Nerviosismo en militares retirados por posible anulación de Ley de Caducidad 
El comandante en Jefe del Ejército, teniente general Jorge Rosales, admitió hoy que en filas de militares retirados existe nerviosismo por la posible anulación de la Ley de Caducidad ya que entienden se "cambiaron las reglas de juego", dijo el jerarca militar a radio Carve.
En una extensa entrevista, Rosales se manifestó "dolorido" por lo que definió como una "predisposición del conciente colectivo" hacia las fuerzas armadas.
Entendió que la población no "tiene cabal conocimiento de qué es el Ejército Nacional" y se mostró preocupado por la poca información que existe sobre la institución. "Somos malos comunicando", dijo Rosales.
También dijo que la polémica generada por el supuesto video donde presuntos militares amenazan a miembros del Poder Judicial afectó la imagen del Ejército y "así lo reflejan los sondeos de opinión". El titular de las fuerzas terrestres dijo que fue un asunto que "dolió mucho".
---------------------------------------------------------------------
"AUN ESTA FERTIL EL VIENTRE DE DONDE SALIO LA INMUNDA BESTIA..."- Bertolt Brecht
Grave. Intentaron incendiar subestación de UTE que alimenta el lugar
Atentaron contra el
Museo de la Memoria
El Museo de la Memoria fue objeto de un atentado ayer por la tarde, en momentos en que se inauguraba la muestra "A 30 años del NO". Los destrozos en subestación de UTE provocaron un corte de energía.
Los destrozos en una subestación de UTE dejaron sin energía eléctrica a la vieja quinta de Santos ubicada en Prado norte.Además de dañar el tablero de luz, los desconocidos rociaron con nafta las conexiones eléctricas, y de haberse encendido la llave hubiera provocado una explosión.
El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, mientras el local era visitado por decenas de personas que asistían a la inauguración de una muestra de afiches de 1980, en el marco de las actividades previstas por la Comisión Nacional de Homenaje a la victoria popular de aquel año.Elbio Ferrario, director del Centro Cultural y Museo de la Memoria (MEME), vinculó este hecho -al que calificó como un "atentado"- al contenido de la muestra, sobre los 30 años del plebiscito del NO en el que resultó derrotada la reforma constitucional impulsada por los militares.
La denuncia fue presentada ante la UTE, la Dirección Nacional de Bomberos y efectivos de la Seccional 8ª, dándose cuenta en el correr de la tarde al juez penal de 5º Turno, Daniel Tapié, como forma de sustanciar las primeras averiguaciones en la causa.En diálogo con LA REPUBLICA, Ferrario no dudó en señalar que "se trató de un acto con una directa intencionalidad en contra de la exposición por los 30 años del plebiscito".La muestra fue inaugurada poco después de las 15 horas y alrededor de las 16 horas el local se quedó sin energía eléctrica y a oscuras.
Las autoridades del Museo no entendían lo que ocurría y fueron a ver al contador de luz, ubicado a unos 50 metros del edificio, encontrándose con que en el piso había una botella de un refresco de dos litros, con nafta. Los desconocidos habrían lanzado el combustible al contador lo que habría provocado un corto circuito.Ferrario explicó que el contador fue destrozado, arrancando la puerta del tablero.
Para ello debieron traspasar el portón de entrada. Los guardaparques dicen haber visto a unos jóvenes en actitud sospechosa merodeando la zona minutos antes del atentado.El director del Museo agregó que se trata de un hecho "pensado y hecho a propósito" y señaló que funcionarios de UTE le explicaron que si en esa situación alguien levantaba la llave general, "reventaba el contador", produciéndose una explosión similar a una "bomba Molotov".
El juez Tapié recibió la información y dispuso la presencia de efectivos de Policía Técnica en el lugar para efectuar un relevamiento pericial de la zona, con la intención de constatar la posible existencia de huellas dactiloscópicas en los restos de la botella, el contador de luz u otros objetos ubicados en las inmediaciones, según indicaron fuentes judiciales.
"El magistrado recién comenzó la instrucción de la indagatoria como forma de determinar si el hecho reviste características delictivas. La información todavía es fragmental, no habiendo ni personas sospechosas ni detenidas o demoradas", explicaron las fuentes. Asimismo, allegados al Museo de la Memoria informaron sobre la intervención de efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) en el lugar.La exposición sobre los 30 años del Plebiscito de 1980 exhibe volantes, recortes de prensa e imágenes del histórico debate televisivo emitido en canal 4 en 1980 con motivo del plebiscito.
La población rechazó en dicha instancia la propuesta de reforma constitucional impulsada por el gobierno dictatorial de la época.
