Suplementos y DOCUMENTACION

<body topmargin=0 leftmargin=0 marginheight=0 marginwidth=0> <table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0><tr> <td valign="top" colspan=2 height=90 BGCOLOR="#006699" TEXT="#080000" background="044785a3.jpg"> <div> <FONT SIZE="2" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>index.htm</B></FONT><B>    </B><B> |     </B><A HREF="index.htm" TARGET="_top" TITLE="index.htm"><U><B>home</B></U></A></div> <div> <A HREF="id17.htm" TARGET="_top" TITLE="declaraciones y comentarios"><U>declaraciones y comentarios</U></A>   |   <A HREF="id18.htm" TARGET="_top" TITLE="EL DEBER DE NO OLVIDAR"><U>EL DEBER DE NO OLVIDAR</U></A>   |   <A HREF="id60.htm" TARGET="_top" TITLE="LOS IMPRESCINDIBLES"><U>LOS IMPRESCINDIBLES</U></A>   |   <A HREF="id61.htm" TARGET="_top" TITLE="noticias documentos FINAL DE CADUCIDAD"><U>noticias - documentos - FINAL DE CADUCIDAD</U></A>   |   <A HREF="id56.htm" TARGET="_top" TITLE="el plan condor..."><U>el plan "condor"...</U></A>   |   <A HREF="id63.htm" TARGET="_top" TITLE="DISCUSIONES SOBRE LA ANULACION DE LA LEY"><U>DISCUSIONES SOBRE LA ANULACION DE LA LEY</U></A>   |   <A HREF="id67.htm" TARGET="_top" TITLE="las fuerzas armadas y fantochadas?"><U>las fuerzas armadas y  fantochadas?</U></A>   |   <A HREF="id68.htm" TARGET="_top" TITLE="esclareciendo responsabilidades"><U>esclareciendo responsabilidades</U></A>   |   <A HREF="id73.htm" TARGET="_top" TITLE=" NIBIA Sabalsagaray"><U> NIBIA Sabalsagaray</U></A>   |   <A HREF="id77.htm" TARGET="_top" TITLE="INFORMACIONES comentarios ACCIONES"><U>INFORMACIONES- comentarios - ACCIONES</U></A>   |   <A HREF="id48.htm" TARGET="_top" TITLE="LOS DESAPARECIDOS (1)"><U>LOS DESAPARECIDOS (1)</U></A>   |   <A HREF="id71.htm" TARGET="_top" TITLE="comunicados documentos"><U>comunicados- documentos</U></A>   |   <A HREF="id65.htm" TARGET="_top" TITLE="INADMISIBLES PALABRAS por el Gral.Rosale"><U>INADMISIBLES PALABRAS por el Gral.Rosales</U></A>   |   <B>Suplementos y DOCUMENTACION</B>   |   <A HREF="id41.htm" TARGET="_top" TITLE="nuestra memoria NO OLVIDA"><U>nuestra memoria NO OLVIDA</U></A>   |   <A HREF="id35.htm" TARGET="_top" TITLE="testimonios y documentos"><U>testimonios y documentos</U></A>   |   <A HREF="id53.htm" TARGET="_top" TITLE="EN EL 30 aniversario del NO A LA DICTADU"><U>EN EL 30 aniversario del NO A LA DICTADURA</U></A>   |   <A HREF="id36.htm" TARGET="_top" TITLE="para reflexionar"><U>para reflexionar</U></A>   |   <A HREF="id37.htm" TARGET="_top" TITLE="EN SOLIDARIDAD SIEMPRE"><U>EN SOLIDARIDAD SIEMPRE</U></A>   |   <A HREF="id38.htm" TARGET="_top" TITLE="ACCIONAR DE ESPIAS Y CUENTOS"><U>ACCIONAR DE ESPIAS Y CUENTOS</U></A>   |   <A HREF="id40.htm" TARGET="_top" TITLE="Acciones por nuevos hechos"><U>Acciones por nuevos hechos</U></A>   |   <A HREF="id47.htm" TARGET="_top" TITLE="NOTICIAS E HISTORIA"><U>NOTICIAS E HISTORIA</U></A>   |   <A HREF="id39.htm" TARGET="_top" TITLE="al margen del Bicentenario"><U>al margen del Bicentenario</U></A>   |   <A HREF="id82.htm" TARGET="_top" TITLE="conferenciasdocumentos Bicentenario"><U>conferencias-documentos- Bicentenario</U></A>   |   <A HREF="id66.htm" TARGET="_top" TITLE="DOCUMENTOS Y FECHAS..."><U>DOCUMENTOS Y FECHAS...</U></A>   |   <A HREF="id69.htm" TARGET="_top" TITLE="LOS DESAPARECIDOS(2)"><U>LOS "DESAPARECIDOS"(2)</U></A></div> <bR> <div> <B><IMG SRC="154cf4660.gif" border=0 width="500" height="358" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <bR> <bR> <bR> <bR> <bR> <bR> <bR> <div> </div> </td> </tr><tr> <td valign="top" width=210 BGCOLOR="#FFCC00" TEXT="#080000"> <div>  <embed src="HTMLobj-4704/094_-_Milonga_del_Tartamundo.mp3" autostart="true" loop="true" width="145" height="70">  </div> <div> Alfredo Zitarrosa</div> <div> "Milonga del tartamudo"</div> <bR> <div> <IMG SRC="12a4aeb30.jpg" border=0 width="174" height="179" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <IMG SRC="12a6b73c0.jpg" border=0 width="183" height="316" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> </td> <td valign="top" height=390 BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#080000" background="d4d24de3.jpg"> <bR> <div> <U><IMG SRC="17151b670.jpg" border=0 width="539" height="359" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U>   <FONT SIZE="7" COLOR="#FF00FF" FACE="Arial Black" ><B>E</B></FONT><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>l 24 de febrero de 2011, la Corte Interamericana de DDHH de la OEA,  máximo órgano jurisdiccional en la materia por decisión adoptada soberanamente por el Parlamento uruguayo en 1985, condenó al Estado de nuestro país por violentar el derecho a la Verdad y a la Justicia de Juan y Macarena Gelman, suegro e hija de María Claudia García, secuestrada en la Argentina en agosto de 1976, trasladada clandestinamente a Uruguay por los servicios represivos y desaparecida hasta el día de hoy.</B></FONT></div> <div> <B>La sentencia de la Corte IDH impuso al Estado uruguayo una serie de obligaciones inexorables. Entre ellas, la de realizar una ceremonia pública y oficial en la cual se asuma la responsabilidad estatal por lo ocurrido y se ofrezca una disculpa a los demandantes. El contenido de la misma debe ser acordado, además, con ellos. Voceros gubernamentales han anunciado recientemente que la ceremonia se llevará a cabo en el mes de marzo.</B></div> <div> <B>Cuando en julio de 2007 Crysol presentó su proyecto de Ley de Reparación Integral a las víctimas del terrorismo de Estado, implementando la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, incluía un punto específico al respecto además de otras acciones destinadas a  homenajear, resarcir y dignificar a quienes sufrieron graves violaciones a los DDHH durante dicho período.</B></div> <div> <B>Las FFAA no quieren.</B></div> <div> <B>Esgriiendo múltiples y esquivos argumentos, la iniciativa fue rechazada enfáticamente por el gobierno y los parlamentarios del partido de gobierno, con una única intención: eludir esta obligación que generaba y genera profundo rechazo en las fuerzas armadas contaminadas por la Doctrina de la Seguridad Nacional para no tensionar el relacionamiento con ellas. </B></div> <div> <B>Tanto el anterior como el actual gobierno han dado pasos positivos en la temática referida al pasado reciente que han sido, en la mayoría de los casos, cuestionados por los sectores sociales, económicos y políticos asociados a la impunidad. Han tenido el respaldo y el apoyo de una amplia mayoría ciudadana que lo ha expresado de múltiples maneras, incluso electoralmente.</B></div> <div> <B>Lo cortés no quita lo valiente. Lo positivo del accionar gubernamental dista mucho de lo deseable, de lo posible y de lo necesario para que Uruguay afirme plenamente la institucionalidad democrática, las normas de DDHH y democratice de una vez por todas a las fuerzas armadas liberándolas de quienes tienen, aún, profundos lazos ideológicos, afectivos y emocionales con el terrorismo estatal.</B></div> <div> <B>A 27 años del retorno a la vida democrática, ya es hora de que los poderes que conforman el Estado uruguayo, todos sus órganos e instituciones,  asuman firme y enérgicamente, discursiva y conductualmente, las obligaciones que imponen las disposiciones constitucionales y las normas de DDHH en materia de Verdad, Justicia, Memoria y Reparación para crear las condiciones que impidan que los hechos del pasado  reciente vuelvan a ocurrir. Las máximas jerarquías tienen en dicho proceso la principal responsabilidad de liderar y conducir el mismo y deben actuar consistentemente. </B></div> <div> <B>Contribuyendo a la construcción de un Uruguay democrático, Crysol continuará reclamando por todos los medios que el Estado asuma su responsabilidad pública y oficial por las graves violaciones a los DDHH a todas las víctimas y al conjunto de la sociedad, tal como lo establece la Resolución 60/147 de la ONU en una ceremonia formal  con la presencia de representantes de los poderes republicanos.</B></div> <div> <B>Por mandato de la Corte IDH, Uruguay debe cumplir, a la mayor brevedad, con la sentencia Gelman. Sigue pendiente asumir su responsabilidad con el conjunto de las víctimas, acordando con las organizaciones sociales que las representan, y a toda la sociedad. También debe establecer un día oficial de Homenaje y Recordación a las mismas tal como lo planteó en su momento Crysol entre otras materias que siguen sin resolverse y que nuestra organización ha puesto oportunamente en conocimiento de las auto</B></div> <div> <B>-----------------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> <U><IMG SRC="17081b120.jpg" border=0 width="539" height="274" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U>  <FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" ><U>Las huellas de la diplomacia de la represión</U>  </FONT><FONT SIZE="4" COLOR="#FFFF00" FACE="Arial" ><B>Los documentos reservados que prueban la coordinación dictatorial entre las cancillerías de Uruguay y la Argentina. En el marco de la causa por el Plan Cóndor, sobrevivientes del centro clandestino Automotores Orletti entregaron al juez Oyarbide copias de télex y cartas que prueban el intercambio de información para identificar a “subversivos”. </B></FONT><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>Por Alejandra Dandan</B></FONT></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <U><IMG SRC="170925a90.jpg" border=0 width="293" height="425" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U> <IMG SRC="170a20a90.jpg" border=0 width="288" height="425" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> L<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFF99" FACE="Arial" ><B>as cajas contienen documentos reservados de la dictadura uruguaya. Télex que iban y venían entre los consulados uruguayos ubicados en Argentina, el Consulado general radicado en Buenos Aires y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Los funcionarios de unos y otros organismos se preguntaban en los mensajes por el número de uruguayos radicados en el país y cuál podría ser, por ejemplo, el modo de saber cuántos de ellos eran “subversivos”. </B></FONT></div> <div> <B>Los papeles que contienen nombres, listas de proscriptos y comunicaciones sobre los vuelos ilegales entre uno y otro país vuelven al presente para radiografiar de modo patente la trampera en la que se convirtieron las sedes diplomáticas uruguayas radicadas en Argentina. </B></div> <div> <B>Los documentos fueron presentados por un grupo de sobrevivientes uruguayos –encabezados por Sergio López Burgos– al juez Norberto Oyarbide, a cargo de la investigación del Plan Cóndor. En la presentación, los uruguayos pidieron ser querellantes de la causa, denunciaron a una veintena de funcionarios y pidieron que se inicie una investigación sobre la línea diplomática.</B></div> <div> <B>“Los cables entre los consulados y las embajadas muestran, por ejemplo, cómo los funcionarios pedían ayuda a la Policía Federal para detectar a los ‘elementos subversivos’ que operaban en Argentina”, dice López Burgos, uruguayo y sobreviviente de Automotores Orletti y del periplo de detenciones en Uruguay. </B></div> <div> <B>“Eso demuestra para nosotros que la diplomacia era una fuente de información y a la vez una trampera: entre no-sotros de alguna manera empezamos a saberlo y por eso teníamos prohibido pasar por la embajada.”Durante la dictadura militar en Uruguay –dice la denuncia presentada por las abogadas Mariana Neves y Elizabeth Victoria Gómez Alcorta–, “el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo activa participación en el Plan Cóndor. Aquella dependencia llevaba adelante, entre otras funciones, averiguaciones sobre ciudadanos uruguayos a solicitud de los otros gobiernos sin que mediara ninguna decisión judicial. </B></div> <div> <B>Sobre la base de los partes de las agencias de inteligencia y las comunicaciones de los mandos militares, se suspendió y negó a muchos ciudadanos la documentación necesaria para moverse por el mundo, conformando así un cerrojo sobre los ciudadanos uruguayos”. </B></div> <div> <B>Eso es de alguna manera lo que muestran las cajas de documentos que entregaron a Oyarbide, rescatadas después de más de un año de trabajo en los archivos de la Cancillería uruguaya.</B></div> <div> <B> Entre los denunciados hay, por lo menos, 25 diplomáticos o ex diplomáticos de primera y segunda línea: unos 13 militares y 12 civiles. Uno de los nombres más conocidos es el del ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, hasta el momento el único procesado y detenido en Uruguay. Pero los archivos también recogen denuncias sobre los embajadores uruguayos en el país, el primero de 1975 a 1978, Gustavo Magariños, y quien lo sucedió entre 1978 y 1980, Luis Posada Montero. </B></div> <div> <B>También hay seis ex cónsules y ex funcionarios, entre ellos Arisbel Arocha y Alberto Voss Rubio que todavía son embajadores. La conexión diplomática también incluyó a quienes operaron los dos vuelos clandestinos en los que salieron de Buenos Aires a Montevideo con los prisioneros uruguayos que estaban secuestrados.</B></div> <div> <B>La línea roja </B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFF99" FACE="Arial" ><B>Uno de los documentos más elocuentes sobre la línea roja de los diplomáticos es una carta del 7 de diciembre de 1978 (ver foto), firmada por el ministro consejero del Consulado general de Buenos Aires, Alfredo Menini Terra, y dirigida al “embajador extraordinario y plenipotenciario de la república Luis María Posadas Montero”. </B></FONT></div> <div> <B>El documento parece un verdadero manual en el que el Consulado le va contando a la embajada cuáles podrían ser los mejores modos para trasmitir información confidencial. O explican cómo contar uruguayos en Buenos Aires y cómo discernir cuáles podrían ser “subversivos”. En ese sentido, en un párrafo el cónsul se pregunta: “En cuanto al porcentaje de ciudadanos uruguayos que a juicio de funcionarios consulares pueden haber estado o están vinculados a actividades subversivas –dice–, naturalmente es una apreciación muy difícil de establecer. </B></div> <div> <B>La única guía que tiene el funcionario consular para poder brindar esa información radica en: </B></div> <div> <B>A) Algún tipo de trámite que motivara su intervención ante las autoridades militares o policiales, donde se constatara la actividad subversiva de un ciudadano uruguayo;</B></div> <div> <B> B) la comunicación de No Autorizado efectuada por nuestra Cancillería ante la solicitud de expedición o renovación de pasaportes.”Más abajo, el cónsul le cuenta a su superior que el Consulado de Rosario encontró en sus archivos la constancia de cuatro ciudadanos a los que no les autorizó la expedición de pasaporte. </B></div> <div> <B>Y el Consulado de Buenos Aires, entre negativas a pasaportes y trámites “motivados por actividades subversivas”, tiene la constancia de 300 ciudadanos. La carta, de varias páginas, analiza lo de los mensajes cifrados. “...Se hace constar –dice por ejemplo– que no existe mecanismo de comunicación de cable cifrado entre este Consulado general y los consulados de distrito, quedando como única alternativa para la comunicación o recepción de información confidencial la vía postal.” </B></div> <div> <B>En otro de los puntos, reflexionan sobre lo que está pasando con los uruguayos:“...Ha llamado la atención del suscripto que en los últimos tiempos, posiblemente ante el conocimiento de que se solicitaba la previamente autorización a Cancillería para expedir o renovar los pasaportes, sólo se presentan en su gran mayoría ante nuestros consulados en Argentina los ciudadanos que no tienen inconvenientes...”.</B></div> <div> <B>Entre los primeros casos de pasaportes que vedó la Cancillería estaban el de Wilson Ferreira Aldunate, Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini. Los tres estaban siendo perseguidos en Uruguay y estaban radicados en Buenos Aires. Seis meses más tarde de la suspensión y la decisión, asesinaron a Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.</B></div> <div> <B>Los vuelos</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFF99" FACE="Arial" ><B> Los documentos prueban además varias actividades desarrolladas ad hoc por la Cancillería. Entre ellas, demuestran que desde ahí partió la orden del traslado masivo de los uruguayos que estaban secuestrados en Buenos Aires y volaron clandestinamente a Montevideo en los llamados primero y segundo vuelo. </B></FONT></div> <div> <B>Una de las pruebas aparentemente es un télex del 2 de junio de 1976, identificado como C194/24, firmado por el ex canciller Juan Carlos Blanco y dirigido al entonces cónsul en Buenos Aires Alberto Voss Rubio. En el télex, Blanco le da “la orden de proveer el traslado a la República Oriental del Uruguay de todos los ciudadanos uruguayos requeridos por la autoridad competente”. </B></div> <div> <B>A ojos de López Burgos, la fecha del télex y el contenido lo convierten en un documento que está hablando probablemente del primer vuelo, un viaje clandestino y masivo de secuestrados que estaban en el centro clandestino de Automotores Orletti y viajaron a Montevideo. Pese a que, por ejemplo, ese documento es conocido en Uruguay, no lo es para las causas argentinas. </B></div> <div> <B>La causa sobre el centro clandestino de Automotores Orletti, sede del Cóndor en Buenos Aires, concluyó el año pasado, pero sólo se juzgó e investigó lo que sucedió de las puertas del centro clandestino para adentro. </B></div> <div> <B>Todo lo que sucedió afuera es materia de investigación de la llamada Causa Cóndor que está en manos de Oyarbide y del fiscal Miguel Angel Osorio, uno de cuyos tramos fue elevado a juicio oral hace dos años y todavía espera el sueño de los justos para recibir fecha de comienzo de juicio.</B></div> <div> <B>--------------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> <U>Con la Fiscal Mirtha Guianze</U></div> <div> <U><IMG SRC="16d8c6410.jpg" border=0 width="454" height="321" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U>  <FONT SIZE="5" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" ><U>identificación de restos de Julio Castro puede implicar nuevas actuaciones en el caso "más adelante"</U></FONT></div> <div> <B>Luego de la identificación de los restos del maestro Julio Castro en el Batallón 14 y de la constatación de que su muerte se debió a una ejecución y no a métodos de tortura, el horizonte para la investigación de su caso, y de las violaciones de derechos humanos durante la más reciente dictadura en general, adquiere nuevas características. Para conversar sobre este asunto, En Perspectiva entrevistó a la fiscal Mirtha Guianze, quien lleva adelante este expediente junto con el juez Juan Fernández Lecchini. Guianze dijo que "si bien hay investigaciones pendientes", el grupo de trabajo encargado del caso Castro ya investigó lo que podía investigar. Sobre los cambios que puede haber a partir de la noticia, la fiscal explicó: "La tipificación que podía recaer sobre [el caso de Julio Castro] hasta el otro día era desaparición forzada" y ahora "pasa a ser homicidio". En este sentido, señaló que las particularidades del homicidio, que difieren con lo divulgado por la Comisión para la Paz, "pueden implicar" nuevas actuaciones, pero aclaró que esto sería "más adelante". "No puedo decir lo que voy a hacer hasta que no tenga el expediente en la mano y no empiece a estudiarlo y a completar la información", expresó. Guianze opinó que el trabajo de la Comisión para la Paz "fue una cuestión positiva porque puso el tema sobre la mesa" pero que "las informaciones que se recabaron en muchos casos no son verídicas".</B></div> <div> <B>EMILIANO COTELO:</B></div> <div> <B>El hallazgo de los restos del maestro Julio Castro todavía enterrados en el Batallón 14 y la constatación de que fue ejecutado de un tiro en la cabeza y por tanto que no murió porque no resistiera la tortura han abierto todo un escenario nuevo en la investigación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.</B></div> <div> <B>Jorge Silveira, excoronel retirado que se encuentra preso en la cárcel de Domingo Arena, emitió el viernes un comunicado aclarando que lo ocurrido con Julio Castro no es lo que se hacía en los operativos ordenados por las Fuerzas Armadas y pidiendo a los culpables de ese hecho que se hagan responsables. Al día siguiente, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general del Aire José Bonilla, habló con El Observador y reclamó que se identifique a los responsables de ese acto al que calificó como “aberrante”. Pocas horas después trascendió que el comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre, dará a conocer hoy un pronunciamiento sobre este caso y, según adelantaba La República, condenará la ejecución de Julio Castro.</B></div> <div> <B>Por otra parte hubo críticas a la Comisión para la Paz, conformada en el gobierno de Jorge Batlle, por la información que hizo pública en el año 2003 sobre la muerte de Julio Castro y el destino de sus restos, y uno de sus integrantes, el doctor Carlos Ramela, salió a responder a esos cuestionamientos. El presidente José Mujica también se refirió al tema, dijo, entre otras cosas, que para él queda claro que al final de la dictadura hubo una “operación zanahoria” realizada de manera incompleta.</B></div> <div> <B>Pero mientras tanto, a raíz de los hechos que se conocieron el jueves, la investigación judicial en torno al caso de Julio Castro podría tomar ribetes diferentes.</B></div> <div> <B>¿De qué manera? ¿Qué puede ocurrir en esta materia?</B></div> <div> <B>Vamos a conversar con quien lleva, junto con el juez Fernández Lecchini, la investigación de este expediente, la fiscal Mirtha Guianze.</B></div> <div> <B>¿En qué punto se encontraba la investigación judicial del caso Julio Castro en la justicia penal hasta la semana pasada, cuando se conoció la noticia de que los restos encontrados en el Batallón 14 en octubre eran los de Julio Castro?</B></div> <bR> <div> <B>MIRTHA GUIANZE:</B></div> <div> <B>El expediente ya estaba pronto para ser enviado a Fiscalía por el doctor Fernández Lecchini, me lo había avisado. Faltaba una documentación que iba a venir de otro juzgado, que eran testimonios de declaraciones ya tomadas en el expediente de Gregorio Álvarez, del penal 19. Pero el expediente ya estaba pronto.</B></div> <div> <B>EC - ¿Qué quiere decir que el expediente ya estaba pronto?</B></div> <div> <B>MG - Lo que nosotros pudimos investigar, lo que pudimos averiguar ya se había cumplido en su totalidad, se había cumplido con todas las citaciones, se habían agregado todos los documentos posibles. Faltaba, lógicamente, la documentación que el Ministerio de Defensa nunca nos envió, como una investigación sobre lo que significó o lo que pasaba en la casona de Millán y Loreto Gomensoro. En ese punto el Ministerio de Defensa solo nos envió una cédula catastral, que era mucho menos que lo que nosotros teníamos, por supuesto.</B></div> <div> <B>Entonces, si bien hay investigaciones pendientes, supongo, del Ministerio de Defensa y de esta comisión que está nombrada específicamente para investigar, lo que nosotros podíamos investigar ya lo hicimos, e incluso había elementos de prueba desde el año 1985, porque el hecho de que Julio Castro había estado en esa casa, había sido detenido en tal fecha, quiénes lo habían detenido, quiénes habían participado en el procedimiento, eso ya estaba desde la comisión investigadora. Ahora lo que hicimos fue interrogar a los militares que estaban a cargo del Departamento III del Servicio de Información de Defensa (SID), para deslindar las responsabilidades.</B></div> <div> <B>EC - Según un resumen que se publicó en Brecha la semana pasada, hasta ahora ya se tomó declaración a los oficiales José Baudean, Omar Lacasa y Alberto Gómez, al policía Juan Ricardo Zabala y al periodista brasileño Flávio Tavares.</B></div> <div> <B>MG - Sí, hubo más militares que declararon, pero Flávio Tavares fue la última persona que lo vio con vida. Tavares vino de Brasil, testificó, y sobre la base de esas declaraciones es que teníamos una idea de que había sido torturado. Flávio Tavares fue colgado, y él decía que pensaba que Julio Castro había sido sometido al mismo tipo de tortura. Puede ser que eso haya sucedido, porque tenía las manos atadas atrás y con una soga un poco larga. Y que se quejaba, “gemía”, decía textualmente, sentía los gemidos del que llamaban “el veterano”.</B></div> <bR> <div> <B>EC - El periodista Flávio Tavares trabajaba para el diario Excélcior de México, y había venido a Montevideo unos días antes del secuestro de Julio Castro para realizar distintas gestiones, entre ellas obtener la liberación del periodista uruguayo Graziano Pascale, que trabajaba para el Excélcior, había escrito una nota sobre los cuatro años del gobierno militar, y eso le había generado el arresto.</B></div> <bR> <div> <B>Pero dos días después de su llegada, cuando Flávio Tavares intenta volver a Buenos Aires, es detenido en el aeropuerto de Carrasco. Y termina preso en la casona de la calle Millán, donde, después se supo, terminó yendo a parar Julio Castro. De allí que el testimonio del periodista Flávio Tavares ha sido relevante a los efectos de tener algo de información sobre cómo transcurrieron las últimas horas de Julio Castro.</B></div> <bR> <div> <B>MG - Él no lo vio, porque estaba vendado, pero sentía que nombraban al “veterano”, le preguntaban si era pariente de Fidel Castro –eso ya ha sido publicado, así que no violento ningún secreto del presumario–, y tenía idea de que esa persona –el “veterano”, como ellos lo llamaban– no se encontraba en buen estado de salud. Y una noche lo retiraron, piensa que posiblemente en un colchón, se lo llevaron y no volvió a saber de él. No vio su cara, pero sintió su voz, sus gemidos, las conversaciones, y tiene toda la certeza de que era Julio Castro porque además coincide la fecha de la declaración.</B></div> <bR> <div> <B>EC - Flávio Tavares no había estado con Julio Castro pero sabía quién era a partir de los contactos que el periodista tenía aquí en Uruguay.</B></div> <bR> <div> <B>MG - Sí, en este expediente declaró también, por ejemplo, el contralmirante Óscar Lebel. Tenemos más o menos una idea de cómo estaba armado ese grupo de gente que no estaba haciendo nada más que tratar de hacer denuncias o de sacar gente al exterior.</B></div> <bR> <div> <B>EC - Los militares que han sido investigados hasta ahora pertenecían todos al SID. ¿Por qué?</B></div> <div> <B>MG - Por información que hemos tenido de otros expedientes y por lo que sabemos ahora, esa casona pertenecía al SID, el SID la compró –eso está en un expediente que fue archivado, así que tampoco es secreto– a nombre de una persona cuyo nombre es simulado, Virginio Emilio Pomato de Bron. Esa persona no existe, nunca existió. La escribana fue la esposa de un oficial del SID, e hizo la escritura a pedido de Prant.</B></div> <div> <B>EC - Hasta ahora usted estaba investigando el caso del desaparecido Julio Castro. Tanto es así que una parte de su trabajo era descartar la versión oficial que difundió la dictadura en su momento de que Julio Castro había escapado en un avión con destino a Buenos Aires. Ahora, con la aparición de los restos en el Batallón 14, el caso pasa a ser un homicidio. Pero hay diferentes tipos de homicidios, y según los forenses que examinaron los restos, resulta que Julio Castro padeció torturas, tenía los pies y las manos atados con alambre, y además recibió un impacto de bala en el cráneo que le provocó la muerte. Es más, no se descarta que haya habido más de un disparo de bala por el estado en que se encuentran los restos de la cabeza.</B></div> <div> <B>¿Cómo inciden estos datos nuevos en la investigación que usted encabeza?</B></div> <div> <B>MG - Los hechos que están probados son que hubo un homicidio. Después hay que ver si hay una persona a la cual se le puede imputar ese homicidio, pero de cualquier manera, la tipificación que podía recaer sobre esos hechos, que hasta el otro día era desaparición forzada, hasta que se descubrió que los restos eran de Julio Castro, pasa a ser homicidio.</B></div> <div> <B>EC - ¿Qué tipo de homicidio? ¿Es un homicidio especialmente agravado?</B></div> <div> <B>MG - Es un homicidio muy especialmente agravado o puede calificarse como homicidio político. La calificación en sí no es tan trascendente, sino el hecho de que es un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto no prescribe.</B></div> <div> <B>EC - Pero las características de la muerte, que son distintas de las que se habían divulgado en su momento en el informe final de la Comisión para la Paz, ¿implican nuevas actuaciones a los efectos de la investigación, por ejemplo?</B></div> <div> <B>MG - Pueden implicar más adelante. En este momento yo tengo que recibir el expediente, ver lo que tengo, ver incluso ese informe –lo conozco porque me lo han trasmitido telefónicamente pero no lo he visto–, y veré qué hago más adelante. No puedo decir lo que voy a hacer hasta que no tenga el expediente en la mano y no empiece a estudiarlo y a completar la información.</B></div> <div> <B>EC - Estos días se ha discutido a propósito del trabajo de la Comisión para la Paz y de las conclusiones que están estampadas en el informe final del año 2003. A propósito de Julio Castro se señalaba en aquel trabajo que murió por excesos en las torturas, y que sus restos fueron primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y luego exhumados a fines de 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata. La justicia y usted como fiscal ¿tomaron en cuenta ese informe? ¿Hasta ahora se estaban basando en ese informe? ¿Qué relevancia tenía para ustedes?</B></div> <div> <B>MG - Hay dos aspectos. Uno, que el Estado uruguayo lo consideraba muerto, pero además se tramitó un expediente ante la justicia civil, la familia tramitó indemnización. En ese caso, tanto el doctor Ramela, como el doctor Gonzalo Fernández, como monseñor Cotugno, tenían esa idea, que esa persona había muerto de esa manera. Pero en cuanto a la operación zanahoria todos tenemos terribles dudas, porque todo lo que hasta ahora se encontró desmiente los resultados de la Comisión para la Paz.</B></div> <div> <B>EC - ¿En qué sentido?</B></div> <div> <B>MG - Tanto en el caso de Miranda, como el caso de Ubagesner Chaves, como el caso del maestro la información resultó ser errónea.</B></div> <div> <B>EC - En todos esos casos el informe de la Comisión para la Paz hablaba de restos incinerados y tirados al Río de la Plata.</B></div> <div> <B>MG - En el de Miranda decía que estaba enterrado en el 14, y estaba en el 13. Después en una declaración Gonzalo Fernández dijo que había cuestiones que lo ratificaban plenamente, habló del enterramiento de Gelós Bonilla, que había sido encontrado y no había sido enterrado; habló del enterramiento de Gomensoro Hoffman, y tampoco eran ciertos esos datos; dijo que ahí estaba enterrado un niño y eso no era cierto. Nada de lo que se fue a investigar resultó. Ahora hay unas investigaciones nuevas que ha hecho el equipo de López Mazz, parece que hubo remoción de tierra en ese lugar. Esa remoción de tierra y esos fragmentos de huesos que todavía no se sabe si son humanos pueden corresponder a una remoción de cuerpo que puede no haber sido total. Por supuesto, no sabemos hasta qué punto pudieron llegar a remover los cuerpos, porque había un patrón de enterramiento, yo vi la exhumación de Miranda y vi ahora el hecho de que trajeran material, cal, pozos de determinadas características. Ahí no trabajaron jefes y oficiales, ahí trabajó personal subalterno y trabajó mucha gente. Hay mucha gente que sabe de esto.</B></div> <div> <B>EC - ¿Para usted la llamada “operación zanahoria”, el desentierro de restos en algún momento del año 1984, existió?</B></div> <div> <B>MG - No puedo hacer hipótesis arriesgadas, puede haber existido parcialmente, no totalmente. Esto se comprueba con los datos que han dado, que son falsos, yo estuve cuando llevaron a Macarena al lugar donde supuestamente estaba enterrada su madre, y todo eso también resultó ser falso. Nos mostraron pozos de tiradores, porque en ese predio del 14 hacen ejercicio los batallones de infantería de todo Montevideo y creo que de la zona metropolitana. Había pozos de tiradores que se nos presentaban como tumbas abiertas, y eran pozos para ejercicio, nada más. Entonces eso no podía presentarse como desenterramientos; resultó todo fallido, toda esa investigación y todo lo que se excavó.</B></div> <div> <B>Ahora aparecieron datos en otro lado, pero el tema es encontrar esos datos, porque no se puede excavar en cualquier lugar, tiene que haber una base de datos que tienen que proporcionar las personas que saben.</B></div> <div> <B>EC - Sí, porque una de las inquietudes que ahora se plantean es qué fiabilidad tiene la información que se ha obtenido de fuentes militares de manera reservada, en la medida en que ahora se verifica que en varios de los casos incluidos en el informe de la Comisión para la Paz había inexactitudes o directamente mentiras.</B></div> <div> <B>MG - Tal vez se buscaron los informantes que se sabía que estuvieron en estos temas. Y esos informantes mintieron y creo que van a seguir mintiendo. Pero hay un trabajo de investigación que tiene que correr por cuenta del Poder Ejecutivo –creo que hay voluntad de hacerlo, al menos se constituyó esta comisión– de buscar otros informantes, porque esto involucró a una cantidad de gente muy importante, estos enterramientos no se hicieron entre dos o tres personas. Y como ya dije, ni entre jefes y oficiales, acá hay personal subalterno. Pero a ese personal subalterno no lo podemos localizar ni lo podemos traer a declarar en un juzgado, porque con eso no vamos a sacar ninguna información. Esa información tiene que venir de un trabajo que se haga en forma reservada.</B></div> <div> <B>EC - ¿Usted tiene una opinión hecha sobre el trabajo de la Comisión para la Paz?</B></div> <div> <B>MG - Sí, tengo, pero preferiría reservármela. De cualquier manera, creo que fue una cuestión positiva, porque puso el tema sobre la mesa y se empezó a hablar de los desaparecidos, que era un tema tabú. Pero las informaciones que se recabaron en muchos casos no son verídicas.