar Urtazún hablando a nombre de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
EL ESCUADRON DE LA MUERTE AL DESNUDO
El fiscal Ricardo Perciballe solicitó, días atrás, el procesamiento con prisión del empresario Miguel Sofía, el inspector Pedro Freitas y otros dos policías vinculados con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), por su participación en tres de los crímenes atribuidos al "Escuadrón de la Muerte", a principios de la década del 70.
El dictamen de casi 70 páginas solicita el procesamiento de los cuatro ex integrantes del "Escuadrón" por un delito de "asociación para delinquir en concurrencia real fuera de la reiteración", un "delito de desaparición forzada", por el caso de Héctor Castagnetto, y "dos delitos de homicidio muy especialmente agravados", en los casos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
Asimismo, el dictamen de la Fiscalía solicita una orden de captura internacional contra el médico paraguayo Nelson Crosas Cuevas, partícipe ideológico en la creación del "Escuadrón" y nexo directo con el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Armando Acosta y Lara.
Crosas Cuevas es considerado uno de los "jefes operativos" de varios grupos del "Escuadrón de la Muerte" y si bien se tiene la presunción que estaría muerto, la ausencia de confirmación oficial sobre este hecho ameritó la solicitud de la orden de captura, señalaron las fuentes.Además, el escrito interpuesto por el fiscal solicita proseguir la recopilación de prueba con respecto a la desaparición de Abel Ayala.
La jueza Penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, adoptará ahora los pasos a seguir en el expediente, previo a dictar sentencia, expresaron.Abundante prueba documental
El extenso dictamen del fiscal Perciballe realiza un meticuloso estudio sobre el contexto socio-histórico en el cual se produjo el nacimiento, consolidación y accionar de esta organización parapolicial, en base a libros y documentación histórica de ese período.
El análisis realizado por Perciballe concluye que el "Escuadrón de la Muerte" tiene su origen en el contexto socio-económico de la época, por el cual se procesa la consolidación de la guerrilla. La creación de la organización parapolicial tiene como objetivo brindar una respuesta activa y de carácter violento a ese proceso de consolidación, se estima en el dictamen
.Asimismo, los documentos incorporados al expediente vincularían la creación del "Escuadrón" con el ajusticiamiento del ex agente de la CIA, Dan Anthony Mitrione por parte del MLN-T. "La vinculación entre estos hechos no puede afirmarse, pero las fechas y la proximidad entre los integrantes del Escuadrón y Mitrione acentúan esta percepción", explicaron las fuentes.
El dictamen del fiscal identifica entre 10 y 12 ex integrantes de la organización con participación en los atentados, cómo se consolidó la organización, centros de reunión y capacitación y su metodología de acción, expresaron.Las víctimasLa investigación judicial liderada por la jueza Eustachio se sustanció por la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto en agosto de 1971.
Sin embargo, la abundante prueba recabada implicó que la Fiscalía incluyera en la indagatoria casos conexos a ese crimen, como la desaparición de Abel Ayala y los asesinatos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.Los pormenores del accionar de la organización parapolicial comenzaron a quedar al descubierto en 1972 con el testimonio del ex fotógrafo policial y ex agente de la CIA, hoy en Argentina en proceso de extradición, Nelson Bardesio, durante su detención en la Cárcel del Pueblo.
Bardesio narró al MLN con lujo de detalles cómo se realizó el operativo de secuestro y desaparición de Castagnetto. En ese testimonio, Bardesio sostuvo que Sofía, Freitas y dos oficiales entrenados en Brasil fueron los partícipes del secuestro, tortura y desaparición del joven.El secuestro de Bardesio tuvo una respuesta directa del "Escuadrón".El cuerpo de Ibero Gutiérrez fue abandonado en un baldío cerca de la intersección de Camino de las Tropas y camino Melilla, con fracturas múltiples y 13 impactos de bala.

A su lado, un cartel decía: "Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros".Treinta y siete años después de este hecho, los responsables de aquellos crímenes podrían ser procesados por la Justicia. El hecho pudo concretarse mucho antes, cuando el diputado de la Izquierda Democrática Independiente (IDI), Nelson Lorenzo Rovira, presentó en mayo de 1987 estos casos ante la JusticiaSin embargo, el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, ordenó el archivo de las actuaciones alegando que estos crímenes estaban amparados en la Ley de Caducidad, pese a ser anteriores al golpe de Estado de 1973.Quién es Miguel Sofía
El empresario Miguel Sofía, hoy con paradero desconocido o al menos difuso, según información obtenida por LA REPUBLICA, fue uno de los principales referentes de la organización ultraderechista Juventud Uruguaya de Pie (JUP), durante los años previos al golpe de Estado.
Sofía, conocido por el alias "José" dentro de la organización parapolicial, era hombre de confianza del subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara, y uno de los civiles operativos en casos de atentado y desaparición forzada de personas, según la documentación incorporada al expediente judicial.Luego del golpe de Estado, Sofía se desempeñó como diplomático, al ser designado como jefe de la sección de pasaportes de Relaciones Exteriores y funcionario de confianza en la Embajada de Uruguay en Estados Unidos, cuando el embajador era Jorge Pacheco.
Sofía terminó expulsado por robar en un supermercado, según la versión oficial.Sofía se transformó en empresario al ser beneficiado por la dictadura en la concesión de ondas de radio, siendo propietario de Emisora del Plata. Luego adquirió otras radios y conformó Grupo del Plata, vendido por varios millones de dólares a un grupo mexicano.
El ex integrante de la JUP también fue concesionario de un canal de cable en Ciudad de la Costa. La revocación del contrato por acciones poco transparentes en la concesión implicó que Sofía le iniciara un millonario juicio al Estado.