----------------------------------------------------------------------------------------------
en causas por derechos humanos
Investigarán a militares en actividad
Dentro de la causa "Organización de los Derechos Humanos" hay militares en actividad que están implicados en los 19 homicidios que integran el expediente, aseguraron a Ultimas Noticias fuentes judiciales. Si bien la mayoría de los militares que integran el expediente están retirados, hay otros que aún siguen en la fuerza.
El caso investiga la muerte de 19 militantes, en su mayoría comunistas o tupamaros, ocurridas entre 1973 y 1976 dentro del período de gobierno de Juan María BordaberryLa Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad para los 19 casos el lunes 1° de noviembre. El caso fue anexado por la fiscal Ana María Tellechea a la causa Bordaberry.
Gerardo Alter y Walter Arteche murieron el 19 de agosto de 1973 en el Batallón Florida de Infantería N° 1. Ambos eran militantes tupamaros.
En el Batallón de Infantería N° 13 murieron tres militantes. Carlos Argenta falleció allí el 16 de diciembre de 1975. Además murieron en ese regimiento Silvina Saldaña el 13 de junio de 1976 y Hugo Pereyra el 28 de agosto de 1977.
Por su parte, en el batallón de Ingenieros N° 1 fallecieron Iván Morales el 21 de noviembre de 1974 y Julián López el 5 de enero de 1976. Este último era afiliado al Partido Comunista del Uruguay (PCU).
En el Batallón de Ingenieros N° 4 murieron Amelia Lavagna el 29 de abril de 1975 y Eduardo Techera el 9 de marzo de 1976. Por otro lado, el militante comunista Nuble Yic falleció el 15 de marzo de 1976 en el Batallón de Infantería N° 2 ubicado en Camino Maldonado.
El 24 de mayo de 1973 falleció en el Regimiento de Caballería N° 2 de Durazno Oscar Fernández. Ese mismo año, el 13 de diciembre de 1973 muere en el Hospital Militar Gilberto Coghlan, luego de ser torturado en el Regimiento de Caballería N° 4. Meses después, Aldo Perrini murió el 3 de marzo de 1974 en el Batallón de Infantería N° 4.
Carlos Cruchaga falleció el 26 de setiembre de 1975 en la Dirección de Inteligencia policial luego de ser torturado. En el Batallón de infantería N° 8 de Paysandú murió Ivo Fernández. Ambos eran militantes comunistas y fueron torturados.
El militante tupamaro Pedro Lerena murió el 27 de febrero de 1976 en el Regimiento de Caballería N°9. Por otro lado, en el Batallón de Infantería N° 4 falleció Oscar Olivera, el 27 de febrero de 1976. Días después, en marzo de 1976 murió Nicanor Aldabadle en la División del Ejército N° 4 de Lavalleja.
El último fallecido que integra la causa "Organización de los Derechos Humanos" es Humberto Pascaretta, quien murió el 4 de junio de 1977 en el Hospital Militar.
-----------------------------------------------------------
INADMISIBLES EXPRESIONES DEL
GRAL.Rosales -
"¿Fuera de lugar?". El comandante en jefe del Ejército,
General Jorge Rosales, expresó su opinión
el viernes sobre la Ley de Caducidad
Gobierno no dejará pasar declaraciones de Rosales sobre la Ley de Caducidad; Consejo de Ministros resuelve el martes
"¿Inaceptables?". Rosales señaló: "Como militar estimo que hay un principio rector de la conducta que es la lealtad y el cumplimiento de la palabra, y como ciudadano, la opinión que tengo es que se acate el resultado de las urnas y que se respete".
Puig. Afirmaciones "intolerables" y "fuera de lugar" del jefe del Ejército
Mujica analizará dichos de Rosales
El presidente de la República José Mujica analizará en el Consejo de Ministros las declaraciones del comandante en jefe del Ejército Jorge Rosales referidas a la Ley de Caducidad y a una eventual votación de un proyecto interpretativo que deje sin efecto jurídico algunos artículos de la citada norma.
Mujica se reunirá el martes con su gabinete ya que mañana participará en las XXV Jornadas Anuales de Economía que se efectuarán en el anfiteatro del Banco Central del Uruguay a partir de las 8,30 horas. (ver nota aparte). Ese día, se escuchará un informe del ministro de Defensa Luis Rosadilla sobre las declaraciones de Rosales, dijeron las fuentes.
Los militares tienen expresamente prohibida toda manifestación de carácter político, salvo el voto, según el artículo 77 de la Constitución. No obstante, se analizará si un comandante de las Fuerzas Armadas puede hablar o no sobre una ley o sobre el pronunciamiento de una ley. Las declaraciones de Rosales se dan en medio de una especial efervescencia castrense, erizada por reclamos de orden presupuestal. Ayer, una manifestación de militares retirados reclamó en la puerta del Ministerio de Defensa soluciones para Sanidad Militar
.