</B></div> <div> <B>EC - Según el semanario Brecha, “el arresto y la muerte de Julio Castro pudo haber sido una operación del SID destinada a bloquear y revertir la política de solidaridad que desplegaba el embajador de México, Vicente Muñiz, y en la cual el maestro Julio Castro participaba de manera muy activa”. ¿Esa es una hipótesis plausible para usted?</B></div> <div> <B>EC - Tengo preguntas de los oyentes también. Por ejemplo, varias que aluden al hecho de que estas fuentes militares hayan mentido al pasar la información. Alguien consulta: “¿Puede seguir manteniéndose el compromiso de reserva de los nombres de quienes mintieron descaradamente?”.</B></div> <div> <B>¿Tiene algo para decir sobre este punto?</B></div> <div> <B>MG - Yo entiendo, y entendí siempre, que ese compromiso de reserva no debía existir porque fue hecho por una resolución presidencial. Y si un juez puede levantar el secreto bancario, por ejemplo, que está impuesto por ley, también puede levantar ese secreto, pedir que la Comisión para la Paz entregue esos datos. No tuve suerte en la justicia, en el expediente de Elena Quinteros; tal vez sea el momento de volver a intentarlo. Pero pienso que como además, según el Pacto de San José de Costa Rica, una persona que está imputada de delito puede mentir para defenderse, tampoco puedo pretender que esa persona se autoincrimine. Sí puede haber otras personas que no hayan participado en el hecho, y son funcionarios públicos y están enterados, entonces si un funcionario público tiene conocimiento de un delito, debe ponerlo en conocimiento de la justicia.</B></div> <div> <B>EC - Pero usted, por lo que dijo antes, sigue apostando a esa información entregada de manera reservada.</B></div> <div> <B>MG - Sí, porque tengo entendido que hay papeles de la Comisión para la Paz que son como borradores y que nunca se entregaron a la justicia. Tal vez no se entreguen a la justicia, pero podrían ser entregados para que los maneje la comisión que está constituida en el Poder Ejecutivo. Eso podría darnos puntas para empezar a investigar, porque supongo que habrá gente que habrá dado datos que no conocemos qué personas fueron, porque la Comisión para la Paz nunca lo reveló. Tal vez sea el momento de que se sepa, al menos en ámbitos reservados, no que se publique en la prensa, pero que se empiece a trabajar con esas puntas.</B></div> <div> <B>EC - El sábado en el diario El Observador, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general del Aire José Bonilla, dijo: “Hay que investigar. Estas cosas no son comunes en la fuerza. Se tiene que saber quiénes son los culpables”. Y agregó: “La situación no es reflejo de las Fuerzas Armadas de hoy ni de ningún tiempo”. “Una cosa es matar en un enfrentamiento y otra cosa es ejecutar a una persona. No comparto para nada ese tipo de prácticas.”</B></div> <div> <B>¿Cómo evalúa un pronunciamiento de esta característica? Parece la primera vez que un cargo jerárquico de las Fuerzas Armadas pide explícitamente que se identifique a militares o policías responsables de un delito ocurrido en la dictadura.</B></div> <div> <B>MG - Me parece muy positivo que haya una reacción de las Fuerzas Armadas, pero no hay que olvidar que por ejemplo en el caso de Elena Quinteros, en el que yo trabajé, declarando ante el juzgado tanto el doctor Ramela como el doctor Gonzalo Fernández dijeron que Elena Quinteros había sido ejecutada. O sea que este no es el primer caso de ejecución.</B></div> <div> <B>Después tenemos 28 desaparecidos con respecto a los cuales ya hay condena firme, se consideran muertos, militantes del PVP traídos de la Argentina que muy posiblemente hayan sido ejecutados, porque desaparecieron después de haber sido traídos a Uruguay. Entonces las ejecuciones no fueron algo excepcional ni solo en el caso de Julio Castro, habría que pensar que existieron, y si este es un momento de sinceramiento de las Fuerzas Armadas, sería el momento de empezar a investigar.</B></div> <div> <B>Tal vez no podamos llegar a impartir justicia en esos casos, porque al menos en mi caso no estoy en la onda de venganza, pero sí llegar a la verdad. O sea que si las Fuerzas Armadas tienen información, si hay manera de llegar, eso puede contribuir a encontrar a los desaparecidos.</B></div> <div> <B>EC - ¿Cómo es eso de que usted no está en la posición de impartir justicia a rajatabla? Esa es su función.</B></div> <div> <B>MG - Es mi función si llega a mi conocimiento un hecho delictivo, con apariencia delictiva; por supuesto, creo que la justicia es un valor primordial para sanear esto que tenemos. Pero también puede haber circunstancias en que las Fuerzas Armadas lleguen a datos que lleven a la verdad, y esa verdad después nos llevará a los culpables, porque puede haber gente que no haya estado directamente involucrada pero sepa, y como existe el testigo protegido en el crimen organizado, podríamos llegar a buscar algún tipo de instituto que permitiera que gente que sabe vuelque la información en los canales que corresponda y de ahí lleguemos a la verdad. Después surgen los culpables.</B></div> <div> <B>EC - Entiendo. Usted habla de una búsqueda de la información por fuera del juzgado específicamente.</B></div> <div> <B>MG - Como toda investigación, en todos los casos investiga la policía, porque lo que podemos hacer nosotros es pedir, el fiscal pide, el juez decide, y se va guiando la investigación, se piden determinadas cosas. Pero siempre hay un organismo investigativo, y acá no tenemos ningún organismo investigativo, las pruebas la aportan las víctimas.</B></div> <div> <B> EC - Esta es la expectativa que se le abre a usted a partir de declaraciones como las del general Bonilla que mencionábamos.</B></div> <div> <B>MG - Sí, y de la comisión que está instaurada. Además me consta que la familia de Julio Castro le planteó al Poder Ejecutivo, le planteó al secretario de la Presidencia esta situación de que investigamos con nada, porque usted sabrá que conseguimos un testigo porque nos avisó una persona que tal señora estaba enterada de tal cosa, un familiar nos avisa que esta persona estuvo detenida en la casona. Son investigaciones hechas por fuera de cualquier organismo oficial, porque los fiscales tampoco tenemos facultades para investigar. Son pruebas que allegan las víctimas.</B></div> <div> <B>EC - Por otra parte, para hoy se anuncia un pronunciamiento del comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre. Todavía no sabemos lo que va a decir, hay algún anticipo, pero ¿qué significa esa señal para usted?</B></div> <div> <B>MG - Me parece una señal positiva, me parece una reacción, porque siempre se ha estado en la negativa, “estas cosas no ocurrieron”, y la dimensión del horror de lo que pasó tampoco está difundida. El caso de Julio Castro es paradigmático en muchos sentidos, por la personalidad de Julio Castro, porque era una persona conocida, porque fue terrible la ejecución, pero hay otras cuestiones terribles en expedientes que ya fueron archivados. Hay torturas, desapariciones, ejecuciones, la cuestión de las madres que parieron en Argentina y les quitaron los hijos; había militares uruguayos en esa cuestión…</B></div> <div> <B>EC - ¿Por qué enumera todos esos hechos?</B></div> <div> <B>MG - Porque son hechos que no se conocen, porque no hay conocimiento a nivel popular de esas cuestiones.</B></div> <div> <B>EC - ¿Por qué lo relaciona con el pronunciamiento que va a emitir hoy el comandante en jefe del Ejército?</B></div> <div> <B>MG - Porque siempre ha habido una actitud negativa de las Fuerzas Armadas, la lógica de la confrontación, de muertos en enfrentamiento, la teoría de los dos demonios, los guerrilleros, pero no sabemos sobre madres de familia que fueron detenidas y no tenían nada que ver. Eso no quiere decir que no se matara en un enfrentamiento, pero estas cuestiones fueron mucho más crueles, y además la tortura sistemática que se impuso en este país, que tampoco es conocida.</B></div> <div> <B>EC - Hablando de declaraciones, el viernes el coronel retirado Jorge Silveira reclamó que quienes mataron a Julio Castro se hagan responsables. Silvera, que está preso en la cárcel de Domingo Arena, donde está cumpliendo una condena por 28 homicidios ocurridos en la dictadura, emitió un comunicado, dice:</B></div> <div> <B>“En caso de verificar que el maestro Julio Castro fue ajusticiado, tomando el sentir de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, estoy totalmente convencido de que ninguna de las citadas fuerzas ajusticiaba al enemigo. Como ya declaré en el caso Gelman ante el juez Salazar, las Fuerzas Armadas no secuestraban niños, no mataban mujeres embarazadas y mucho menos mujeres que habían dado a luz. Y agregué que repudiaba estos hechos aberrantes”. Por eso reclamó que quienes hayan cometido este crimen se hagan responsables de una vez por todas.</B></div> <div> <B>¿Le atribuye alguna importancia a esta declaración?</B></div> <div> <B>MG - No, yo no puedo discutir con una persona que está condenada por crímenes de lesa humanidad. Además es un expediente que yo tramité, conozco determinadas cosas con respecto a Silveira, entonces no puedo discutirlo, y menos públicamente con él.</B></div> <div> <B>EC - Silveira aclaró que su intención no es decir que el responsable no sea un militar, “digo que no actuó por orden del Ejército, de la Fuerza Aérea ni de la Marina”. Esa es la puntualización que hace.</B></div> <div> <B>MG - Habrá que preguntárselo al Pajarito. No puedo discutirle ni hacer consideraciones sobre cosas que haya dicho Silveira.</B></div> <div> <B>EC - Se ha interpretado esta salida de Silveira como un tiro por elevación hacia otros militares que también están detenidos en Domingo Arena. Se ha apuntado por ejemplo al caso concreto de Gavazzo.</B></div> <div> <B>MG - Esos son problemas internos que pueden tener ellos. Yo tampoco ingreso en esos problemas.</B></div> <div> <B>EC - Le mencionaba lo que decía Brecha el viernes pasado: “Todos los militares investigados en esta causa integraron los aparatos operativos del Servicio de Información de Defensa (SID). Por ello, pese a sus negativas, el coronel retirado José Gavazzo es una pieza clave para los magistrados, puesto que en 1977 era jefe del Departamento III del SID, que en ese momento desplegaba una acción de inteligencia contra los diplomáticos de la Embajada de México en Uruguay. Y ello es decisivo para determinar las causas del secuestro de Julio Castro”. Dice Brecha que el secuestro y muerte de Julio Castro pudo haber sido una operación o parte de una operación destinada a bloquear y revertir la política de solidaridad que desplegaba la Embajada de México. ¿Comparte esa tesis?</B></div> <div> <B>MG - Eso forma parte del presumario, por lo tanto no puedo hablar, el presumario lo voy a decidir ahora y no puedo hablar sobre eso, no puedo emitir opinión. Tengo que mantenerme dentro de lo que me marca mi profesión, y una parte de eso es mantener la reserva del presumario hasta que se haya emitido una opinión.</B></div> <div> <B>EC - ¿Qué viene ahora? Por un lado usted va a recibir el expediente del juez de la causa, y por otro lado se está incorporando esta información sobre los restos de Julio Castro, que le va a llegar de otro juzgado, porque esas excavaciones se hicieron pensando en la búsqueda de los restos de María Claudia García de Gelman.</B></div> <div> <B>MG - Sí, según me dijo el doctor Fernández Lecchini el viernes, el doctor Salazar estaba a punto de enviarle todo el material, y me lo iba a mandar con todo. Creo que llegará en esta semana.</B></div> <div> <B>EC - ¿Qué cabe aguardar en cuanto a prolongación de los trabajos de esta investigación?</B></div> <div> <B>MG - En este momento tengo que ponerme a leer eso, y tengo que leerlo en horas inhábiles, de noche, porque tenemos el trabajo común de la Fiscalía, y en este momento estamos toda la semana con audiencias y la semana que viene de turno. O sea que es trabajo para la noche y para el fin de semana.</B></div> <div> <U>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</U></div> <div> <U><IMG SRC="16d08e790.jpg" border=0 width="142" height="121" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U> <IMG SRC="16d235c10.jpg" border=0 width="309" height="193" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"><FONT SIZE="5" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" ><U>Es bueno recordar esto: </U></FONT><FONT SIZE="5" COLOR="#FFCC33" FACE="Impact" ><U>¿Quién es “Pajarito” Silveira?</U></FONT></div> <div> <B>Algo más para agregar:</B></div> <div> <B>Jorge Silveira nació y se crió en una familia de las de antes, aquellas que tenían muchos hijos y eran tipo clan. El hermano mayor de su padre era un respetable Profesor de Filosofía, cristiano y del PDC que tuvo 10 hijos, entre ellos Juana y Rosa. Juana cayó presa en agosto del 72 junto conmigo. Rosa fue detenida en 1974 y se fugó a los pocos meses tirándose de un camión blindado que la trasladaba. No la encontraron más. Juana tenía de vez en cuando, a través de la visita con sus padres, noticias de su hermana clandestina en Buenos Aires, hasta que un día no las tuvo más y sus padres le dieron a entender que había desaparecido.</B></div> <div> <B>Cuando Jorge Silveira es destinado al penal de Punta de Rieles, un día hace bajar a Juana ( su prima hermana, con la que se había criado, compartido juegos, cumpleaños etc) a la planta baja donde estaban sus oficinas.</B></div> <div> <B>La hace ingresar a su despacho , Juana  entra y se sorprende al ver a su padre sentado en una silla delante del escritorio, del otro lado se sentaba Silveira.</B></div> <div> <B>Juana se quedó parada y él la obligó a sentarse  diciéndole que iban a tener una “visita familiar”.Empieza a hablar recordando eventos y anécdotas familiares tratando de crear un clima de distensión en el que no entran ni su tio ( patriarca de casi 70 años) ni Juana.</B></div> <div> <B>Luego de un largo monólogo de recuerdos familiares le habla de Rosa.Y les relata cómo la detuvo en Buenos Aires y como les pidió a sus camaradas que le permitieran torturarla a él, para finalmente culminar el relato diciéndoles descarnadamente que la mató él con sus propias manos.</B></div> <div> <B>Al viejo padre de Rosa y Juana le dio en ese momento un ataque cardíaco, del cual no se murió pero estuvo al borde.</B></div> <div> <B>A Juana la hicieron subir nuevamente al celdario.</B></div> <div> <B>Rosa Silveira era economista, integraba el prestigioso grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas que en la década de los 70 publicaron muchos trabajos.</B></div> <div> <B>Abrazos</B></div> <div> <B>Brenda</B></div> <div> <B>El 23 de abril de 2011 12:27, beatriz weismann  escribió:</B></div> <div> <B> entre tantos, torturó a mi esposo, Alcides Lanza y a mí en el 13. llamado “infierno” en el año 1976-lo denunciamos al llegar a Suecia, en 1979- y obtuvimos una declaración de condena a la dictadura de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y de las Naciones Unidas, con el asesoramiento del abogado Nicolás GrabTORTURADOR, VIOLADOR, SECUESTRADOR DE NIÑOS, ASESINO.</B></div> <div> <B><U>ESTE ES “EL PAJARITO” JORGE SILVEIRA.</U></B></div> <div> <B>Nombre: Jorge Silveira Quesada</B></div> <div> <B>Alias: Siete Sierra, Chimichurri, Pajarito, Oscar 7</B></div> <div> <B>Miembro del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas OCOA</B></div> <div> <B>- Reconocido en Artillería 1, conocido como La Paloma: año 1973, agosto – diciembre.- Coautor de la muerte de Laura Raggio, Diana Maidanic, Silvia reyes, el 21 de abril de 1974 bajo el mando de Gavazzo, Vadora y Cristi.</B></div> <div> <B>- Participa en 1974 de torturas y violaciones reconocido por cientos de mujeres y hombres. Junto a Gavazzo, Cordero y Rama.</B></div> <div> <B>- Se lo reconoce torturando en Artillería 1 y 4, Infantería 8 y 13.</B></div> <div> <B>- 1978/79, encargado de las presas políticas en Punta Rieles. Hecho denunciado por 375 mujeres.</B></div> <div> <B>- Tortura en centros clandestinos, Casa de Punta Gorda</B></div> <div> <B>- Se lo reconoce en el SID</B></div> <div> <B>- Buenos Aires, Argentina: Se le ve en Automotora Orletti junto Gavazzo, Rama. Participando de secuestros y desapariciones en el Plan Condor. (1976/77)</B></div> <div> <B>- Secuestra a Elena Quinteros de la Embajada de Venezuela.</B></div> <div> <B>- Violador de estudiantes menores de edad durante 1981.</B></div> <div> <B>- 1981, pasa a desempeñar funciones en el Palacio Legislativo.</B></div> <div> <B>- Asesor de Amado en el gobierno de Sanguinetti. 1998.</B></div> <div> <B>Silveira es uno de los emblemáticos de la represión.</B></div> <div> <B>Estuvo en todos los principales centros de tortura:</B></div> <div> <B>el “Infierno Grande” del Batallón 13 de Infantería,</B></div> <div> <B>La Tablada que lo sustituyó a partir de 1977,</B></div> <div> <B>el Infierno Chico de Punta Gorda,</B></div> <div> <B>Artillería 1 de La Paloma,</B></div> <div> <B>el Servicio de Información y Defensa y</B></div> <div> <B>también viajó asiduamente a Buenos Aires, donde desplegó sus artes, fundamentalmente en Automotores Orletti.Participó de todas las etapas de la represión y de todas las modalidades, torturó a los militantes del Movimiento de Liberación Nacional desde 1972,</B></div> <div> <B>torturó a los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo entre 1975 y 1977 y</B></div> <div> <B>torturó a los militantes comunistas, especialmente de la Unión de la Juventud Comunista, hasta el final de la dictadura.</B></div> <div> <B>El Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), se crea en 1971 y sus miembros estaban asignados a diferentes cuarteles;</B></div> <div> <B>el “Pajarito” ya era uno de ellos.Hay múltiples testimonios que lo acusan, testimonios de sobrevivientes de cada uno de esos centros de tortura. Silveira,</B></div> <div> <B>“el Pajarito”, era un tanto especial, le gustaba la tortura, la disfrutaba.Según los testimonios, se especializaba en particular, en las violaciones y en la “picana”, aunque no le hacía asco a ninguna especialidad de tormento.</B></div> <div> <B>Si se puede decir así, tenía debilidad por la gente joven.Fuentes militares dijeron a LA REPUBLICA que sus propios “compañeros de tareas” desconfiaban de él:</B></div> <div> <B>“Llevaba las cosas a extremos enfermizos, torturaba por torturar, a veces durante días, sin preguntar nada”.Su crueldad fue relatada no sólo por ex presos, sino también por militares.</B></div> <div> <B>En la edición de la revista Posdata del 26 de abril de 1996, en la nota titulada “Secretos de la Dictadura II”,</B></div> <div> <B>dos ex colaboradores del S2 (Inteligencia) del Fusna relatan:</B></div> <div> <B>“Hubo un evento muy desagradable ahí cuando llegó un capitán de OCOA un día, que había uno en la “máquina”, colgado.</B></div> <div> <B>Este oficial de OCOA pregunta: ¿Lo puedo interrogar? (la pregunta se la hace al teniente de navío Juan Carlos Larcebeau, S2 del Fusna).</B></div> <div> <B>Este responde: “Bueno interrógalo”.</B></div> <div> <B>Lo conecta y se afirma en el “teléfono” y empieza a darle y a darle y darle… y el otro empezó a cimbrarse, a cimbrarse, y empezó a largar espuma por la boca y le dio un ataque. Llamamos al médico. Quedó duro.</B></div> <div> <B>Y Larcebeau se calienta y le saca la “máquina” al capitán de OCOA y le dice:“¿Qué hacés?, ¿sos tarado?, ¿para qué hacés esto? Le estás dando y dando y ni siquiera le preguntás nada. ¿Vas a matar a un tipo?”,</B></div> <div> <B>y el capitán de OCOA:</B></div> <div> <B>“No, si cuando se mueren hacen cric (hace un gesto)”.</B></div> <div> <B>En testimonio posterior ante un organismo de DDHH los oficiales de la Armada reconocen que el capitán de OCOA al que hacían referencia es Jorge “Pajarito” Silveira.Era tal la impunidad y por lo tanto el convencimiento de que no habría ninguna consecuencia por sus actos, que Silveira muchas veces torturaba e interrogaba a cara descubierta.</B></div> <div> <B>Es decir, hacía levantar a veces las vendas o las capuchas de los detenidos y mostraba su cara, tanto en Uruguay como en Argentina.</B></div> <div> <B>Es más, la dictadura lo colocó a partir de 1977 como jefe de celdario del campo de concentración femenino de Punta Rieles, oficialmente denominado Establecimiento Militar de Reclusión N° 2 (EMR2).</B></div> <div> <B>Se permitió así la prolongación de la tortura, las presas tenían como encargado del celdario al hombre que había torturado a muchas de ellas y que encabezó todas las operaciones de tormento psicológico y de hostigamiento dentro de la cárcel</B></div> <div> <B>Pero además Silveira, no se limitó a su papel en Punta de Rieles: durante días desaparecía del Penal, en realidad era para concurrir a La Tablada y participar personalmente de las sesiones de tortura a los militantes comunistas que caían en esa época, fines de los 70 y principios de los 80.</B></div> <div> <B>La permanencia y los vínculos políticos</B></div> <div> <B>Desde 1980 Silveira revistó en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Conjuntas (Esmaco), desde donde se condujeron las conversaciones con los partidos políticos para la reapertura democrática.</B></div> <div> <B>Fue jefe de administrativos en el Palacio Legislativo, donde operaba el Consejo de Estado, farsa de Parlamento montado por la dictadura, en el que se desempeñaron los civiles que se prestaron para apoyar al régimen. Prestó servicios bajo las órdenes del coronel Washington Cressi con quien había trabajado en el EMR 2.</B></div> <div> <B>Tras el retorno a la democracia y pese a ser mencionado en múltiples denuncias sobre violaciones a los DDHH, Silveira, permanece en servicio e incluso sigue ascendiendo dentro del Ejército.</B></div> <div> <B>Siempre vinculado a la logia Chucrut, con fuertes relaciones con el Partido Colorado, en particular con el sector político del ex presidente Julio María Sanguinetti.</B></div> <div> <B>Dejado de lado hasta cierto punto, como la mayoría de los miembros de su logia, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle vuelve a los días de gloria, durante el segundo mandato de Sanguinetti, cuando es ascendido al Estado Mayor Personal del nuevo comandante en Jefe del Ejército, el teniente general Fernán Amado.</B></div> <div> <B>La noticia de esa designación, mantenida en secreto por el gobierno, aparecida en LA REPUBLICA en abril de 1996, provoca amenazas de muerte y seguimientos.</B></div> <div> <B>Silveira, según fuentes militares, era la mano derecha de Amado para gestionar compra de armas y otros negocios en el Ejército, aprovechando sus vinculaciones.</B></div> <div> <B>Silveira trabajó estrechamente con legisladores y ex legisladores del Partido Colorado vinculados a negocios de importación y exportación y también mantiene una fluida relación con el polémico empresario Igor Svetogorsky, acusado de entregar comisiones y favores para venderle al Estado, especialmente armas al Ejército.</B></div> <div> <B>De hecho, cuando LA REPUBLICA logró fotografiarlo, salía de compartir un almuerzo con Svetogorsky en el Círculo Militar, en donde habían visto junto con otros militares retirados y políticos colorados, habitués del lugar, un partido de Uruguay.</B></div> <div> <B>Silveira además fue uno de los más activos animadores de las reuniones entre represores, que LA REPUBLICA denominó “Logia del Aquelarre”, para ver cómo enfrentaban los pedidos de extradición del exterior y también cómo se manejarían ante las investigaciones de la Comisión para la Paz y las denuncias ante la Justicia en nuestro país.Fue y sigue siendo un cuadro de inteligencia militar, con vinculaciones económicas y políticas, operador de espacios de poder dentro y fuera del Ejército y, como no podía ser de otra manera, formado desde temprana edad en la Doctrina de la Seguridad Nacional por los EEUU en la Escuela de las Américas, adonde fue en 1968, cuando tenía 23 años.</B></div> <div> <B><U>Apuntes para un prontuario</U></B></div> <div> <B>Silveira nació el 20 de setiembre de 1945 e ingresó al Ejército en el año 1965, pertenece al arma de Artillería, al igual que Cordero y Gavazzo entre otros.</B></div> <div> <B>A pesar de las múltiples denuncias en su contra, que tomaron incluso estado parlamentario, siguió con su carrera y pasó a retiro como coronel en el año 2000.En 1968 como cadete realizó estudios en la Escuela de las Américas , donde se formaron todos los torturadores del continente. El curso fue: Special Cadet Course.</B></div> <div> <B>En 1971 se desempeña en el Grupo de Artillería Nº 1, con sede en La Paloma.</B></div> <div> <B>Según testimonios recopilados y ordenados por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, durante los años 1972, 1973 y 1974 en el Grupo de Artillería Nº 1, integra el equipo del S2 con el grado de teniente, junto al mayor José Gavazzo, capitán Mario Mouriño, capitán Tabaré Acuña, entre otros.</B></div> <div> <B>Muchos testimonios de militantes del MLN detenidos en dicha unidad hablan de los interrogatorios y torturas de “Chimichurri”, como es el caso de Carlos Caillabet, Sixto Marrero y otros.A su vez, va a interrogar a otros militantes del MLN en otras unidades militares, como es el caso de María Elia Topolansky, quien estando detenida en el Batallón de Infantería Nº 8 (en Paysandú) es interrogada por Silveira en el año 72.</B></div> <div> <B>En 1974, en el período en que desapareció Eduardo Pérez (a) “el gordo Marcos”, uno de los que participa en los interrogatorios y torturas de todo el grupo de militantes del MLN detenidos en Artillería 1 en esa época, sigue siendo el “Pajarito Silveira”, así lo señala el testimonio del ex diputado Víctor Semproni.En 1976 y ’77 revistando en la División de Ejército I es asignado directamente a OCOA.</B></div> <div> <B>Varios de los militantes comunistas y del PVP torturados en el “300 Carlos”, ubicado en el galpón del Servicio de Material y Armamento, en el predio del Batallón de Infantería Nº 13, lo identifican como uno de los oficiales que los interrogaba. Varias de las detenidas en “el Infierno”, a pesar de estar con los ojos vendados, lo reconocen como uno de sus torturadores cuando éste llega como responsable del celdario al EMR 2 (Penal de Punta Rieles) en febrero del ’77.En 1976 asciende a capitán.</B></div> <div> <B>Dice Ricardo Gil, detenido el 28.03.76:</B></div> <div> <B>“Nuestra detención en marzo de 1976 marcó el inicio de la represión desatada contra el PVP, tanto en Uruguay como en Argentina. Estando detenido en La Paloma, en dos oportunidades se presentó Silveira a interrogarme sin que me pusieran venda ni capucha. Los soldados lo mencionaban por su apellido o por su sobrenombre indistintamente: Silveira o Chimichurri.Cuando me trasladan al “Infierno” (300 Carlos en Infantería 13), lo identifico como al oficial que llaman como “Siete Sierras” u “Oscar Siete”.Durante los operativos contra militantes del PVP en Argentina en julio de 1976, uno de los “uruguayos” que participó en los secuestros junto a los “argentinos” era el capitán del Ejército uruguayo Jorge Silveira.</B></div> <div> <B>Dice Ana María Salvo:</B></div> <div> <B>“Me llevan a lo que posteriormente se conoce como Automotores Orletti. En el lugar donde me ponen había mucha gente detenida. Se oían gritos y la radio muy alta. Todas las personas presentaban muestras de haber sido muy torturadas. Al poco rato de estar allí me suben por una escalera y me interrogan.El primero en hablar es el oficial Juan Manuel Cordero, quien me conocía por haber allanado varias veces mi casa en Montevideo durante el año 72.</B></div> <div> <B>También estaban Jorge Silveira y Nino Gavazzo, que me habían interrogado y torturado en Montevideo, en el cuartel de La Paloma en febrero de 1974?.Cuando este grupo fue trasladado al Uruguay clandestinamente y llevado para continuar con los interrogatorios al local del “Infierno chico” (la casa de Punta Gorda, “300 Carlos R”), donde actuaba OCOA, uno de los oficiales activos continúa siendo Silveira.</B></div> <div> <B>En cambio en el local de Bulevar Artigas y Palmar, donde funcionaba el SID, no era del staff permanente. Sin embargo concurría asiduamente, y se le vio en varias oportunidades cuando estaba detenida en este lugar, María Claudia García de Gelman. Según los testimonios de Ana Inés Cuadros, Ariel Soto, Víctor Lubián y varios otros: “llegaba siempre en un VW color blanco”.En enero del ’77 cierran como lugar de detención de prisioneros de OCOA el “300 Carlos”, ubicado a los fondos del Batallón de Infantería Blindado Nº 13, y abren como nuevo local de OCOA el “Infierno” en La Tablada.</B></div> <div> <B>Varios de sus miembros son asignados al Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2 (Penal de Mujeres en Punta Rieles) y llegan cuatro de los oficiales que habían torturado a los militantes del Partido Comunista en el “Infierno” o “300 Carlos”.</B></div> <div> <B>Estos eran:</B></div> <div> <B>el mayor Victorino Vázquez, el teniente Roberto Echavarría y los capitanes José Luis Parisi y Jorge Silveira.</B></div> <div> <B>Dicen las ex presas:</B></div> <div> <B>“En general eran asignados a los penales los oficiales que por una razón u otra eran castigados.</B></div> <div> <B>Muchas veces por haber matado en la tortura a algún detenido sin haber terminado con el interrogatorio”. De hecho en el “300 Carlos” durante el ’75 y ’76 murieron unos nueve detenidos.Testimonios como los de las militantes comunistas Rita Ibarburu, Sara Youtchac, Selva Brasselli, y varias más dan cuenta del “Pajarito” Silveira como el responsable del celdario. Sin embargo era de los que desaparecía por días y por una razón u otra, más tarde se enteraban que había estado interrogando detenidos en otras dependencias.Interrogado en 1988 por el fiscal Sambucetti dijo que no estuvo en Argentina</B></div> <div> <B><U>Silveira le mintió a Sanguinetti y a la Justicia Militar</U></B></div> <div> <B>Cuando se aprobó la ley de impunidad el presidente Julio María Sanguinetti, para hacer de cuenta que cumplía con la investigación establecida en el artículo 4º, dio instrucciones y encargó de ese proceso al fiscal militar, coronel José Sambucetti.</B></div> <div> <B>El fiscal militar se limitó a citar a varios de los más notorios torturadores, que figuraban en todas las denuncias presentadas por organismos de DDHH ante el Parlamento y en los organismos internacionales, y preguntarles si las denuncias en su contra eran ciertas.</B></div> <div> <B>Por supuesto, los implicados contestaron que no. El fiscal no hizo ninguna repregunta y mucho menos investigó nada.</B></div> <div> <B>Con esas versiones el presidente Sanguinetti dio por cumplida la investigación y convalidó la versión de los torturadores.</B></div> <div> <B>LA REPUBLICA accedió al acta del interrogatorio de Sambucetti al entonces teniente coronel Jorge Silveira.</B></div> <div> <B>El interrogatorio se cumplió en un juzgado militar el 16 de diciembre de 1988.</B></div> <div> <B>Silveira negó haber tenido contacto con los represores argentinos, dijo que en 1976, cuando desaparecieron decenas de uruguayos en Buenos Aires, él estaba en Montevideo y negó conocer a varios de los desaparecidos, entre ellos a León Duarte y Washington Pérez.</B></div> <div> <B>Luego de mostrar las fotos obtenidas por LA REPUBLICA a varios de los sobrevivientes uruguayos de los secuestros en Buenos Aires, se confirma que Silveira mintió.</B></div> <div> <B>Aun en el absurdo de un procedimiento absolutamente irregular, Silveira mintió y por lo tanto debería invalidarse todo el proceso y volver a ser interrogado en el marco del cumplimiento del artículo 4º de la Ley de Caducidad.</B></div> <div> <B><U>Las mentiras de Silveira</U></B></div> <div> <B>LA REPUBLICA reproduce el acta del interrogatorio de Sambucetti a Silveira:</B></div> <div> <B>“En Montevideo, a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, siendo la hora 11 y 30 y estando en audiencia el Sr. Fiscal Militar de 2do. Turno, Coronel José A. Sambucetti, comparece una persona citada, quien declara cese al tenor del siguiente interrogatorio:</B></div> <div> <B>P.- Por su nombre, patria estado, fecha de nacimiento, profesión y domicilio.</B></div> <div> <B>C.- Jorge Silveira Quesada, Oriental, casado nacido el 20 de setiembre de 1945, militar domiciliado Comando General del Ejército.-</B></div> <div> <B>P.- Si el día 9 de Junio de 1976 se encontraba en la ciudad de Buenos Aires.-</B></div> <div> <B>C.- Que no.</B></div> <div> <B>P.- Si puede precisar dónde se encontraba en esa fecha.-</B></div> <div> <B>C.- En Montevideo.-</B></div> <div> <B>P.- Si conoció al ciudadano Gerardo Gatti Antuña.-</B></div> <div> <B>C.- Que no.</B></div> <div> <B>P.- Si el 15 de junio de 1976 se encontraba en la ciudad de Buenos Aires.</B></div> <div> <B>C.- Que no.</B></div> <div> <B>P.- Si puede precisar dónde se encontraba en esa fecha.</B></div> <div> <B>C.- En Montevideo.</B></div> <div> <B>P.- Si conoció al ciudadano José Hugo Méndez Donadio.-</B></div> <div> <B>C.- Que no.</B></div> <div> <B>P.- Si el 17 de junio de 1976 se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires</B></div> <div> <B>C.- Que no.</B></div> <div> <B>P.- Si puede precisar dónde se encontraba en esa fecha.-</B></div> <div> <B>C.- En Montevideo.</B></div> <div> <B>P.- Si conoció al ciudadano Francisco Edgardo Candia.</B></div> <div> <B>C.- Que no.</B></div> <div> <B>P.- Si el 13 de Julio de 1976 se encontraba en la ciudad de Buenos Aires.-</B></div> <div> <B>C.- Que no.-</B></div> <div> <B>P.- Si puede precisar dónde se encontraba en esa fecha.-</B></div> <div> <B>C.- En Montevideo.-</B></div> <div> <B>P.- Si conoció al ciudadano León Duarte Luján.-</B></div> <div> <B>C.- Que no.-</B></div> <div> <B>Si por las fechas mencionadas anteriormente tuvo alguna conexión con las fuerzas de Seguridad del Ejército Argentino.-</B></div> <div> <B>C.- Que no.-</B></div> <div> <B>P.- Si conoció a un ciudadano uruguayo radicado en la República Argentina de nombre Washington Pérez.</B></div> <div> <B>C.- Que no.</B></div> <div> <B>P.- Si tiene algo más que declarar.-</B></div> <div> <B>C.- Que no.-</B></div> <div> <B>En este estado leída que le fue al deponente, se mantiene y ratifica de su contenido, firmando conjuntamente con el Señor Fiscal.