En cualquier momento podría ser procesado.El "Aviso a la Población" del MLN-T del 13 de abril de 1972 detallaba además las ramificaciones del Comando Caza Tupamaros(...) "Además del grupo de Bardesio existían los siguientes grupos:
"a) D.A.M [por Dan Anthony Mitrione; otros le denominaron DAN o Defensa Armada nacionalista], creado por el general retirado Juan Pedro Rivas. Los volantes usados en los atentados se imprimen en las oficinas de Defensa Civil.
"b) Grupo de la Guardia Republicana, creado a instancias de Carlos Pirán. Este grupo fue el que señaló con pintura las casas de militantes tupamaros presos.
"c) Grupo del capitán del Ejército Pedro Antonio Mato (integrante del Servicio de Inteligencia de Defensa) integrado por gente del S.I.D.
"d) Grupo del capitán de la Marina Mario Risso (ex jefe del M-2, Inteligencia de la Marina), enlace entre la Marina y Jefatura, actualmente en España,
"e) Juventud Uruguaya de Pie: las armas para este grupo fueron entregadas por la Jefatura de Policía a través de Miguel Sofía, hombre de confianza de Acosta y Lara y principal colaborador del paraguayo Crosas.Las actas completas y otros documentos vinculados se pueden encontrar en:
"EI Escuadrón de la Muerte según Mario Benítez"
El Comunicado del MLN sobre el Escuadrón de la Muerte: Comcosur al Día;
http://www.comcosur.com.uy/edi_anterior ... /notas.htm."Ponemos en conocimiento de la opinión pública las resoluciones que ya ha tomado el tribunal del pueblo:"1- Han sido condenadas a muerte las siguiente[s] personas:
"Sub-comisario Delega (alias El Gordo), (...)
"Capitán de la Marina Jorge Nelson Nader Curbelo (alias El Negro), (...).
"Oficial Inspector Pedro Fleitas, (...)
"Miguel Sofía (alias José), (...).
"Coronel de la Fuerza Aérea Walter Machado, (...)
"Ángel Pedro Crosas Cuevas, (...)
"Armando Acosta y Lara, (...)
"Comisario Campos Hermida, (...)
"Inspector Víctor Castiglioni, (...)
"Los dos funcionarios del Dpto. 5 entrenados en Brasil que intervinieron directamente en la muerte de Castagnetto.
"Se faculta y se convoca a todos los revolucionarios para que hagan efectiva esta sentencia donde, cuando y como puedan."2.- Se recomienda la captura o cualquier información que contribuya a ello, de las siguientes personas:
"Washington Grignoli, (...).
"Sub Comisario Raúl La Paz.
"Capitán del Ejército Pedro Antonio Matto, (...).
"Capitán de la Marina Ernesto Moto Benvenuto (alias Tito), (...)
"Capitán de la Marina Mario Humberto Risso Pedransini (alias El Flaco), (...)
"Brigadier Danilo Sena; (...).
"Alberto Quinalvar Sosa González (alias El Flaco), (...)
"Sargento Getulio Walter Werner Chaparro (alias El Buey).
"Estanislao Lamenza.
"Hernán Silvera Techera.
"General (R) Juan pedro Rivas, (...).
"Coronel Vigorito.
"Dr. Santiago De Brum Carbajal.
"Dr. Carlos Pirán.
"Inspector (R,) Jorge Grau Saint Laurent.
"Capitán del Ejército argentino Nieto Moreno.El Movimiento de Liberación Nacional seguirá investigando e informando al pueblo. Seremos implacables en el ejercicio de la justicia popular.
Habrá Patria para todos o no habrá Patria para nadie.
Movimiento Liberación Nacional (Tupamaros)
En que terminó el escuadron de la muerte?:
Acosta y Lara; Armando. Subsecretario del Ministerio del Interior. Muere el 14 de abril de 1972 por un comando tupamaro.
Bardesio; Nelson: Fotógrafo y agente de la Policía. Luego se ser liberado por los tupamaros a mediados de 1972, desapareció, siendo enviado primero a Canadá y luego a México, donde algunas fuentes afirman que se desempeñaba como pastor religioso. Hoy espera extradición preso en Buenos Aires.Ya está en Uruguay
Campos Hermida; Hugo: Comisario. falleció el 24 de noviembre del año 2001, víctima de cáncer.Cantrell; William: Asesor de la Oficina de Seguridad Pública y agente de la CIA. Operó en Uruguay entre 1966 y1970.
Su actual pardero desconocido.Castiglioni, Víctor: Inspector de la Policía. Falleció en el año 2000.Crossa Cuevas; Angel: ciudadano paraguayo (o Uruguayo nacionalizado en ese país]. Cuando su nombre apareció en las Actas de Bardesio, recibió respaldo de la Embajada Paraguaya y abandonó nuestro país bajo fuerte custodia.
Algunas fuentes indican que en el año 2002 aún vivía en Asunción.Delega; Oscar: Comisario. El 2 de febrero de 1972 se efectuó un atentado contra su casa. Murió asesinado el 14 de abril de 1972, a manos de un comando tupamaro que ametralló su automóvil.Macchi; José Pedro: Comisario. Herido gravemente durante un atentado del MLN el 10 de febrero de 1972. Falleció el 21 de julio de 2004.Machado; Walter: Coronel de la FAU. En el año 2007 aún vivía y se le llamó como testigo en una causa contra militares acusados de torturas.Mato; Pedro: Capitán. Se retiró del Ejército con el grado de Coronel, vive hoy en la ciudad de Rivera, habiendo adoptado la ciudadanía brasileña.Motto; Ernesto: Capitán de Corbeta. Asesinado el 14 de abril de 1972 en la ciudad de Las Piedras, cuando se hallaba a punto de retirarse del servicio activo.
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