Desde el Frente Amplio, las manifestaciones de Rosales en las cuales cuestionó el actual tratamiento legislativo de un proyecto de ley por el cual se pretende dejar sin efecto la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" fueron calificados como "intolerables" y "fuera de lugar".
El diputado Luis Puig agregó que las declaraciones de Rosales son "una clara intromisión en asuntos políticos de alguien que tiene la jefatura del Ejército", lo cual "es inaceptable". "Intentar decirle al Parlamento lo que tiene que hacer es un desconocimiento de las más elementales normas democráticas", expresó Puig a LA REPUBLICA.
"Como militar estimo que hay un principio rector de la conducta que es la lealtad y el cumplimiento de la palabra, y como ciudadano, la opinión que tengo es que se acate el resultado de las urnas, y que se respete", contestó Rosales al ser interrogado sobre el actual debate parlamentario en torno a un proyecto de ley por el cual se promueve dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
"Resulta claro que el comandante pretende hacer como en algún momento hizo otro comandante en jefe, que presionó al Parlamento. No vamos a aceptar ningún tipo de presión como en 1986, son declaraciones francamente intolerables", señaló Puig.
"Llama poderosamente la atención que las palabras del comandante van en el mismo sentido de lo expresado por el Centro Militar y el Círculo Militar, ambas instituciones que hicieron apología del Terrorismo de Estado" en Uruguay.
"Sería muy bueno que el general Rosales le trasmitiera eso a los que desconocieron la voluntad popular y arrasaron las instituciones de este país, a quienes arrasaron las garantías democráticas y sumieron a toda la población en el terror, a los torturadores, asesinos y secuestradores de niños", dijo Puig.
"Sería bueno que el general Rosales le transmitiera a quienes violaron la Constitución y a sus subordinados que el Parlamento no está desconociendo la voluntad popular, sino que promoviendo la absoluta vigencia de los derechos humanos", culminó el legislador.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caso Orletti.
El historiador Alvaro Rico presentó
resultados de sus investigaciones ante
la Justicia argentina.
Documentos del SID y OCOA revelan la coordinación represiva en dictaduraNuevos documentos del Servicio de Información y Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) permiten profundizar el "contexto represivo" durante la dictadura. Un segundo trabajo del equipo de historiadores, sobre detenidos desaparecidos, está "formalmente concluido".
Mauricio Pérez
El historiador Alvaro Rico, encargado de la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, impulsada por la Secretaría de Seguimiento de la Comisión Para la Paz, de Presidencia de la República, reveló ante la Justicia argentina la aparición de nuevos documentos de los organismos represivos del Estado uruguayo, dando cuenta de la coordinación represiva trasnacional en el marco del denominado "Plan Cóndor".Rico, actual decano de la Facultad de Humanidades (Udelar), compareció por más de cuatro horas ante los ministros del Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) de la República Argentina, en el marco del juicio oral contra seis represores de dicho país por los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti" (OT 18).
En este sentido, Rico presentó ante el TOF 1 los avances de una nueva investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, basada en el análisis de documentos hallados en 2007 en el ex Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (Cgior), con información sobre dos de los principales organismos represivos en Uruguay: el OCOA y el SID.
Los documentos "no son el archivo de la OCOA o el SID, sino una serie de documentos discontinuados, de fuente militar, producidos por estos dos organismos, preferentemente. No lo podemos catalogar como un archivo, sino como un repositorio documental", explicó Rico a LA REPUBLICA."Los documentos permiten seguir reconstruyendo las formas operativas de la represión del Estado uruguayo en el período de la dictadura", por cuanto brindan "mayores elementos para establecer fechas, organismos, formas de operar, coordinaciones, trasiego de información, conocimiento de esos organismos respecto de los objetivos a reprimir y análisis de Inteligencia Militar sobre las organizaciones de pertenencia de los desaparecidos".
Es decir, permiten avanzar en el conocimiento del "contexto represivo" de la época, por más que "no está especificado el organismo que origina esa información", y muchos documentos no cuenten con membrete, fecha ni firma, destacó.Sin embargo, el material incluye documentos "cuya fuente proviene de la República Argentina; aparece, en estos archivos, información sobre argentinos requeridos" en dicho país, es decir, existían listas de personas requeridas "que se difundían entre los servicios de la región por si eventualmente estaban en el país", señaló Rico.
Asimismo, el material contiene el listado de uruguayos presos en Argentina, lo que "permitía a los servicios de Inteligencia uruguayos actualizar la información de esas personas"."La información era trasmitida y usada en Uruguay para actualizar los datos de las personas requeridas", explicó.