-</B></div> <div> <B>Teniente coronel Jorge Silveira</B></div> <div> <B>Coronel José Sambucetti”</B></div> <div> <B>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> <IMG SRC="16981b380.jpg" border=0 width="539" height="312" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"><FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" ><U>Medios legales</U></FONT></div> <div> Denuncian que militares retirados pretenden presionar a la justicia para contrarrestar las nuevas demandas - <FONT SIZE="4" COLOR="#FFFFFF" FACE="Impact" >escribe SAMUEL BLIXEN de "Brecha".</FONT></div> <div>  M<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>ientras algunos militares insisten en "más de lo mismo" (presiones, amenazas), otros admiten que el "camino largo" no es redituable ante el inminente desmoronamiento del pacto de silencio. Una carta fechada a fines de 2010 y divulgada días atrás por Últimas Noticias revela la génesis de una coordinación entre organizaciones de militares retirados que mediante operativos "psicosociales" pretenden presionar a la justicia para contrarrestar las demandas sobre de-sapariciones, asesinatos, torturas y abusos sexuales que se multiplicaron en los últimos tiempos y cuyo trámite quedó confirmado con el pronunciamiento parlamentario sobre la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura.</B></FONT></div> <div> <B>La carta, atribuida al coronel (r) José Araujo, habría oficiado de catalizador del activo Foro Libertad y Concordia, del cual Araujo es uno de sus más visibles responsables.</B></div> <div> <B>A fines del año pasado Araujo proponía una "coordinación operativa" entre los oficiales retirados de cada una de las promociones militares para la defensa de aquellos que se sienten amenazados por las acciones judiciales y en general segregados por la sociedad. Araujo definía una "recalcitrante, indiscriminada y evidentemente interminable persecución mediática y judicial de cualquier combatiente de la guerra contrarrevolucionaria", y proponía "luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles".</B></div> <div> <B>Sin definir muy exactamente quién es el enemigo en "esta nueva forma de la misma guerra" (guerra que exigió torturar, asesinar y violar), Araujo describía la organización que debían darse las promociones, con un Comando Coordinador y múltiples equipos de tareas para "formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo, en principio por medios legales". Para formar opinión pública por medios ilegales habría que remontarse a los años más duros de la dictadura, métodos que, "en principio", no están explicitados para esta etapa de la "guerra".</B></div> <div> <B>OFENSIVA. La propuesta de coordinación habría derivado en la creación del Foro Libertad y Concordia, que surgió un mes después de la divulgación de la carta abierta. Se estima que la iniciativa también habría fortalecido la tendencia a coordinar las acciones de los centros militares que ahora se expresan a través de una Plenaria.</B></div> <div> <B>Fue la Plenaria de Centros Militares la que denunció una suerte de manipulación del hallazgo de los restos óseos en el Batallón 14, en Toledo. Se atribuyó al profesor José López Mazz y su equipo de antropólogos el haber "ajustado" los tiempos del hallazgo para que coincidieran con el debate parlamentario de la ley que eliminó la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura.</B></div> <div> <B>Y una vez sancionada la ley, la Plenaria de Centros Militares anunció, a través del diario El País, la decisión de estimular a militares retirados y a familiares de víctimas que promuevan denuncias judiciales por asesinatos cometidos antes del golpe de Estado, atribuidos a militantes de las organizaciones de izquierda.</B></div> <div> <B>Voceros de la Plenaria informaron que era "inminente" la presentación ante juzgados penales de ocho denuncias de homicidios, en los que estarían implicados 14 ex guerrilleros, ninguno de los cuales –se apresuraron a aclarar– ostenta cargos públicos.</B></div> <div> <B>En previsión de los tiempos que se vienen en los estrados judiciales, los centros que agrupan a militares retirados han recopilado la información sobre unos 34 delitos cometidos presuntamente por tupamaros que no fueron procesados. Para el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, la decisión de impulsar esas denuncias (por episodios que se remontan en algunos casos a 1952) no lo pone "feliz", pero explicó que la iniciativa tiene su razón de ser en que "no se cumple con la palabra". La crítica afirmación no permite saber quién empeñó su palabra y no la cumplió.</B></div> <div> <B>De todas formas, los 34 casos se transformaron días más tarde en 61 asesinatos: 41 con "responsables identificados" y 20 sin identificar. En las reseñas periodísticas de esos casos la información no es muy confiable pues se asegura que algunos presuntos responsables no fueron procesados, cuando es notorio que permanecieron 13 años en prisión. El objetivo último de la Plenaria es ejercer presión sobre los ex tupamaros que actualmente ocupan los más altos cargos de gobierno, amenazando con formular denuncias penales por su responsabilidad última como integrantes de la dirección del mln.</B></div> <div> <B>JUZGADOS A PRUEBA. Tan evidente es la ofensiva –en principio por medios legales– para presionar a la justicia, que el abogado Pablo Chargoñia interpuso una denuncia penal contra unos 400 militares retirados y en actividad por el delito de asociación para delinquir, por lo que se anunció que se radicará en uno de los juzgados para el crimen organizado. Según explicó Sergio López Burgos, militante de derechos humanos, sobreviviente del centro clandestino Automotores Orle-tti, de Buenos Aires, la denuncia se origina en la carta del coronel Araujo y en los diferentes hechos que confirman la existencia de un plan coordinado para ejercer presión sobre los magistrados.</B></div> <div> <B>Sin embargo, el intento de interferir en la acción de la justicia hasta el momento no parece haber dado frutos, en la medida que, una vez consagrada la imprescriptibilidad de los delitos, los jueces han retomado las citaciones a militares por casos que se venían tramitando desde hacía algún tiempo. Hay otras denuncias colectivas, concretadas en las últimas semanas, sobre las que aún no hay pronunciamientos de los fiscales. Fuentes judiciales han advertido que con los nuevos casos que se abren, la estructura judicial será puesta a prueba.</B></div> <div> <B>De la misma forma que estas nuevas denuncias han incorporado episodios por delitos que no habían sido denunciados anteriormente, como es el caso de los abusos sexuales sistemáticos, también han aparecido involucrados en los delitos nombres de oficiales hasta ahora no mencionados. Es el caso de 12 oficiales responsables de la Operación Morgan, cuya participación en la represión desatada a mediados de 1975 quedó confirmada por un documento encontrado por el equipo de investigadores de la Facultad de Humanidades, en el que el general Esteban Cristi difundió una orden de servicio extendiendo las felicitaciones a nombre de la comandancia de la Región 1.</B></div> <div> <B>La ubicación de ese documento en uno de los archivos militares da una idea del aporte documental que podría manejar la justicia si hubiera acceso a toda la documentación disponible. Por lo pronto, se sabe que los militares procesados y recluidos en la cárcel de Domingo Arena manejan en sus páginas web información de documentos a los cuales los investigadores designados por la Presidencia y la propia justicia no han accedido hasta el momento. Tal es el caso de cuerpos enteros de documentación, en especial sobre la represión al Partido Comunista y en particular la captura de Rodney Arismendi, que no han sido ubicados pese a que hay registros de su existencia.</B></div> <div> <B>En esta coyuntura, la organización para presionar a la justicia es uno de los caminos que eligen ciertos militares en retiro y en actividad. Otros, en cambio, aceptarían la evidencia de que el "camino largo" no es en definitiva redituable. No lo es en los estrados judiciales, donde los magistrados encuentran los modos de obtener la evidencia; y no lo es tampoco en la búsqueda de restos, donde la desinformación y la manipulación de datos no lograron desarticular la difícil pero constante búsqueda, ahora revitalizada con información confidencial de personal militar subalterno.</B></div> <div> <B>En este segundo plano –de aceptación de una realidad irreversible– se inscriben las recientes declaraciones del comandante de la Armada, contralmirante Alberto Caramés: "No quepa duda de que siempre estaremos decididos a contribuir con aquello que sirva para mitigar todos los dolores. Dolores que aún persisten en muchos de nuestros conciudadanos, y que son imposibles de olvidar".</B></div> <div> <B>Si sus propósitos son sinceros, es de esperar que desde la Armada surjan los elementos que permitirán saber qué pasó con prisioneros torturados en el Fusna, y de los que no se tiene noticia.</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>---------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> <U><IMG SRC="16581b010.jpg" border=0 width="539" height="257" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U>  <FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" ><U>PRESCRIPCIÓN: </U></FONT><FONT SIZE="5" COLOR="#FFFF00" FACE="Impact" ><U>EJECUTIVO CALLADO, PARLAMENTO QUIETO Y EL ABAJO QUE SE MUEVE</U></FONT></div> <div> ROGER RODRIGUEZ</div> <div> rogerrodriguez@adinet.com.uy</div> <div> <B>Los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia pueden determinar que se de cumplimiento a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los delitos de la dictadura no prescriban el próximo 1º de noviembre. El Poder Ejecutivo mira para otro lado, aunque algunos de sus voceros reclaman una acción sobre el problema. El Parlamento no inicia el debate de seis proyectos de ley al respecto. Y las organizaciones sociales se movilizan en foros y actividades que incluyen una denuncia masiva de aquellos crímenes en seccionales policiales</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>.</B></FONT></div> <div> <B>C</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>inco ciudadanos uruguayos tienen en sus manos la posibilidad de impedir que la comunidad internacional condene al país por incumplir una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la cual se obliga al Estado uruguayo a juzgar los crímenes cometidos en los años de la dictadura, más allá de la Ley de Caducidad y sin que “ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.</B></FONT></div> <div> <B>Los abogados Leslie Alberto Van Rompaey Servillo, Daniel Ibérico Gutiérrez Proto, Jorge Ruibal Pino, Jorge Tomas Larrieux Rodríguez y Jorge Omar Chediak González, (ver nota adjunta) actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia, aparece como las únicas autoridades del Estado uruguayo con el poder de resolver una encrucijada que el Poder Ejecutivo sólo podría intentar solucionar a través de un proyecto de ley que el Poder Legislativo sumaría a otras seis propuestas ya planteadas sobre el tema, las cuales no prometen alcanzar los consensos necesarios ni la voluntad política, aún dentro del propio partido de gobierno, para ser aprobadas.</B></div> <div> <B>A sólo 24 días de la fecha límite del 1º de noviembre, la sociedad civil es la única que aparece en movimiento a través de diversos encuentros, foros, seminarios y charlas, convocadas por organizaciones no gubernamentales, en las que juristas y especialistas nacionales e internacionales advierten sobre la prevalencia del derecho penal internacional frente a las normas internas de los Estados y proponen soluciones que, aún cuando obtuvieran las mayorías de votos en el Parlamento y fueran promulgadas por el Presidente y su Consejo de Ministros, terminaría derivando, por recursos de apelación, casación o inconstitucionalidad, a la Suprema Corte de Justicia.</B></div> <div> <B>El fallo contra Guianze</B></div> <div> <B>El 16 de octubre de 2009, solo días antes de que se plebiscitara la anulación de la Ley de Caducidad junto a las elecciones nacionales, los mismos cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia consideraron inconstitucional la polémica ley para el caso de homicidio de Nibia Sabalsagaray en 1974. Los cinco ministros coincidieron entonces con los pronunciamientos que contra la Ley 15.848 realizaron a su pedido el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. El fallo corregía dos pronunciamientos anteriores del máximo órgano judicial y parecía constituir un cambio en la conservadora doctrina uruguaya.</B></div> <div> <B>Sin embargo, un año y medio más tarde, los mismos cinco ministros se opusieron a un reclamo de la fiscal Mirtha Guianze y rechazaron su pedido de modificar la tipificación realizada por el juez penal Luis Charles, quien había condenado por “homicidio muy especialmente agravado” a los militares y policías implicados en el caso de desaparición en Argentina en 1976 del uruguayo Adalberto Soba y otra veintena de compatriotas secuestrados en Buenos Aires, trasladados a Uruguay en el llamado “segundo vuelo” de Orletti y ejecutados en territorio nacional para enterrar sus cuerpos en tumbas clandestinas que aún no han sido identificadas. Guienze pedía que se tipificara como un delito de desaparición forzada. Un crimen de lesa humanidad imprescriptible.</B></div> <div> <B>El fallo contra Guianze encendió el cronómetro de la prescripción. Con su decisión, los cinco ministros de la Corte determinaron que el 1º de noviembre de 2011 los delitos más graves cometidos por la dictadura pudieran prescribir. El sistema jurídico uruguayo había admitido que el plazo de prescripción comenzara a contabilizarse desde el 1º de marzo de 1985 cuando el país volvió a la institucionalidad democrática y el Código Penal establece que esos delitos prescriben a los veinte años, tiempo que puede ampliarse en un tercio por la gravedad del crimen. Veintiséis años y ocho meses pasó a ser entonces el tiempo de una prescripción que vencería a fin de mes.</B></div> <div> <B>Proscribir la prescripción</B></div> <div> <B>La propia fiscal Guianze fue la primera en advertir el riesgo de la prescripción cuando hace un año declaró como testigo en el juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó contra el Estado uruguayo por incumplir con las convenciones internacionales que otorgan a Juan y Macarena Gelman el derecho a la justicia en el caso de secuestro y desaparición en 1976 de María Claudia García de Gelman. La Corte de la OEA finalmente condenó a Uruguay, exigiéndole que ni la ley de caducidad ni ninguna otra norma impidiera que en el caso Gelman o en otros de violación a los derechos humanos se impidiera la instrucción judicial y el castigo de los responsables.</B></div> <div> <B>Sin embargo, los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia uruguaya reiteraron, a pesar de la condena sobre el Estado uruguayo, su obstinada decisión contra Guianze. Una posición que no habían tenido cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recomendado la liberación de los hermanos Peirano porque se les mantenía presos sin condena. Los Peirano fueron rápidamente liberados y su proceso judicial continuó hasta el polémico incidente en el que el Parlamento terminó por derogar el delito que se les tipificaba. Los cinco magistrados ahora, no parecen haberse dado por enterados del fallo del organismo internacional en el caso Gelman.</B></div> <div> <B>Tampoco el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han cumplido con la sentencia de la OEA. El presidente José Mujica se limitó a revocar las decisiones administrativas por las que sus predecesores ampararon casos en la Ley de Caducidad. El Parlamento no logró meses atrás la mayoría de votos para eliminar la Ley 15.848 del ordenamiento jurídico y ahora no termina de iniciar la discusión de seis propuestas legislativas que procuran solucionar al tema: unas proponen modificar el Código Penal para ampliar los plazos de prescripción, otras establecen que se cumpla la sentencia internacional o que los delitos de la dictadura son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.</B></div> <div> <B>El abajo que se mueve…</B></div> <div> <B>Hace una semana durante un foro en Maldonado, el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, coincidieron en que debía encontrarse una solución que impidiera la prescripción de los delitos de la dictadura. En el encuentro, donde se analizó la impunidad que aún subsiste en países donde se realizaron procesos de “reconciliación” como Chile, El Salvador, Alemania o Sudáfrica, el juez argentino Daniel Rafecas sostuvo que los períodos de transición habían sido una pérdida de tiempo y que en Argentina cuando se comenzó a eliminar la impunidad se mejoraron los índices de desarrollo económico y social.</B></div> <div> <B>El próximo viernes 14 de octubre, la organización Mujeres de Paz, realizará en las instalaciones del IMPO un Foro sobre “Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional” en el que, con la participación del propio presidente de la SCJ, Leslie Van Rompaey, expondrán el chileno Roberto Garretón (Comisión Interamericana de Juristas), la española Soledad García Muñoz (Instituto Interamericano de Derechos Humanos) y los argentinos Mónica Pinto (Universidad de Buenos Aires), Liliana Tojo (CEJIL), Víctor Abramovich (Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur), Pablo Parenti    (Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos) y Gastón Chillier (CELS), además de Renzo Pomi (Aministía Internacional) y Cecilia Medina (Universidad de Chile), entre otros.</B></div> <div> <B>El mismo día, se prevé una concentración frente al Calen (Bulevar Artigas y Palmar) para denunciar el local donde operó el Servicio de Información y Defensa (SID) que iba a ser transformado en un centro para la memoria. Y para el 15 de octubre, esta prevista la realización de una acción ciudadana masiva contra los delitos de la dictadura, que serán presentados en seccionales policiales según lo que se establece en la Ley de Procedimiento Policial, por la que cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar un delito cuando tiene conocimiento suficiente de su veracidad y un mínimo de elementos que apoyen su convicción. La movilización, impulsada por organizaciones juveniles, planteará en las comisarías que existieron robos de niños, desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros, torturas y violaciones, para que se de conocimiento a la justicia</B></div> <div> <B>SUPREMOS MINISTROS </B></div> <div> <B>Daniel Gutiérrez Proto</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> nació en Montevideo el 17 de diciembre de 1945. Se graduó como abogado en 1972 y de inmediato ingresó al Poder Judicial como juez de Paz en Canelones. En 1974 pasó a Maldonado y un año después fue ascendido a juez letrado en Salto. En 1977 fue nombrado juez de instrucción penal en Montevideo hasta 1981 cuando llegó al juzgado letrado civil de 7º turno. En 1988 pasó al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º turno, donde permaneció catorce años, hasta integrar la Suprema Corte de Justicia en 2002. Fue presidente del organismo en 2005.</B></FONT></div> <div> <B>Jorge Ruibal Pino</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> nació en Montevideo el 6 de junio de 1945. Se recibió de abogado en 1975, pero comenzó su carrera en el Ministerio Público, donde fue fiscal letrado de Rivera en 1977 y de Carmelo, Colonia, en 1978. Ingresó entonces al Poder Judicial, en el juzgado letrado de Colonia hasta 1980 cuando pasó a Maldonado. Un año después llegó a ser juez letrado penal en Montevideo por ocho años, hasta ser nombrado en el juzgado letrado civil de 2º turno. En 1991 ascendió al Tribunal de Apelaciones Civil de 4º turno, luego pasó a 3º turno y finalmente a 1º turno. En 2007 se integró a la Suprema Corte de Justicia, donde ejerció la presidencia en 2008.</B></FONT></div> <div> <B>Jorge Tomás Larrieux Rodríguez</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> nació en Montevideo el 26 de noviembre de 1946. Egresó de la Facultad de Derecho en 1978 y en abril de 1980 ingresó al Poder Judicial como juez de paz en el departamento de Colonia. Transitó por Florida y Maldonado, hasta que en 1982 pasó a ocupar juzgados letrados en Salto (1982), Tacuarembó (1984), Maldonado (1984) y Durazno (1986). En 1987 se constituyó en secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia. En 1992 ascendió al Tribunal de Apelaciones Civil de 4º turno donde se mantuvo por quince años. Fue designado ministro de la Suprema Corte en 2008 y ocupó la presidencia del organismo en 2009.</B></FONT></div> <div> <B>Jorge Omar Chediak González </B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> celebra hoy sesenta años de vida. Recibido de abogado se integró al Poder Judicial en 1978 y se desempeñó como juez de paz de Juan Lacaze, en Durazno y en Maldonado. Fue juez letrado en Salto y Maldonado hasta llegar a Montevideo en 1984 como juez de familia. En 1993 ascendió a ministro de apelaciones de familia y luego en el Tribunal de lo civil de 2º turno, donde se mantuvo durante 16 años. En setiembre de 2009 sustituyó a Hipólito Rodríguez Caorsi en la Suprema Corte de Justicia, donde fue redactor del fallo de inconstitucionalidad de la ley de caducidad en el caso Nibia Sabalsagaray.</B></FONT></div> <div> <B>Leslie Van Rompaey Servillo</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B> nació el 21 de diciembre de 1946 en Montevideo. Abogado desde 1975, ingresó entonces al Poder Judicial como juez de paz en Colonia. Pasó por Cerro Largo y en 1977 ascendió a juez letrado en Rivera (1977), Florida (1978), Maldonado (1979). En 1980 llegó a Montevideo, primero como juez de instrucción penal y luego en el juzgado civil de 14º turno. En 1986 le designan en el Tribunal de Apelaciones Civil de 5º turno, donde se desempeña durante quince años. En 2001 asumió como ministro de la Suprema Corte que presidió en 2005 y en la actualidad. Fue el único que argumentó por la tipificación de crimen de lesa humanidad en el Caso Soba.</B></FONT></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>----------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> <U><IMG SRC="163a8d2f0.jpg" border=0 width="397" height="303" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U>  <FONT SIZE="6" COLOR="#FFCCB2" FACE="Impact" ><U>Amnistía pedirá revisar sentencias de dictadura</U></FONT></div> <div> <I>Amnistía Internacional reclamará hoy la revisión de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que calificaron como homicidios los delitos cometidos en dictadura. La organización entiende que las mismas son contrarias al derecho internacional por habilitar la prescripción.</I></div> <div> <B>A</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>mnistía Internacional (AI) sostiene que los delitos de lesa humanidad definidos por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) como homicidios son "crímenes de derecho internacional", y por lo tanto no pueden estar sometidos a prescripción, según establece un informe al que accedió Ultimas Noticias que hoy presentará el organismo defensor de los derechos humanos.</B></FONT></div> <div> <B>El informe de la organización internacional se suma a los reclamos de otros grupos defensores de los derechos humanos y de diversos sectores del Frente Amplio (FA) que promueven una norma que impida la aplicación de la prescripción.</B></div> <div> <B>En las conclusiones generales, AI considera que la decisión de la Alta Corte de declarar los delitos cometidos durante la dictadura militar como homicidios "es contraria al derecho internacional, ya que permite la aplicación de la prescripción y sienta un peligroso precedente para futuros casos que versen sobre delitos de derecho internacional, los cuales podrían ser también susceptibles de prescripción".</B></div> <div> <B>La corporación desestimó en una reciente sentencia la aplicación del delito de "desaparición forzada" por las violaciones a los derechos humanos cometidos en ese período y los tomó como delitos comunes, por lo que prescribirán el próximo 1º de noviembre.</B></div> <div> <B>En el informe, AI procura explicar las "obligaciones" que bajo el derecho internacional pesan sobre Uruguay con respecto a estos delitos, así como las razones por las que el criterio sentado por la Corte "debe ser revisado". El organismo internacional presentará numerosos ejemplos de otros países de la región, con el objetivo de demostrar que "una interpretación en consonancia con el derecho internacional es posible, aunque aquellos delitos no hubieren estado tipificados en la legislación penal interna al tiempo de su comisión".</B></div> <div> <B>El informe estará a cargo del asesor jurídico e integrante del Equipo de Justicia Internacional de la organización, Hugo Relva, junto a los abogados Diego Camaño, Pablo Chargoñia y José Luis González.</B></div> <div> <B>Por otra parte, hoy el Pit-Cnt y varias organizaciones de derechos humanos se reunirán con el presidente del Frente Amplio (FA), Jorge Brovetto, a efectos de presentarle en forma oficial el anteproyecto que busca extender los plazos de prescripción. A poco más de un de mes del vencimiento del plazo, los promotores del anteproyecto buscan obtener el respaldo político necesario para obtener la sanción parlamentaria.</B></div> <div> <B>Si bien todos los sectores del oficialismo dieron "a priori" su respaldo, advirtieron que estudiarán el proyecto para despejar dudas de caracter jurídico.</B></div> <div> <B>La Corriente de Acción y Pensamiento - Libertad encomendó un informe a sus asesores jurídicos en cuanto a que la iniciativa no vaya en contra del principio de "no retroactividad" de la ley penal. En el sector no quieren una "nueva desilusión" luego del fracaso de la Ley Interpretativa de la Caducidad.</B></div> <div> <B>---------------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> <U><IMG SRC="16278d950.jpg" border=0 width="397" height="405" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U><FONT SIZE="5" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" > URUGUAY DEBE RETIRARSE DE HAITI - </FONT><FONT SIZE="4" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" >expresa el ex-diputado Guillermo Chiflet.</FONT></div> <div> <B>Guillermo Chifflet, ex legislador y fundador del Frente Amplio (FA), fue claro. "Uruguay debe retirarse de Haití, es una cuestión de principios", dijo este miércoles a El Observador. "Los cascos azules están realizando la tarea sucia del imperio", agregó el ex diputado socialista, quien renunció el 1º de diciembre de 2005 a su banca por discrepar con el gobierno de Tabaré Vázquez en el envío de tropas a Haití.</B></div> <div> <B>"Desde la época de (Emilio) Frugoni y en el programa fundacional de mi partido está la abolición paulatina del ejército nacional", recordó uno de los fundadores del FA.</B></div> <div> <B>"Cuando los ejércitos son de ocupación y no van a favor de principios estas cosas suelen pasar", exlicó Chifflet en referencia al presunto abuso sexual de militares uruguayos a un joven haitiano. "Es muy difícil controlar a ejércitos de ocupación", aseguró, y luego agregó: "Deben condenarse estos hechos".</B></div> <div> <B>"Estas misiones militares no aportan ningún beneficio Uruguay. Esto no prestigia a un país que es pacífico", precisó. "Hay que tomar una decisión en base a principios, se esté en la oposición o en el gobierno ", agregó haciendo referencia al cambio de postura del FA al asumir el gobierno en 2005, que llevó a Chifflet a renunciar a su banca.</B></div> <div> <B>"El prestigio del país, y no solo del ejército, está en juego en este caso", precisó el ex diputado frenteamplista.</B></div> <div> <B>Si bien el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, había reconocido a El Observador este martes que  este caso perjudica a Uruguay “en una cantidad de aspectos, y específicamente en el envío de fuerzas de paz”, luego advirtió que “a la imagen del país como país no la roza”. Breccia también dijo a El Observador que  “en principio” no están en duda las Misiones de Paz enviadas por Uruguay.</B></div> <div> <B>Cuando se le preguntó sobre si había mantenido algún contacto con representantes del oficialismo, Chifflet dijo: "Yo no estoy en consulta con los compañeros".</B></div> <div> <B>Tranquilidad de conciencia</B></div> <div> <B>"No puedo votar esto que va contra las convicciones más hondas de mi conciencia. Para cumplir con mis compañeros renuncio a la Cámara. Renuncio. Quiero respetar la voluntad de la mayoría pero también estar tranquilo con mi conciencia", dijo Guillermo Chifflet el 1º de diciembre de 2005. Fueron sus últimas palabras como parlamentario. Tras ser electo diputado tres veces consecutivas, ese día se retiró aplaudido por propios y ajenos. Era el primer legislador frenteamplista que renunciaba a su bancada por discrepancias políticas desde la fundación del partido en 1971.</B></div> <div> <B>Chifflet supuso hace seis años que el envío de más tropas uruguayas a Haití no resolvería los problemas del país caribeño. “¿Esa es la paz?”, se preguntó el legislador en aquella sesión parlamentaria. La bancada del Frente Amplio (FA) levantó unánimemente la mano a pesar de su duda.</B></div> <div> <B><IMG SRC="16288d4f0.jpg" border=0 width="397" height="335" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> </B><FONT SIZE="5" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" >Chifflet: "el caso Haití reafirma mi renuncia a la banca"</FONT></div> <div> <B>“Los hechos actuales creo que reafirman mi posición de aquel momento, yo hice lo que creo que correspondía desde los principios que he sostenido. Todo ese proceso que durante años el FA denunció ha culminado en hechos propios de un ejército que ocupa un país”, expresó Chifflet.</B></div> <div> <B>El exdiputado del Partido Socialista recordó que las tropas uruguaya “fueron a cumplir las órdenes del imperio norteamericano” y que, por tanto, “no honraron al país por esa actitud ni por los sucesos hechos supervinientes”.</B></div> <div> <B>“La primera sanción se la esta dando la opinión publica mundial, la cual confirma las sospechas sobre lo que son estos ejércitos y para que sirven”, señaló Chifflet.</B></div> <div> <B>Consultado sobre la información que el FA ya tenía en los años que era oposición respecto a las misiones de paz en países como el Congo o Haití, Chifflet recordó que “en aquellos años no nos llegaba mucha información oficial pero si investigábamos y sabíamos en demasía que iban a cumplir la misión del imperio y esto era lo deshonroso para el país y lo indigno para las Fuerzas Armadas -FFAA-”.</B></div> <div> <B>“Todos tenemos idea de en que consiste la actitud de los ejércitos en estos lugares, los riesgos a los que se expone un país cuando va cumplir órdenes del imperio”, declaró Chifflet, y agregó que con actitudes como las que fueron filmadas “no se enaltece la tradición que el país debió respetar”.</B></div> <div> <B>---------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> <U>Uruguay: A dos meses de la prescripción: 143 causas y solo 22 procesados.</U></div> <div> <IMG SRC="15fd50450.jpg" border=0 width="336" height="325" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"><FONT SIZE="6" COLOR="#FFFF00" FACE="Impact" > CONTRARELOJ:</FONT><FONT SIZE="4" COLOR="#FFFFFF" FACE="Impact" > por Roger Rodriguez</FONT></div> <div> L<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>as organizaciones de derechos humanos subrayaron que el “¿Dónde Están?” no prescribirá hasta que no exista una respuesta. El Poder Ejecutivo dio a conocer una nómina de 143 causas judiciales denunciadas por 475 víctimas en 24 juzgados, en los que sólo 2 civiles y 20 represores han sido procesados. Los poderes del Estado siguen sin cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dos meses de la prescripción de los delitos de la dictadura.</B></FONT></div> <bR> <div> <B>En la Plaza Cagancha, sobre la pared norte de la sede de la Suprema Corte de Justicia, los rostros de los desaparecidos se fueron sobreimprimiendo, uno a uno, el pasado martes, durante el acto de conmemoración del Día Internacional del Detenido-Desaparecido. Ningún juez, magistrado o autoridad del sistema judicial estaba a esa hora en el edificio estatal. La pared gritaba en silencio, sin que el sistema le prestara oídos. El frío de aquella noche era cálido en comparación con la desidia del Estado.</B></div> <div> <B>La declaración que los familiares y los hijos de los desaparecidos leyeron frente al monumento a la Libertad fue contundente: “¿Dónde están?, las preguntas no prescriben hasta que no se tienen respuestas” (…) “Es imposible perdonar lo que no se conoce” (…) “No están secuestrando la memoria. Nos están torturando la democracia. Nos quieren desaparecer la justicia. Nos quieren prescribir la verdad. ¡Ni una sola excusa que encubra delitos de lesa humanidad!”, proclamaron.</B></div> <div> <B>A sólo dos meses de la eventual fecha de prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar en Uruguay, las organizaciones no gubernamentales le dieron una voz de altera al Estado, a su Poder Ejecutivo, a su Poder Judicial y a su Poder Legislativo, para que actúen en cumplimiento de la sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos que impone esclarecer el Caso Gelman y obliga a  “dejar sin efectos” la ley de caducidad que amparó los crímenes de la dictadura.</B></div> <div> <B>Sordo de sin razón, el Poder Ejecutivo dio a conocer ese mismo día un informe en el que se reconoce oficialmente una nómina de causas, víctimas y resoluciones judiciales sobre casos de desaparición forzada o asesinatos durante el período del terrorismo de Estado en Uruguay. De 143 causas judiciales denunciadas en 24 juzgados de todo el país, por 475 víctimas, familiares u organizaciones, sólo se han determinado 26 procesamientos que implican a dos civiles y 20 militares y policías (ver cuadro adjunto).</B></div> <div> <B>En su comunicado oficial, el gobierno explicó que la nómina surgía de un complejo trabajo de compaginación de diversas fuentes elaborado por la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, aunque advirtió que ignoraba si la información era completa o abarcaba la totalidad de las causas existentes, debido a la “dispersión de la información existente al respecto”, ya que no todas las causas pasaron por Presidencia de la República y no se ha elaborado un índice específico del tema en el Poder Judicial.</B></div> <div> <B>El Poder Ejecutivo confirma la falta de voluntad política que el Estado ha tenido sobre las violaciones a los derechos humanos a más de 26 años de la reinstitucionalización del país. Durante los tres primeros gobiernos electos luego de la dictadura (Sanguinetti-Lacalle-Sanguinetti) no se tuvo en cuenta el tema, que simplemente se amparó en la Ley de Caducidad, y desde el gobierno de Jorge Batlle, cuando se creó la Comisión para la Paz, hasta la fecha (11 años que incluyen a las dos administraciones del Frente Amplio), no se ha “concentrado” la información sobre el tema.</B></div> <div> <B>La señal de reconocimiento del actual gobierno, se suma a la resolución del presidente José Mujica con la que se revocaron los actos institucionales por los que se ampararon en la Ley de Caducidad las denuncias de violaciones a los derechos humanos, pero lo hecho por el Poder Ejecutivo no alcanza a dar cumplimiento a lo impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su condena a Uruguay por su desconocimiento a los convenios internacionales que el Estado ha suscrito.</B></div> <div> <B>El Estado “debe disponer” ¿Qué hará el Estado uruguayo para cumplir con lo resolución de la Corte de Derechos Humanos de la OEA?, es la pregunta cuya respuesta aguardan las organizaciones sociales y no gubernamentales que observan con preocupación como el reloj de las prescripciones avanza hacia el próximo 1º de noviembre, fecha en que se cumpliría el plazo máximo que dispone el Poder Judicial para actuar sobre las causas de derechos humanos, cuando todo parece indicar que el sistema político dejará que transcurra el tiempo para que una nueva “lógica de los hechos” imponga ahora un “punto final”.</B></div> <div> <B>Sin embargo, lo que está en juego trasciende la conveniencia o la indiferencia con la que el sistema político está reaccionando ante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e implica a la responsabilidad que el Estado uruguayo tiene con el derecho internacional y el cumplimiento de los convenios suscritos. Las acciones del Poder Judicial, las inacciones del Poder Legislativo y las ambigüedades del Poder Ejecutivo están determinando un posicionamiento del Estado que tendrá consecuencias externas e internas.</B></div> <div> <B>La sentencia de la Corte Interamericana estableció que la Ley de caducidad no puede seguir siendo un obstáculo para la investigación del Caso Gelman (y los demás casos de derechos humanos) y que “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.</B></div> <div> <B>Si el Estado uruguayo (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no “disponen” acciones para que se acate lo que establece ese párrafo 254 de la sentencia de la Corte de Derechos Humanos de la OEA (es decir, que no pueden prescribir los delitos de la dictadura, ni pueden considerarse cosa juzgada, ni puede alegarse la irretroactividad de las leyes), se estarían incumpliendo el mandato de un organismo internacional al que Uruguay está sometido.</B></div> <div> <B>Dejar el tema a la suerte de lo que los jueces puedan disponer, sería en los hechos “habilitar un largo proceso de apelaciones, recurso de queja y de inconstitucionalidad que llevaría a que en los hechos se mantengan obstáculos similares a los que han impedido durante muchos años la acción sin limitaciones del sistema judicial”, advierte un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt, para quien es el propio Estado, que por un cuarto de siglo cerró las puertas de los tribunales a las víctimas, el que debe abrir sin limitaciones ni obstáculos esas puertas.</B></div> <div> <B>“El tema de la impunidad, marcó la agenda política desde hace más de un cuarto de siglo. Para no resolverlo, el sistema político ensayó innumerables conductas políticas. Quienes hoy pretenden hacer retroceder el reloj de esta historia, ya sea realizando lecturas antojadizas de la Sentencia o teniendo intenciones de cumplirlas a medias, poco contribuirán a que el prestigio de Uruguay a nivel internacional, no quede una vez  más afectado y en cuestión”, señala el artículo firmado por el Raúl Olivera Alfaro en la publicación “Trabajo y Utopía” de la central sindical.</B></div> <div> <B>Mientras tanto, algunos fiscales y jueces siguen actuando en una carrera contra el tiempo y han acelerado las citaciones de testigos e indagados en sus juzgados, aunque en otras sedes judiciales los casos parecen haber quedado congelados a la espera de una señal de los poderes del Estado. Las víctimas y denunciantes de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, por su parte, también esperan que, al decir del tema compuesto por Ismael Collazo, a contra reloj la vida siga buscando la verdad.</B></div> <div> <B>Causas, víctimas y victimarios</B></div> <bR> <div> <B>Juzgado                      Causas                  Víctimas/          Procesados/</B></div> <div> <B>actuante                                            Denunciantes            indagados/</B></div> <div> <B>                                                                                            condenados</B></div> <bR> <div> <B>Penal 1º  Turno                     18                           108                            2</B></div> <div> <B>Penal 2º  Turno                       5                             24                            0</B></div> <div> <B>Penal 3º Turno                      15                             32                            1</B></div> <div> <B>Penal 4º Turno                        9                             10                            0</B></div> <div> <B>Penal 5º Turno                        8                             37                            0</B></div> <div> <B>Penal 6º Turno                        6                               6                            0</B></div> <div> <B>Penal 7º Turno                      19                             54                            4</B></div> <div> <B>Penal 8º Turno                        8                             13                            2</B></div> <div> <B>Penal 9º Turno                      13                             62                            0</B></div> <div> <B>Penal 10º Turno                      6                             14                            2</B></div> <div> <B>Penal 11º Turno                      3                               6                            2</B></div> <div> <B>Penal 12º Turno                      7                               7                            0</B></div> <div> <B>Penal 13º Turno                      3                               9                            0</B></div> <div> <B>Penal 14º Turno                      2                               2                            0</B></div> <div> <B>Penal 19º Turno                      5                             60                          11</B></div> <div> <B>Penal 20º Turno                      1                               2                            0</B></div> <div> <B>1º Turno Pando                      1                               5                            0</B></div> <div> <B>4º Turno Maldonado              2                               2                            0</B></div> <div> <B>2º Turno Maldonado              4                               4                            0</B></div> <div> <B>Fray Bentos                            3                               3                            0</B></div> <div> <B>Paso De los Toros                1                               1                            2</B></div> <div> <B>Paysandú                                1                             11                            0</B></div> <div> <B>Salto                                         1                               1                            0</B></div> <div> <B>Flores                                       2                               2                            0</B></div> <div> <B>TOTAL                                  143                            475                          26*</B></div> <div> <B>* Nota: Dos civiles han sido condenados en dos causas: el dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blancos. También tienen doble sentencia los militares Gregorio Álvarez y José Nino Gavazzo. El resto de los procesamientos implican a Tranquilino Machado, José Araújo Umpiérrez, Enrique Rivero, Carlos Calcagno, Nelson Bardesio, Pedro Fleitas, Miguel Dalmao, José Chialanza, Juan Carlos Larcebeau, Ricardo Arab, José Sande, Ricardo Medina, Luis Maurente, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Juan Carlos Gómez.</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>---------------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> <FONT SIZE="1" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" ><IMG SRC="15eaf51e0.gif" border=0 width="245" height="286" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> </FONT><U>SCJ confirmó las condenas para el "Goyo" y Larcebeau-</U> <FONT SIZE="5" COLOR="#FFFF00" FACE="Impact" >FALLO. PENAS DE 25 Y 20 AÑOS DE PENITENCIARIA</FONT></div> <div> La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena del ex dictador Gregorio Álvarez y el marino Juan Carlos Larcebeau, por los traslados clandestinos de presos políticos en 1978.</div> <div> E<FONT SIZE="2" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial Black" >l ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez y el capitán de navío (r) Juan Carlos Larcebeau fueron condenados a penas de 25 y 20 años de penitenciaría, respectivamente, como coautores de reiterados delitos de "homicidio muy especialmente agravado", en el marco de la indagatoria penal por el traslado clandestino de presos políticos en 1978.</FONT></div> <div> El máximo órgano del Poder Judicial dictó sentencia definitiva contra Álvarez y Larcebeau, poniendo fin a un proceso iniciado en 2007 (Ficha 220415/2007), por varios familiares de las víctimas de la represión dictatorial. El ex dictador fue condenado como coautor de 37 delitos de "homicidio muy especialmente agravado" por su responsabilidad cupular en la configuración de la política de lucha contra la subversión, mientras Larcebeau fue enjuiciado como coautor de 29 homicidios por su participación directa en los operativos clandestinos impulsados por el cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) en la República Argentina, en el marco de la concertación represiva del "Plan Cóndor".</div> <div> En este sentido, "la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, entiende que corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto por los encausados y, por mayoría de sus miembros, desestimará el recurso interpuesto por la Sra. Fiscal Letrado Nacional en lo Penal de 2º Turno, en virtud de que los agravios invocados en sustento de las respectivas impugnaciones no resultan de recibo", expresa la sentencia Nº 3.033 a la cual accedió LA REPÚBLICA.</div> <div> El fallo de la Corte avala la posición jurisprudencial por la cual sobre los delitos perpetrados por Álvarez y Larcebeau no operó la tesis de la prescripción de los ilícitos, en virtud de la "peligrosidad" de ambos imputados ante "la gravedad ontológica del delito" cometido. Las prerrogativas del artículo 123 del Código Penal implican la elevación en 1/3 de los plazos de prescripción, recuerda la Corte.</div> <div> Asimismo, la Corte no emitió opinión en cuanto la presunta errónea valoración de la prueba por parte del TAP esgrimida por la defensa de ambos militares, por cuanto en casación sólo puede analizarse "una infracción o errónea aplicación de la Ley en el fondo o la forma, no pudiendo discutirse los hechos dados por probados en la sentencia, los que se tendrán por verdaderos".En tanto, el nuevo fallo de la Corte insiste, como en anteriores oportunidades, con la tipificación de los crímenes de la dictadura como "homicidio muy especialmente agravado", descartando la imputación del delito de "desaparición forzada" promovido por la Fiscalía. "LESA HUMANIDAD"* </div> <div> El máximo órgano del Poder Judicial reitera en la sentencia contra Álvarez y Larcebeau su imposibilidad de pronunciarse sobre la eventual calificación de los ilícitos como "crímenes de lesa humanidad", por cuanto dicho debate no tiene relevancia en el proceso y marcar posición implicaría un "prejuzgamiento" ante futuras causas. El debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura se efectuará después del 1º de noviembre de 2011.</div> <div> ------------------------------------------------------------------------------------------------</div> <div> <IMG SRC="15eb8ea50.gif" border=0 width="142" height="165" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <FONT SIZE="2" COLOR="#FFFF99" FACE="Arial Black" >En su momento de mayor gloria personal, el general Gregorio C. Álvarez (85) asumía un 1º de setiembre de 1981 la presidencia en aquella dictadura de casi doce años (1973-1985), convertida en la más sangrienta de todo el siglo XX uruguayo.</FONT></div> <div> Ayer, en el trigésimo aniversario de aquel suceso, la Justicia dispuso su condena por múltiples asesinatos de opositores a su régimen. Álvarez, que está preso desde diciembre de 2007 en la penitenciaría de Domingo Arena, pasará el resto de sus días entre rejas.Considerado "el planificador cerebral" del golpe de Estado de junio de 1973, Álvarez fue sin duda el militar que mayor poder llegó a sustentar durante el pasado siglo. </div> <div> Hijo de otro general (Gregorio Álvarez Lezama, 1879-1943), y del arma de caballería, ascendió al generalato en febrero de 1971 (es decir, hace 40 años), fue sucesivamente el primer jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco, 1972-1974), y del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena, en febrero de 1973); comandó el Ejército (1978-1979), y encabezó el ciclo dictatorial como presidente electo por sus pares entre 1981 y comienzos de 1985.</div> <div> Admirador de Napoleón Bonaparte, ideólogo de la doctrina de la seguridad nacional, primer presidente de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (Comaspo), tuvo la habilidad de opacar a sus enemigos en la interna militar, y después de tres días de intensos debates en la Junta de Generales, obtuvo el respaldo para convertirse el 1º de setiembre de 1981 en el único general en llegar a la titularidad de la dictadura. </div> <div> Fue aperturista hasta ese momento; y después, buscó bloquear todos los intentos de salida. </div> <div> La historia, lo condenó.</div> <bR> <div> <IMG SRC="159e1bc60.jpg" border=0 width="539" height="454" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <B>Marcos Rey de "BRECHA"</B></div> <div> <B>A</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial" ><B> los 69 años de edad, el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro el "Ñato"- fue nombrado por José Mujica como el próximo ministro de Defensa en sustitución de Luis Rosadilla, que se alejará por problemas de salud. Un día antes, el jueves 14, Mujica había anunciado que necesitaría alguien de lavieja guardia ", una persona de  mucha confianza ". </B></FONT></div> <div> <B>Sin embargo no fue el único nombre y se produjo un giro, según confiaron a Brecha diversos integrantes del Ejecutivo. En la tardecita del jueves, Mujica le había ofrecido el cargo a Julio Baraibar (mpp), y éste llegó a aceptarlo. En la medianoche y cuando ya el presidente se aprestaba a conciliar el sueño, Fernández Huidobro telefoneó al primer mandatario. En el diálogo extenso por cierto, ambos se habrían puesto de acuerdo en retener ese cargo para la cap-l y en concretar un nombramiento que sería muy bien recibido en la interna de las Fuerzas Armadas. Así, el "compañero del alma de todas las horas ", como lo  definiera Mujica en la asunción parlamentaria de 2005, fue designado al día siguiente. </B></div> <div> <B>Yo soy un soldado y estoy a la orden para lo que mande el presidente ", dijo a El Observador. </B></div> <div> <B>Y lo cierto es que en ciertos circuitos de la militaridad se le asignan otros galones: hay quienes lo ven casi como un general tupamaro". El respeto viene ligado también a su última actuación, su preocupación por "mirar hacia adelante", así como por la sintonía en la redefinición estratégica del rol de las Fuerzas Armadas (FFAA) -Huidobro afirmó el miércoles que promoverá una relación "cada día más íntima " entre las fuerzas y la ciudadanía-. No resultan paradójicas pues las antagónicas evaluaciones provenientes desde las FFAA y determinados sectores de la izquierda y de las organizaciones sociales. Fernández Huidobro, líder histórico y fundador del MLN-T, estuvo preso en condiciones infrahumanas entre 1972 y 1985. </B></div> <div> <B>Sin embargo, antes y después de la dictadura participó en negociaciones con la cúpula militar. En 1972 negoció una "tregua armada", aunque todavía es motivo de discusión el alcance de esas conversaciones. También ha reconocido su vinculación desde los noventa y la de otros dirigentes como Mujica con la logia Tenientes de Artigas para "cerrar las heridas del pasado" (aunque negó que en 1998 se concretara un pacto, en referencia a un documento que hicieron circular recientemente algunos militares). Ingresó al Parlamento en 1994 por el MPP y en 2009 logró una banca en el Senado por la cap-l, sector escindido de aquel por diferencias "tácticas", aunque hermanado ideológicamente. </B></div> <div> <B>CONTROVERSIAS. </B></div> <div> <B>En los últimos años el ex guerrillero ha sacudido a la izquierda con sus posiciones sobre las FFAA. El énfasis en la responsabilidad de los civiles en el golpe de Estado (véase Brecha, 15-IV-11), la oposición a la extradición de militares uruguayos vinculados al caso Berrios (lo que motivó un fuerte debate público con Hugo Cores a través de La República, en el que llegó a decir que la extradición sería "un Plan Cóndor al revés"), la defensa del general Miguel Dalmao y el rechazo a la ley interpretativa que pretendió anular la ley de caducidad (motivo por el cual en mayo renunció al Senado) son algunas de las polémicas en las que se involucró. En marzo de este año declaró públicamente que estaba convencido de la inocencia de Miguel Dalmao, primer genera! en actividad procesado por un crimen de la dictadura (el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974). </B></div> <div> <B>Si bien se ha confirmado que la gestión de Rosadilla será continuada sin modificaciones sustanciales, Fernández Huidobro aterriza en Defensa en una coyuntura de cambios significativos. Deberá gestionar las demandas militares más urgentes -en particular las relativas al Hospital Militar y a la torta presupuestad, enfrentar eventuales procesamientos por corrupción en la Armada y la reapertura de causas vinculadas a la violación de derechos humanos, además de designar antes de octubre al próximo comandante del Ejército. Hay quienes sostienen incluso que el alejamiento de Rosadilla está ligado a cierto disgusto con Economía por la escasez de recursos para Sanidad Militar. </B></div> <div> <B>Pero fundamentalmente deberá articular la reestructura de la cartera y de las FFAA tras la aprobación de la ley marco de defensa nacional, fuego de esa ley, dijo Huidobro el miércoles, "se sabía que el ministro que viniera iba a tener la hoja de ruta trazada ", porque no sólo "ordena al ministro las tareas, sino que "reforma lodo el ministerio, incluidas las tres fuerzas armadas". La ley implica el fortalecimiento del poder civil a través de la asignación de un nuevo rol al Ministerio de Defensa como ejecutor de una política de defensa pública, lo que implica definir que fuerzas se pretenden tener y para qué. </B></div> <div> <B>Ea visión de la cap-l. y del MPP sobre la defensa nacional es muy similar. En ambos sectores se sostiene que el país precisará redefinir el papel de las FFAA para hacer fíenle a los riesgos climáticos o a una eventual disputa por Ion recursos naturales (véase recuadro). Desde otros sectores de la izquierda se insiste mas en la prolesionalizacion y redimensionamiento de la estructura. </B></div> <div> <B>A su vez, Huidobro asume en un contexto de tensión por las políticas de derechos humanos (dificultades en el acceso a la verdad sobre los desaparecidos, las prescripciones de los delitos, el mantenimiento de la ley de caducidad, etcétera). Oscar Urtasun, miembro de Familiares de Detenidos I ) desaparecidos, señaló a Brecha que la llegada de Huidobro "no cambio el panorama porque continuará la postura de "Rosadilla, que era su alumno " y reafirmará la filosofía  ya trazada por Mujica ". No obstante, insistirán en el acceso a los archivos reales", no a "los truchos, ni castrados". Algunos legisladores frenteamplistas consultados por Brecha, apoyados en recientes investigaciones académicas, señalaron que desde el MPP y la CAP-L se ha reforzado la teoría de los dos demonios y que los ex guerrilleros continúan arrogándose un protagonismo excesivo que los lleva a creer que tienen la misión de "negociar" con los militares en nombre de toda la sociedad (cuando las FFAA no han asumido su responsabilidad institucional y cuando la represión no se circunscribió a los tupamaros). La idea de "dar vuelta la página" no repara en que la página aún no se ha de construir sin problemas y que no es a través de acuerdos entre bandos que se pueden sanar las heridas. La preocupación de Familiares, así como la de cierta parte del FA, es que con Huidobro se consolidará la postura de "mirar hacia adelante", la resignación a la falta de verdad y justicia.  </B></div> <div> <B>* Brecha intentó comunicarse sin éxito con Fernández Huidobro. </B></div> <div> <B>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</B></div> <div> <IMG SRC="158537fb0.jpg" border=0 width="567" height="251" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <FONT SIZE="6" COLOR="#FFCC33" FACE="Impact" >SE REINICIA CAUSA POR HOMICIDIO DE SANTIAGO RODRÍGUEZ MUELA</FONT></div> <div> El juicio contra la JUP</div> <div> <I>L</I><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial Black" ><I>a jueza Graciela Eustachio comienza hoy a tomar testimonios. Ya actuó en la causa contra el Escuadrón de la Muerte. La denuncia del caso Rodríguez Muela, presentada hace dos años, sostiene que la JUP era el brazo armado estudiantil. El mayor (r) Enrique Mangini y seis cómplices aparecen comprometidos en el asesinato. El expediente del juez Milton Cairoli evidencia cobertura de policías y militares en el ataque al liceo Nº 8 el 11 de agosto de 1972. La historiadora Clara Aldrighi confirma que Miguel Sofía les entregaba armas enviadas por Brasil. Un documento desclasificado en la DNII describe el organigrama, apoyos e integrantes de sus células operativas.</I></FONT></div> <div> ROGER RODRÍGUEZ</div> <bR> <div> <A HREF="mailto:rogerrodriguez@adinet.com.uy" TARGET="_top" TITLE="mailto:rogerrodriguez@adinet.com.uy"><U>rogerrodriguez@adinet.com.uy</U></A>  <IMG SRC="1587fa470.jpg" border=0 width="250" height="327" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> S<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFF00" FACE="Arial Black" >iete ex estudiantes de ultraderecha que integraban la patota que el 11 de agosto de 1972 ingresó armada al liceo Nº 8 y asesinó de un balazo al estudiante Nelson Santiago Rodríguez Muela, al igual que otros miembros de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), volverán a enfrentar a la justicia penal, cuando a partir de hoy la jueza de 8º turno, Graciela Eustachio, reinicie la etapa testimonial del caso denunciado hace casi dos años.</FONT></div> <div> <IMG SRC="1378d09e0.jpg" border=0 width="208" height="158" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> La causa Rodríguez Muela –que se constituye en la primera denuncia penal contra la organización de jóvenes de ultraderecha que a principios de los años setenta actuó como un brazo estudiantil armado de los Escuadrones de la Muerte– derivó casualmente al despacho de la jueza Eustachio, quien en 2009 procesó con prisión a los ex agentes Nelson Bardesio y Pedro Fleitas por crímenes del grupo parapolicial.</div> <div> La denuncia fue presentada el 23 de octubre de 2009 –dos días antes del voto rosado y la primera vuelta electoral– por la tía de Santiago, María Muela, quien, representada por la abogada Pilar Elhordoy, tomó como base de su escrito los elementos surgidos en un juicio de febrero de 2007 cuando el mayor (r) Enrique Mangini acusó por difamación a un periodista (quien suscribe esta nota) que finalmente fue sobreseído por la justicia.</div> <div> Mangini había sido denunciado como uno de los asesinos de Rodríguez Muela en una investigación periodística publicada en La República, donde se reveló la identidad e historia del militar, luego de haber sido captado en una fotografía portando un arma en la cintura frente a los juzgados penales de la calle Misiones cuando junto al coronel Eduardo Ferro actuaba como guardaespaldas del general Iván Paulós, en 2006.</div> <div> En el juicio de prensa a cargo del juez penal de 19º turno, Luis Charles, se confirmó que el militar había sido uno de los protagonistas de aquel copamiento del liceo ubicado en la calle 8 de Octubre donde el estudiante fue asesinado. Entre las pruebas presentadas apareció el expediente judicial que en 1972 había instruido el juez Milton Cairoli, quien entonces procesó por “violencia privada” a Mangini y sus cómplices.</div> <div> El expediente de Cairoli</div> <div> El expediente elaborado por Cairoli en el entonces juzgado de 5º turno, confirma que los siete miembros de la JUP que dieron muerte a Rodríguez Muela habían sido procesado por el delito de “violencia privada”, que permanecieron ocho meses en prisión y luego en libertad condicional, hasta que fueron beneficiados por una ley de amnistía a presos comunes que en 1978 aprobó el Consejo de Estado de la dictadura.</div> <div> La extensa y prolija instrucción judicial, que se realizó en pleno período de guerra interno y durante el proceso previo y posterior al golpe de Estado de 1973, evidencia la existencia de diversas presiones sobre el magistrado y el fiscal Mario Pascual, quienes continuaron la indagación y debieron archivar el expediente sin perjuicio al no poder confirmar entonces quién fue el autor material del homicidio del estudiante.</div> <div> En la instrucción de Cairoli se procesó como miembros de la patota de la JUP a Enrique Mangini Usera, Claro Rubens Monalli Barrios, Ricardo María Druillet Canavarro, Juan Said Llugdar Villarroel, Homero Gabriel Corbo Piffaretti, Alfredo Gervasio De Bellis y Haroldo Javier Rosso Ciociano. También eran parte del grupo los menores Osvaldo Lencina Bassi, Juan Carlos Díaz Dos Santos y Milton Darío Fernández Varela.</div> <div> Del expediente surge que al menos otros cinco miembros de la JUP inicialmente capturados fueron dejados en libertad antes de llegar al juez y sustituidos por otros jóvenes detenidos en la zona, entre ellos el maestro Leopoldo Garín, los seminaristas Jorge Osorio y Jorge Moreira, y el artesano Fernando Rodríguez, quienes vieron cómo en la comisaría los otros detenidos intercambiaban sus ropas para confundir a testigos.</div> <div> Mangini era sobrino del director del Servicio de Información y Defensa (SID), coronel Ramón Trabal, en la zona se encontraban los miembros de Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) Saúl Humberto Clavería y Juan Ricardo Zabala Quinteros, y al mando de las patrullas militares que intervinieron estaban el teniente Roberto Martínez Ferrán y el alférez Víctor Hugo Capo Tello (ambos egresados de la Escuela de las Américas en Panamá), quienes “accidentalmente” estaban al servicio del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) que comandaba el general Gregorio “Goyo” Álvarez.</div> <div> El homicidio de Santiago</div> <div> La muerte de Santiago Rodríguez Muela cerró una serie de más de doscientos atentados de la ultraderecha que se sucedieron desde abril a agosto de 1972 contra liceos, facultades y comités de base del Frente Amplio, que fueron firmados con pintadas del Movimiento Nueva Generación (MNG), la Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes (CREI) y la propio Juventud Uruguaya de Pie (JUP).</div> <div> Aquel 11 de agosto en el Liceo Nº 8 se realizaba una reunión de padres, estudiantes y profesores para analizar la creciente violencia en los centros de enseñanza. En el mismo momento en el Bar Sirocco de Albo y 8 de octubre se reunía el grupo convocado desde el Liceo Bauzá, que atacó la casa de estudios ubicada frente a la entonces sede del Esmaco sin que nadie lo impidiera. Más de 40 personas invaden el lugar y al menos 15 entran, entre las que los testigos identifican a varios armados.</div> <div> Nelson Santiago Rodríguez Muela había nacido el 4 de octubre de 1947. Criado en una familia de trabajadores, su padre era empleado de Ancap y su madre se dedicaba a tareas del hogar. Trabajaba en el ente de los combustibles junto a su padre y estudiaba en el turno nocturno del Liceo Nº 8. Estaba casado con Susana Escudero. Militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR).</div> <div> Rodríguez Muela procuró impedir el ataque a su liceo y fue baleado cuando intentaba arrojar una silla a los copadores. El cuerpo del estudiante fue llevado por uno de los padres, Júpiter Irigoyen, al Sanatorio Achard, cercano al liceo, donde falleció. Los intrusos permanecieron largo rato en el lugar, amenazando con armas a los participantes de la asamblea antes de que llegara al lugar personal de la Seccional Nº 9.</div> <div> La mayoría de los atacantes intentó escapar por los fondos, hacia la calle Urquiza donde fueron detenidos por una patrulla del Ejército. En el jardín de acceso se encontró una capsula de bala. Los testigos indican que había otros cinco detenidos en la puerta (que desaparecieron) y que un soldado vació las balas de un revólver incautado, que nunca fue entregado. En su lugar el alférez Capó mostró al juez un arma de juguete.</div> <div> Los juveniles del Escuadrón</div> <div> La Juventud Uruguaya de Pie (JUP) se fundó formalmente el 24 de octubre de 1970 en la ciudad de Salto. El nombre se puso en oposición a las “sentadas estudiantiles” con las que se protestaba en la época. Pero la génesis de la organización fue impulsada a partir de que el gobierno de Jorge Pacheco Areco intervino la Enseñanza, por sectores colorados, agrupaciones del ruralismo y el grupo Seusa (La Mañana y El Diario).</div> <div> En Montevideo se instalaron en una sede sobre 18 de julio, en el local de la Liga Federal de Acción Ruralista. Tenían una audición en Radio Rural y se organizaron acciones sociales y marchas hacia el interior del país. Definidos anticomunistas, se pronunciaron contra el Frente Amplio en las elecciones de 1971. Por entonces comenzó a denunciarse que realizaban prácticas de contrainsurgencia en una estancia de Tacuarembó y que varios de sus dirigentes andaban armados y eran protegidos por la policía.</div> <div> Uno de sus centros de actividad fue el Liceo Bauzá, donde funcionaba la agrupación anticomunista “Por siempre Bauzá”. El liceo fue copado el 27 de abril de 1971. Al día siguiente ocurrió lo mismo en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, desde donde se baleó a los estudiantes que quedaron fuera. El hecho se denunció a la policía, pero nadie intervino. Llegaron “chanchitas” (que detuvieron a los estudiantes en la calle) y un Volkswagen blanco desde donde también se disparaba.</div> <div> Entre los principales dirigentes de la JUP se encontraban Hugo Manini Ríos (hijo de uno de los fundadores de la Liga de Acción Ruralista), Miguel Sofía (a quien se incautó un arma en 1968), el policía Gualberto Cuenca (empleado de la OEA), Luis Sica, Gabriel Melogno (nombrado adscripto del liceo tras la intervención), y el “Manco” Ulises Fernández. En 1972 apareció el semanario “Nuevo Amanecer”, órgano oficial de la JUP, dirigido por Rogelio Mendiondo y Artigas González.</div> <div> La violencia de la JUP se intensificó tras la muerte de su militante Gastón Zapicán Arhancet, de 16 años, estudiante del Liceo Miranda e hijo de un militar, quien junto a otro joven lanzó una bomba contra un comité del Frente Amplio en agosto de 1971. Arhancet llevaba una pistola calibre 45 con caño adaptado para calibre 22, según el parte policial. Su compañero de 18 años tenía un revolver calibre 38. Arhancet murió en un forcejeo cuando lo quisieron sacar el arma y se escapó un tiro.</div> <div> La investigación de Aldrighi</div> <div> Para la historiadora Clara Aldrighi, catedrática de la Universidad de la República, la JUP y el Escuadrón de la Muerte “fueron dos niveles de un mismo diseño subversivo y desestabilizador de las instituciones promovido por el Estado. Las acciones violentas del escuadrón y de la JUP contribuyen a acentuar la polarización política, a acrecentar las tensiones políticas y sociales”.</div> <div> El Escuadrón surge en agosto de 1970 para realizar atentados contra la izquierda, pero a mediados de 1971 se crea un grupo más selecto, que firmaba como “Comando Caza Tupamaros” que realiza las desapariciones y asesinatos de militantes vinculados al MLN-T. Varios integrantes de este grupo aparecen vinculados a la JUP, como el subsecretario del interior, Armando Acosta y Lara, y el hoy prófugo Miguel Sofía.</div> <div> En la investigación realizada por Aldrighi se demuestra que luego de regresar de Brasil, donde realizaron cursos en 1971, dos policías del Departamento 4 de la DNII, a las órdenes de Pablo Fontana, trajeron como donación de la inteligencia brasileña 10 revólveres calibre 38 destinados a la JUP. Las armas fueron entregadas a Miguel Sofía, quien los derivó a sus destinatarios.</div> <div> “El Escuadrón de la Muerte cesó su actividad tras la declaración del Estado de Guerra Interno, ya que su labor se institucionalizó en las acciones represivas de las OCOA y del SID, pero en el caso de la JUP, sus actividades perduran para mantener un clima de caos en la enseñanza que favoreciera la aprobación de la Ley de Educación y para que, ante el desorden, la opinión pública aceptara soluciones autoritarias”, explica la historiadora.