Centro de la represión
El historiador Alvaro Rico afirmó ante el TOF 1 que OT 18 "tuvo una significación muy importante como el primer centro de coordinación represiva regional, con un intercambio de operativa total, en el plano de la logística, operaciones, transporte, información (y) de la organización de los procedimientos", existiendo "un registro de 28 ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos que fueron recluidos en Orletti".
En este sentido, los datos obtenidos permiten establecer un vínculo entre las caídas y los centros de reclusión, por cuanto, los centros clandestinos del SID -el "300 Carlos" (Batallón de Infantería Nº 13), "300 Carlos R" (Casona de Punta Gorda) y la propia sede de Bulevar Artigas y Palmar-, fueron el lugar de reclusión de los uruguayos detenidos en "Orletti" y trasladados en forma clandestina hacia Uruguay.
Asimismo, la documentación "permite establecer una secuencia uruguaya-argentina de la represión contra el PVP (Partido por la Victoria del Pueblo)", mediante el establecimiento de "fechas y etapas de operativos combinados o simultáneos contra esa organización", dijo Rico a LA REPUBLICA.
Los archivos refieren desde acciones impulsadas en 1974 en Uruguay (operativo catalogado como "Asunto ROE") hasta el operativo en Paraguay, en 1977, en el cual se produjo la detención de los militantes del PVP, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana (hoy desaparecidos), aunque particularmente refieren al año 1976.En este sentido, un dato revelador refiere al hallazgo de documentos sobre el denominado "Operativo Gris", desarrollado en 1974 por la policía argentina contra un grupo de exiliados políticos uruguayos.
Las autoridades argentinas detuvieron, durante un acto conmemorativo por el primer aniversario del golpe de Estado en Uruguay, a 101 uruguayos, lo cual fue un elemento "fundamental" para el futuro de la represión trasnacional, puntualizó Rico.La detención de los uruguayos permitió "la actualización de datos de familia, el domicilio y la situación de legalidad o ilegalidad de su residencia en Argentina".
"La información fue transmitida a los servicios de Inteligencia uruguayos, es decir, llegan al Uruguay datos sobre un importante número de exiliados", muchos de los cuales formarían parte del primer vuelo o revisten actualmente la condición de desaparecidos, concluyó Rico.
----------------------------------------------------------
Está escrito
Para Constanza Moreira, si no se “erradica” la Ley de Caducidad “está en juego” la unidad del FA.La Comisión de Constitución y Legislación del Senado comenzó ayer el tratamiento del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. Recibió a una delegación de expertos para que se pronunciaran sobre el texto, que ya tiene media sanción. La senadora frenteamplista Constanza Moreira (Espacio 609) explicó a la diaria que al igual que en Diputados, las comparecencias -entre ellas las del catedrático Alberto Pérez Pérez- coinciden en que la Caducidad es inconstitucional e “incompatible” con el derecho internacional, y que cuando una “norma interna colisiona” con esa jurisprudencia, prevalece esta última.Su par colorado,
Ope Pasquet, opinó en cambio que fueron “intervenciones técnicas, con sutilezas y matices”. Añadió que también consideraron que el proyecto “no interpreta, califica”. Sobre este punto, Moreira admitió que Pérez Pérez realizó observaciones de “forma y de consecuencias” del artículo 2 del texto que declara como “interpretación obligatoria” que los artículos 1, 3 y 4 de la Caducidad “presentan una ilegalidad manifiesta”, “carecen de valor jurídico alguno” y “violan” varios artículos de la Constitución.La senadora afirmó que se “podrá buscar la vuelta” al artículo 2 pero “en este período el Parlamento tiene que eliminar esta ley”. “Está en el programa de gobierno, lo aprobó el Congreso, el plenario. Si no votamos algo que la erradique, lo que está en juego es la unidad del Frente Amplio”, afirmó.
El tema Ley de Caducidad no estuvo presente ayer en el encuentro que el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, mantuvo con una delegación de la organización Familiares. No obstante, en ese marco el jerarca confirmó que en febrero se iniciarán las excavaciones en el Batallón Nº 14. La solicitud para retomar la búsqueda de restos de desaparecidos fue cursada por el juez penal Pedro Salazar, a cargo de la causa reabierta en 2008 para investigar el paradero de María Claudia García de Gelman.
Por otra parte, Breccia adelantó que el presupuesto y el borrador del convenio con la Universidad de la República para efectuar las excavaciones contemplan la continuidad de las investigaciones históricas, informó a la diaria Gimena Gómez, integrante de la organización. Gómez destacó el hecho de que Presidencia esté abierta al diálogo y agregó que queda pendiente “buscar la forma de concretar el fortalecimiento de la comisión de seguimiento”.
Lourdes Rodríguez
|