</div> <div> Aldrighi recuerda que simultáneamente a lo que ocurría en Uruguay, en Chile surgió una organización juvenil análoga, Patria y Libertad, que realizaba las mismas acciones de la JUP y contribuyó a desencadenar el golpe de Estado contra Allende. Según la documentación obtenida por la historiadora, había sido organizada y financiada por la CIA. Impuesta la dictadura chilena, el grupo se disolvió.</div> <div> Un Organigrama de la DNII</div> <div> Uno de los grupos de investigación que se encuentra desarchivando documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), encontró en los archivos de esa dependencia policial un documento de origen desconocido (firmado por “Servicio de Información”) donde se hace un detallado informe sobre la JUP, su ideología, organización, táctica, conexiones, sistemas de financiación y “células operativas”.</div> <div> El documento, al que accedió Caras&Caretas, explica que en Montevideo la JUP estaba estructurada por un Consejo Ejecutivo integrado por 9 miembros, una coordinación de servicios, departamentos y un plenario de grupos autónomos, mientras que en el interior existían dos proyectos para organizarse en 5 o 15 regiones, donde aparecían diferencias entre el dirigente del interior Ariel Ribas y los capitalinos Manini Ríos y Melogno.</div> <div> Entre los contactos políticos de la JUP se incluye a Juan Escuadroni, Terra Trindade y Enrique Sánchez Varela de la Lista 620 de Aguerrondo-Heber, a Diógenes Cano del Wilsonismo, y a Juan Pintos, Tabaré Caputti, Sergio Molaguero, Juan J. Gari, F. García Capurro, Armando Acosta y Lara y Santiago De Brum Carbajal del Partido Colorado, entre otros. También aparece una lista de policías y militares que los apoyaban.</div> <div> Como organizaciones paralelas se menciona a la Asociación Siempre Bauza, al propio Escuadrón de la Muerte, al Comando Arhancet y al “Comando Caza Comunistas” del que se dice: “Púrpura, De la Sovera y Sánchez y Sánchez, formaron este grupo el que tendría instrucción militar y llevaría un fichero completo de compañeros. A su vez, Púrpura con un tal Pérez, está reclutando gente para la JUP, la que sería entrenada militarmente en una estancia que posee en Florida”.</div> <div> El documento, menciona tres células con sus vehículos y un equipo de “pegatineros” como grupos operativos. Una de ellas sería la “Célula Bien”, con mayor vínculo policial, compuesta por los hermanos Tebas (“consiguen armas de la cana”) con un Citroen negro, Abeledo (preso), Luis Sica, Omar Rodríguez, Carlos Díaz (“Palomo”) con un Simca, Fito Gagliardini, Antonio Palma y Tony Cartelao con un Fiat rojo.</div> <div> También se menciona a la “Célula Lorsa”, integrada por el “Flaco Jorge” con un Chrisler blanco, Carlos Fernández con un Ford 8, Manco Ulises Fernández y Nelson Di Candia (“Estos cuatro son los “capos”. Van a fiestas los sábados de noche y salen a balear casas desde las fiestas. Van, balean y vuelven a contar la “hazaña”. Se reúnen en el Bar British o Británico). También figuran Andrés Ciapessoni, Daniel Fernández Rial, el gordo Villia, Alberto Martínez y Miguel A. Núñez.</div> <div> La tercera es la “Célula Capurro”, donde se identifica a Felipe Corrensana (auto rojo grande), Daniel Tagle, Marcelino Carballo, Mario Papasián (Cadillac gris claro descapotable) y Guillermo Román. Entre los “pegatineros” se menciona a Juan Paladine, Hugo Cardozo y Enrique Goethe (Flaco Veiga).</div> <div> El material desarchivado de la DNII también recuerda declaraciones de Juan María Bordaberry en las que decía “La JUP le ha devuelto la confianza a la juventud uruguaya” y afirma que como apoyo han obtenido pasajes de AFE, el traslado al interior por la Fuerza Aérea y la caballería del Ejército para un desfile de la JUP en Paysandú.</div> <div> En el aspecto financiero, la JUP recibía una contribución mensual del Banco De Crédito (“se hace provenir de Gastos Generales, del subrubro Donaciones y Propinas”) que retiraba “una persona de apellido Methol”. También recibían dinero de José Luis Santayana (Bancos Comercial y De Crédito) y de Alberto Gallinal y Juan J. Gari, según dice el documento desclasificado.</div> <div> ---------------------------------------------------------------------------------------</div> <div> CRONOLOGIA DEL GOBIERNO DE </div> <div> JUAN MARIA BORDABERRY 1971 - 1976</div> <div> <IMG SRC="158c35200.png" border=0 width="565" height="800" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <IMG SRC="158e44200.png" border=0 width="580" height="800" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <IMG SRC="159044200.png" border=0 width="580" height="800" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> --------------------------------------------------------------------------------------------</div> <div> <IMG SRC="158430da0.gif" border=0 width="304" height="218" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"><FONT SIZE="6" COLOR="#00FFCC" FACE="Impact" >LA BANCA PRIVADA</FONT></div> <div> Opinión de Marcelo Jelen de "La Diaria":</div> <div> <B>¿A quién pertenecen las bancas parlamentarias? ¿Al legislador, al grupo político, a sus votantes?</B></div> <div> <B> La trampa de la pregunta se oculta en el verbo "pertenecer": el cargo legislativo no es algo que se posea, sino que se ejerce. </B></div> <div> <B>Los legisladores representan cada uno a millares de ciudadanos anónimos que votan en secreto.</B></div> <div> <B>La Constitución y las leyes electorales establecen que primero se contabilizan los votos por lemas, luego por sublemas y por último por listas, pero nada dicen sobre la "pertenencia" de las bancas. </B></div> <div> <B>Un sector político es incapaz de forzar el cese o renuncia de un legislador que lo abandona. Los artículos 114 y 115 de la Constitución indican que dos tercios de una cámara pueden suspender a uno de sus miembros a pedido del juez penal, y hasta "removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental" o "por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo". </B></div> <div> <B>Suena improbable que el Frente Amplio o el Espacio 609 apelen a la complicidad de senadores opositores para reclamar la banca de Jorge Saravia.</B></div> <div> <B>La discusión es política, no legal. Los argumentos cambian según qué te guste más: el legislador o la lista. Pocos renuncian al cambiar de trinchera. No lo hicieron en 1986, por ejemplo, Carlos Pita ni Víctor Vaillant, cuando uno se fue del Partido Nacional y el otro de la colorada Corriente Batllista Independiente luego de rechazar ambos en la Cámara de Representantes la Ley de Caducidad. Ni el hoy ex senador Pablo Millor una vez que se soltó de la mano de Jorge Pacheco Areco en 1990, meses después de secundarlo en la fórmula presidencial. </B></div> <div> <B>Ni la mayoría de los legisladores de la lista 1001 que se abrieron del Partido Comunista en 1992, ni los diputados Carlos Gamou y Leonardo Nicolini, que en 1996 abandonaron Asamblea Uruguay para fundar Izquierda Abierta. Ni Eleuterio Fernández Huidobro y sus seguidores cuando se largaron del Movimiento de Participación Popular (MPP) y formaron la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad.</B></div> <div> <B>Una excepción es la de Hugo Cores, que renunció a su banca de diputado en 1994 al separarse su Partido por la Victoria del Pueblo del MPP. Bien pudo haberla conservado invocando una representación que, en teoría, le había asignado la ciudadanía en las urnas. </B></div> <div> <B>¿Cómo saber quiénes lo votaron a él, a la lista o a los colores con que estaba impresa?¿Cuántos de los 364.696 ciudadanos que en octubre de 2009 votaron la lista 609 lo hicieron porque Jorge Saravia era el quinto candidato al Senado? Intentar un cálculo así es un ejercicio impertinente. Nadie le regaló el lugar. </B></div> <div> <B>Se lo ganó negociando. Sus compañeros de entonces habrán accedido porque le atribuirían votos propios, destreza legislativa o un asombroso parecido físico con su bisabuelo Aparicio. Sea por la razón que fuera, la dirección del Espacio 609 lo prefirió como senador, por ejemplo, antes que al diputado Ruben Martínez Huelmo (cuarto de la lista a la cámara baja y primer suplente del cuarto candidato a la alta), también de origen blanco y con un parecido físico asombroso con el cantante José Luis Rodríguez, El Puma.</B></div> <div> <B>La trayectoria política de Saravia dentro del Frente Amplio estaba marcada por cierto perfilismo, en ocasiones alentado, o al menos tolerado, por el Espacio 609. En su primera campaña rumbo al Senado, en 2004, reivindicaba para esa lista un "discurso de centro". </B></div> <div> <B>Pocos meses después de iniciado el gobierno de Tabaré Vázquez, se enfrentó con el entonces presidente y con su ministro de Economía, Danilo Astori, a los que presionaba para que se suspendiera el remate de bienes de productores rurales endeudados y para que se tomaran medidas contra el "brutal atraso cambiario".</B></div> <div> <B>En los años siguientes, manifestó su pretensión de sacar a la calle a las Fuerzas Armadas para hacer trabajo policial, de liberar el uso de armas de fuego, de impartir instrucción militar en los liceos y de rebajar la edad de imputabilidad penal. Lanzaba esas iniciativas por la libre, fuera de los canales orgánicos de discusión. El hecho de que en su línea de suplentes no haya dirigentes de su sector sino incondicionales del MPP (el embajador itinerante y ex ministro Julio Baráibar, el director general del Ministerio de Ganadería Alberto Castelar y el ex director de Programa Uruguay Rural, Antonio Vadell) sugiere que la fuga se veía venir.</B></div> <div> <B>El penúltimo chisporroteo entre el Espacio 609 y Saravia no fue programático, sino por la guita: al comenzar el actual período, la cúpula del sector quiso que los legisladores firmaran conformes para asegurarse su adhesión hasta que finalizara. </B></div> <div> <B>La negativa del futuro senador número 10 del Partido Nacional fue otra señal, no la primera. Rebelarse contra el programa del Frente Amplio al defender la impunidad fue el chorro que rebasó el vaso.</B></div> <div> <B>Ante la afrenta, los dirigentes de la 609 deberían, más que pedirle la banca, irse a llorar, no al cuartito sino a la misma cocina donde creían estar armando un atractivo menú electoral con carne blanca.</B></div> <div> <B>Marcelo Jelen</B></div> <div> <IMG SRC="151ec6460.png" border=0 width="454" height="326" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"><FONT SIZE="4" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" > NINO GAVAZZO</FONT></div> <div> La jueza Mariana Mota y la fiscal Mirtha Guianze Nominadas</div> <div> <I>David Rabinovich. Columnista</I></div> <div> La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la sentencia contra los militares José Gavazzo y Ricardo Arab, quienes están condenados como responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados. De esa forma el tribunal supremo desestimó la posibilidad de condenarlos por el delito de desaparición forzada, como había pedido la fiscal Mirtha Guianze.</div> <div> Sólo un integrante de ese tribunal acompañó la tesis de la fiscal quien sostiene que mientras sigan desaparecidos el delito se sigue cometiendo, que fue incorporado como delito en 2006, es de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe.</div> <div> Para el matutino El País “Según la tesis jurídica mayoritaria, los delitos cometidos durante la dictadura prescribirán el próximo 1° de noviembre, al computar el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1° de marzo de 1985 para su juzgamiento. Después de esa fecha no podrían producirse nuevos enjuiciamientos”.</div> <div> Según explica La Diaria, la suprema Corte uruguaya evitó manifestarse en contra de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que -en el caso Gelman-, laudó que la prescripción no puede ser un obstáculo para investigar, juzgar y castigar a esos (y otros) criminales en caso de delitos contra la humanidad.</div> <div> La SCJ desestimó el recurso de la fiscal Guianze, a quien –según El País- cuestionó por buscar "un precedente para hacer valer en otras causas, lo que no es admisible en este proceso".</div> <div> “Hay cuestiones sobre las que no se puede definir. Los Derechos Humanos están en la esfera de lo no definible, como dijo la Suprema Corte de Justicia. Entonces tenemos que ver cada uno cómo defendemos nuestras acciones. Los militares tienen sus defensores de fuste y nosotros también tenemos que estudiar. Es una cuestión de estudio y de buscar jurisprudencia. Yo creo que la jurisprudencia internacional ampara nuestra posición. En Uruguay todavía, salvo contadísimas excepciones, no se recibe la jurisprudencia que el resto de América está adoptando”, dijo la fiscal Mirtha Guianze en el programa ‘No toquen nada’.</div> <div> Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, explicó que “En nuestro país no existe el precedente obligatorio. Es decir que ninguna sentencia obliga a los jueces a dictaminar en el mismo sentido. Sin embargo, esta sentencia tiene mucho peso a nivel de la jurisprudencia porque emana del máximo órgano judicial y ningún juez que resuelva un caso va a poder saltarse o desconocer la existencia de esta sentencia”</div> <div> El farragoso lenguaje jurídico de las argumentaciones contrapuestas, no puede ocultar que la resolución de la CIDH nos obliga a remover la ley de caducidad y todo otro obstáculo para actuar según los pactos internacionales y las exigencias, irrenunciables, de defender los derechos humanos.</div> <div> Tampoco los desplantes nacionalistas de quienes argumentan que “nuestras leyes” no pueden supeditarse a los pactos y compromisos internacionales alcanzan a velar la intención de frenar las investigaciones y nuevos juicios. Los resquicios que dejó el Art. 4 de la ley de Caducidad, ahora en manos de gobiernos de izquierda, permitieron juzgar, condenar y que estén presos algunos de los representantes más significativos de la dictadura.</div> <div> Pero el pacto mafioso es por ahora invulnerable y las respuestas de todos y cada uno de los que saben la verdad, constituyen una gran maniobra de contrainteligencia y ocultamiento.</div> <div> Contra esa actitud, que termina manchando el honor de todos los oficiales que estuvieron en aquellos años en actividad, salvo los que fueron sancionados por oponerse al proceso, no se alzó la voz de miembro alguno de las nuevas generaciones de soldados.</div> <div> Y mal que nos pese, las actuales fuerzas armadas se parecen mucho a la continuidad de aquellas. Eso será así mientras no se deslinden las responsabilidades. Nadie les pretende cargar mochila alguna, pero es difícil evitar que se la echen al hombro, si eso quieren.</div> <div> Es realmente lamentable porque, entre otras consecuencias, nos plantea la imposibilidad de dar vuelta la página luego de un sinceramiento real.</div> <div> Estamos al borde de asistir a episodios de ‘Suprema injusticia en la Corte’. La presión es mucha y los cinco magistrados que integran la SCJ enfrentan varios dilemas.</div> <div> Estaría dentro de sus competencias establecer, según juristas de primera línea, que por obra de la resolución de la CIDH la ley de impunidad no puede ser aplicada y los plazos de prescripción no corren. Que los jueces deben desarchivar todas las causas y que ante el interrogatorio los indagados y los testigos deben decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Los más duros seguirán aferrados al libreto siniestro y a la teoría de los dos demonios. Otros menos comprometidos con el horror, arrepentidos de sus actos o asqueados de su propia cobardía quizá opten por sincerarse. A pesar de la presión que se ejerce sobre subalternos que llamados a declarar son advertidos, por abogados de los centros militares,  de que pueden ser enjuiciados si no guardan silencio.</div> <div> No se puede renunciar al intento de conocer la verdad y juzgar a los culpables. No es mirar el pasado con ojos en la nuca, es pensar en un futuro donde ‘nunca más’ pase cosas como las que pasaron.</div> <div> La inmensa dignidad de fiscales como Mirtha Guianze sirva de guía y ejemplo. No es casualidad los intentos de desacreditarla por parte de quienes fueron voceros y laderos de la dictadura.</div> <div> Vayan unas líneas para la situación que enfrenta la Dra. Mariana Mota. La jueza, que actuó en varios casos importantes, procesó a Juan María Bodaberry, a los Peirano y a varios militares acusados de violar los derechos humanos.</div> <div> A la Jueza penal de 7mo. Turno, la denunció Búsqueda por estar, el 20 de mayo, en la Marcha del Silencio. Los jueces no pueden participar de actos políticos partidarios.</div> <div> En un comunicado la SCJ aclaró que "los ministros de la Corporación no han manifestado malestar alguno en relación a la referida magistrada por su participación en un acto público". La puntualización se hizo necesaria después que El País informara sobre ‘el malestar’ de la Corte con la Dra. Mota.</div> <div> En ese mismo comunicado se dice también que "la doctora Mota ha informado a la Suprema Corte de Justicia tal como le fue ordenado, no habiéndose requerido a la magistrada informe ampliatorio en tal sentido". Y de esa forma la SCJ desmiente otra ‘versión’ de El País.</div> <div> La jueza Mota procesó, el año pasado, al coronel (r) Carlos Calcagno por la "desaparición forzada" de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana. En el fallo la magistrada catalogó como "obsoleto", "arcaico" y "profundamente injusto" el principio de que nadie puede estar obligado a suministrar pruebas contra sí mismo.</div> <div> Entonces el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) hizo una declaración en la que sostuvo que "El principio de no autoincriminación (...) no es obsoleto de ningún modo y sigue constituyendo uno de los pilares de nuestro sistema de garantías de los derechos humanos".</div> <div> En esa oportunidad la fiscal Ana María Tellechea renunció a su calidad de afiliada al Colegio por el cuestionamiento de la organización a la jueza Mariana Mota. Telechea recordó que el CAU "no se ha alzado, como creemos que debía hacerlo, en defensa de la Justicia y de los magistrados que actúan en casos como el que hace mención la sentencia que se critica (...) cuando son atacados o reiteradamente amenazados por la prensa o por otros medios, por los eventuales perjudicados".</div> <div> En este enfrentamiento que divide a los principales actores de la justicia hay mucho más que ‘dos bibliotecas’.</div> <div> Poderosos intereses se mueven a todos los niveles y toman partido. Los medios y los periodistas también estamos convocados a definirnos. Corremos el riesgo, si somos prescindentes, de terminar a las puertas del infierno, en el limbo que creó Dante para los indiferentes.</div> <div> ----------------------------------------------------------------------------------------------------</div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="14a5fe8d0.jpg" border=0 width="510" height="397" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"><FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" > </FONT><FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" >Uruguay: clima político enrarecido</FONT></div> <div>  por Ruiz Pereyra Faget</div> <div> <I>Uruguay está viviendo una situación política paradojal: el empresariado agroexportador está de parabienes porque los precios de sus productos en el mercado mundial van para arriba y las ganancias son extraordinariamente abultadas sin que el gobierno les realice ninguna quita. La Central Obrera también aplaude la gestión del gobierno que ha creado más trabajo y estimula los Consejos de Salarios. Por otra parte, la decisión de los organismos máximos del Frente Amplio, que es la fuerza política que gobierna, con mayoría absoluta en ambas Cámaras, ha resuelto anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares durante la dictadura en el período 1973-1985.</I></div> <div> <B>L</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>a decisión de no juzgar a los militares por sus crímenes fue la consecuencia de un pacto no explícito entre los militares y los políticos que negociaron en 1984 la recuperación de las instituciones democráticas.</B></FONT></div> <div> <B>La teoría que sirvió de base a este pacto, fue la "Teoría de los dos demonios". El primer demonio fue la guerrilla tupamara, de la que el Presidente Mujica fue uno de sus jefes, la que habría provocado la aparición del demonio contrario: la represión militar. El demonio tupataro perdió la guerra y al demonio militar, que ganó, no se le piden cuentas porque ningún vencedor rinde cuentas.</B></div> <div> <B>Esta teoría, proclamada por el ex Presidente, Julio María Sanguinetti, ha sido aceptada por los tupamaros, incluyendo a Mujica, salvo un sector minoritario de este grupo.</B></div> <div> <B>Pero la "Teoría de los dos demonios", es falsa. En la década de los 60' se profundizó en el país la crisis de sus estructuras económicas lo que provocó la unidad del movimiento obrero en una Central Única que emprendió una vigorosa lucha dentro del marco constitucional en defensa de sus conquistas, seriamente afectadas por las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. ´El gobierno del señor Jorge Pacheco Areco (1967-1972) contestó con el Estado de Sitio (13 de junio de 1968) que prolongó durante los cuatro años restantes de su mandato. Los obreros fueron militarizados y el Parlamento sometido a constante amenaza de disolución por el Presidente de la República. El Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaro), había surgido antes pero con escasa penetración en la sociedad. La violencia gubernamental lo fortalecieró rápidamente, especialmente en un sector de la juventud estudiantil.</B></div> <div> <B>No obstante, había importantes fuerzas de izquierda -entre ellas el Partido Comunista- que se oponían a la acción armada, sosteniendo una política que movilizara a grandes masas y a partidos que expresaban los intereses de los trabajadores y de las capas medias de la ciudad y del campo, en torno a un programa de reformas democráticas profundas antioligárquicas y antiimperialistas. El Frente Amplio fue su expresión, constituyéndose el 5 de febrero de 1971. Su presidente fue el general Líber Seregni, un prestigioso militar, perteneciente al Partido Colorado, que rompió con éste y con el señor Pacheco, renunciando al mando de la región militar más importante del país. El MLN no integró el Frente. Para esta organización, la referencia principal en América Latina era el proceso chileno de la Unidad Popular que en 1970 había logrado la victoria electoral de su candidato presidencial, Salvador Allende.</B></div> <div> <B>La estrategia imperialista de impedir las luchas de liberación nacional en América Latina, había comenzado con el derrocamiento del Presidente brasilero Joao Goulart, heredero político de Getulio Vargas. El segundo objetivo, fueron Uruguay y Chile, en junio y setiembre, respectivamente.</B></div> <div> <B>Aunque hay notorias diferencias entre los dos golpes de Estado, ambos fueron instigados por Estados Unidos y su órgano especializado en estos menesteres: la CIA. En Uruguay fue un autogolpe perpetrado por el Presidente de la República, un típico oligarca con inocultables ideas fascistas, Juan María Bordaberry. El de Chile fue un golpe contra un gobierno popular que había elegido la vía democrático-burguesa para realizar profundos cambios económcios y sociales.</B></div> <div> <B>El Frente Amplio no obtuvo en las elecciones de 1971 los resultados esperados pero a la oligarquía y al imperialismo no escapaba que la crisis que carcomía a sus partidos creaba un vacío de poder y que el agrupamiento del pueblo en torno al Frente estaba destinado a ser, en un mediano plazo, una fuerza imparable. Concluyeron que el núcleo principal y más peligroso de la nueva formación, era el Partido Comunista y decidieron, en 1975, no solo destruirlo sin borrar la propia ideología. Los tupamaros ya habían sido derrotados -el 23 de setiembre de 1972 las Fuerzas Armadas proclamaron su victoria absoluta- lo que quiere decir que el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 fue para destruir al Frente Amplio y al Partido Comunista, incluyendo su doctrina. La represión militar durante la dictadura, que alcanzó a víctimas incluso de la fracción mayoritaria del Partido Nacional, como el ex Presidente de la Cámara de Representantes, Héctor Gutiérrez Ruiz, que fue asesinado en Buenos Aires y el fracaso del asesinato del líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, en esa ciudad.</B></div> <div> <B>Todos aquellos que fueron asesinados por sus ideas sin empuñar nunca un arma, no entran en la "Teoría de los dos demonios".</B></div> <div> <B>Puede admitirse en términos realistas que la impunidad haya podido prosperar porque la oficialidad del Ejército, en 1984, involucrada en los crímenes, tenía fuerza para imponer determinadas condiciones aunque había sectores de la izquierda y del Partido Nacional que consideraban que la dictadura tenía tal aislamiento político y una crisis económica incapaz de remontar por sus propios medios, que no podía mantenerse por mucho tiempo. Además el contexto regional (Argentina y Brasil) estaba cambiando. Aun admitiendo la hipótesis anterior de su fortaleza, lo evidente es que hoy no queda prácticamente ningún oficial involucrado en aquella sangrienta represión, salvo alguna excepción.</B></div> <div> <B>El planteo del Frente Amplio de anular una ley inconstitucional, impuesta en su momento por el miedo y el terrorismo mediático de órganos que apoyaron a la dictadura, es ética y políticamente justa.</B></div> <div> <B>En consecuencia, no se explican las vacilaciones del Presidente José Mujica hasta llegar a ejercer una brutal presión el 4 de mayo a la Bancada de Diuputados de su Partido para que renuncien a la iniciativa. Todo en medio de un clima donde figuras de su Movimiento se han negado a votar la ley en el Senado y se agitan  presuntos acuerdos secretos entre el Presidente y el Ministro de Defensa con los militares, en nombre de la "paz social", olvidando lo pasado y "mirando hacia delante".</B></div> <div> <B>El paso dado por Mujica es peligroso pues deja al Frente Amplio en una posición difícil, ya que hay importantes partidos que integran la coalición que no aceptan su interferencia en una cuestión que es programática para la organización.</B></div> <div> <B>Es un error más del Presidente que genera confusión acerca de sus intenciones políticas, cuando tiene un discurso para cada circunstancia, según el secotr social y el lugar que sea, a tal punto que se necesitarían poderes mágicos para encontrarle una línea coherente.</B></div> <div> <B>La posición de los partidos conservadores y los canales de televisión a sus órdenes, es clara si revisamos la historia. La burguesía necesita una "reserva militar estratégica" para utilizarla si las demandas sociales ponen en peligro sus privilegios. Colocan a las Fuerzas Armadas por encima del Estado como "tutora" de su seguridad.</B></div> <div> <B>Por ello, el poner a sus integrantes en el banquillo de los acusados es un atentado a su "honor" que incluye sus crímenes contra su conciudadanos "en defensa de la Patria".</B></div> <div> <IMG SRC="148e44de0.jpg" border=0 width="324" height="222" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <FONT SIZE="4" COLOR="#FFFF00" FACE="Impact" >CARTA A VICTOR SEMPRONI - de JORGE DANIEL DIAZ:</FONT></div> <div> <B>Q</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFF99" FACE="Comic Sans MS" >uerido Víctor, nos conocemos desde hace muchos años. Compartimos muchas batallas. Tú sos un hombre de larga historia; yo te encontré en la resistencia a la dictadura, allá por los 80. Por la estima que te tengo quie...ro compartir algunas opiniones contigo.</FONT></div> <div> Me han dejado desorientado varias de tus actitudes en torno a la Norma Interpretativa de la Ley de Impunidad.</div> <div> No la vas a votar; en serio? Te vas a retirar de sala dejando al Frente Amplio sin votos? Me cuesta creerlo.</div> <div> Tus porqués, me resultan totalmente cuestionables y de eso quiero hablar.</div> <div> Empecemos por lo básico: tu votaste el primero de los proyectos que este mismo año se presentara a Diputados. Este, el que ahora se va a discutir es el mismo (aunque mejorado, siempre con la discusión y el concenso de todo el Frente Amplio). Si votaste aquél, porqué vas boicotear éste? No te entiendo.</div> <div> Qué pasó contigo?</div> <div> Qué pasó en el medio?</div> <div> La opinión del Pepe y su visita al Parlamento, su charla con los 50 diputados, incluyéndote?</div> <div> Te escuché hablando de que al Pepe no lo vas a dejar sólo. No me parece un buen argumento, por más que le debas tu banca a él y al Frente Amplio.</div> <div> La lealtad primera de un hombre de izquierda, no es hacia una persona, es hacia las ideas que esa misma izquierda fue construyendo a lo largo de décadas. Tengo mucho afecto por el Pepe, lo cual no me impide discrepar y manifestar esas discrepancias cuando se dan.</div> <div> Pero que un hombre con tu trayectoria militante, esté dispuesto a consolidar la Impunidad de quienes asesinaron, desaparecieron, masacraron a tus compañeros, me deja desconcertado.</div> <div> No tendrían que ser objeto de tu lealtad, en primer lugar, aquellas compañeras, aquellos compañeros, que fueron víctimas del más repugnante Terrorismo de Estado?</div> <div> Si ocurre, confío en que no, que no levantes la mano y consolides la Impunidad (dejémonos de eufemismos politiqueros, en el fondo de eso se trata), en el mismo momento esa mano se llenará con la sangre de los compañeros que estás traicionando. Esa mano, que vas a esconder, se llenará de las lágrimas y el dolor infinito de sus familiares. De las queridas Viejas que se nos murieron sin saber nada de sus hijas o hijos.</div> <div> Te das cuenta que estás condenando a nuestros desaparecidos, ha seguirlo siendo por el resto de la historia? Sos conciente que si no levantas la mano o te vas de sala consagrando la Impunidad, volvés a desaparecerlos? Y el horror caerá sobre vos.</div> <div> Me pregunto, te pregunto: no deberías ser leal hacia conceptos “sagrados” de nuestra sociedad, como el ser todos iguales ante la ley? Leal ante una República que estará renga mientras su Justicia no recupere la potestad de… justamente eso, hacer Justicia?</div> <div> Te he escuchado despotricando contra el Frente Amplio. En un estilo de “guapo” (onda Saravia o Larrañaga), dijiste que el Plenario Nacional no te obliga. Entonces, por qué integraste las listas del Frente? Cuando lo hiciste, te estabas sometiendo a las reglas democráticas de la fuerza política que te llevo al Parlamento.</div> <div> Porque, querido Víctor, ambos sabemos que sin esa bandera del Frente Amplio protegiendo tus aspiraciones electorales, jamás hubieras ocupado una banca. Sólo con el abrigo de esa “colcha de retazos”, tu podés acceder al escaño que hoy ocupás.</div> <div> No quiero faltarte el respeto, pero todos sabemos que fuera del Frente Amplio, como hombre convocante en el ejercicio de la Política, tu no “existirías”. Nunca tendrías los votos para estar donde estás.</div> <div> Entonces, te pido lealtad hacia la fuerza que te dio el cargo legislativo que hoy ocupás. No tenés derecho a lastimarla, a herirla, a escupir sus reglas de juego, porque cuando fuiste en una de sus listas, aceptaste sus códigos, sus valores y su funcionamiento democrático interno.</div> <div> Pero si aún sigue siendo más importante que todo eso, ser leal a un hombre, pensalo. El jueves levanta con orgullo la mano y votá la Ley Interpretativa. Porque, de lo contrario, todos tendremos el derecho de pensar que lo único que cambió entre aquella ley que ya votaste y esta, es la reunión de Mujica con los 50 diputados. Y no faltarán aquellos que especulen con que vos estás haciendo el juego que nuestro presidente te pidió. Para decirlo en términos duros, vos estás haciendo el “trabajo sucio”.</div> <div> No es cierto, pero la idea o la sospecha quedará instalada en amplios sectores de la sociedad. Y la derecha no tardará en recordarlo. Primero blancos y colorados te aplaudirán; luego te harán pedazos, a vos y al Pepe.</div> <div> Y allí sí, entonces, estarás haciendo un daño grave, muy grave, a nuestro Presidente. Estarás hiriendo directamente su imagen y credibilidad.</div> <div> Simplemente Víctor, te pido un poco más de humildad en tus declaraciones. Y lealtad hacia los valores fundamentales por los cuales, alguna vez luchaste. Lealtad hacia el Frente Amplio que te permitió ser diputado. Y, hacia los que cayeron. Vos sobreviviste. Muchos de tus compañeros no. No los abandones.</div> <div> <B>JORGE DANIEL DIAZ</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> ------------------------------------------------------------------------------------------</div> <div> FUNDACION MARIO BENEDETTI - URUGUAY </div> <div> <IMG SRC="145b54980.jpg" border=0 width="340" height="408" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> Fundación Benedetti entrega a la jueza Motta informe sobre 19 muertos por tortura entre 1973 y 1976 - <FONT SIZE="4" COLOR="#99FFCC" FACE="Impact" >La Fundación Mario Benedetti entregó a la jueza penal Mariana Motta la investigación por la muerte de 19 militantes de izquierda entre 1972 y 1976, durante la presidencia de Juan María Bordaberry.</FONT></div> <div> S<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial Black" >e trata de la primera investigación de derechos humanos financiada por la fundacíón creada a partir de la muerte del escritor en 2009. Benedetti pidió a sus albaceas que el dinero fuera destinado a actividades culturales, pero también a investigaciones sociales relacionadas con la historia reciente.</FONT></div> <div> Fundación Benedetti contrató al periodista Roger Rodríguez como coordinador de un equipo que integran una veintena de estudiantes universitarios de distintas disciplinas. El equipo ya tiene en proceso nuevas investigaciones sobre asesinatos ocurridos durante la dictadura militar.</div> <div> Los casos que llegaron a la jueza Motta integran la llamada "Megacausa" y podría llevar a estrados judiciales militaresretirados y en actividad en carácter de testigos e indagados. Estas investigaciones se llevarán a cabo por fuera de la Ley de Caducidad cuya anulación se buscar aprobar esta semana, e incluso por fuera de las anulaciones de los actos administrativos que inauguró el presidente Mujica la semana anterior al abrir la investigación por el asesinato del militante comunista Álvaro Balbi.</div> <div> A fines de la semana pasada, la Fundación Benedetti, entregó el documento a la jueza Motta. El hecho fue confirmado por la magistrado a Subrayado esta mañana.</div> <div> Tanto la jueza Motta como la fiscal Ana María Tellechea habían abierto una investigación que llevó al procesamiento de Bordaberry por atentado a la Constitución y a su vinculación a delitos de lesa humanidad en el ejercicio de la presidencia.</div> <div> Dentro de la megacausa "Organización de los Derechos Humanos" hay militares que que están retirados, pero hay otros que swe encuentran en actividad. El informe forma parte de un presumario, por lo cual no es posible dar a conocer otros detalles.</div> <div> Las muertes de los 19 militantes, en su mayoría comunistas o tupamaros, ocurrieron entre 1973 y 1976.</div> <div>  La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad para los 19 casos el lunes 1° de noviembre. El caso fue anexado por la fiscal Ana María Tellechea a la causa Bordaberry.</div> <div>  LOS CASOS INVESTIGADOS</div> <div> Gerardo Alter y Walter Arteche murieron el 19 de agosto de 1973 en el Batallón Florida de Infantería N° 1. Ambos eran militantes tupamaros.</div> <div> En el Batallón de Infantería N° 13 murieron tres militantes. Carlos Argenta falleció allí el 16 de diciembre de 1975.</div> <div> En ese regimiento murieorn Silvina Saldaña el 13 de junio de 1976 y Hugo Pereyra Cunha el 28 de agosto de 1977.</div> <div> En el batallón de Ingenieros N° 1 fallecieron Iván Morales el 21 de noviembre de 1974 y Julián Basilicio López el 5 de enero de 1976. Este último era afiliado al Partido Comunista del Uruguay (PCU).</div> <div> En el Batallón de Ingenieros N° 4 murieron Amelia Lavagna el 29 de abril de 1975,  Eduardo Mondello Techera el 9 de marzo de 1976.</div> <div> En el Batallón de Infantería N° 2 ubicado en Camino Maldonado murió el militante comunista Nuble Yic el 15 de marzo de 1976</div> <div> En el Regimiento de Caballería N° 2 de Durazno Oscar Fernández falleció el 24 de mayo de 1973.</div> <div> Ese mismo año, el 13 de diciembre de 1973 muere en el Hospital Militar Gilberto Coghlan, luego de ser torturado en el Regimiento de Caballería N° 4.</div> <div> Aldo Perrini murió el 3 de marzo de 1974 en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia</div> <div> Carlos Cruchaga (PCU) falleció el 26 de setiembre de 1975 en la Dirección de Inteligencia policial luego de ser torturado.</div> <div> En el Batallón de infantería N° 8 de Paysandú murió el comunista Ivo Fernández.</div> <div> El militante tupamaro Pedro Lerena murió el 27 de febrero de 1976 en el Regimiento de Caballería N°9.</div> <div> En el Batallón de Infantería N° 4 falleció Oscar Olivera, el 27 de febrero de 1976.</div> <div> En marzo de 1976 murió Nicanor Aldabadle en la División del Ejército N° 4 de Lavalleja.</div> <div> El último fallecido que integra la causa "Organización de los Derechos Humanos" es Humberto Pascaretta, quien murió el 4 de junio de 1977 en el Hospital Militar.</div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> -----------------------------------</div> <div> <IMG SRC="1443286c0.jpg" border=0 width="552" height="364" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" >RESTITUCION</FONT></div> <div> Un libro rescata la vida de los padres de Mariana Zaffaroni, desaparecidos en Argentina hace 35 años.</div> <div> <I>Ante un auditorio repleto, con la emoción a flor de piel y numerosas evocaciones a María Ester Gatti, se presentó ayer Los padres de Mariana. María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni: la pasión militante, una publicación de François Graña que intenta explicar a Mariana y a la generación de sus hijos y nietos por qué los jóvenes de los 60 y 70 tomaron las decisiones que tomaron, como traer hijos al mundo en momentos difíciles.</I></div> <bR> <div> <I>“Al fin llegó el día. Quiero conocer a mis padres. Y como sólo puedo reconstruirlos les pido a ustedes, que los conocieron, que me los acerquen. [...] Cualquier detalle será bien preciado, yo, lamentablemente, no tengo de ellos ningún recuerdo, por eso agradeceré enormemente a todos ustedes que si los tienen, los compartan conmigo. Les ruego me disculpen si les pido que recuerden cosas dolorosas”. </I></div> <div> <I>Así decía un correo electrónico difundido por Mariana en agosto de 2009 y que motivó a Graña, doctor en sociología, a escribir el libro sobre María Emilia y Jorge, desaparecidos en Buenos Aires en setiembre de 1976.“Para mí es un acto de amor”, expresó ayer Macarena Gelman. Entender la “pasión militante” de sus padres “es una inquietud que compartimos con Mariana”, dijo. </I></div> <div> <I>“Me resulta muy raro conocer a estos jóvenes y no a los adultos que deberían haber sido. Cuando ellos desaparecen son más chicos que nosotros”, señaló. “Colabora a que se entienda el pasado”, completó Lucía Zaffaroni, tía de Mariana, cuya identidad fue restituida a sus 17 años. </I></div> <div> <I>“Esta historia tiene final feliz. Mariana está con nosotros, también mi madre [Marta Castilla] pudo tener en sus manos a su bisnieta Agustina, la hija mayor de Mariana y nada menos que la nieta de Jorge. Y María Ester pudo tener la relación que quería con Mariana”, valoró Lucía.“Estoy muy nerviosa y muy emocionada”, se disculpó Mariana y leyó unas palabras que había llevado preparadas. “Gracias por entender la búsqueda que comencé en aquel e-mail de agosto de 2009. </I></div> <div> <I>Gracias por dedicar tanto tiempo y energía para regalar a mis padres. </I></div> <div> <I>El trabajo realizado es para mí un milagro que me permitió asomar a sus vidas y a sus ideas”, afirmó. El libro llenó “con creces las expectativas planteadas” por ella en aquel correo electrónico.“Con claridad, con sencillez y con mucho rigor científico describe acertadamente una época compleja que, vista con los cristales de hoy, puede resultar incomprensible. No puedo dejar de mencionar el enorme privilegio que siento por la posibilidad de tener toda la historia de mis padres contada en un libro. </I></div> <div> <I>Lamentablemte no todos los hijos de desaparecidos tienen esta posibilidad”, expresó.Y así cerró: “Por sobre todas las cosas quiero agradecer a mis abuelas, a mis tías y a mis tíos por su incansable determinación para buscarme, por su paciencia y comprensión para acompañarme en el difícil tránsito de hacerme cargo de mi historia. </I></div> <div> <I>Y por el cariño y la alegría con que me recibieron cuando por fin quise reunirme con mi familia.</I></div> <div> <I> Lamentablemente, ninguno de mis abuelos puede estar hoy aquí, pero sin duda nos acompañan junto con sus hijos, mis padres”.</I></div> <div> <I>Un largo camino</I></div> <div> <I>La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos difundió un comunicado en el que reflexiona sobre el debate que se está dando en torno a la Ley de Caducidad. “El grave problema de la impunidad se unilateraliza, se caricaturiza, se banaliza y genera aun más confusión en la opinión pública”, advierten los familiares, y agregan que “no se puede responsablemente seguir acumulando idas y venidas, malentendidos y entredichos”.Señalan que la Ley de Caducidad es inconstitucional y es “una de las fuentes de impunidad, pero no la única”. Recuerdan que el Estado no cumplió aún con “su obligación de investigar e informar la verdad”, para lo cual no está impedido por ninguna ley, “ni antes ni ahora”. “El Estado sigue teniendo zonas de no-control sobre parte de sus funcionarios”, y “los que realmente saben qué pasó callan”, reclaman. Consideran que no hay “camino a la verdad sin una investigación profunda” de lo sucedido. “Esto no se arregla “cortando el nudo”, tomando el atajo de soluciones en el papel”, indican. Entienden que debe generarse “un nuevo clima que ayude a lograr que la verdad se abra camino” y que es preciso una “rectificación de la doctrina y la formación democrática de las instituciones armadas”.</I></div> <div> <I>Lourdes Rodríguez</I></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <I>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++</I></div> <div> <IMG SRC="143f80200.jpg" border=0 width="384" height="288" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" >costanza moreira se explica:</FONT></div> <div> <B>N</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial Black" >o fue sencilla la Mesa Política del Frente Amplio (fa) que tuvo lugar ayer jueves, tras conocerse la carta de Mujica, la nueva propuesta de derogación de la ley (la idea de hacer una nueva ley de derogación a la que se sumarían decretos del Poder Ejecutivo anulando sus decisiones anteriores en unos ochenta casos) y la incertidumbre acerca del proyecto interpretativo que se acordó sancionar definitivamente el día 19 en Diputados. </FONT></div> <div> Pero triunfó la cordura, el principio de unidad, y la vieja consigna de Seregni: “concertemos”.Y es que cuando pareció sortearse el principal obstáculo (la obstinada resistencia de algunos senadores a votar la ley, lo cual sólo se consiguió modificándola), la aparición del presidente en la cámara de diputados manifestando sus reparos fue entendida por muchos como la última presión capaz de ser metabolizada por una fuerza política, que aún maltrecha, da signos de una vitalidad para muchos sorprendente.De allí hasta acá, la llamada “solución Risso” (una nueva ley sumada a la intención del Poder Ejecutivo de hacer una serie de decretos) cobró alguna fuerza: hubo quienes dijeron que era una solución jurídicamente mejor. Pero a poco de levantar vuelo, esta propuesta sufrió la misma suerte que la anterior.</div> <div>  Objeciones y más objeciones. Tenía el inconveniente, además, de que llevarla adelante suponía para el fa levantar aquel acuerdo que tan costosamente se había construido.También la carta del presidente Mujica a Jorge Brovetto del día lunes, abrió matices. En ella el presidente afirmó que no manda “dar marcha atrás” en la decisión adoptada por el Plenario. De hecho, comienza señalando lo que piensa, y al subrayar esto señala la diferencia entre compartir una reflexión y afirmar una voluntad. No dice: voy a vetar. No dice: den marcha atrás. En síntesis, dice lo que piensa, no lo que mandata. Es más: dice que los dados están echados. </div> <div> Y pide que no se aumenten los costos de la decisión, que ya han sido cuantiosos (y lo seguirán siendo).Para ello aconseja manejar las discrepancias sin dejar heridas irreparables. ¿Cómo se hace? Dando la lucha por lo que pensamos, y debatiendo una y otra y mil veces si fuera necesario. </div> <div> Pero si no hemos logrado convencer a los otros, si con nuestros argumentos quedamos en franca minoría entre los nuestros, entonces, debemos obedecer lo que las mayorías de nuestra fuerza política decidan. No va a ser gritando ni a golpes de puño con lo que logremos imponernos. Porque la política es el arte de convencer. Es lo que viene después de superada la violencia, la ley del garrote, el primado del que grite más fuerte. La política es el fin de la fuerza: cuando adviene la política, ya no podremos aplicar la fuerza para que nos obedezcan: debemos convencer. </div> <div> Y esta es la única libertad política que existe: no la de hacer lo que queramos, sino la de someternos voluntariamente a una regla que se aplica tanto a mí como a los otros, y bajo la cual todos somos igualesQuienquiera que pretenda hacer primar su voluntad individual sobre los otros, sobre los cientos o miles que se expresan a través de la voluntad colectiva, estará cometiendo un abuso. </div> <div> Un acto de violencia (y esta es la razón básica por la que Mujica no quiere imponerle el veto presidencial a su propia bancada). ¿Qué clase de colectivo podría funcionar con las arbitrarias voluntades de aquellos que lo integran? Ninguno. </div> <div> Y es por ello que si alguien, interpretando la voluntad del presidente, quisiera desobedecer las decisiones soberanas de un plenario, de un congreso, de un partido, sólo habrá de traicionarlo. Nadie en su sano juicio podrá decir “que el presidente lo mandó”, porque si pone en riesgo la unidad del Frente sólo habrá trabajado en perjuicio del gobierno que dice defender. Mañana, el voto de otro podrá no estar, usando como pretexto el mismo argumento, y el gobierno se empantanará, inevitablemente. Este es el delicado equilibrio que el Frente Amplio no puede romper. </div> <div> Sobre esto, vaya si saben blancos y colorados, y especialmente los primeros, cuando tenían que construir costosas mayorías en el parlamento, que muchas veces duraban unos pocos meses, o se referían a un limitado número de asuntos. El fa tiene una mayoría propia: ajustada, pero mayoría.</div> <div>  Hay que cuidarla.Es cierto que sólo el gobierno del Frente Amplio ha avanzado en el tema de derechos humanos en el país. Y ello queda demostrado con el propio uso de la ley de caducidad en los últimos veinticinco años. Pero el fa puede o no puede hacerlo. Puede no avanzar en los temas difíciles y espinosos, y avanzar en cambio en otros, de trámite menos complicado o doloroso. </div> <div> <B>Son elecciones. </B></div> <div> Y depende mucho de la movilización de las personas y de las organizaciones que empujan, presionan, cuestionan, protestan.Hoy estamos en la “encrucijada de los derechos humanos”. Ni más ni menos. </div> <div> Es mucho lo que se ha hecho, y es un momento decisivo. Todas las señales están de nuestro lado; la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que “recorramos la vía legislativa” para eliminar la ley, dos plenarios del fa, nuestro programa, una carta muy sentida que va sumando firmas de frenteamplistas pidiendo fin a la impunidad. </div> <div> Hay que saber leer las señales. No son unívocas, y ¡¿cómo podrían serlo?! Pero el reclamo por el fin de la ley de caducidad se va transformando en clamor. Llegó el momento de cambiar. Es un monstruo grande y pisa fuerte: no lo haremos sin costos.</div> <div> Costos.</div> <div>  ¿Cuántos asumimos? El Presidente cree que el Frente asume unos costos políticos muy importantes cuando pasa por encima de la “voluntad popular”. Yo creo que la “voluntad popular” no es lo que está en juego. Que no “le pasamos por arriba a dos plebiscitos”. Que el referéndum por el voto verde de 1989 fue un fracaso, pero sólo en parte. Y que hicimos lo correcto. Este referéndum fue el primero, y nos ayudó a entender (y a poner en práctica) ese mecanismo de la democracia directa. </div> <div> Sin el referéndum de 1989, ¿hubiéramos hecho el de 1992, cuando derogamos la ley que privatizaba las empresas públicas? Pero claro que veinte años después, decidimos que esa derogación, fracasada, podía volverse a revisar. ¡Y cómo no! Hoy el Estado tiene vigente y no caduca su facultad de investigar y castigar. Terminó la caducidad, de hecho. Hagamos que termine de derecho.Todos asumimos responsabilidades por ello. Y por la suerte del Frente. </div> <div> Y por todas y cada una de las decisiones que tomemos. Y se comete una injusticia cuando se dice que no se han asumido responsabilidades por perder el plebiscito de 2009. ¡Vaya que se asumieron! Pero se corrió el riesgo. </div> <div> El riesgo de perder. Y de eso se trata: animarse. Correr riesgos. Hacer política en serio cuando se nos trata de convencer de que la única política posible es “administrar lo que está”.Cuando elegimos a Mujica como candidato primero, y como presidente después, corrimos riesgos. Pero apostamos por Mujica, porque era él quien nos parecía nuestro mejor intérprete. ¡Y claro que fue un riesgo! Porque todos los que luchan, todos los que no se resignan a un orden de cosas que es bueno para algunos pero injusto para la mayoría, todos los que no se adaptan aceptan riesgos. </div> <div> Cambiar es aceptar un riesgo.Cuando dimos la batalla por el voto rosado, asumimos ese riesgo. Y es porque se dio la batalla electoral por la anulación por lo que hoy estamos acá. Si no hubiéramos arriesgado en octubre, ahora no estaría una nación entera discutiendo los derechos humanos. Quizá sólo hubiéramos aplicado el artículo 4 y nada más. La gran discusión está instalada gracias al plebiscito: porque la consulta ciudadana ayudó a formar voluntades, a movilizar gente, a discutir entre miles lo que antes se negociaba entre unos pocos.</div> <div> <B>Perdimos entonces. </B></div> <div> Pero hoy volvemos por nuestros fueros. Como siempre lo hemos hecho. Contra las privatizaciones. Por el 4,5 por ciento para la educación. Por el voto en el exterior. Por la despenalización del aborto. </div> <div> Contra la ley de caducidad. No hay lucha que no triunfe sino después de mucha acumulación de fuerza. El plebiscito permitió acumular fuerzas. No estaríamos acá, si no fuera por la tozudez de los que empezaron a juntar firmas, contra viento y marea, hace ya mucho tiempo.Los presidentes y los gobiernos deben gobernar; administrar el complejo aparato del Estado; dar seguridad, educación, salud y bienestar a sus ciudadanos. </div> <div> Pero la fuerza política necesita pensar, debatir, cuestionar el mundo en el que vivimos, ser la fuerza que piense el futuro, que sueñe, que proyecte. Cuando decimos y repetimos que la fuerza política no es la “correa de transmisión del gobierno” sino que está para pensar “más allá” del gobierno, debemos ser conscientes de que hoy, en esta encrucijada, es necesario ser coherentes con este principio. </div> <div> Y esto es lo que estamos haciendo: asumiendo el costo. Asumiendo el riesgo. Animándonos a hacer lo que nadie ha hecho hasta ahora. Acumulando un poco más en la línea que comenzó en 2005, con las primeras excavaciones. </div> <bR> <div> Es difícil. Pero, como decía el propio Mujica en 2004: “vos sabés que se puede"</div> <div> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</div> <div> <IMG SRC="12d412dc0.gif" border=0 width="274" height="220" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" >Caso Peré: nueva pericia  relativiza el informe del ITF: </FONT><FONT SIZE="5" COLOR="#FFFF00" FACE="Comic Sans MS" ><B>Berro. Su dictamen cuestiona certeza del impacto de bala por la espalda</B></FONT></div> <div> <B>E</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>l ex catedrático grado 5 en medicina forense y ex director de la Morgue Judicial, Guido Berro, presentó un informe técnico sobre los restos del joven militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), Ramón Peré, donde cuestiona y relativiza las conclusiones de una pericia previa del Instituto Técnico Forense (ITF), sobre el cadáver.</B></FONT></div> <div> <B>Los especialistas del ITF concluyeron que la muerte de Peré se produjo por un "disparo de arma de fuego, de pequeño calibre, probablemente un revólver 22, desde una distancia de 40 o 50 metros. El proyectil ingresó por la región dorsal (espalda), impactó en la vértebra nº 11 y afectó el corazón".</B></div> <div> <B> El análisis de los restos permitió constatar, además, un fuerte golpe en el cráneo.Sin embargo, el informe presentado por el doctor Berro, el pasado viernes 11, cuestiona y relativiza las conclusiones de los peritos del ITF, en virtud de discrepancias técnicas y teóricas con los medios utilizados para formular las conclusiones, según expresó el abogado Miguel Langón a LA REPUBLICA.El nuevo examen de los restos del malogrado joven fue solicitado por la defensa del coronel (r) Tranquilino Machado, único imputado por el crimen de Peré, ante una serie de cuestionamientos "formales" contra la pericia del ITF, entre ellos, la posibilidad de no estarse ante los restos de Peré. </B></div> <div> <B>El pedido se sustentó en un informe elaborado por el propio Guido Berro, tras un análisis preliminar del expediente. El nuevo examen de los restos se concretó el viernes 25 de febrero.En este sentido, el nuevo informe de Berro manifiesta la certeza de estarse ante los restos de Peré, pero cuestiona las técnicas utilizadas para el análisis de los restos ("porque dificultan futuras autopsias") y refuta la inclinación de ingreso de la bala y el calibre del arma utilizada para dar muerte a Peré, explicó Langón."Peré fue muerto de un solo disparo, pero se refuta la inclinación de ingreso del disparo y la precisión del calibre del arma, por cuanto el mismo no puede determinarse. Asimismo, no puede decirse con certeza que el disparo haya sido efectuado por la espalda, aunque sea una probabilidad", explicó Langón. </B></div> <div> <B>En tanto, el informe de Berro descarta la existencia de una fractura en el cráneo producto del accionar militar durante el operativo, por cuanto es una "herida soldada y antigua", señaló el abogado.Sin embargo, "el problema de la penetración de la bala no es relevante en la causa, lo fundamental es que la muerte de Peré se produjo en el marco de un enfrentamiento, de una acción de combate. </B></div> <div> <B>Es una tragedia, pero fue un acto de combate", expresó Langón. En este sentido, el abogado estimó la inexistencia de material probatorio para atribuir responsabilidad penal contra Machado. "Jurídicamente no se puede procesar porque no hay semiplena prueba, y hoy a más de cuarenta años de los hechos, es imposible encontrar algún otro elemento que pueda ayudar a la Fiscalía (en sus imputaciones)". "Estamos ante declaraciones contradictorias de un testigo y dos oficiales, en el mejor de los casos es una situación de duda", dijo Langón.</B></div> <div> <B>-----------------------------</B></div> <div> "NO ES UNA PERICIA"</div> <div> <B>E</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial" ><B>l abogado Oscar López Goldaracena, querellante en la causa por el crimen de Ramón Peré, en julio de 1973, relativizó el resultado del informe del doctor Guido Berro, por cuanto "no es una pericia, sino una declaración de parte", ya que fue efectuada a pedido de la defensa del oficial imputado.El informe de Berro "jurídicamente está teñido de subjetividad, porque es una declaración de parte, por lo que no tiene el valor probatorio de una pericia". Por tanto, "no es ni puede ser un elemento de guía técnica para el juez en su futuro pronunciamiento", señaló López Goldaracena a LA REPUBLICA."A nuestro juicio, (el magistrado) debería basarse en la pericia oficial del ITF donde se concluye que Peré fue muerto por la espalda, tal cual lo prueban los testimonios", expresó el abogado. En este sentido, el abogado insistió en rebatir la tesis del "enfrentamiento" promovida por la defensa del coronel (r) Tranquilino Machado, por cuanto Peré "no estaba armado, ya que no había armas en la ocupación de la Facultad de Veterinaria". "Peré fue ejecutado por la espalda", concluyó López Goldaracena.</B></FONT></div> <div> --------------------------------------------------------------------------------------------</div> <div> <IMG SRC="129bb97b0.jpg" border=0 width="185" height="123" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <U>EL TESTIMONIO DE LA URUGUAYA ANA MARIA SALVO EN EL JUICIO POR AUTOMOTORES ORLETTI ;</U></div> <div> Cara a cara con represores del Cóndor</div> <div> <I>Fue secuestrada el 14 de julio de 1976, llevada a Automotores Orletti y después a Montevideo. Reconoció a varios represores, entre ellos a Raúl Guglielminetti, Osvaldo Forese y Honorio Martínez Ruiz.</I></div> <div> <I><IMG SRC="129c219e0.jpg" border=0 width="289" height="158" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> </I><FONT SIZE="2" COLOR="#00FFFF" FACE="Cooper Black" ><I>verdugos de ORLETTI</I></FONT></div> <div> Por Alejandra Dandan</div> <div> E<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial Black" >n el sala de audiencias volvieron a escucharse los nombres de varios represores. Ana María Salvo viajó desde Uruguay para declarar en la causa por los crímenes cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Frente a ella, con la misma campera beige que suele usar en los últimos días, la escuchaba el represor Raúl Guglielminetti, el mismo que ella nombró con el alias de “Ronco”. El mismo que luego reconoció en una carpeta de imágenes viejas. </FONT></div> <div> El mismo que la sacó de la casa de su hermano el día de su secuestro.Ana María es una de las víctimas uruguayas que sumaron su declaración en la causa de Orletti, desde donde operaron fuerzas conjuntas uruguayas y argentinas en el marco del Plan Cóndor.</div> <div>  Por donde pasaron además Carlos y Manuela Santucho, hermanos de Roberto Santucho. Y en donde los militares asesinaron sumergiendo en un tacho de agua de unos 200 litros a Carlos Santucho. Ana María, como lo habían hecho otros testigos, también habló de ese episodio. </div> <div> Nombró entre quienes estuvieron alrededor de esa muerte a Pajarovich, alguien “escandaloso”, dijo, que se vanagloriaba y se ufanaba de lo que hacía. Pajarovich es Honorio Martínez Ruiz, que metros atrás la miraba, a muchos años de ese momento, esta vez sentado entre los acusados, con la necesidad de levantar la vista para pedir ir al baño, esperar a que un guardia se le acerque, le ponga las esposas en las manos y por un momento lo saque de la sala.Al lado de Guglielminetti suele sentarse su abogado Pablo Labora, encargado de hacer las preguntas y escudriñar densamente a los testigos cuando hablan.</div> <div>  Ana María intentó no mirarlo, percibía los ojos del abogado frente a su cara.</div> <div> <IMG SRC="129d139e0.jpg" border=0 width="275" height="158" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <IMG SRC="129e139e0.jpg" border=0 width="275" height="158" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> Ana María Salvo llegó a Buenos Aires en abril de 1974. Hasta ese momento, era militante estudiantil, participaba de las actividades contra la dictadura uruguaya y había sido detenida en su país por las Fuerzas Armadas. Su pareja ya se había trasladado a Buenos Aires, él era militante sindical y estaba requerido en Uruguay. En Argentina, Ana María tuvo a su segundo hijo y dejó la militancia para criar a los chicos. Estudiaba enfermería y empezó a trabajar en un geriátrico. El 14 de julio de 1976 fue a visitar a su hermano, que vivía en un departamento de la calle Venezuela. </div> <div> Cuando tocó timbre la recibió una patota de civil que se presentó como “fuerzas conjuntas uruguayas y argentinas”. Le preguntaron quién era. Ana María vio la casa vacía. No estaban su hermano ni la familia, y tampoco estaban el televisor ni los equipos de música. </div> <div> En un vehículo particular la trasladaron a lo que muchos años después supo que era Orletti. La cortina metálica que se abría, muchos de sus compañeros tirados en el piso de ese taller manchado de aceite y de grasa. A poco de llegar, la subieron a una de las habitaciones de la planta alta, la sentaron ante un escritorio y le sacaron la venda.“Se aproxima un militar uruguayo –dijo–. Reconocí la voz porque me había interrogado en Uruguay, era Manuel Cordero.” Y Cordero le dijo: “Somos viejos amigos”. Con él estaba José “Nino” Gava-zzo. Cordero le aseguró que sabían que ella ya no estaba militando, que buscaban a su hermano, que ella era una “gila”, pero, recordó ella, “que igual me la iba a tener que comer, que ahí iba a encontrar a alguno de mis conocidos: ‘Los estamos haciendo pelota`”.Habló de los gritos de personas, “no me cabe ninguna duda de que eran torturados”, del ruido del tren, y del “escándalo”.–¿Puede explicarme qué quiere decir cuando dice escándalo? –preguntó el fiscal Guillermo Friele.–Es que estaban los presos ahí tirados, los gritos, alguna vez hubo una fiesta ahí con mucho escándalo, como si estuvieran todos borrachos, todo el tiempo eran escenas de mucha agresividad.</div> <div> <IMG SRC="118d71840.jpg" border=0 width="113" height="132" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <IMG SRC="12a0139e0.jpg" border=0 width="275" height="158" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0">  <IMG SRC="111f26aa0.jpg" border=0 width="294" height="170" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> Ana María está convencida de que un día después de esa fiesta comió la única comida. Normalmente les daban un pedazo de pan, si se los daban, pero ese día hicieron un guiso, creo, dijo, “con las sobras del día anterior, porque en la comida había escarbadientes, chapitas, por lo menos a mí me tocó un escarbadientes”. Poco más tarde, habló de la persona que habría preparado ese guiso, lo nombró como el “Jovato”, el alias de Aníbal Gordon.En medio de otro escándalo, esta vez discusiones entre argentinos y uruguayos por parte del botín, se montó el operativo clandestino para llevar a un grupo de uruguayos de regreso a su país.</div> <div> Varios testigos ya hablaron del edificio de la SIDE uruguaya en Boulevard Artigas, en Montevideo. Explicaron que pasaron de visita los militares argentinos. Ella lo repitió. También habló de Claudia García Iruretagoyena, madre de Macarena Gelman y nuera del poeta Juan Gelman. “La guardia hablaba de una mujer embarazada, una noche hubo movimientos para que llamen a una ambulancia, decían que había que llevarla al hospital militar, que si no se apuraban el bebé iba a nacer adentro”. El bebé volvió. “Me dijeron –dijo ella– si yo sabía preparar una mamadera porque sabían que yo tenía hijos chicos y se sentían llantos de un bebé.”Cuando a ella la secuestraron, pudo ver a sus captores porque no tenía los ojos vendados. Ayer mencionó sus alias. Habló del Flaco, de Ronco o Guglielminetti y de Paqui u Osvaldo Forese, a quien luego vio dentro del centro, al que describió como otro de los escandalosos: “Cuando estaba él, el clima en el centro clandestino era de un terror bastante grande”.Ronco seguía ahí, en la audiencia. También Pajarovich. A pedido del fiscal, ella revisó una carpeta de fotos viejas. Señaló a Paqui, a Ronco y a Pajarovich.</div> <div> <IMG SRC="112577030.jpg" border=0 width="375" height="259" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> –Perdón, señora –le preguntó la defensa oficial de Martínez Ruiz–, si usted dice que adentro del centro estaba vendada, ¿cómo identificó a Pajarovich?Ella respondió: –Por debajo de las vendas se veían algunas caras, puedo tener más o menos detalles, algunas las puedo reconocer, otras no.Pajarovich había vuelto del baño. Los mocasines negros lustrados, el traje azul. Al lado estaba Eduardo Ruffo y contra la pared Eduardo Cabanillas.</div> <div> Detrás, del otro lado del vidrio, cerca de los hijos de Ana María, dos mujeres de los represores seguían la audiencia. Cabanillas se dio vuelta durante la audiencia. La más arrugada de las dos, la de saquito color mostaza, decía una de las viejas militantes de la sala, es su mujer.</div> <div> Ellos habían dejado de leer el diario La Nación, que hojeaban antes de la audiencia. Todo era silencio. Ana María dejó de hablar. El publico terminó de escucharla. Y aplaudió.</div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> ----------------------------------------------------------</div> <div> <IMG SRC="128b1c0e0.jpg" border=0 width="540" height="270" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> EX DICTADORES SON JUZGADOS POR ROBOS DE BEBES</div> <div> <I>Los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone serán juzgados desde el lunes, junto a otros represores de la última dictadura militar, por 34 casos de robo de bebés, en el primer proceso que debatirá si existió un plan sistemático de sustracción de recién nacidos a embarazadas secuestradas y llevadas a centros clandestinos de detención.</I></div> <bR> <div> A lo largo de al menos un año, el Tribunal Oral Federal 6 escuchará en principio a 370 testigos en el salón auditorio de los tribunales federales de Retiro donde se juzgará a Videla, Bignone, al ex general Santiago Omar Riveros, al ex almirante Antonio Vañek, al ex capitán de la Marina Jorge “Tigre” Acosta, al ex prefecto Jorge Azic, al ex marino Rubén Franco y al ex médico de la ESMA José Luis Magnacco. </div> <div> Para mediados de año se prevé sumar como acusado al represor Eduardo Ruffo, por el robo de un recién nacido en el centro clandestino de detención Automotores Orletti.Se trata de Simón Riquelo, apropiado por un policía ya fallecido que integraba el grupo de tareas comandado por Ruffo y recuperado por su madre, quien sobrevivió, 26 años más tarde.</div> <div> El juicio también sumará a mitad de año, como acusados, al detenido capitán retirado del Ejército y ex carapintada Víctor Gallo y su esposa, acusados de la apropiación del nieto 101 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, Francisco Madariaga Quintela, cuyo padre sobrevivió y al volver del exilio comenzó a buscarlo.</div> <div> El tribunal analizará los hechos cometidos en la maternidad clandestina de la ESMA, en Campo de Mayo -donde además se llevaba secuestradas de otros lados a dar a luz y en otros centros clandestinos de detención como “Pozo de Banfield” y la “Cacha”.</div> <div> Entre los casos están el robo de la nieta del poeta uruguayo Juan Gelman y del nieto de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.</div> <div> El juicio ya contó con la declaración de una primera testigo, la también fundadora de Abuelas Chicha Mariani, quien se presenta como querellante por el robo de su nieta Anahí y pidió hablar antes del inicio del proceso por su avanzada edad y delicado estado de salud.</div> <div> En el inicio se prevé la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía, querellas y juzgado de instrucción, algo que se calcula demandará al menos tres días de audiencias que se desarrollarán todos los lunes y martes así como un miércoles por medio.</div> <bR> <div> <IMG SRC="128c2ce10.jpg" border=0 width="300" height="225" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <FONT SIZE="3" COLOR="#00FFFF" FACE="Arial Black" >Videla y Bigone</FONT></div> <bR> <div> Durante marzo, habrá debate martes y miércoles ya que dos de los juzgados, Bignone y Riveros enfrentan los lunes la última etapa del juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en la zona de Escobar, donde se juzga además al ex subcomisario Luis Patti en San Martín.</div> <div> Tras la lectura de todos los requerimientos se dará oportunidad a los acusados de prestar declaración indagatoria y, en caso de negativa, también se incorporará por lectura todo lo declarado en la investigación de la causa elevada a juicio en 2007, pero abierta por denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo en la década del 80 debido a que este delito quedó fuera de los alcanzados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que llevaron al cierre de todas las demás causas por la represión ilegal.</div> <div> A días del inicio del juicio, Videla despidió a sus dos abogados y ya cuenta con asesoramiento de la defensoría oficial, por lo cual su decisión no afectó el inicio de las audiencias, precisaron en el tribunal.En el juicio actuará el fiscal Martín Niklison y como querellantes, Abuelas de Plaza de Mayo como institución además de integrantes de la agrupación que también se presentan de manera individual como Estela de Carlotto, Rosa Roisinblit y Jorgelina de Pereyra.</div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="128d900d0.jpg" border=0 width="400" height="269" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <div> A su vez, el poeta Juan Gelman se presenta como querellante con Carolina Varsky como abogada, entre otros y también lo hace Chicha Mariani.Todos los acusados serán juzgados por “sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años” en distintos hechos.</div> <div> Por ejemplo el ex prefecto Azic será juzgado como apropiador de la actual diputada y nieta recuperada Victoria Donda Pérez, cuyos padres están desaparecidos mientras que Acosta -como jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.3 de la Armada- es acusado en principio por doce casos de robo de recién nacidos en la ESMA.</div> <div> Los jueces del Tribunal son María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri. </div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> -----------------------------------</div> <div> LEY DE CADUCIDAD: EL CONFLICTO ENTRE SOBERANO, GOBIERNO Y LEGISLADOR</div> <bR> <div> por CONSTANZA MOREIRA - Senadora de la República <IMG SRC="125f9fc40.jpg" border=0 width="159" height="196" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> Las declaraciones del presidente José Mujica vertidas en el sitio web de Presidencia sobre la ley interpretativa de la Ley de Caducidad a consideración en el Senado, fueron oportunas y acertadas. Más allá de las lecturas con sesgos variados- tendientes a afirmar que existió una suerte de "lavado de manos" del gobierno sobre la ley, o las que afirman que el Presidente desautoriza a algunos representantes del Poder Ejecutivo, creo que el Presidente coloca, o más bien recoloca, algunos puntos centrales.</div> <div> Recapitulemos.</div> <div> Primero.<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial Black" > La solución encontrada para la anulación de la Ley de Caducidad, habida cuenta del fracaso del plebiscito del pasado año, fue la redacción de una ley interpretativa de la constitución. Así, la ley que ya obtuvo media sanción en Diputados y aguarda su resolución en Senado, no repite la fórmula jurídica sometida a plebiscito sino que es de naturaleza jurídica diferente. En otras palabras, no se viola la voluntad popular en el sentido de imponer en el Parlamento una solución que fue desechada en las urnas. Lo que fue desechado en las urnas, y lo que está siendo sometido a consideración de los legisladores ahora, son soluciones jurídicamente diferentes.</FONT></div> <bR> <div> Segundo.<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial Black" > Más allá de la solución jurídica ahora encontrada, la búsqueda de una solución para erradicar la Ley de Caducidad de nuestro ordenamiento jurídico fue un compromiso que asumió la totalidad del Frente Amplio, no únicamente a través de un órgano, sino a través de todos su órganos: Congreso, Plenario y Mesa Política. Como señala el Presidente, quien no hubiera estado de acuerdo con este curso de acción debiera haberlo planteado en esas instancias, y debiera haber intentado convencer a sus compañeros (no uno, sino los ciento ochenta del Plenario y los casi dos mil del Congreso).</FONT></div> <bR> <div> Tercero. <FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial Black" >Luego de tomada esa decisión, el Frente Amplio mandató a todos sus legisladores, diputados y senadores, a votar esta ley en el Parlamento, de ser posible, antes del 15 de noviembre (fecha en la cual se esperaba el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de María Claudia García Irureta-Goyena de Gelman). Es necesario aclarar que sólo en circunstancias muy especiales, el Frente Amplio mandata a sus legisladores; no es un dispositivo usado con frecuencia. </FONT></div> <div> La fecha del 15 de noviembre, por otra parte, fue una recomendación ya no del militante Almagro, sino de un canciller preocupado por los montos que el Estado uruguayo deberá comenzar a desembolsar (y que son millonarios en dólares) por ¡no respetar los derechos humanos!</div> <bR> <div> Cuarto. <FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial Black" >Los diputados votaron todos la ley, sin que existiera fisura alguna en el conjunto de la bancada, y lo hicieron en los plazos acordados. Aquellos que no acompañaban totalmente el proyecto, se avinieron al principio de las mayorías que rige todo órgano democrático. Incluso algún diputado llegó a argumentar en contra, pero previno que "por mantener la unidad de acción" y en el entendido de que la Ley de Caducidad debía ser eliminada, se avenía a acompañar a la mayoría.</FONT></div> <bR> <div> Quinto.<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial Black" > El proyecto se trancó en el Senado, aunque recién ha entrado en la Comisión de Constitución y Legislación que comenzará su tratamiento luego de aprobado el presupuesto. Y ello fue porque algunos senadores, individualmente considerados, y a pesar de que los referentes en Diputados de sus mismos grupos (738, CAP-L, Espacio 609), habían votado a favor de la ley en su respectiva Cámara, declararon no estar convencidos con la ley, aunque hay enormes diferencias de actitud entre unos y otros. </FONT></div> <div> Es necesario señalar que estos senadores también están mandatados, al igual que los diputados, para votar a favor de la ley. El mandato imperativo del Frente Amplio se aplica por igual a todos sus legisladores, independientemente de la Cámara en la que se desempeñan (de lo contrario estaríamos reconociendo la existencia de diferentes márgenes de acción de los legisladores, lo cual sin duda violaría el principio de unidad de acción).</div> <div> El presidente José Mujica ha señalado en su mensaje que "obedece y acompaña las decisiones que la fuerza política adoptara por mayoría". Si el mismísimo Presidente de la República lo hace, ¿por qué no deberían hacerlo los legisladores? Asimismo dice lamentar que "argumentos y posicionamientos surgidos en el Senado no se dieran en el Frente Amplio ni en el debate previo en la Cámara de Representantes". Y en efecto: nadie esperaba que una decisión tomada por el Frente Amplio en su conjunto, ratificada varias veces en todos sus organismos, y que concitó la unanimidad de los votos de diputados, fuera luego cuestionada por los senadores.El Presidente es muy claro en su mensaje. </div> <div> Dice que "reafirma su apoyo y acatamiento a las decisiones que tome la mayoría expresa de la fuerza política que, por la vía de los procesos electorales inobjetables, lo responsabilizaron de la decisión de gobierno". </div> <div> Esta declaración, en sí misma, constituye el argumento fundamental para desestimar las supuestas lecturas sobre la "soberanía popular". Para empezar, vamos a explicitar algunas lecturas erróneas sobre la voluntad popular. </div> <bR> <div> A saber:<FONT SIZE="3" COLOR="#FF00FF" FACE="Arial Black" >a)</FONT> Es un error afirmar que la soberanía (o el cuerpo electoral) ratificó ya dos veces la Ley de Caducidad, ya que la votación negativa en el referéndum de 1989 y en el plebiscito de 2009 no implica ratificación, sino una decisión de no revocar la norma en los términos expuestos a votación.</div> <div> b)<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial Black" > También es un error interpretar la voluntad popular a partir de su silencio (sólo hubo papeleta por el "SI", por la cual se pronunció el 48% de la ciudadanía; no hubo en cambio, papeleta por el "NO", y ello impide saber exactamente cuál fue la voluntad expresa que manifestó el 52% restante), lo que constituye una interpretación contrario sensu no válida jurídicamente.</FONT></div> <div> c)<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial Black" > Es asimismo un error afirmar que la ciudadanía "se pronunció" por mantener la ley, ya que esta decisión es explícita cuando hay un pronunciamiento positivo (como el que hizo la ciudadanía cuando votó por el plebiscito del agua, de Ancap, de las empresas públicas o de los jubilados) pero no cuando no se consiguen los votos suficientes para (y para muestra baste un botón: la llamada "mini-reforma" que se plebiscitó en 1994 y que separaba las elecciones departamentales y nacionales, no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada. </FONT></div> <div> Dos años después, el Parlamento aprobó la reforma constitucional de 1996 ¡que separaba las elecciones departamentales de las nacionales! sin que nadie se horrorizara por haber "violado" la voluntad popular).</div> <div> A estos errores se le agrega la única afirmación válida universalmente sobre la soberanía popular, y es la que surge de las urnas en octubre y noviembre cuando no solamente le dio mayoría parlamentaria al Frente Amplio sino que además, votó para que el Presidente fuera José Mujica.</div> <div> Esta es la única mayoría clara, e inobjetable. </div> <div> El Frente Amplio ya había sancionado en su Congreso que debía buscarse la erradicación de la Ley de Caducidad, y ello estaba en su programa de gobierno. Las urnas dijeron explícitamente y a través de la inequívoca manifestación de la soberanía popular que le daban el gobierno a un partido que en su programa se había comprometido a eliminar la Ley de Caducidad. </div> <bR> <div> ¿Cómo interpretar este pronunciamiento de la soberanía, el de votar a un partido comprometido con la eliminación de la Ley de Caducidad, con el de un soberano que explícitamente se habría manifestado en contra de ello? ¿Acaso el soberano es esquizofrénico? ¿No será más correcto interpretar que ese mismo soberano que le dio el gobierno al Frente Amplio confiaba asimismo en que la ley de caducidad sería anulada? Más aún, la mayoría consagrada en el Parlamento por el voto popular, ¿no habilita a interpretar que todos nosotros en cuanto parlamentarios, tenemos el deber y la obligación de llevar adelante el programa de gobierno con el que nos hemos comprometido?</div> <bR> <div> Creo interpretar que si el propio Presidente de la República reafirma enfáticamente su apoyo y acatamiento a las decisiones que tome la mayoría expresa de la fuerza política, siendo él el responsable de la conducción del gobierno por inobjetables procesos electorales (esto es: sobre los cuales no puede haber más que una sola interpretación sobre la soberanía popular), está señalando un camino. </div> <div> No para los sesenta y cuatro legisladores que han votado o están dispuestos a votar la ley, sino para los eventuales tres que manifiestan reparo. Nada más distante a "lavarse las manos" del problema, o desconocer la resolución de la fuerza política a la que pertenece.Y, por cierto, no le cabe en esto responsabilidad alguna al Frente Amplio, que en todo actuó con unidad y responsabilidad, sino al Senado, única y exclusivamente. </div> <bR> <div> Y si la bancada de senadores del Frente Amplio no está a la altura del mandato del partido, y de la propia actitud de acatamiento del Presidente de la República, ¿cómo habremos luego de manifestarnos preocupados por la suerte del partido, colaborar en sus congresos, enviar documentos, escribir en su nombre? </div> <div> Ninguna representación política en nombre del Frente Amplio nos competerá, en tanto senadores, si no estamos a la altura del mandato popular y político que hemos recibido, y en el nombre del cual hemos sido investidos.</div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> -----------------------------------------------------------</div> <div> Vox Suprema. El flamante presidente de la Suprema Corte, Leslie Van Rompaey, salió enérgicamente al cruce de las amenazas y presiones del nuevo foro militar</div> <div> <IMG SRC="12199a0e0.jpg" border=0 width="410" height="270" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> Ciega, no muda: El presidente de la Corte aseguró que "no van a ceder frente a las amenazas"</div> <div> Poder que habla. Asumió el nuevo presidente del máximo órgano jurisdiccional del país y fue claro en la defensa de la majestad de la Justicia. Tras no dejar dudas de que "los jueces de la República no van a ceder a amenazas, provengan de donde provengan", les dio seguridad a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad de que "van a ser juzgados con todas las garantías del debido proceso y del ejercicio adecuado del derecho de defensa en juicio".Relevo, Leslie Von Rompaey sucedió a Jorge Chediak en la presidencia de la Suprema Corte.</div> <div> Van Rompaey: "La justicia tardía es, en  los hechos, una denegación de justicia"</div> <div> <IMG SRC="121aa31c0.jpg" border=0 width="419" height="284" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> El doctor Leslie Van Rompaey asumió ayer como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por segunda vez desde su designación como ministro del máximo órgano del Poder Judicial en febrero de 2002, con la "firme" intención de acelerar los tiempos de emisión de sentencia en los procesos de primera instancia.</div> <div> Las estadísticas elaboradas por la Corte han detectado "un paulatino, pero incesante incremento" en la duración de los procesos de primera instancia, lo cual no fue causado "por la acumulación de asuntos", habiéndose detectado algunos "problemas de gestión", expresó Van Rompaey durante el acto de reapertura de los Tribunales.</div> <div> Por este motivo, la Corte estima necesario entablar un diálogo con operadores judiciales (jueces y actuarios) como forma de mejorar "sensiblemente" los tiempos de gestión, por cuanto la demora en la dilucidación de los procesos, principalmente en conflictos de raigambre social, puede generar "frustración" en los justiciables. "En el proceso, el tiempo no es oro, es Justicia, y la Justicia tardía es, en los hechos, una denegación de Justicia", dijo Van Rompaey, parafraseando al maestro Eduardo Couture."Los vacíos y tiempos muertos pueden ser superados aplicando una diligencia y un compromiso mayor con la brevedad de duración de los procesos", para lo cual vienen desarrollándose seminarios y talleres en procura de detectar las falencias y puntos muertos de los procesos. </div> <bR> <div> "Tenemos seguridad que en 2011 vamos a lograr avances significativos", vaticinó Van Rompaey.En este sentido, Van Rompaey contrastó lo acaecido en los Juzgados de Primera Instancia, con la actual realidad de los Tribunales de Apelaciones (cinco meses promedio para el dictado de sentencia) y la propia Corte, cuyos plazos de emisión de sentencia son "históricamente" bajos. </div> <bR> <div> "Una de las metas (cuando asumimos) era la aceleración de los tiempos de los procesos en la Corte, y hemos logrado con creces ese objetivo", señaló Van Rompaey.Asimismo, Van Rompaey dijo aguardar una rápida sanción parlamentaria del proyecto de reforma del Código General del Proceso (CGP), elaborado por la Corporación, como forma de acompañar los impulsos por mejorar los tiempos de duración de los procesos."Esa magnifica obra, que cumplió más de 20 años, hoy necesita algunos retoques que no afecten sus estructuras fundamentales, pero que nos permitan contar con instrumentos que unifiquen los criterios jurisprudenciales y avanzar en este propósito fundamental de superar el problema de la demora judicial".</div> <div> Los principales cambios propuestos por la Corte radican en la disminución de los plazos de prórrogas entre audiencias, como forma de evitar su utilización como chicanas jurídicas por parte de los abogados o demoras indebidas por parte de los jueces, y el perfeccionamiento de la etapa de ejecución de sentencia, según explicó Van Rompaey a LA REPUBLICA. </div> <bR> <div> "Esperemos que el Parlamento nos acompañe en esta iniciativa".El acto de apertura de los Tribunales contó con la presencia del presidente de la República, José Mujica, el secretario de la Presidencia Alberto Breccia, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, y diversas figuras del ámbito judicial.</div> <bR> <div> El novel presidente de la Corte destacó, especialmente, durante su alocución la presencia del Presidente de la República. "Su presencia en este acto honra al Poder Judicial uruguayo (siendo) algo más que un acto más de cortesía o deferencia institucional: lo entiendo como un apoyo institucional al principio constitucional de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial", dijo Van Rompaey.</div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> -------------------------------------------------------------------------------------------------</div> <div> Internacional. Inteligencia detectó reuniones y llamadas; podría haber vinculaciones con Argentina y Chile. En julio pasado habían aparecido pintadas similares en Trinidad y habían vuelto a la inactividad</div> <div> <B>Investigan comando neonazi en Montevideo <IMG SRC="11ac52590.jpg" border=0 width="82" height="89" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <I>El Ministerio del Interior detectó una presunta célula neonazi en Montevideo que efectuó algunas pintadas,  con perfiles racistas, una de ellas en un local de la Lista 1001 del Frente Amplio, similares a las detectadas  en julio del año pasado en la ciudad de Trinidad.</I></div> <div> <I><IMG SRC="11ada39c0.jpg" border=0 width="419" height="412" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <IMG SRC="11ae40070.gif" border=0 width="320" height="263" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></I></div> <div> Fuentes cercanas a la investigación dijeron que Inteligencia maneja una serie de "indicios" sobre una actividad "aún embrionaria" de una supuesta organización de corte neonazi con eventuales ramificaciones en grupos de Argentina y Chile. </div> <div> Los grafitis refieren a la simbología neonazi; una cruz celta, el número "88" que corresponde a la 8ª letra del abecedario: "H", que está asociado al saludo nazi: "Heil Hitler" y la frase "White Power" (poder blanco). Una de las pintadas fue detectada en un local de la Lista 1001 ubicado sobre la avenida Rivera y 14 de Julio. </div> <div> Las pintadas aparecieron en al menos otros dos lugares de la capital el último fin de semana. Las fuentes consultadas anoche, aseguraron que Inteligencia policial maneja información precisa sobre encuentros y analiza datos sobre la integración del comando. </div> <div> En julio pasado, grafitis similares, con símbolos y frases, aparecieron en lugares públicos de la ciudad de Trinidad (Flores), lo que causó conmoción y el repudio de la población. </div> <div> Uno de los sitios elegidos por los neonazis, fue el mural que conmemora el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, en la fachada del liceo departamental, además de otros muros. Las actividades neonazis no son nuevas en el Uruguay. </div> <div> En 1998, autoridades policiales detectaron al menos cuatro grupos neonazis. Uno de ellos operaba en Montevideo y se autodenominada Euroamerikaner. Esta agrupación, se proclamaba racista, antijudía y seguidora de Hitler. </div> <div> En una entrevista publicada en LA REPUBLICA, los euroamerikaners aseguraban que existían como organización desde 1996, "que todos tienen armas en sus casas por las dudas y que los negros e indios son basura". </div> <div> Los euroamerikaners revelaron que mantenían contactos con un grupo llamado Poder Blanco, también uruguayo, así como con grupos neonazis de Argentina y de varios países europeos.</div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> --------------------------------------------------------------</div> <div> <B><IMG SRC="1195728e0.jpg" border=0 width="370" height="398" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> la caída de los prófugos</B></div> <div> Los criminales de lesa humanidad de las dictaduras del cono sur, que habían huido de sus países cuando sintieron que perdían su impunidad, siguen siendo perseguidos por la justicia y, más temprano que tarde, terminan detenidos. Enciso cayó en Río de Janeiro. Ohanessian está en la cárcel de Villa Devoto. Cordero con prisión domiciliaria en Buenos Aires. Bardesio procesado en Uruguay. Tróccoli aislado en Italia. Sofía escondido en Miami...</div> <div> Roger Rodriguez -</div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="11918a100.jpg" border=0 width="394" height="272" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> <I><B>Brasil detiene al represor argentino Encizo implicado en las muertes de Barredo y Whitelaw</B></I></div> <bR> <div> <B>L</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial" ><B>a justicia brasileña decretó la prisión preventiva del ex agente de la dictadura argentina César Alejandro Enciso, quien aparece implicado en el asesinato de los uruguayos Rosario Barredo y William Whitelaw, cuyos cuerpos aparecieron muertos junto a los de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976.</B></FONT></div> <bR> <div> <A HREF="http://www.band.com.br/jornaldaband/conteudo.asp?ID=100000387577" TARGET="_top" TITLE="http://www.band.com.br/jornaldaband/cont"><U><B>http://www.band.com.br/jornaldaband/conteudo.asp?ID=100000387577</B></U></A></div> <bR> <div> <B>Enciso, quien también ha sido encausado por la justicia de su país, fue apresado en Río de Janeiro en 30 noviembre de 2010, por una requisitoria internacional solicitada por el fiscal italiano Gianncarlo Capaldo, quien en octubre de 2007 ordenó a Interpol la captura de 149 represores de las dictaduras del cono sur, entre los que incluyó a 33 uruguayos y 13 brasileños.</B></div> <bR> <div> <B>Uno de esos uruguayos, es el coronel Antranig Ohanessian Ohannian, quien también fue detenido en el aeropuerto de Argentina en marzo de 2008 y aún permanece bajo prisión preventiva a la espera de una demorada resolución de la justicia de ese país, que también analiza la posibilidad de juzgarlo por su participación en la coordinación represiva entre las dictaduras de la región.</B></div> <bR> <div> <B>Ohanessian permanecía encarcelado en la Prisión de Devoto, de donde ya fue extraditado hacia Uruguay en noviembre de 2009 el ex fotógrafo policial y miembro del Escuadrón de la Muerte, Nelson Bardesio, quien se encuentra procesado en la cárcel central de Montevideo, junto al ex policía Pedro Fleitas, por decisión de la jueza penal de 8º turno, Graciela Eustachio</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><IMG SRC="11921b570.jpg" border=0 width="283" height="343" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B>Antranig Ohanessian Ohannian</B></div> <bR> <div> <B>La lista del fiscal Capaldo también incluía al coronel uruguayo Manuel Cordero, pero su juzgamiento fue solicitado previamente por la justicia argentina, que logró su detención en Brasil en febrero de 2007 y tras otro largo proceso de extradición fue finalmente trasladado a Buenos Aires e internado en el Hospital Militar porteño hasta diciembre último, cuando pasó a prisión domiciliaria.</B></div> <bR> <div> <B>Cordero y Enciso habrían participado directamente de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw, cuyas muertes serán juzgadas junto a otras violaciones a los derechos humanos en el marco de la causa denominada “Plan Cóndor” que se procesará este año en uno de los juzgados orales federales ubicados en la avenida Comodoro Pi de Buenos Aires.</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><IMG SRC="118ea9f00.jpg" border=0 width="425" height="496" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B>Manuel Cordero</B></div> <bR> <div> <B>Otro de los represores argentinos implicados en el homicidio de los cuatro uruguayos, está el ex comisario inspector Miguel Ángel Timarchi, sindicado por el periodista norteamericano John Dinges como el autor material de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, quien en 2010 logró una absolución primaria de los cargos que aún lo implican en la llamada Masacre de Fátima.</B></div> <bR> <div> <B>Otros dos represores uruguayos también se encuentran prófugos de la justicia: el capitán de navío Jorge Tróccoli, radicado en Italia donde no se concedió su extradición, y el empresario Miguel Sofía, implicado en el Escuadrón de la Muerte que actuó antes de la dictadura uruguaya, quien escapó de la jueza Eustachio y se mantendría ocultó en Miami, Estados Unidos.</B></div> <bR> <div> Barredo y Whitelaw</div> <bR> <div> <B>César Alejandro Enciso no promete tener la suerte que tuvo su colega Manuel Cordero, quien logró demorar por años la causa de extradición que se le realizaba en Brasil. Su caso, quedó en manos del Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Melo, quien fue el relator y quien se oponía a su extradición para evitar que el caso permitiera un revisionismo aún pendiente en ese país. La causa de Cordero, quien también había huido en 2004 a Brasil hasta que fue ubicado en Santana do Livramento por el activista Jair Krischke, en enero de 2005. La suerte de Cordero continúa, ya que hoy esta recluido “por razones de edad y salud” en un domicilio desconocido de capital federal argentina.</B></div> <bR> <div> <B>Enciso se había radicado en Río de Janeiro hace 21 años y utilizaba el nombre de Domingo Echebaster para trabajar como “fotógrafo especializado en competiciones náuticas”. También, según Interpol, usaba el nombre de Horacio Andrés Ríos Pino, que era uno de sus seudónimos cuando trabajaba en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de la dictadura argentina.</B></div> <bR> <div> <B>En Brasil, Enciso decía ser un ex militante de un grupo de izquierda que había luchado contra la dictadura, cuando en realidad estaba casado con la hija del general Otto Paladino, uno de los comandante del “pozo” Automotores Orletti, donde fueron detenidos medio centenar de uruguayos, varios de ascendencia italiana, razón por la que lo requiere el Fiscal italiano, Giancarlo Capaldo.</B></div> <bR> <div> <B>La principal prueba contra Enciso es el testimonio del represor arrepentido Orestes Estanislao Vaello, quien declaró ante la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP) que “también en el curso del año 1976, después del golpe de Estado, ocurrió el caso de los uruguayos. Sus nombres eran Rosario Barredo y William Whitelaw. Eran jóvenes y fueron entregados por gente de SIDE”.</B></div> <bR> <div> <B>“Los levantaron en Capital –continúa Vaello-. Al dicente les fueron entregados en el “Pozo de Bernal”… “Que después vino gente del SIDE como lo dijo anteriormente, era la gente de Gordon, que llegó con dos o tres personas que por los dichos durante el almuerzo pertenecían a los servicios de inteligencia del Uruguay”, agrega. Uno de ellos sería el propio Manuel Cordero.</B></div> <bR> <div> <B>“La persona que se los lleva se llama Enciso, alias “Pino”. Que pertenecía a SIDE y es el que se ha casado con la hija de Otto Paladino. Que desconoce la suerte seguida por estos uruguayos. Que en cambio tiene conocimiento de que esos traslados se hacían por intermedio de la División Potencial Humano del Departamento de Inteligencia Exterior, donde se encontraba un Teniente Coronel Pérez Rosen y un Mayor de apellido Taubers”, declaró Vaello.</B></div> <bR> <div> Un extraditable, dos prófugos</div> <bR> <div> <B>La demora en la extradición de Antranig Ohanessian a Italia se justifica oficialmente por el largo trámite procesal del sistema judicial argentino que obliga a que el expediente pase por las manos de los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, llegue a la vista del Procurador General de la Nación y finalmente pase a resolución y sentencia.</B></div> <bR> <div> <B>Ohanessian fue acusado por el fiscal Capaldo de participar en el secuestro y desaparición de los uruguayos Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Juan Pablo Recagno y María Emilia Gatti de Islas, todos ellos secuestrados en Buenos Aires en setiembre y octubre de 1976 y recluidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.</B></div> <bR> <div> <B>Sin embargo, la propia justicia argentina se encuentra actuando en los mismos casos de desaparición forzada, la mayoría de los cuales fueron incluidos en la causa “Plan Cóndor” que se abrirá este año como juicio oral y público, y que tendrá al coronel Manuel Cordero como uno de los principales implicados junto a otros represores argentinos.</B></div> <bR> <div> <B>Sin embargo, Ohanessian podría ser incluido en la causa Cóndor a partir del testimonio de los uruguayos Raúl Antuna y Margarita Michelini, quienes testificaron ante el juez Daniel Rafecas en las indagatorias sobre “Automotores Orletti” que el ”turco” fue uno de quienes los detuvo en su domicilio de la calle French 443 el 13 de julio de 1976.</B></div> <bR> <div> <B>En la lista de requeridos del fiscal Capaldo también se encuentra el capitán de navío uruguayo Jorge Tróccoli, quien al ver próxima su detención en Uruguay a fines de 2008 decidió fugar a la propia Italia. Tróccoli había ordenado años antes sus papeles de ciudadanía para asegurarse de que no sería extraditado, pero aún puede (y debería) ser juzgado por la justicia italiana.</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="1194f6400.jpg" border=0 width="246" height="320" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <div> <B>El actual Secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, fue el embajador uruguayo que en diciembre de 2008 reiteró ante el gobierno italiano el pedido sobre Tróccoli. Breccia ocupó la misión en Roma luego que fuera cesado el embajador Carlos Abín, a quien se cargó la culpa de la demora en el trámite de solicitud de extradición que llegó al juzgado un día tarde y fue rechazado.</B></div> <bR> <div> <B>El otro uruguayo que aún se encuentra prófugo, es el empresario Miguel Sofía, quien en una entrevista otorgada a Caras&Caretas (Nº 486) negó haber integrado el Escuadrón de la Muerte o pertenecer a la paraestudiantil Juventud Uruguaya de Pie. Amenazó entonces con volver al país y decir toda su verdad ante la justicia. Sofía estaría en Miami. La jueza Eustachio lo sigue esperando.</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> ----------------------------------------------------</div> <div> <B><U>Fueron doce los denunciantes de torturas en la base Boiso Lanza</U></B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <I>Rapidez. La jueza Mota resolvió </I></div> <div> <I>inmediata fijación de audiencia <IMG SRC="110b10540.jpg" border=0 width="272" height="340" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></I></div> <div> <B>Denunciante Baldemar Tarocco: </B></div> <div> <B>"El objetivo es que se haga justicia".</B></div> <bR> <div> <I>L</I><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFCC" FACE="Arial Black" ><I>a jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, conformó un expediente separado, anexo a la causa madre por el secuestro y homicidio de Ubagesner Chaves Sosa en 1976, para investigar la denuncia penal por la práctica sistemática de torturas en la Base Aérea de Boiso Lanza, en los años de Dictadura.</I></FONT></div> <div> <I>La magistrada recibió la denuncia promovida por diez ex presos políticos, torturados en la Base Aérea de Boiso Lanza antes y durante la Dictadura cívico-militar, y decidió conformar una pieza presumarial para indagar los hechos, según explicó el abogado querellante Oscar López Goldaracena a LA REPUBLICA.</I></div> <div> <I>En este sentido, la jueza Mota dispuso la inmediata fijación de audiencia para tomar la declaración de una de las denunciantes. La ex detenida política reside en la ciudad de Lund (Suecia), por lo cual de prorrogarse su citación sería "extremadamente díficil" recabar su testimonio, señaló el abogado.Asimismo, López Goldaracena informó a LA REPUBLICA que sobre las últimas horas del pasado lunes y las primeras horas de ayer, previo a la presentación del escrito, otros dos ex presos políticos adhirieron a la denuncia, con lo cual ascienden a doce el número de querellantes.</I></div> <div> <I>Sin embargo, López Goldaracena y el presidente de Crysol y denunciante en la causa, Baldemar Tarocco, tienen la certeza que en las próximas horas otros ex presos políticos acompañarán la denuncia. Además, ex presos políticos llamaron a LA REPUBLICA para manifestar su adhesión con el inicio de la acción penal y su interés en declarar como testigos o denunciantes en la causa.</I></div> <div> <I>La denuncia penal interpuesta ayer ante la jueza Mariana Mota promueve la investigación de las prácticas de tortura acaecidas en la Base Aérea de Boiso Lanza en los años de Dictadura e "incluso antes del Golpe de Estado de 1973", como informara ayer LA REPUBLICA.</I></div> <div> <I>La tortura "no fue algo casual", sino una práctica sistemática, en el marco de la represión desatada por el aparato estatal bajo la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad (1968-1973) y la propia Dictadura.</I></div> <div> <I> "Las prácticas de tortura constituyen un muestrario de horror que perseguía la destrucción física y mental del detenido (...). </I></div> <div> <I>El encapuchamiento, el plantón, la picana eléctrica, el submarino, el caballete, colgamientos, abusos sexuales, simulacros de fusilamiento y otros castigos corporales, son ejemplos de la reiterada violación de los derechos humanos del individuo privado de libertad", dice la denuncia.</I></div> <div> <I>En este sentido, las Fuerzas Armadas conformaron un "Estado Terrorista", cuyo objetivo era "la eliminación de cualquier expresión contraria a la política oficialista". La comprobación de "la intencionalidad de aniquilamiento de un sector o grupo de nuestra sociedad por intermedio de la aplicación de la tortura" implicaría, por tanto, ingresar en el supuesto de "crimen de genocidio", subraya el escrito.</I></div> <div> <I> "Que haya justicia"</I></div> <div> <I>El presidente de Crysol y denunciante en la causa por torturas en Boiso Lanza, Baldemar Tarocco, afirmó que el objetivo de la acción penal es que "haya Justicia" por las torturas y violaciones en los centros de detención antes y durante la Dictadura cívico-militar.</I></div> <div> <I>La denuncia fue presentada "sin ningún sentido de revanchismo, simplemente para que se investigue y se haga Justicia". La difusión pública de las torturas acaecidas en Boiso Lanza, durante la instrucción por el caso Chaves Sosa, fue el disparador de la acción judicial, como forma de "completar el caso", señaló Tarocco.</I></div> <div> <I>"Todos fuimos torturados (en Boiso Lanza); este es el momento para hacer la denuncia por tortura, genocidio, asesinato (y las) violaciones de todo tipo que hubieron ahí", dijo Tarocco. "Antes del Golpe de Estado ya se torturaba en Uruguay, en todos los lugares de detención tanto del Ejército, FAU, Armada y la Policía".</I></div> <div> <I>Incluso, el primer ciudadano detenido-desaparecido fue el estudiante Abel Ayala, el 18 de julio de 1971, recordó Tarocco.El dirigente destacó las dificultades internas para denunciar las torturas sufridas. "Hay compañeros a los que les cuesta mucho, han quedado secuelas muy profundas, a todos nos han quedado secuelas de lo que fue la tortura. Fue un período muy díficil, muy duro", dijo. </I></div> <div> <I>Sin embargo, Tarocco reivindicó a "las compañeras que han tenido la valentía" de denunciar las violaciones a las cuales fueron sometidas.El abogado querellante, en tanto, manifestó que la denuncia permitirá que "todos los torturados en Boiso Lanza tengan su día ante los Tribunales y eso es dignificante ante la sociedad". </I></div> <div> <I>"Los testigos y las víctimas perdieron el miedo, y la Justicia comienza a ser sanadora", dijo López Goldaracena.</I></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>--------------------------------------------</B></div> <div> <B><U><IMG SRC="110871ee0.jpg" border=0 width="369" height="238" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U></B><B> </B><FONT SIZE="4" COLOR="#FF9900" FACE="Arial" ><I><B>Imprescriptible. La tortura "no fue algo casual...perseguía la destrucción física y mental del detenido</B></I></FONT></div> <div> <B>Diez ex presos presentan denuncia por torturas en base Boisso Lanza</B></div> <div> La Justicia podría investigar la práctica sistemática de torturas en la Base Aérea de Boisso Lanza, de prosperar una denuncia penal a presentarse hoy a la hora 11.30 por diez ex detenidos políticos en dictadura. La denuncia solicita considerar estos delitos bajo la figura del "genocidio".</div> <bR> <div> <B>Diez ex presos políticos presentarán hoy ante la Justicia una denuncia penal por la práctica sistemática de torturas en la Base Aérea de Boisso Lanza, en los años de dictadura. El escrito será presentado ante la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, como un anexo al expediente por el cual se indaga el "homicidio político" de Ubagesner Cháves Sosa, en 1976.</B></div> <div> <B>Los denunciantes tienen en común haber sido víctimas de tortura en la Base Aérea de Boisso Lanza, "incluso antes del golpe de Estado de 1973", y solicitan investigar y juzgar a los responsables por estarse ante un delito imprescriptible, en virtud de sus características, expresa el escrito patrocinado por el abogado Oscar López Goldaracena.</B></div> <bR> <div> <B><IMG SRC="110954650.jpg" border=0 width="340" height="357" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B>La práctica de torturas "no fue algo casual", en el marco de la represión desatada por el aparato estatal bajo la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad (1968-1973) y la propia dictadura. "Las prácticas de tortura constituyen un muestrario de horror que perseguía la destrucción física y mental del detenido mediante métodos que, en muchos aspectos, recuerdan las arbitrariedades de la Segunda Guerra (Mundial). El encapuchamiento, el plantón, la picana eléctrica, el submarino, el caballete, colgamientos, abusos sexuales, simulacros de fusilamiento y otros castigos corporales, son ejemplos de la reiterada violación de los derechos humanos del individuo privado de libertad", agrega.</B></div> <div> <B>La denuncia penal solicita, por tanto, investigar a "los involucrados que a cualquier título, tengan responsabilidad por acción u omisión, ya sea en calidad de autores mediatos o de coautores, en el crimen de lesa humanidad de torturas o de genocidio, sufrido por los comparecientes cuando estuvimos detenidos en la Base Aérea de Boisso Lanza, en algunos casos desde antes de la dictadura cívico-militar que gobernó al país entre 1973 y 1985". Ningún integrante del aparato represivo del Estado fue juzgado por la tortura de presos políticos en dictadura.</B></div> <bR> <div> "Estado terrorista"</div> <div> <B>"Durante la dictadura cívico-militar uruguaya se violaron sistemáticamente los derechos humanos y se detentó un autoritarismo totalitario que eliminó la separación de poderes y suprimió derechos y garantías individuales". "La actuación de las Fuerzas Armadas persiguió la eliminación de todo posible peligro para el orden interno, fundamentalmente la eliminación de cualquier expresión contraria a la política oficialista, no reparando en ningún límite", con lo cual "se fue edificando un verdadero 'Estado terrorista'", señala el escrito.</B></div> <div> <B>"Desde el gobierno y al amparo del mismo, se dirigían acciones para eliminar a cualquier opositor que cuestionara la política de la dictadura.</B></div> <div> <B>Se recurrió a la práctica sistemática de tortura, la prisión arbitraria e ilegítima, el homicidio y la desaparición forzada de personas, incluso de niños, como un patrón regular de represión en forma coordinada entre las dictaduras de la región", expresa la denuncia.</B></div> <div> <B>La comprobación de "la intencionalidad de aniquilamiento de un sector o grupo de nuestra sociedad por intermedio de la aplicación de la tortura" implicaría, por tanto, ingresar en el supuesto de "crimen de genocidio". En este sentido, "se tendrá presente por la Sede que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (art. II) fue aprobada por Uruguay por Ley Nº 13.482 de 30 de junio de 1966 y consecuentemente en la década del 70 del siglo pasado, existía para el Uruguay derecho vigente al momento de perpetrarse los hechos, que obligan a su castigo", señala el texto.</B></div> <div> <B><IMG SRC="ffc87750.jpg" border=0 width="391" height="373" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> </B><FONT SIZE="4" COLOR="#FFCC00" FACE="Cooper Black" ><A HREF="id40.htm" TARGET="_top" TITLE="Acciones por nuevos hechos"><U><IMG SRC="c107dbc0.jpg" border=0 width="125" height="188" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U></A></FONT></div> <div> <B>El escrito promueve la citación de denunciantes y testigos para asentar la existencia de torturas en Boisso Lanza, cuya "notoriedad" se hizo pública en la indagatoria por el "homicidio político" de Chaves Sosa. Asimismo, la denuncia copia extractos del libro "La Ira del Leviatán", escrito por el capitán da navío (r), Jorge Tróccoli (prófugo de la Justicia uruguaya), donde se reconoce la tortura como "una práctica habitual de todas las Fuerzas Armadas como método para obtener información".</B></div> <div> <B>"El torturar, el hacer sufrir a alguien era un medio para llegar a un fin, para tener un objetivo. (...) Era, como fue y es en todas partes del mundo, una característica más de este tipo de lucha. Varias veces mis superiores estaban presentes durante el interrogatorio, era una instancia más.</B></div> <div> <B>La tortura en los interrogatorios era un secreto a voces durante la guerra, antes y después de 1973. Y esto no era ignorado por nadie y mucho menos por los altos mandos militares", escribió Tróccoli.</B></div> <div> <B><IMG SRC="fc1893d0.jpg" border=0 width="137" height="61" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> </B><B><IMG SRC="fc1893d0.jpg" border=0 width="137" height="61" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <IMG SRC="fc1893d0.jpg" border=0 width="137" height="61" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></B></div> <div> <B><U>Suplementos y DOCUMENTACION</U></B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><U><IMG SRC="10e771190.jpg" border=0 width="369" height="281" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></U></B><FONT SIZE="6" COLOR="#00FFFF" FACE="Impact" ><B> Mesa para la </B></FONT></div> <div> <B>Paz en Pan de Azúcar</B></div> <div> <B>La pequeña ciudad de Pan de Azúcar vivió ayer la Primera Mesa para la Paz, "servida" en la plaza 19 de Abril. Allí estuvo el epicentro de las celebraciones por el Día Internacional de los Derechos Humanos.</B></div> <div> <B>E</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFFF99" FACE="Arial" ><B>n ese lugar, se mezclaron en torno a la mesa, israelíes y alemanes, intendentes y vecinos, iraníes y orientales, ministros y militares, policías y escolares, deportistas y profesionales.</B></FONT></div> <div> <B>Un dirigente político -cuya filiación omitimos- dijo: "Así se construyen los derechos humanos, a partir de compartir entre todos un mate y un bizcocho".</B></div> <div> <B>"La Mesa para la Paz" en Pan de Azúcar estuvo servida a partir de la hora 17.00 y todos anhelaron la presencia del presidente José Mujica. "A él le hubiera gustado esto", dijo a LA REPUBLICA apesadumbrada, la veterana dirigente frenteamplista Gloria Echeveste, amiga personal, además, del Presidente.</B></div> <div> <B>Desde cada calle, desordenadamente, comenzaron a converger delegaciones de instituciones de servicio, comisiones barriales y de apoyo, clubes deportivos, escuelas urbanas y rurales, dirigentes políticos de todos los partidos. Raramente para un evento masivo en nuestro país, ya que se congregaron varios miles de personas, no había una sola bandera política ni de club de fútbol renombrado. Cada quien llevó un mensaje o un estandarte.</B></div> <div> <B>Cada uno llegaba a la plaza con "algo" para compartir en la gigantesca mesa que si hubiese sido dispuesta en forma lineal, alcanzaría cómodamente los 700 metros.</B></div> <div> <B>No hubo apertura ni cierre, y tampoco parte oratoria, pues el objetivo de la organización era ese: demostrar que se puede compartir una mesa de igual a igual, entre uruguayos, y entre uruguayos y extranjeros.</B></div> <div> <B>Se destacó la presencia de las máximas autoridades diplomáticas de Israel, Alemania e Irán en nuestro país, mezcladas con el vecindario, los policías o los efectivos del Ejército que temprano en la mañana habían arribado a la ciudad con centenares de bancos y mesas.</B></div> <div> <B>El anfitrión fue el alcalde de Pan de Azúcar, Miguel Angel Plada, quien no se destacó entre tantos, como tampoco lo hizo el intendente Oscar de los Santos o su par rochense Artigas Barrios, o el director de Derechos Humanos del MEC, doctor Javier Miranda que fue uno más en el armado de la fiesta; o el ministro Ricardo Ehrlich que se mostró emocionado por la jornada vivida.</B></div> <div> <B>Tampoco faltaron dos beodos que no molestaron a nadie pero tampoco fueron molestados por nadie. Pan de Azúcar fue la demostración de que la paz se mantiene fácilmente con cosas tan simples como una merienda compartida.</B></div> <bR> <div> <B>Miranda y Ehrlich</B></div> <div> <B>El doctor Javier Miranda, director de Derechos Humanos del MEC, dijo a LA REPUBLICA que lo primero que tiene "sentido, es la movida" que se generó, destacando la capacidad de "apropiación de la idea" que tuvo la ciudad de Pan de Azúcar, a través de sus autoridades y su población. "Estamos de fiesta realmente, para un montevideano llegar y compartir y ponerle color a la plaza está bueno, realmente", dijo.</B></div> <div> <B>"Tenemos que tener la capacidad de poder sentarnos a la misma mesa a conversar; por supuesto que todos pensamos distinto, porque creo que ese es el gesto más importante. ¿Cómo nos reunimos los domingos en familia?, ¿cuántas veces nos peleamos en familia?, pero está bien, compartimos la mesa, somos capaces de sentarnos y escucharnos, compartir nuestras ideas", expresó.</B></div> <div> <B>"Frente a los derechos humanos somos todos iguales, con uniforme, sin uniforme; dirigentes políticos y gente de a pie; vecinos de uno u otro pueblo", agregó en referencia a la impactante mezcla que se daba en la mesa de la gigantesca merienda en la que no se le negó nada a nadie.</B></div> <div> <B>Javier Miranda reconoció que en Uruguay aún queda mucho por resolver del pasado reciente, pero además, sobre "derecho a la educación, vivienda, agua potable. Casi toda la realidad es mirable (sic) desde la perspectiva de los derechos humanos, y justamente lo que tenemos que tener es cabeza para construir a partir de la experiencia dolorosa que hemos tenido del pasado reciente; ser capaces de a partir de ese aprendizaje, poder pelear por todos los derechos", subrayó.</B></div> <div> <B>Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, no escondió su emoción por la jornada vivida ayer en Pan de Azúcar. "Me queda un calorcito en el alma, primero por haber visto cómo trabajó la gente de Pan de Azúcar, los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores. Distintos colectivos se han sumado a la alcaldía y a la propia Intendencia de Maldonado", reconoció.</B></div> <div> <B>Valorando el esfuerzo de delegaciones que viajaron desde muy lejos para participar en las celebraciones por el Día Internacional de los Derechos Humanos, el titular del MEC destacó que "es una señal muy fuerte, eso hace pensar mucho en los momentos que estamos viviendo en el país. Las últimas semanas han estado muy agitadas y nos están haciendo olvidar de algo que estábamos viviendo y que era un proceso de encuentro de la sociedad, sociedad que ha sufrido muchos desencuentros".</B></div> <div> <B>Ehrlich dijo finalmente que, "esto que pasó acá (en Pan de Azúcar) me parece que es una señal de salud de la sociedad muy importante".</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B>---------------------------------------</B></div> <div> Otro 10 de diciembre con una deuda entre orientales</div> <div> <B>Aún hay muchas familias que</B></div> <div> <B> esperan la verdad</B></div> <div> <B>Víctor Carrato |</B></div> <div> <B>A</B><FONT SIZE="3" COLOR="#FFCCB2" FACE="Arial" ><B> las 18 horas en el Memorial de los Desaparecidos, ubicado en el Cerro de Montevideo, se cumplió un acto de unanimidad, aunque no tanto. La unanimidad fue de todos los partidos políticos que en la Junta Departamental de Montevideo resolvieron homenajear a los familiares de los desaparecidos en el Día de los Derechos Humanos. En contrapartida, aún no se ha podido saber dónde están los desaparecidos asesinados, como debería ser.</B></FONT></div> <div> <B>En un emotivo homenaje realizado ayer de tarde, bajo una lluvia bendita, Luisa Cuesta dijo que no habla más desde que cumplió 90 años de edad. "No digo ni media palabra", aseguró a LA REPUBLICA.</B></div> <div> <B>Amalia Mercader, madre del desaparecido Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, declaró que amaba a todos los desaparecidos; no solamente a los de nuestro país, sino a los de los países vecinos también. Una madre veterana, casi con lágrimas, expresó que esto nos une y nos hace sufrir, pero cuando vemos a la gente interesada en saber la verdad, sabemos que vamos a llegar a un final en que vamos a tener la verdad. "Los años no te permiten decir todo lo que sentís, porque te emocionás, lo cual es propio de la gente mayor, que recogemos todo el sentimiento y esperamos que todo se pueda resolver. Se nos fue María Esther Gatti, que tuvo la suerte de tener su nieta al lado, triunfó, se fue habiendo triunfado aunque no vio a sus hijos. A nosotros esa suerte por ahora no nos ha tocado; por suerte van a seguir las excavaciones y ojalá podamos acabar con esta historia.</B></div> <div> <B>Ignacio Errandonea, otro de los familiares de desaparecidos, dijo a LA REPUBLICA que estamos ante un nuevo 10 de diciembre, conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos donde hubo un homenaje consensuado de la Junta Departamental de Montevideo, de parte de todos los partidos políticos. Errandonea reclamó por la aparición de los archivos de la dictadura. Señaló que los familiares tuvieron una entrevista con el secretario de la Presidencia, doctor Alberto Breccia, cuando aseguró la firma del convenio con la Universidad para continuar con las excavaciones y con el estudio de los archivos. Se trata de los que aparecieron en el Cgior, los de Inteligencia y Enlace, y Ministerio de Relaciones Exteriores, y están muy entreverados los archivos del hospital militar. Aseguró que también es fundamental que la Dinacie abra sus archivos, "porque sabemos que existen y esperamos que desde Presidencia se les dé la orden para que así se haga".</B></div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><U>-------------------------------------</U></B></div> <bR> <div> <B>SOBRE LA LIBERTAD</B></div> <div> <B> DEL REPRESENTANTE</B></div> <bR> <div> <B>Por Constanza Moreira |*|</B></div> <div> ¿<FONT SIZE="4" COLOR="#FFCCB2" FACE="Arial" ><B>En qué funda su legitimidad el Estado?, se preguntaban en el siglo XVII grandes filósofos como Hobbes, Locke y Rousseau. Ansiaban encontrar una forma de legitimidad del Estado que descansara en el pueblo, para así poder derrotar la pretensión de la monarquía de estar legitimada por Dios. Si el monarca era la "voluntad de Dios" en la tierra, ¿quién podría desafiarlo? ¿cómo podría estar sujeto a otra voluntad que no fuera la propia?</B></FONT></div> <bR> <div> <B>Era necesario mostrar que la única legitimidad del monarca venía de su pueblo. Y el argumento debería ser contundente. Así, sostuvieron que lo único que fundamenta la legitimidad del Estado es que los ciudadanos autorizan a los representantes a actuar en su nombre. Los representantes del gobierno, no actúan por sí y ante sí, sino sólo como intermediarios de la voluntad soberana.</B></div> <bR> <div> <B>Esta teoría llevó muchos años y muchas luchas para calar honda y profundamente en la conciencia política de los pueblos. Era la forma en que se devolvía a la gente el poder de decidir por sí mismos su propio destino, y era la forma en que la gente podía poner algún freno a sus gobernantes. Pero hasta que esa teoría ancló en una práctica efectiva de los derechos políticos, algunos siglos se pasaron.</B></div> <bR> <div> <B>Rousseau, el padre y autor de las teorías soberanistas que con la revolución francesa anclaron en el corazón del pensamiento artiguista, decía que "el día en que un pueblo se entregue a sus representantes, dejará de ser libre". ¿Qué señalaba con esto? Que los pueblos debían celar cuidadosamente para que los representantes no actuaran como particulares en el Estado, decidiendo por sí y ante sí los asuntos públicos. Que los representantes eran sólo eso: personas "ficticias" que representaban a una voluntad colectiva superior. ¿Cuál es la tentación? Que los representantes comiencen a considerar esos cargos y esos lugares de representación como propios, y luego, insensiblemente y gradualmente, los consideren como un objeto de su propiedad privada. En la política vale el principio de autoridad. Así, la libertad del representante cesa...cuando la autorización de quien lo elige se pronuncia.</B></div> <bR> <div> <B>Cuando la teoría de la representación fue acuñada, como modo de "frenar" el impulso despótico de la monarquía, no existía un equivalente al concepto de partido político. Con el tiempo, los partidos políticos se transformaron en los intermediarios universales de la relación entre el soberano y el gobierno. Y a través de la teoría de la democracia representativa, vinieron a ser los únicos representantes "autorizados" por la ciudadanía a disputar el ejercicio del gobierno. Pasaron a ser una suerte de soberano "menor" o "secundario", pero cuyo mandato y cuya opinión era imperativa al de los individuos que eran fungidos como sus "representantes", en el Estado.</B></div> <bR> <div> <B>El Uruguay fue muy pionero en esto: los partidos antecedieron a la vigencia de la democracia, pero continuaron con ella y tuvieron a su cargo representar la "voluntad general". Esta tradición se reforzó especialmente en el caso de los partidos de izquierda, quienes aportaron su propia mirada sobre el rol del partido. Nutridos en la lucha de las clases trabajadoras, la teoría y la práctica de que la organización sindical primero, y la organización política luego, eran la única garantía de sus derechos, hizo que la izquierda aportara una subcultura propia, a las tradiciones fundacionales de los partidos.</B></div> <bR> <div> <B>En Uruguay, la disciplina partidaria ha sido muy alta, al menos desde que se mide (a través de las votaciones parlamentarias), y esto es considerado por la teoría politológica como un componente más en la medición del grado de estabilidad e institucionalidad del sistema de partidos. Cuanto más programático el partido, cuando mayor desarrollo tenga de sus bases organizativas, y cuanto más disciplinado el comportamiento de sus miembros, mayor el grado de certezas que ofrece a sus votantes. Si los partidos no ofrecen certezas de su actuar, siendo como son los elementos centrales de la democracia, ¿quién asegurará la legitimidad democrática?</B></div> <bR> <div> <B>El Frente Amplio fue un ejemplo de disciplina, y no podía ser menos. Era tan grande el conjunto de partidos y grupos que lo componían, tan prolífico el pluralismo de preferencias e ideas, y tan intenso el debate político, que se hizo necesario un complejo sistema de reglas y órganos de representación (el Plenario, la Mesa Política, el congreso, el Secretariado, entre otros), para poder asegurar que actuara como "una sola voz" en el difícil escenario de su inserción en el viejo bipartidismo uruguayo.</B></div> <bR> <div> <B>La llamada "unidad de acción" evidenció todas las contradicciones posibles, cuando el partido llegó al gobierno. La unidad de acción allí, era más necesaria que nunca. Porque lo que en la oposición unía, ya en el gobierno tendía a desatarse. Es por ello por lo que los congresos y los programas cobraron cada vez más preeminencia; había que conquistar la voluntad de las mayorías del partido, si se querían introducir políticas, programas, o líneas de acción. Nada que no estuviera sancionado en el programa sería permitido...a menos que el silencio de los militantes y grupos lo permitiera.</B></div> <bR> <div> <B>Es en este contexto que se verifica la primera discusión a propósito de la oportunidad o no de derogar la Ley de Caducidad, caso se obtuvieran mayorías parlamentarias propias en diciembre de 2003. En un Congreso multitudinario (¡mil trescientas personas!), y tras un intenso debate, triunfó la opción de no derogar la ley (746 votos), aunque muchos fueron los votos en contrario (569). Allí se argumentó en voz alta, y frente a todos, se defendieron las ideas propias, y se aceptaron las derrotas. ¿Y no es así como se deben decidir las grandes cuestiones en el seno de un partido?</B></div> <bR> <div> <B>Cinco años después, y ante otra situación distinta a la que se imponía en 2004 (donde el argumento principal fue que el Frente Amplio arriesgaba su victoria si se animaba a volver a poner en consideración de la Ley de Caducidad), el Congreso volvió a votar. Y esta vez la votación fue la contraria. La votación mandató entonces a los "representantes" de ese partido en el gobierno, a hacer todos los esfuerzos para anular la Ley de Caducidad, como antes les había impedido intentarlo. Lo que antes se había respetado (no usar las propias mayorías para derogar la ley), ahora también debía ser cumplido (erradicar la ley del ordenamiento jurídico nacional).</B></div> <bR> <div> <B>Luego de idas y venidas y distintos borradores y documentos, el Frente Amplio encontró su texto definitivo, y como era esperable, "mandató" a todos sus legisladores a votar por la ley. Es en ese contexto, y no en otro, en el que se disciplinaron los ¡cincuenta diputados! y votaron la ley. Algunos incluso argumentaron en contra, pero votaron. El mandato imperativo de ese soberano que es el partido para quien tiene un cargo de representación electo a través de el, es y debe ser necesariamente superior a cualquier voluntad particular. El representante en tanto tal, deja de ser una voluntad "particular": es una voluntad pública, y por ende, colectiva.</B></div> <bR> <div> <B>Puestas así las cosas, es claro que para todos los partidos, pero especialmente para la izquierda, los individuos son "representantes" de un soberano, que es la ciudadanía que los elige. Pero la ciudadanía no elige personas, sino partidos. En el Uruguay, además, a una legislación que establece esto (porque votamos en listas cerradas y bloqueadas sin poder elegir personas), se le unen elementos de cultura política centrales. En una encuesta de opinión pública realizada en el año 2007, preguntados los uruguayos sobre qué los había motivado a votar, la inmensa mayoría dijeron que habían votado "por el partido" o "por el programa" (esta última opinión era mayoritaria entre los frentistas). Sólo uno de cada diez entrevistados dijo votar por "líderes" o "personas".</B></div> <bR> <div> <B>Así, una vez más, se evidencia que la ciudadanía uruguaya vota ideas o partidos. Eso quiere decir que nadie, ni siquiera el más encumbrado de los líderes (¡ni siquiera el monarca!) puede actuar por sí y ante sí, en la vida política. Todos se deben, primero, a su soberano más próximo (el partido), y luego y desde allí- representan al soberano general. Y esta es la "regla de oro" de la voluntad colectiva. Porque, quien no respeta la voluntad de su soberano "menor" (el partido, y sus mayorías expresadas una y otra vez en todas las instancias posibles), ¿cómo habría de presumirse que respeta cualquier otra voluntad colectiva, como la del soberano?</B></div> <bR> <div> <B>La libertad del representante termina donde comienza la voluntad colectiva de las mayorías que lo eligieron para estar allí. En las sociedades donde impera la democracia representativa con base en los partidos políticos, como la nuestra, la "autorización" es la del colectivo político al que pertenece.</B></div> <bR> <div> <B>|*| Senadora de la República, Espacio 609, FA</B></div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <B><U>--------------------------------------------------------------------------------------------------</U></B></div> <div> Movilización. Una marcha con color y fervor estudiantil por más Presupuesto y contra la impunidad</div> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="d5740d70.jpg" border=0 width="320" height="215" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <IMG SRC="d5840d50.jpg" border=0 width="320" height="213" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> Los estudiantes mandaron a los gobernantes a  hacer planas <FONT SIZE="6" COLOR="#FFFF00" FACE="Impact" >"debo ocuparme de la educación"</FONT></div> <div> <I>Los estudiantes de la Universidad de la República y de educación media se movilizaron como cada 14 de agosto bajo la consigna del 6% del PBI para la Educación; </I><FONT SIZE="5" COLOR="#FFCC66" FACE="Arial Black" ><I><U>autonomía y cogobierno para toda la educación pública y la anulación de la Ley de Caducidad.</U></I></FONT></div> <bR> <div> Además, ayer como todos los años, los estudiantes marcharon en memoria y recuerdo de la muerte de Líber Arce, el primer mártir estudiantil producto de la dictadura cívico-militar.</div> <bR> <div> Como estaba previsto se concentraron a las 12 horas en la explanada de la Universidad de la República. Pero la marcha no partió sino hasta dos horas una vez que los gremios estudiantiles de la educación media llegaron. Los estudiantes utilizaron ese tiempo para realizar el armado de las pancartas que fueron utilizadas en la marcha posteriormente.</div> <bR> <div> A las 14 horas, sin inspectores ni policía que dirija el tránsito, partió la marcha. Encabezada por los estudiantes atravesó toda la avenida 18 de julio y bajó por la calle Paraguay realizando su primer parada frente a las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).Allí, los estudiantes Gastón González de la comisión de comunicaciones de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y Sebastián Gómez del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (CEIPA) dieron lectura a las dos primeras proclamas de la tarde de ayer."La magnitud del destino del Presupuesto quinquenal afecta en buena parte las posibilidades de revertir la situación.</div> <bR> <div>  El movimiento estudiantil, su reivindicación en el marco de las necesidades globales del país, rechaza los intentos de oponer las reivindicaciones educativas al resto de las políticas públicas tendientes a revertir la situación de los sectores más postergados de la sociedad"."La discusión debe darse en el plano de cómo incrementamos los recursos que tiene el Estado para llevar adelante las políticas sociales y educativas. </div> <bR> <div> En ese sentido el camino es modificar la estructura tributaria avanzando en un sistema en el que realmente pague más el que tiene más y menos el que tiene menos", dijeron. En base a eso consideran que el camino es "incrementando los impuestos al gran capital nacional y al extranjero".Los estudiantes señalaron que el reclamo del aumento del presupuesto "no es un reclamo corporativo, ni caprichoso" sino que "se basa en la idea de que la educación pública juega un papel protagónico en cualquier estrategia de país que quiera transformaciones de fondo", dijeron. </div> <bR> <div> Por eso, reclaman el incremento presupuestal, la manera que ellos entienden tiene un Estado para "desplegar la transformación educativa en todo el territorio nacional".En ese marco los estudiantes reclamaron más compromiso por parte de los gobernantes. A ellos, les dijeron, "los gobernantes deberían ser obligados todas las mañanas a realizar planas, como en la escuela, escribiendo cien veces, debo ocuparme de la educación".</div> <bR> <div> Ejemplificaron las diferencias presupuestarias diciendo que "el gasto militar tuvo un aumento 24 por ciento en 2009 y que el presupuesto de Defensa alcanza al 7.3 del PBI al año 2008.Eso demuestra la profundización del modelo actual de dependencia; no se apuesta al desarrollo de las capacidades propias.</div> <bR> <div> Nos plantean las falacias de la distribución planteando la pelea pobre contra pobre, diciendo que para darle más presupuesto a la educación es necesario sacar de otros rubros, también, postergados como la salud y la vivienda".Sobre la anulación de la Ley de Caducidad los estudiantes manifestaron que siguen luchando "por verdad y justicia" y que "su anulación es un paso urgente". "No compartimos ninguna vía que no permita investigar, ni juzgar sobre los casos ya archivados", expresaron otras dos dirigentes estudiantiles María Pía D´andrea y Paola López, ya frente al Palacio Legislativo.</div> <bR> <div> La marcha, que pasó frente al Centro Militar sin generar ningún tipo de disturbios, solo cánticos en su contra, debió enfrentar el viento, la lluvia y el frío que la avenida Libertador tenía como regalo al dirigirse a su destino final, el Palacio Legislativo.Allí un pequeño escenario esperaba a los miles de estudiantes que con banderas, por momentos silencios y por otros cantos, ya habían atravesado toda la ciudad.</div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="d6069ff0.gif" border=0 width="361" height="255" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <IMG SRC="d5f50e80.gif" border=0 width="336" height="232" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <bR> <div> Estudiantes levantando</div> <div>  las banderas como ayer.</div> <div> <IMG SRC="d63ccea0.png" border=0 width="204" height="234" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> <div> El 14 de agosto del año 1968 caía abatido por las balas de la represión impuestas por el Pachecato el estudiante Liber Arce.</div> <bR> <div> A partir de allí una sucesión de asesinatos marcarían para siempre a nuestra generación.</div> <bR> <div> Nuestros primeros mártires.</div> <bR> <div> Compañeros de barricadas, de protestas callejeras, nos señalaron el compromiso con nuestro pueblo.</div> <bR> <div> La Universidad en la calle con todo el estudiantado en pie de movilización permanente ante el avance fascista que ya daba sus primeros pasos.</div> <bR> <div> Luego seguiría una interminable lista de luchadores abatidos por las torturas, los asesinatos, la cárcel la desaparición forzada.</div> <bR> <div> A 42 años de aquel día los estudiantes de estas nuevas generaciones levantaron los rostros de nuestros compañeros caídos en la lucha.</div> <bR> <div> Las semillas germinan siempre, porque la lucha emprendida fue genuina, aunque algunos quieran olvidarla.</div> <bR> <div> Aquel año del 68 nos encontró a todo el estudiantado universitario y de secundaria luchando no solo por el boleto, sino por reivindicaciones que a lo largo de todas estas décadas siguen vigentes. Presupuesto para la educación, autonomía y cogobierno.</div> <bR> <div> Han pasado demasiados años para que los gobernantes tomaran cuenta de que se va la vida en el futuro de los jóvenes. Ellos hoy, como nosotros ayer pisábamos las escalinatas... nosotros acorralados, gaseados, golpeados, baleados. Ellos hoy portando las banderas con los rostros de nuestros compañeros asesinados porque también son Memoria en lucha que están en cada paso, en cada esquina esperando una respuesta que nunca es suficiente.</div> <bR> <div> Ellos cargan la memoria con pujanza, con alegría, con esperanza.</div> <bR> <div> No los dejemos solos....</div> <bR> <DIV ALIGN="LEFT"></DIV> <div> <IMG SRC="d64e8400.jpg" border=0 width="232" height="320" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"> <IMG SRC="d64e8400.jpg" border=0 width="232" height="320" ALIGN="BOTTOM" HSPACE="0" VSPACE="0"></div> </td> </tr></table></body>